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martes, 10 de marzo de 2026

Fuerza mayor | La guerra en Medio Oriente enciende las alarmas económicas en República Dominicana | Por Jaime Aristy Escuder


Fuerza mayor

| La guerra en Medio Oriente enciende las alarmas económicas en República Dominicana |

7 min de lectura

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, iniciada el 28 de febrero, ha reconfigurado de manera abrupta el panorama económico internacional. La magnitud de sus consecuencias dependerá de la duración del conflicto. En términos económicos, se trata de un choque de oferta negativo, uno de los más relevantes desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, que reduce la capacidad productiva mundial, encarece la energía y eleva la inflación. Para economías abiertas y dependientes de combustibles e insumos importados, como la República Dominicana, el impacto podría ser muy negativo.

El Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial y alrededor del 30 % del gas natural licuado, se ha convertido de nuevo en un punto crítico de vulnerabilidad. Tras los ataques y contraataques de las naciones involucradas en la guerra, el tráfico marítimo se redujo drásticamente: decenas de buques petroleros y gaseros han sido desviados o permanecen anclados fuera del estrecho ante el aumento del riesgo militar y el encarecimiento de las primas del seguro marítimo. La situación se agravó con los bombardeos iraníes contra instalaciones de combustibles en Arabia Saudita y Catar, lo que obligó al ministro de Energía catarí a declarar fuerza mayor y a suspender las operaciones productivas. 

La reacción de los mercados internacionales fue inmediata. En pocos días, el precio del crudo WTI subió de 67 a 91 dólares por barril, su nivel más alto desde 2023, impulsado por el temor a interrupciones prolongadas en el suministro. El gas natural en Europa también registró incrementos significativos, superiores al 67 %, lo cual evidencia la sensibilidad del mercado ante cualquier amenaza al suministro de Catar, uno de los mayores exportadores del mundo.

El encarecimiento del petróleo y de los combustibles blancos ha reavivado las presiones inflacionarias por el lado de la oferta justo cuando algunas economías avanzadas se preparaban para iniciar ciclos de recortes de tasas de interés. Los elevados precios de los combustibles se traducirán en costos más elevados de la electricidad, de los transportes —marítimos, aéreos y terrestres— y de otros insumos clave para la producción de alimentos, como los fertilizantes. Este conjunto de factores aumenta el riesgo de estanflación: período de estancamiento económico acompañado de inflación elevada.

Por otra parte, entre el 27 de febrero y el 6 de marzo, los índices bursátiles internacionales retrocedieron por la posibilidad de que la guerra en el Golfo Pérsico provoque una contracción del flujo de efectivo. A pesar de que Estados Unidos es un exportador neto de combustibles, el Dow Jones cayó un 3 %, el S&P 500 un 2 % y el Nasdaq perdió un 1.2 %. A Europa le fue peor: el DAX alemán retrocedió un 6.7 %, el FTSE 100 británico un 6.1 % y el IBEX 35 español un 7 %.

Ante el temor al repunte inflacionario y la volatilidad financiera, el mercado prevé que la Reserva Federal (Fed) adopte una postura cautelosa y un entorno monetario más restrictivo de lo previsto. Hace unos días se proyectaba que la Fed recortaría la tasa de interés de referencia en dos ocasiones —de 25 puntos básicos cada una— entre junio y diciembre; sin embargo, tras el estallido del conflicto, lo más probable es que se apruebe un único recorte de 25 puntos básicos a partir de septiembre.

En el caso del Banco Central Europeo (BCE), se esperaba para este año una reducción de un cuarto de punto porcentual en la tasa de interés de referencia. No obstante, los contratos de swaps anticipan ahora un incremento de 25 puntos básicos. Al mismo tiempo, ante la volatilidad energética, los tenedores de bonos soberanos y corporativos decidieron recortar las posiciones de los títulos que mantienen en sus portafolios, lo que redujo su precio y aumentó la correspondiente tasa de rendimiento durante la que se ha calificado como la peor semana para el índice global agregado de bonos desde octubre de 2024.

