Jaime Aristy Escuder afirma alquiler de inmuebles es una opción más rentable que la compra para el Estado Dominicano
11 de noviembre de 2024
SANTO DOMINGO, RD – El reciente contrato de alquiler firmado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) ha generado un intenso debate sobre las ventajas y desventajas de comprar o alquilar locales para el uso de oficinas públicas. Al respecto, el destacado economista Jaime Aristy Escuder analizó en detalle las implicaciones económicas de ambas opciones, concluyendo que la modalidad de alquiler ofrece beneficios sustanciales tanto para el Estado como para los contribuyentes.
*Las ventajas de comprar frente a alquilar*
Según Aristy Escuder, adquirir un inmueble para uso público conlleva altos costos iniciales, precisando que si el Estado decidiera comprar o construir un local para oficinas, necesitaría recursos significativos, que podrían salir directamente de los bolsillos de los contribuyentes o ser financiados a través de deuda pública.
Sostuvo que en ambos casos, el Estado sería el propietario del inmueble, lo que representaría una transferencia de recursos del pueblo al Gobierno.
Señala que al optar por la renta, el flujo de efectivo requerido por el Estado es considerablemente menor y destaca que el alquiler de una edificación perteneciente a un fondo de inversión inmobiliario permitiría que los pagos mensuales de arrendamiento, junto con la apreciación del valor del edificio, beneficiaran indirectamente a los trabajadores dominicanos, quienes son los verdaderos propietarios del inmueble a través de sus aportes a las AFPs.
Sobre este punto, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Ciriaco, publicó otro artículo en el que destaca que no siempre comprar un inmueble es la mejor opción.
*El caso de la OGTIC y la Torre Vista 311*
Jaime Aristy Escuder señala en su análisis que en el caso de contrato de alquiler de la OGTIC, que involucra 3,927 metros cuadrados de oficinas en la Torre Vista 311, ubicada en el sector Bella Vista del Distrito Nacional, el edificio es propiedad del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I, gestionado por la Administradora de Fondos de Inversión Reservas (AFI Reservas), una entidad del Estado.
Destaca que este fondo adquirió el inmueble con los recursos de los trabajadores dominicanos, quienes, a través de sus AFPs, son los verdaderos propietarios del edificio.
El economista resalta además que este arrendamiento por un período de diez años y nueve meses, que incluye la adecuación y mobiliario de los espacios y con un precio total que asciende a 1,440.3 millones de pesos, con un pago mensual promedio de 9.4 millones de pesos, es considerablemente más bajo que el costo de compra, que en caso de haberse realizado mediante deuda pública, habría implicado pagos mensuales promedio de 15 millones de pesos.
En su artículo, Escuder detalla que, en lugar de emitir deuda y destinar recursos públicos a la compra del inmueble, el alquiler genera un ahorro de flujo de efectivo de aproximadamente 727 millones de pesos durante el período del contrato.
Expresa que este ahorro podría ser utilizado por el Gobierno para invertir en proyectos de infraestructura y fortalecer el capital humano, lo que contribuiría al crecimiento económico del país.
Destaca también que el contrato de la OGTIC es competitivo en términos de precios, puntualizando que el arrendamiento por metro cuadrado es de unos 33 dólares, cifra que incluye el costo de acondicionamiento y mobiliario.
Dijo que a medida que avancen los años, el alquiler se ajustará anualmente a una tasa del 2.5%, lo que refleja un aumento moderado en comparación con la tasa de depreciación del peso dominicano, estimada en un 3% anual.
*Un modelo beneficioso para los trabajadores*
En su enfoque Jaime Aristy Escuder destaca que, aunque el Estado no sea propietario directo del inmueble, los beneficiarios reales son los trabajadores dominicanos, quienes a través de sus aportes a las AFPs participan en los fondos de inversión que poseen el edificio.
Concluye que esta modalidad permite que los recursos de los contribuyentes, en lugar de ser destinados a la adquisición directa de bienes inmuebles por parte del Gobierno, se inviertan en fondos que generan rendimientos para los trabajadores, lo que beneficia a la población a largo plazo.
