Comité legislativo halla evidencia de que Donald #Trump participó en una conspiración criminal para revertir las elecciones de 2020. [el]https://t.co/hdzMoTobP8
— DW Español (@dw_espanol) March 3, 2022
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Si las elecciones de noviembre próximo en Nicaragua fuesen un partido de futbol, este sería uno donde un equipo escoge entre los suyos a todos los árbitros, decide que los disputará con 15 jugadores en la cancha mientras el rival lo hará con seis, achica su portería y agranda la contraria y, al final, da instrucciones claras a los jueces para que anulen, bajo cualquier pretexto, cualquier gol que pudiera meter su rival.
“Nicaragua se encamina a la peor elección posible”, dijo este miércoles un apesadumbrado Luis Almagro, secretario general de la OEA, para graficar el “Frankenstein” en que se ha convertido la legislación electoral nicaragüense, bajo el régimen de Daniel Ortega.
A las presiones nacionales e internacionales para que se realicen elecciones justas y transparente en Nicaragua, Daniel Ortega respondió en sentido contrario: radicalizó los controles y la opacidad del proceso mediante sistema electoral a su medida, que deja poca o ninguna posibilidad de competir a la oposición.
“Tenemos un Consejo Supremo Electoral (CSE) omnipotente y enteramente al servicio de un partido, desde los magistrados hasta la última Junta Receptora de Votos”, dice un experto electoral que pide omitir su nombre. “No hay remedio para cuando el árbitro se degrada a este punto. El Frente Sandinista (partido en el gobierno) termina contando solo, sin testigos, pruebas o transparencia”.
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Trampas electorales
Estos son los principales muros que expertos consultados por Infobae consideran que Ortega ha puesto para blindar un sistema electoral que solo permite un ganador: él mismo.
1- Árbitros electorales leales: El 4 de mayo pasado la Asamblea Nacional, de amplia mayoría sandinista, eligió un nuevo Consejo Supremo Electoral dado que todos los magistrados anteriores (siete propietarios y tres suplentes) mantenían sus cargos con tiempos vencidos. En lugar de avanzar en la despartidización del máximo órgano electoral, como han pedido diversas misiones de observación electoral, o darle alguna pluralidad a su composición, como exigen algunos sectores de oposición, los diputados eligieron a siete militantes sandinistas, propuestos por el Frente Sandinista, y otros tres que, aunque fueron propuestos por partidos distintos, son reconocidos simpatizantes del régimen, de tal forma que la composición del tribunal electoral quedó “diez de diez” a favor de Ortega.
2- Partidos políticos limitados: Los diversos movimientos políticos de oposición surgidos tras la rebelión de abril 2018 no pudieron organizarse en un partido político propio para disputar el poder, dado los mecanismos de control que el régimen tiene sobre la aprobación y eliminación de partidos políticos. “Nicaragua es uno de los países de América Latina que tiene la mayor cantidad de requisitos para formar un partido político. Es restrictivo para el nacimiento de nuevas fuerzas políticas”, apunta José Antonio Peraza, experto electoral e integrante de la opositora Coalición Nacional. “No hay posibilidad que participen las organizaciones de la sociedad civil. El sistema está hecho única y exclusivamente para los partidos políticos. El artículo 80 de la Ley Electoral limita la formación de alianzas y establece que debe haber un partido nodriza bajo el cual deben ir todos los demás. Eso es grave”. Ante esta situación, la oposición se agrupó alrededor de dos partidos tradicionales, el Partido de Restauración Democrática (PRD) de perfil religioso evangélico y Ciudadanos por la Libertad (CxL), de corte liberal. Las diferencias entre estos dos partidos impidieron que la oposición se inscribiera unida en una alianza.
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3- Amenaza de inhibiciones: Sobre los opositores pende una especie de “espada de Damocles” pues en los últimos meses el régimen de Ortega se cuidó de aprobar una serie de leyes que impedirían las candidaturas de opositores por razones que van desde recibir financiamiento externo hasta participar en protestas bajo el cargo de “traición a la patria”. “El Congreso aprobó el 21 de diciembre de 2020 la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, iniciativa que penaliza con el impedimento para optar a cargos públicos de elección popular a quienes sean declarados como traidores a la patria”, expuso Luis Almagro en la reunión del Consejo Permanente de la OEA del miércoles pasado.
“Podrán ser penalizadas como tales de acuerdo a la citada ley aquellas personas que alteren el orden constitucional; quienes propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones; quienes demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos; quienes realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía y autodeterminación; quienes inciten a la injerencia extranjera en asuntos internos; todos los que lesionen los intereses supremos de la nación; quienes fomenten o insten a actos terroristas, entre otros”, agregó.