La República Dominicana, importadora neta de combustibles, también sufrirá los efectos de la guerra en el Medio Oriente. Se puede afirmar que, por cada dólar adicional en el precio del barril de crudo, la factura petrolera anual del país se incrementa en unos 50 millones de dólares. La variación sería mayor si los precios de los combustibles blancos y del Gas Natural aumentasen a un ritmo más acelerado que el del petróleo en los mercados internacionales. Con el barril del WTI por encima de los 91 dólares, el impacto sobre la balanza de pagos y la demanda de divisas es inmediato.

El pasado viernes, el Ministerio de Industria y Comercio anunció que el subsidio a los combustibles subió a los 545 millones de pesos, cifra que supera en 357 millones el monto asignado en la semana anterior. Si los precios internacionales del petróleo y sus derivados se mantienen elevados y el peso pierde valor frente al dólar, el subsidio podría volver a niveles similares a los de mediados de 2022, cuando superó los mil millones de pesos semanales. En el presupuesto actual, elaborado con un precio del petróleo inferior a 48 dólares por barril, no hay recursos suficientes para enfrentar ese monto de subsidios.

El aumento de precios de los derivados del petróleo y del gas natural utilizados en la generación eléctrica deteriorará también las finanzas de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE). La situación creará un mayor estrés sobre el saldo de las finanzas del Gobierno, que deberá incrementar las transferencias a las EDE o ampliar las horas de interrupción del servicio eléctrico.

Por último, la crisis en el Medio Oriente impulsará la inflación importada, lo que implica un aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esa dinámica dificultará la tarea del Banco Central de la República Dominicana en su objetivo de mantener la variación de precios dentro del rango meta. Al mismo tiempo, la institución tendrá que aceptar, por fuerza mayor, un ritmo de crecimiento económico en 2026 inferior al previsto antes de este nuevo choque externo. Todo ello puede mitigarse si la guerra dura poco tiempo. De lo contrario, incluso los ingresos de divisas por remesas y turismo se verían afectados.

Economista y matemático. Graduado de la Universidad de Chicago y doctorado en Economía de la Universidad de Barcelona. Profesor de Economía Matemática.

Diario Libre

lunes, 12 de enero de 2026

La importancia de la inversión pública para alcanzar el potencial económico | para crecer más...

Recomendaciones para crecer más

La importancia de la inversión pública para alcanzar el potencial económico

Jaime Aristy Escuder 

Santo Domingo - ene. 12, 2026 |  Frente al statu quo | | 7 min de lectura

En 2025, la economía dominicana creció en torno al 2.1 %, un nivel inferior a la mitad del crecimiento potencial de largo plazo, que se sitúa cerca del 5 %. Durante los ocho años comprendidos entre 2012 y 2019, el producto interno bruto (PIB) alcanzó una variación anual promedio de un 5.5 %. En contraste, entre 2020 y 2025, el crecimiento promedio se redujo a un 3.2 % anual.

De acuerdo con Robert Solow, premio Nobel de Economía en 1987, el crecimiento del PIB se compone de tres aportaciones: la mano de obra, medida por las horas trabajadas; el capital físico, tanto público como privado; y la productividad total de los factores (PTF), que cuantifica la eficiencia con la que se combinan el capital y el trabajo para producir bienes y servicios.

En la República Dominicana, diversos estudios indican que, a largo plazo, casi el 72 % del crecimiento de la economía se explica por la acumulación de capital y empleo, mientras que el resto, estimado en 1.5 puntos porcentuales, responde a la variación de la productividad. Sin embargo, entre 2020 y 2025 se registró una significativa desaceleración de la producción, originada en gran parte por la caída de la PTF.  

La expansión económica es esencial para reducir la pobreza, preservar la sostenibilidad de la deuda pública y fortalecer la calificación crediticia. Si el incremento del PIB real se coloca por debajo de la tasa de interés real, la deuda pública como porcentaje del producto tiende a elevarse de manera sostenida y aumenta el riesgo de incumplimiento. Cuanto más lento sea el crecimiento económico, mayor será el saldo de las finanzas públicas necesario para garantizar la capacidad de pago de la deuda pública, lo que implica recortes de gastos públicos -corrientes y de capital- y aumentos de la presión tributaria.  

Para acelerar el ritmo de crecimiento económico, resulta indispensable adoptar políticas económicas consistentes con la acumulación de capital, la creación de puestos de trabajo y la mejora de la eficiencia productiva.

