Tras escándalo y sometimientos, familias de Los Tres Brazos dudan responsables sean condenados
Por Samuel Tapia | SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El julio 31 del 2018, debió ser un día esperanzador para los residentes de Los Tres Brazos. Sin embargo, entre los moradores del popular sector sólo hubo escepticismo.
Ese día, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción en contra de siete de los 11 implicados en la venta irregular de las parcelas 153-A-1, 153-A-2 y 155, equivalentes a 1,213,861 metros cuadrados.
Y aunque tienen el deseo de que las acciones de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), Titulatec, Proyecciones Inmobiliarias GOWI e Inversiones Fernández Parache & Asociados (Infepa), sean revertidas, aseguran que no tienen esperanzas de ver un resultado distinto a que los acusados se vayan para sus casas “como si nada hubiera pasado”.
A finales del 2016, Los Tres Brazos se convirtió en foco de atención. Los moradores del espacio en el que residen 62,815 personas, de las cuales 25,587 se encuentran en situación de pobreza y 4,741 en situación de pobreza extrema, se hallaron a las puertas de un “proceso de regulación” de títulos que distaba mucho de ser regular, según lo expuesto por la comisión designada por el Poder Ejecutivo, encabezada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, que investigó la denuncia, con resultados escandalosos.
La denuncia cayó como un balde de agua helada al país: un barrio había sido vendido por RD$ 80 millones en 2010 con todo y la gente, esto a pesar de que los residentes de dicha comunidad habían construido sus casas años antes (30 años previo a la venta, e incluso más), tras el paso del huracán David y la tormenta Federico.
De los 80 millones de pesos que se contrató originalmente el 25 de febrero del 2010, de la venta de tres parcelas con un total de un 1,213,861 metros cuadrados, donde está asentado el barrio, se descontó RD$ 11,800,000 por concepto de “calles y aceras no útiles para la venta”, además de RD$ 1,500,000 para crear un fondo de compensación para tentativas demandas, por lo que el precio final fue de RD$ 66,700,000.
Pero a casi siete años, el ingreso neto a Corde fue de RD$ 3,365,800, ya que Infepa solo pagó RD$ 15,200,000 en efectivo, de los cuales RD$ 11,834,200 fueron pagados por la institución estatal a dos agrimensores para el deslinde de los terrenos.
Para más inri, de acuerdo a las evaluaciones oficiales incluidas en el informe, el valor total de las tres parcelas, ascendía a RD$ 688,042,586 y no a RD$ 80 millones.
Titulatec, posteriormente, compró los terrenos del sector Los Tres Brazos a la compañía Infepa por valor de 92 millones de pesos. INFEPA logró cobrar de TITULATEC la suma neta de RD$ 60,600,000.00
El total de solares o Certificados de Títulos registrados es de 3,692, que cubren una extensión superficial de 843,256.00 metros cuadrados del área útil destinada a parcelas.
INFEPA-TITULATEC lograron vender 614 solares, que cubren una extensión superficial de 79,915.37 metros cuadrados.
El precio promedio de venta por metro cuadrado que el Consorcio INFEPA-TITULATEC cobraba era de RD$1,167.85
La proyección de las ventas totales a particulares en Los Tres Brazos supera RD$ 952 millones de haberse completado la venta de todos los solares.
Prisión preventiva
Leoncio Almánzar Objío, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), realizó una “visita” a la Procuraduría General de la República en 2017, donde fue “entrevistado” por espacio de 12 horas por Jean Alain Rodríguez y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero.
Después de eso, hubo silencio hasta los últimos días de julio, cuando los involucrados en la venta de las tres parcelas fueron detenidos.
Leoncio Almánzar Objío, quien dirigía Corde; Domingo Geraldo Lebrón de los Santos; Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de CORDE; Carlos Aris y Julio César Gómez Williams, principales accionistas de Infepa; y José de Pool Domimici, principal accionista de Titulatec, fueron ordenados cumplir la disposición de Vargas en la cárcel de Najayo.
Juana Ynés Gómez Williams – hermana de Carlos Aris y Julio César –, accionista principal de Gowi, fue enviada a la cárcel Najayo Mujeres.
A los imputados Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico de Corde; Rosabel Castillo, exregistradora de títulos del Distrito Nacional – y actual directora nacional de Registro de Títulos –, los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, se les impuso garantía económica de RD$ 500,000, impedimento de salida y presentación periódica.
Derecho de propiedad
El informe elaborado por la comisión designada por el Poder Ejecutivo recomendó al Estado no reconocer las ventas realizadas por ser contrarias a la Constitución y la ley, y que por tanto debía demandar la nulidad de la venta de las parcelas 153-A-1, 153-A-2 y 155, del Distrito Catastral núm. 15, del Distrito Nacional.
También exhortó formalizar un acuerdo con las personas que habían adquirido sus terrenos a través de compras con recursos propios o financiamiento, con el objeto de “reconocer y garantizar” el derecho de propiedad debidamente registrado.
Sin embargo, esta recomendación, según los moradores de Los Tres Brazos, aún no se lleva a cabo. Mas afirman que se mantienen a la espera de que el Gobierno inicie el proceso, señalando que están dispuestos a pagar, aunque una cuota mínima para regularizar su propiedad.
http://acento.com.do/e/Tres-Brazos/
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