4- Observación electoral controlada: Las nuevas reformas a la ley electoral introducen el término “acompañamiento electoral” en lugar de “observación electoral”, con lo que busca quitarle colmillos a la fiscalización nacional y extranjera.
5- Control policial de la actividad política: Las reformas electorales aprobadas por el régimen otorgan a la Policía Nacional la facultad de autorizar o impedir manifestaciones políticas, lo que, a criterio de la oposición, legalizó el estado policial que existe en Nicaragua desde abril 2018. Actualmente la Policía impide cualquier manifestación política pública e incluso ha llegado a interrumpir reuniones en casas u hoteles y restringe la movilización de las caras más visibles de la oposición a través de cercos a sus casas de habitación o con asedio y persecución policial cuando se movilizan. “Legalizaron la acción de la Policía de ser la rectora de cuáles manifestaciones se pueden dar y cuáles manifestaciones no se pueden dar”, explica el analista político Edgard Parrales. “Incluso le da autoridad a la Policía la facultad para decidir sobre reuniones internas. Dan un control total a la Policía, siendo que el jefe máximo de la Policía, por ley, es Daniel Ortega, quien a su vez sería el candidato del Frente Sandinista”.
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6- Trampas en calendario electoral: El mismo 6 de mayo en que fue juramentado el nuevo tribunal electoral se hizo publico el calendario electoral que estableció, entre otras fechas el 12 de mayo como límite para la inscripción de alianzas y hasta el 2 de agosto para la inscripción de candidatos. La trampa, según la oposición, está en acortar el tiempo de las alianzas con el propósito de que las fuerzas opositoras no se unieran, tal como efectivamente sucedió.
Oposición dividida
Ante este juego de dados cargados, hay un convencimiento casi generalizado de que solo la oposición unida podría derrotar a Daniel Ortega en las elecciones del próximo 7 de noviembre, al ofrecer un solo bloque que agrupe todo el descontento y estimule la votación masiva.
La última encuesta de Cid de Cid Gallup, realizada en enero pasado, señala que el 62 por ciento de los ciudadanos no se identifican con partido político alguno y otorga al Frente Sandinista un 25 por ciento de simpatías. Los grupos opositores organizados consiguen niveles de aprobación por debajo del 4 por ciento.
Si la unidad es la estrategia para derrotar a Ortega, la oposición organizada hizo justamente lo contrario, selló su división en dos bloques, Coalición Nacional y Alianza Ciudadana, el juego político que más le conviene al régimen. Este miércoles, al filo del plazo que impuso el Consejo Supremo Electoral, se inscribió la alianza encabezada por Ciudadanos por la Libertad (CxL), dejando por fuera a las organizaciones que se agruparon en la llamada Coalición Nacional, a la que solo le quedaría como opción participar en la casilla del Partido de Restauración Democrática (PRD).
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Edgard Parrales considera que no hubo intención de unidad. “Toda la actuación de CxL fue de boicot, a través de dar largas, de hacer todo lo posible y lo imposible para que no se constituyera la alianza. Queriendo hegemonizar como si ellos fueran la única y verdadera oposición de Nicaragua”.
Reconoce que en estos momentos “no se puede concebir unas elecciones limpias y transparentes”. “El régimen ha arreciado todos los mecanismos del control, no solo del Estado, y la represión que mantiene es cada vez mayor”, dice.
José Antonio Peraza dice que, aunque no hay un solo artículo de la ley que diga que un “ciudadano no puede ir a votar”, el sistema electoral “debilita toda la institucionalidad democrática con respecto al voto. Al haber un juez electoral sin legitimidad, la gente no tiene interés en ir a votar porque el voto ha perdido sentido”.
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El experto electoral que pide anonimato asegura que “lo otro que hace bien el Consejo Supremo Electoral y el resto del Estado es fomentar la abstención, mostrándose afín al partido de gobierno en cuanta oportunidad puede. Son como un casino que anuncia fraude a los desconocidos y entonces ahí solo entran los de casa. Así un 30 por ciento de ciudadanos se convierten en 60 por ciento de electores”.
Aun así, el analista Parrales considera que la oposición puede “obtener una victoria” si en noviembre se produce un voto masivo. “Cuando el voto es masivo es mucho más difícil hacer un fraude masivo. La abstención favorece al Frente Sandinista”. En términos futbolísticos, la única opción que le queda al equipo opositor es lograr una goleada que lleve al régimen a aceptar su derrota o a evidenciar el fraude si aún así decide robarse las elecciones.
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