En materia fiscal, se precisa reducir el gasto público menos prioritario, como subsidios y transferencias generalizadas. Si se pretende fortalecer el saldo de las finanzas gubernamentales y crear espacio para la inversión pública, con miras a alcanzar el promedio anual de un 4.7 % del PIB registrado entre 1966 y 2020, urge reducir la evasión tributaria, recortar el déficit del sector eléctrico -cercano al 1.4 % del PIB- y racionalizar las exenciones impositivas, mediante un análisis costo-beneficio riguroso.

Un gasto de capital equivalente al 2.4 % del PIB, como el ejecutado entre 2020 y 2025, no es suficiente ni siquiera para poner en marcha un programa adecuado de mantenimiento de infraestructuras. Cabe recordar que una inversión bien diseñada y ejecutada con eficiencia, arroja un multiplicador de 1.6 (cociente entre la variación del PIB y el cambio del gasto), lo que incrementa la tasa de retorno del capital, eleva la productividad y expande la actividad económica.

Asimismo, las autoridades deben adoptar medidas que estimulen la inversión privada, tanto nacional como extranjera. La eliminación del gravamen del 10 % sobre los ingresos por intereses y la entrada libre de impuestos de capitales depositados en el exterior incentivaría la disponibilidad de fondos prestables. A esto se debe añadir una regulación bancaria que facilite la transformación del ahorro en préstamos a los sectores productivos, incluidas las mipymes.

En el ámbito monetario, conviene retomar el esquema de metas de inflación basado en reglas claras y transparentes, cuyos instrumentos monetarios se utilicen de manera consistente con la formación de capital físico, el crecimiento económico y el anclaje de las expectativas de inflación. En un entorno internacional incierto, se hace necesario aplicar una política caracterizada por medidas monetarias convencionales, no zigzagueantes y óptimas, capaces de minimizar las fuentes de volatilidad interna. Ese enfoque reduciría la incertidumbre que ha estado distorsionando la asignación de los recursos productivos, al generar oportunidades de arbitraje e incentivos que retrasan decisiones de inversión o consumo en espera de nuevos desembolsos de liquidez a tasas de interés subsidiadas.

En cuanto a la política cambiaria, el Fondo Monetario Internacional interpreta la alta volatilidad del tipo de cambio registrada desde marzo de 2020 como un estado de "mayor flexibilidad cambiaria en línea con los fundamentos económicos." La realidad, no obstante, es que un aumento de la volatilidad más de cuatro veces superior a la que existía entre 2012 y 2019 va más allá del concepto de flexibilidad de la tasa de cambio. Por ese motivo, es recomendable revisar la normativa y la política monetaria, de modo que los movimientos cambiarios se produzcan en un marco de mayor previsibilidad.

La aplicación de una reforma laboral resulta clave para estimular la creación de empleo formal y productivo. Un mercado laboral flexible, que permita la movilidad de un trabajo a otro con el menor costo posible, optimizaría la asignación de los recursos humanos y aumentaría el desempeño laboral. A su vez, la reducción del costo de la formalidad estimularía la creación de empleos mejor remunerados, tanto para los trabajadores cualificados como para aquellos con menor nivel educativo, lo que se traduciría en un incremento del PIB sostenido e inclusivo. 

El aumento de la población instruida impulsaría el progreso tecnológico. Una educación de calidad, junto con la formación técnica y universitaria vinculada a los sectores productivos (a través de programas de entrenamiento dentro y fuera de las empresas) y el fortalecimiento de los servicios de salud preventiva orientados a reducir el ausentismo laboral, incrementarían el aporte de la mano de obra a la expansión económica.

Finalmente, para potenciar la productividad total de los factores hay que adoptar medidas microeconómicas, respaldadas por un sistema judicial accesible y eficaz que proteja la propiedad privada. La PTF sube cuando se reducen los costos de hacer negocios, con regulaciones simples y favorables al crecimiento e infraestructura complementaria de la inversión privada. Los gastos de obtener los permisos para proyectos de construcción e inversión deben reducirse al mínimo. Además, un mayor grado de competencia, en un entorno de estabilidad macroeconómica, promovería la asignación eficiente de los recursos productivos y, en consecuencia, elevaría el bienestar de la población.

https://www.diariolibre.com/opinion/frente-al-statu-quo/2026/01/11/inversion-publica--recomendaciones-para-crecer-mas/3400852

