Martín Polanco | 28 junio, 2021
La República Dominicana le allana el camino a las inversiones con un catálogo de pasos y medidas
La línea principal apunta a la reducción de la burocracia y a achicar el tiempo en trámites; se quiere captar capitales
El sector público, en sintonía con el privado, viene dando una serie de pasos tendentes a mejorar las condiciones para hacer negocios en República Dominicana, incluyendo la parte de creación de empresas.
Las principales líneas de acción van dirigidas a reducir la burocracia y a aprovechar más el posicionamiento que tiene el país, no solo desde el punto de vista geográfico, sino además, desde la misma forma positiva cómo valoran las agencias calificadoras a esta nación.
En enero de este año 2021, la Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera (Asiex) conjuntamente con el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (actualmente Prodominicana), presentó la “Guía de la Inversión de la República Dominicana”, un compendio que orienta a los inversionistas acerca de los recursos y oportunidades con que cuenta este país como destino de inversión segura.
Pero incluso antes de eso –en la gestión pasada- se había anunciado un conjunto de medidas tendentes a hacer de República Dominicana una mejor nación.
Para entonces, 2,097 regulaciones administrativas que estaban vigentes y 1,873 trámites y servicios, fueron los resultados del diagnóstico de RD+Simple, una iniciativa que buscaba mejorar la eficiencia de las instituciones públicas, a través de la agilización de los procesos, mejoras en las regulaciones y el fomento a la participación ciudadana en las políticas públicas, con el fin de poner en marcha el Plan Nacional de Mejora Regulatoria que permitiera para simplificar los trámites y reducir sus tiempos y costos.
De 53 entidades públicas que fueron evaluadas, se determinó que el costo social de las regulaciones ascendía RD$197,000 millones, representando el 5.6 % del producto interno bruto (PIB). Ese costo no incluía las tasas por servicios ni las contribuciones obligatorias establecidas por leyes especiales. También se comprobó que el 60 % de la carga regulatoria recae en solo 10 trámites, entre los que se destacan los registros sanitarios, la mecanización agrícola y la solicitud de exequátur profesionales.
Esa estimación del costo social de las regulaciones se realiza en función del tiempo que se destina a realizar un trámite o recibir un servicio, tomando en cuenta el proceso para recolectar los requisitos exigidos y el tiempo que tarda la institución en dar respuesta. Esa estimación la hizo la Dirección de Análisis Regulatorio del Consejo Nacional de Competitividad, con el apoyo metodológico de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de México.
Sobre la Guía de la Inversión de República Dominicana, el presidente de la Asiex, Edwin de los Santos, en un discurso que pronunció cuando ésta se presentó, resaltó la importancia de que sea dinámica y viva en el tiempo, por el rol de orientación que ofrece, por poner un rostro de bienvenida al inversionista y al dejar por escrito las reglas fundamentales para la correcta evaluación y predicciones de retorno.
Desde el punto de vista de los Santos, “herramientas como la Guía del Inversionista, distancian a la República Dominicana de las naciones de alto e impredecible riesgo y la acercan cada vez más a las que ofrecen certeza de largo plazo”.
El clima político, la transparencia, seguridad jurídica, reglas claras y previsibilidad forman algunos de los pilares fundamentales que deben estar cimentados a tierra firme, frente a los inversionistas que miran un país para colocar sus capitales y que estos no corran peligro.
Y en el caso dominicano, se cuenta con atributos que han sido desplegados de forma oportuna en la Guía de inversión, entre las que se destacan la estabilidad macroeconómica y política; el acceso comercial privilegiado a diversos mercados, gracias a su posición geográfica de República Dominicana; la creciente inserción en los mercados internacionales a través de acuerdos de comercio y de inversión, desarrollo en la diversificación de los sectores económicos y políticas para el fomento de la inversión, entre otros.
