BUENOS AIRES (AP) — La policía allanaba el jueves dos de las viviendas de la expresidenta argentina y actual senadora Cristina Fernández, acusada de liderar una red de corrupción integrada por exfuncionarios y empresarios que habrían pagado sobornos para obtener contratos de obras públicas.
Los procedimientos comenzaron por la mañana en el departamento que Fernández (2007-2015) posee en un antiguo edificio situado en el elegante barrio de Recoleta en la ciudad de Buenos Aires. La vivienda era requisada por al menos una docena de policías federales cumpliendo una orden del juez federal Claudio Bonadío.
Seguidores de la senadora y curiosos estaban apostados en el lugar junto con numerosos periodistas cuando llegaron varias camionetas con efectivos de la división de explosivos y la policía científica -con mamelucos blancos y guantes de látex azules- cargados con dispositivos técnicos para inspeccionar la vivienda. Varios perros entrenados fueron sumados al operativo.
Poco antes de las 15 local (1800 GMT) un requipo de la policía federal también con equipos especiales y perros entrenados para buscar drogas, explosivos y dinero ingresó a la vivienda de Fernández en la ciudad de Río Gallegos, capital de la patagónica provincia de Santa Cruz.
Por su condición de senadora el juez Bonadío pidió hace varias semanas al Senado autorización para allanar las dos casas de Fernández en Santa Cruz y su departamento en Buenos Aires el cual -según el relato de un arrepentido en la causa- fue el supuesto destino de bolsos repletos de dólares pagados por empresarios a su gobierno y el de su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007).
El Senado autorizó el miércoles al juez inspeccionar las propiedades. Los 67 senadores presentes en el recinto votaron a favor, entre ellos la propia exmandataria - de 65 años-, quien el día antes había aceptado la medida aunque con condiciones que finalmente fueron desechadas por los legisladores. La cámara alta sólo especificó que el procedimiento debe guardar “decoro” y “tutelar las garantías constitucionales”, especialmente el derecho a la intimidad.
Poco después de que comenzara el operativo en Buenos Aires, Carlos Beraldi, abogado de la senadora, dijo a periodistas que pedirá la “nulidad del procedimiento” por ir en contra de los principios constitucionales. “Se quiere hacer una farsa”, afirmó el letrado, quien dijo haber sido conminado a abandonar el departamento allanado.
En tanto, Gregorio Dalbón, también abogado de la senadora, afirmó a The Associated Press que “estos shows mediáticos son para ocultar la realidad del gobierno del presidente (Mauricio) Macri... que no puede sostener un país que se está cayendo a pedazos”.
Aunque los críticos de Fernández afirman que los allanamientos a esta altura resultarían inútiles, algunos senadores apuntaron que permitirán identificar visualmente los lugares donde habrían sido depositados los bolsos con dinero.
Fernández negó ante la justicia haber cometido algún delito y acusó a Bonadío de responder a Macri en esta y otras pesquisas en las que es investigada por el magistrado.
Durante la sesión del Senado que dio vía libre a los allanamientos la exmandataria puso en duda la validez de las pruebas y la declaración de varios imputados que han confesado haber pagado sobornos.
En la causa sobre la que sería la mayor trama de corrupción en décadas en Argentina hay al menos 16 detenidos, 13 arrepentidos, un prófugo y otros 13 investigados.
Según versiones de la prensa con acceso a la investigación, dos exfuncionarios declararon que Fernández estaba al tanto del pago de sobornos. En tanto, varios empresarios reconocieron pagos millonarios a funcionarios o aportes para las campañas electorales del matrimonio Kirchner.
Fernández puede ser investigada, procesada y juzgada pero no detenida en virtud de sus fueros parlamentarios. En caso de que el juez solicitara su desafuero sólo perdería la inmunidad de arresto con dos tercios de los votos de los senadores, algo improbable ya que el peronismo ha adelantado que no apoyará esa medida mientras no haya una condena firme.
La causa se basa en una investigación del diario argentino La Nación sobre ocho cuadernos que pertenecían al chofer de uno de los exfuncionarios detenidos en los que ese empleado registró entre 2005 y 2015 los días y horarios en los que empresarios habrían pagado los sobornos. Entre los destinos a los que habría llegado el dinero también están la casa de gobierno nacional y la residencia presidencial.
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El periodista de AP Paul Byrne colaboró en esta nota.