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jaimearistyescuder

Jaime Aristy Escuder

Economista y matemático. Graduado de la Universidad de Chicago y doctorado en Economía de la Universidad de Barcelona. Profesor de Economía Matemática.
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Recomendaciones para crecer más en RD 🇩🇴📈
Para que la economía vuelva a su potencial del 5 %, necesitamos invertir mejor y con reglas claras:

🔹 Más inversión pública eficiente (infraestructura y mantenimiento) con alto multiplicador.
🔹 Reducir evasión y racionalizar exenciones para abrir espacio fiscal.
🔹 Atajar el déficit del sector eléctrico y mejorar la gestión.
🔹 Metas de inflación claras y política monetaria predecible.
🔹 Menos volatilidad cambiaria, más previsibilidad.
🔹 Reforma laboral para empleo formal y productivo.
🔹 Capital humano: educación técnica, universidad vinculada a sectores y salud preventiva.
🔹 Clima de negocios: permisos simples, costos regulatorios bajos y competencia real.

"La confianza se construye con datos, cronogramas y resultados".
¿Qué reforma debería ir primero? Te leo 👇

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jueves, 9 de octubre de 2025

Comentario Económico | En búsqueda del oro perdido

Comentario Económico | En búsqueda del oro perdido https://youtu.be/mQHHR1TFcZ4?si=0GMzMckYgPf58dEv a través de @YouTube @AristyEscuder #Economia #Oro

lunes, 17 de marzo de 2025

El costo de la estanflación importada | Jaime Aristy Escuder #Economía

El costo de la estanflación importada
Jaime Aristy Escuder
Frente al statu quo
Santo Domingo - mar. 17, 2025 |

La incertidumbre provocada por la arbitraria e imprudente política comercial del presidente Donald Trump comienza a tener un alto costo. Algunas instituciones prevén que la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos se reducirá entre 0.7 y 1 punto porcentual, lo cual lo situaría por debajo de un 2 %.

La incertidumbre provocada por la arbitraria e imprudente política comercial del presidente Donald Trump comienza a tener un alto costo. Algunas instituciones prevén que la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos se reducirá entre 0.7 y 1 punto porcentual, lo cual lo situaría por debajo de un 2 %.

Recientemente, la Universidad de Michigan publicó que el índice de confianza del consumidor, un indicador clave para proyectar la demanda agregada, cayó a su nivel más bajo desde noviembre de 2022, al pasar de 64.7 en febrero a

57.9 en marzo. Al mismo tiempo, las expectativas de inflación para los próximos doce meses se elevaron de un 4.3 % a un 4.9 %, una cifra muy por encima de la meta del 2 % de la Reserva Federal. Lo preocupante es que la expectativa de inflación era, en noviembre de 2024, de un 2.6 %. La combinación del estancamiento económico con subidas de precios, conocida como estanflación, deteriora significativamente la calidad de vida de los hogares.

Muchos economistas están preocupados por las decisiones de Trump. Larry Summers, profesor de Economía de la Universidad de Harvard, advirtió que "la Reserva Federal debe destacar el enorme impacto que la incertidumbre está teniendo en la economía." No obstante, reconoció que "su capacidad para responder a esa incertidumbre es muy limitada." Por su parte, Olivier Blanchard, profesor de Economía del MIT, afirmó que la incertidumbre está provocando la desaceleración de la economía estadounidense, ya que "lleva a los consumidores a preocuparse, a las empresas a esperar para invertir y a la caída de la demanda." Agregó que esa política no conduce a nada bueno; al contrario, "solo a una pérdida pura." Ante ese panorama, Summers, exsecretario del Tesoro, proyecta que la probabilidad de una recesión en Estados Unidos es de un 50 %, a menos que se modifique la política arancelaria de la actual administración.

Los mercados bursátiles han estado enviando un mensaje claro. Desde la fecha de toma de posesión de Trump hasta el 13 de marzo, el Dow Jones cayó un 7.3 %, el S&P 500 retrocedió un 8.7 % y el Nasdaq perdió un 12.4 %. Esa destrucción de capital implica un deterioro de la capacidad del consumidor para mantener su nivel adquisitivo. Se estima que por cada 100 dólares que se pierde de riqueza financiera, el consumo se reduce en 7 dólares. Ese resultado se traducirá en una menor demanda agregada y, por lo tanto, menor actividad productiva.