Seguridad jurídica
También desde el Ejecutivo se ha dispuesto la implementación de políticas públicas, que buscan agilizar la aprobación de proyectos de inversión, fortalecer la seguridad jurídica, eliminar las burocracias innecesarias que provocan dualidad de esfuerzos y de ineficiencias, impulsar alianzas público privadas (y se cuenta con una ley que las respalden), la implementación de códigos de cumplimiento, entre otras.
Desde diversos lados se ha asegurado que esas y otras medidas contribuyen enormemente con la atracción de mayores inversiones, la inyección de divisas a la economía nacional y a la generación de mayores fuentes de empleo, tan necesarias en un contexto como el actual, en que está presente la pandemia de covid-19.
Pro Dominicana dijo en abril que está inmersa en una reformulación para introducir un proyecto de ley que responda a las necesidades actuales del circuito de la inversión extranjera directa (IED), porque si bien es una normativa que ha tenido un buen funcionamiento, hay aspectos del mismo proceso de inversión que no se circunscriben solo a los servicios que se ofrecen en la institución. En concreto, se procura que los procesos disminuyan, que sean más eficientes y disminuya la burocracia que muchas veces envuelve el registro de la inversión. Eso, con el fin de que el inversionista tenga un incentivo para ver a República Dominicana como lugar de atracción.
Registrar inversión extranjera directa en el país costaba en el CEI-RD un mínimo de RD$30,000 y podía llegar a los RD$200,000, solo por hacer trámite de registro, informó hace varios meses su director Biviana Riveiro. Ahora eso es gratuito y digital; es virtual.
Solo hay que cumplir con los requisitos de registro, y uno de los principales, además de proporcionar información de los inversionistas y la casa matriz, es garantizar que la inversión haya llegado o entrado al país. Pro Dominicana trabaja en proyectos como la Ventanilla Única de Inversión (capítulo que existía cuando llegó esta administración) para ser puerta de entrada, aunque cada institución lleve sus procesos para atraer capitales.
Lo que llegaría
Las proyecciones que se tienen apuntan a que el país cierre el 2021 con IED de US$3,000 millones. Mientras, la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (Optic), tiene proyectos encaminados a que el país continúe desarrollándose y las entidades públicas puedan mejorar sus plataformas y los servicios que ofrecen al ciudadano, incluyendo aquellos que quieren invertir.
La Optic dice que hay un proyecto cuyo interés es que se convierta en ley. “Se trata de Burocracia Cero, y se está encaminando la Ley de Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria, que es estudiada y evaluada por una comisión bicameral. Varias instituciones del Estado, como el Consejo Nacional de Competitividad, el Ministerio de Administración Pública y la Optic realizan esfuerzos conjuntos para que el Congreso apruebe esa ley, que generará un impacto positivo, porque persigue la simplificación de todos los procesos y trámites que se hacen en el Estado dominicano.
Esa simplificación permitirá mucho más que al país venga inversión extranjera, sin que los dueños de los capitales tengan que pasar años en trámites. “Eso generaba un alto tráfico de influencia y corrupción y falta de transparencia. Al simplificarlo, el resultado será la eliminación de todas esas trabas y los inversionistas verán que hay un marco jurídico que permite venir a invertir a este país”, ha indicado la Optic. Recientemente la Dirección General de Aduanas presentó el proyecto Despacho 24 horas, que permitirá que en menos de 24 horas se realicen los procesos de desaduanización de mercancías y productos en las aduanas del país. Es el primer trámite que en esta gestión se ha mejorado y es uno de más de 62 que se están trabajando.
Consejo Zonas Francas lleva un trabajo puntual
Por el lado del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), que dirige Daniel Liranzo, se ha estado trabajando conjuntamente con la institución sombrilla, que es el Ministerio de Industria y Comercio, básicamente en la conformación de una estrategia que tiene cinco pilares, cuyos componentes son promoción (atracción de inversiones), trámites más ágiles (con burocracia cero), educación, infraestructura y encadenamientos productivos.
“En estos cinco pilares hemos basado lo que es nuestro plan de trabajo para fortalecer la competitividad del sector zonas francas del país”, dijo Liranzo.
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