AMÉRICA LATINA
La OEA ratificó sus hallazgos sobre las irregularidades en las elecciones de Bolivia en 2019
En un comunicado, indicó que hay “profundas deficiencias” en un estudio presentado por la fiscalía del país altiplánico que descartó una manipulación en los comicios
9 de Agosto de 2021
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La Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) ratificó este lunes sus hallazgos sobre las irregularidades en las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia, que desembocaron en la salida de Evo Morales del poder, luego de que la fiscalía de aquel país divulgara un estudio que no halló manipulaciones de votos.
Las autoridades del organismo internacional indicaron que tomaron conocimiento de la investigación encargada por la Fiscalía, que se encargó de analizar la integridad de los sistemas informáticos y de la información generada en el proceso, pero consideró que el estudio cuenta con errores y omisiones evidentes.
“El estudio pericial, pagado por la Fiscalía, se refiere única y exclusivamente a temas informáticos con base en información desconocida y proporcionada por el ente estatal, y no abarca otros asuntos de suma importancia para comprender de manera integral los hechos de 2019″, indicó la OEA, en referencia a la pesquisa encargada en abril al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca.
No obstante, la OEA indicó que el principal acierto de dicho estudio es que “confirma los graves hallazgos en materia informática contenidos en el Análisis de Integridad Electoral”.
“Por ejemplo, ratifica la utilización de dos servidores ajenos a la estructura tecnológica establecida para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). También ratifica que el entorno permitía la manipulación de los datos, suplantación de actas o cualquier otra maniobra a través de usuarios con privilegios root2 en TREP y cómputo; la falta de registros que impiden determinar la actividad de los usuarios sobre las bases de datos; que se redirigió el tráfico hacia una red externa que estaba fuera de dominio, administración, control y monitoreo del Tribunal Supremo Electoral (TSE); que hubo destrucción de la evidencia; y otros aspectos que comprometen la integridad de los sistemas utilizados en las elecciones de Bolivia en 2019″, detallaron.
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Durante la jornada electoral del 20 de octubre de 2019, una paralización del escrutinio que duró casi 24 horas cuando se habían contabilizado el 83% de los votos generó la desconfianza en los comicios. En ese lapso, hubo cambio de tendencia que amplió la ventaja del entonces mandatario Evo Morales sobre su rival Carlos Mesa, dándole la victoria en primera vuelta.
En ese marco, la OEA ratificó su postura crítica con los comicios e indicó que “ninguna democracia aceptaría un proceso electoral como este”. Además, apuntó contra la fiscalía, al señalar que “intentar validar este conjunto de irregularidades y manipulaciones, a través de estudios extemporáneos, constituye una grave afrenta a la democracia en el hemisferio”.
Aunque el informe no habla de fraude, sí menciona una “manipulación dolosa del resultado electoral” e hizo hincapié en que detectó irregularidades “muy graves” como la alteración en el sistema informático de transmisión y cómputo de resultados.
El informe alimentó la polarización y las versiones de la oposición, que finalmente forzó la convocatoria de nuevas elecciones y a la renuncia y salida del país de Evo Morales, sucedido por la congresista Jeanine Áñez. Además, las conclusiones de la OEA dieron paso a que la Fiscalía, dirigida en ese momento por el fiscal general Juan Lanchipa, emitiera órdenes de aprehensión contra la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, los demás vocales nacionales y vocales departamentales, para un total de unos 34 detenidos.
El Gobierno del actual presiente, Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), ha sostenido que no hubo fraude electoral en aquellos comicios y que en realidad lo que se produjo fue una “ruptura del orden constitucional” a raíz de un “golpe de Estado”.
(Con información de EFE)
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