La combinación de altos aranceles, deportaciones masivas, restricciones a la inmigración, despidos en el gobierno federal y el recorte del financiamiento a programas de investigación y desarrollo de las universidades provoca simultáneamente choques negativos, tanto por el lado de la oferta como de la demanda. Dichas medidas pueden desembocar en un escenario de estanflación.

El aumento de un 159 % en el precio del petróleo en 1974, debido al recorte de la oferta impuesto por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), llevó a Estados Unidos a una recesión entre dicho año y 1975. Durante ese período, el PIB tuvo una variación promedio anual de -0.4 %, mientras que la inflación alcanzó el 12.2 % en 1974 y el 7 % en 1975, lo cual originó una estanflación que elevó la tasa de desempleo a un 8.5 % en ese último año. A finales de la década, volvió a registrarse un nuevo choque de oferta provocado por incrementos de precios del crudo que generó otro episodio de estanflación.

En el pasado, la República Dominicana sufrió los efectos de la estanflación importada. Entre 1970 y 1973, el PIB del país, que se expandió a un vertiginoso ritmo anual del 11.3 %, se redujo a la mitad, y registró un promedio de un 5.6 %, mientras que la tasa de inflación promedio alcanzó el 13.8 %. El impacto desfavorable no fue mayor gracias a que la economía dominicana se benefició de un aumento de los términos de intercambio de un 57 %, derivado de la subida de los precios del azúcar en el mercado internacional. Ese incremento fortaleció los ingresos por exportaciones y generó ingresos al gobierno que permitieron una expansión de la inversión pública de hasta un 9 % del PIB en 1975. Sin embargo, la estanflación de finales de los años setenta y las medidas monetarias extremadamente restrictivas adoptadas por Estados Unidos para combatirla desencadenaron, en los años ochenta, la crisis denominada la "década perdida" de América Latina, de la cual formó parte la República Dominicana.

En la actualidad, a pesar de que la economía dominicana se ha diversificado e integrado a mercados de otros países, sigue manteniendo una fuerte dependencia del desempeño de Estados Unidos. Por cada punto porcentual que crece el PIB estadounidense, el dominicano se expande entre 1.7 y 2.2 puntos porcentuales. Si Estados Unidos entrase en recesión o, peor aún, en una estanflación, la República Dominicana sufriría una desaceleración de su actividad económica debido a la disminución de la demanda de servicios turísticos, la reducción del valor de las remesas familiares y la contracción de las exportaciones, tanto nacionales como de zonas francas.

El sostenimiento de altas tasas de interés en Estados Unidos, una política requerida para enfrentar la inflación derivada de los altos aranceles de Trump, obligaría al Banco Central de la República Dominicana a mantener una postura restrictiva, con tasas de interés reales superiores al 12 %, lo que reduciría la inversión privada, en particular la relacionada con la construcción. Si a todo lo anterior se añade que la inversión pública presupuestada para 2025 es de solo un 2.2 % del PIB, puede deducirse que la probabilidad de alcanzar un ritmo de crecimiento anual del PIB entre un 4.5 % y un 5 %, como está contemplado en el Marco Macroeconómico consensuado por el gobierno y el Banco Central, o del 5 %, según la más reciente proyección del Fondo Monetario Internacional, es cercana a cero. La variación de apenas un 3.1 % del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), registrada como promedio entre noviembre de 2024 y enero de 2025, confirma la desaceleración económica y lo difícil que resultará lograr el ritmo de crecimiento potencial en un entorno internacional tan convulso e imprevisible. 

https://www.diariolibre.com/opinion/frente-al-statu-quo/2025/03/16/el-costo-de-una-estanflacion-importada/3035488?utm_source=app&utm_medium=detalle_nota&utm_campaign=compartida

lunes, 11 de noviembre de 2024

Jaime Aristy Escuder afirma alquiler de inmuebles es una opción más rentable que la compra para el Estado Dominicano

Jaime Aristy Escuder afirma alquiler de inmuebles es una opción más rentable que la compra para el Estado Dominicano
11 de noviembre de 2024
SANTO DOMINGO, RD – El reciente contrato de alquiler firmado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) ha generado un intenso debate sobre las ventajas y desventajas de comprar o alquilar locales para el uso de oficinas públicas. Al respecto, el destacado economista Jaime Aristy Escuder analizó en detalle las implicaciones económicas de ambas opciones, concluyendo que la modalidad de alquiler ofrece beneficios sustanciales tanto para el Estado como para los contribuyentes.

*Las ventajas de comprar frente a alquilar*
Según Aristy Escuder, adquirir un inmueble para uso público conlleva altos costos iniciales, precisando que si el Estado decidiera comprar o construir un local para oficinas, necesitaría recursos significativos, que podrían salir directamente de los bolsillos de los contribuyentes o ser financiados a través de deuda pública. 
Sostuvo que en ambos casos, el Estado sería el propietario del inmueble, lo que representaría una transferencia de recursos del pueblo al Gobierno.
Señala que al optar por la renta, el flujo de efectivo requerido por el Estado es considerablemente menor y destaca que el alquiler de una edificación perteneciente a un fondo de inversión inmobiliario permitiría que los pagos mensuales de arrendamiento, junto con la apreciación del valor del edificio, beneficiaran indirectamente a los trabajadores dominicanos, quienes son los verdaderos propietarios del inmueble a través de sus aportes a las AFPs.
Sobre este punto, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Ciriaco, publicó otro artículo en el que destaca que no siempre comprar un inmueble es la mejor opción. 
 
*El caso de la OGTIC y la Torre Vista 311*
Jaime Aristy Escuder señala en su análisis que en el caso de contrato de alquiler de la OGTIC, que involucra 3,927 metros cuadrados de oficinas en la Torre Vista 311, ubicada en el sector Bella Vista del Distrito Nacional, el edificio es propiedad del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I, gestionado por la Administradora de Fondos de Inversión Reservas (AFI Reservas), una entidad del Estado.
Destaca que este fondo adquirió el inmueble con los recursos de los trabajadores dominicanos, quienes, a través de sus AFPs, son los verdaderos propietarios del edificio.
El economista resalta además que este arrendamiento por un período de diez años y nueve meses, que incluye la adecuación y mobiliario de los espacios y con un precio total que asciende a 1,440.3 millones de pesos, con un pago mensual promedio de 9.4 millones de pesos, es considerablemente más bajo que el costo de compra, que en caso de haberse realizado mediante deuda pública, habría implicado pagos mensuales promedio de 15 millones de pesos.
En su artículo, Escuder detalla que, en lugar de emitir deuda y destinar recursos públicos a la compra del inmueble, el alquiler genera un ahorro de flujo de efectivo de aproximadamente 727 millones de pesos durante el período del contrato. 
Expresa que este ahorro podría ser utilizado por el Gobierno para invertir en proyectos de infraestructura y fortalecer el capital humano, lo que contribuiría al crecimiento económico del país.
Destaca también que el contrato de la OGTIC es competitivo en términos de precios, puntualizando que el arrendamiento por metro cuadrado es de unos 33 dólares, cifra que incluye el costo de acondicionamiento y mobiliario. 
Dijo que a medida que avancen los años, el alquiler se ajustará anualmente a una tasa del 2.5%, lo que refleja un aumento moderado en comparación con la tasa de depreciación del peso dominicano, estimada en un 3% anual.

*Un modelo beneficioso para los trabajadores*
En su enfoque Jaime Aristy Escuder destaca que, aunque el Estado no sea propietario directo del inmueble, los beneficiarios reales son los trabajadores dominicanos, quienes a través de sus aportes a las AFPs participan en los fondos de inversión que poseen el edificio. 
Concluye que esta modalidad permite que los recursos de los contribuyentes, en lugar de ser destinados a la adquisición directa de bienes inmuebles por parte del Gobierno, se inviertan en fondos que generan rendimientos para los trabajadores, lo que beneficia a la población a largo plazo.

jueves, 29 de agosto de 2024

Economistas coinciden en la necesidad de un ajuste tributario con enfoque equilibrado


Economistas coinciden en la necesidad de un ajuste tributario con enfoque equilibrado
Jaime Aristy Escuder, Magín J. Díaz y Juan Ariel Jiménez plantearon múltiples soluciones para evitar que la reforma se convierta en una distorsión, durante un conversatorio-panel auspiciado por  la Asociación de Empresas e Industrias de Boca Chica (Abocachica) y la Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región
29 de agosto de 2024
*Santo Domingo.* Debido al déficit fiscal del 5%, un endeudamiento del 60% del PIB y una baja inversión pública por falta de liquidez, reconocidos economistas consideraron que la realidad económica demanda recaudar más, pero con el cuidado de no afectar el empleo, la inversión y la producción al ejecutar una reforma tributaria como proyecta actualmente  el gobierno. 

En ese punto coincidieron los profesionales de la economía Jaime Aristy Escuder, Magín J. Díaz y Juan Ariel Jiménez, quienes plantearon múltiples soluciones para evitar que la reforma se convierta en una distorsión, durante un conversatorio-panel auspiciado por  la Asociación de Empresas e Industrias de Boca Chica (Abocachica) y la Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur, realizado en la sede de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD)

Aristy Escuder, economista y exadministrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, destacó la insuficiencia de la actual presión tributaria del 14%, que no permite cubrir adecuadamente las necesidades de gasto social del país. Subrayó que solo se ejecuta un 2% del PIB en gasto de capital, muy por debajo del 6% registrado durante la era de Balaguer. 

Además, señaló que la deuda pública, actualmente en un 60% del PIB, debería reducirse al 40%. "Es posible aumentar las recaudaciones en un 3% o 4% del PIB sin necesidad de tocar las tasas impositivas. No obstante, es crucial mejorar la calidad del gasto público, cerrar el déficit en el sector eléctrico, que representa un agujero de 1,500 millones de dólares anuales, y reducir la evasión tributaria", afirmó Aristy.

Magín J. Díaz, exdirector general de Impuestos Internos, se refirió al déficit fiscal estructural que enfrenta el gobierno, el cual asciende a 350,000 millones de pesos anuales, equivalente a un 5% del PIB. Díaz explicó que, aunque las recaudaciones se han estancado en niveles similares a los de 2019, el gobierno necesita aumentar sus ingresos para reducir tanto el déficit como la deuda, sin agravar la carga tributaria sobre los contribuyentes actuales.

 "La solución será dolorosa porque existen muchas distorsiones en la economía y en el sistema tributario que deben corregirse, pero es fundamental que cualquier reforma sea equilibrada para no afectar el empleo, la inversión y la producción", advirtió Díaz.

Juan Ariel Jiménez, economista y exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, coincidió en la necesidad de recaudar más, pero cuestionó cuál es exactamente el objetivo de la reforma tributaria que se quiere implementar. Jiménez resaltó que, aunque el nivel de la deuda consolidada del país es preocupante, con un 60% del PIB, no estamos al borde de una crisis fiscal. 

Sin embargo, reconoció que el gobierno enfrenta un problema de liquidez estructural que limita su capacidad para dejar un legado significativo. "El desafío está en aumentar la eficiencia recaudatoria sin recurrir a medidas tradicionales que podrían ser ineficaces y controversiales. Tecnologías como los algoritmos y el análisis de datos pueden ser herramientas clave para mejorar la recaudación y reducir la evasión", afirmó Jiménez.

Bredyg Disla, presidenta de Abocachica, destacó en sus palabras de bienvenida la importancia de abordar la reforma fiscal con sensibilidad y visión a largo plazo. "La reforma tributaria no debe ser vista solo como un ajuste técnico, sino como una oportunidad para fortalecer la estructura económica del país sin poner en riesgo el bienestar de los sectores más vulnerables", subrayó Disla.

Luego de la exposición individual de los tres economistas, se llevó a cabo un panel de discusión moderado por Luis José López, miembro de la directiva del gremio empresarial. Durante el panel, se profundizó en las posibles estrategias para implementar una reforma tributaria que cumpla con los objetivos de aumentar las recaudaciones y reducir el déficit, sin comprometer el crecimiento económico del país.

El conversatorio dejó claro que si bien la reforma tributaria es necesaria, su implementación debe ser cuidadosamente planificada para evitar distorsiones en la economía. Los economistas coincidieron en la necesidad de un enfoque equilibrado que permita aumentar las recaudaciones del Estado sin afectar negativamente al empleo, la inversión y la producción, subrayando la importancia de adoptar medidas innovadoras y eficientes en el proceso.