miércoles, 11 de octubre de 2017

Opinión: España, tenemos que hablar

EUROPA

Opinión: España, tenemos que hablar

"Hablamos" y "parlem", en catalán, son los lemas de un movimiento ciudadano que exige de los políticos en Madrid y Barcelona que ya de una vez inicien un diálogo. Ya era hora, opina Gabriel González.

Spanien Tausende protestieren gegen Unabhängigkeitspläne in Katalonien (picture-alliance/dpa/N. Carvalho Ochoa)

¿Cómo explicar el fracaso total de la clase política en España en un campo en el que tiene tanta experiencia? No, no se trata de la posible secesión de Cataluña, sino de la negociación de un estatuto de autonomía para Cataluña, tal como lo tienen todas las otras 16 regiones autónomas de España.

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Cuando en 2010 el Tribunal Constitucional declaró la incompatibilidad de algunos artículos del Estatut de Catalunya, negociado y aprobado anteriormente entre Madrid y Barcelona, el Gobierno español debió haber estrechado la mano a los catalanes. Para muchos catalanes, el juicio del Tribunal Constitucional fue una bofetada humillante. ¿Cómo es posible que la aprobación por ambos parlamentos, tanto en Barcelona como Madrid, y hasta la firma del entonces rey Juan Carlos no sirviera de nada, ya que al final es un tribunal en Madrid el que decide sobre el destino de los catalanes?

Provincia con diferentes derechos

Los catalanes tenían y tienen una buena razón para renegociar el antiguo estatuto de 1979. En su región se genera alrededor del 20 por ciento del producto interno bruto español. Sin embargo, la distribución de los ingresos tributarios se controla desde Madrid y no de una manera específicamente favorable para Cataluña. Además existen otras dos regiones, el País Vasco y la provincia de Navarra, que disfrutan de derechos que ni Cataluña ni las otras regiones tienen. Las dos provincias en el norte de España pueden recaudar impuestos autónomamente y tienen una amplia autonomía presupuestaria. ¿Por qué no se le pueden dar a Cataluña derechos similares?

Kommentarbild Gabriel Gonzalez PROVISORISCH

Gabriel González Zorrilla, Deutsche Welle / Español

La actitud arrogante de los conservadores en Madrid echó, por supuesto, más leña al fuego de los separatistas y populistas en Barcelona. Ellos fueron muy astutos al apelar al sentimiento de los catalanes de que en una democracia no se les podía negar el derecho a votar sobre su propio destino. Y que aparte de la pregunta de estar a favor o no de una independencia, los ciudadanos catalanes tienen por lo menos el derecho a tener una opinión y poder expresarla. El referéndum fue ilegal y el derecho está con Rajoy. Eso es cierto. Sin embargo, pegarse a las leyes sin ningún sentido de empatía y menospreciando el sentido subjetivo de justicia de muchos ciudadanos, tampoco hacen una buena política.

Oportunidad perdida

Ambos lados se han metido en un callejón sin salida. Incluso al rey no se le ocurre más que repetir con cara de enfado y como si estuviese regañando a un niño desobediente lo que Rajoy ya lleva diciendo desde hace tiempo. Pero era él, quien podría haber contribuido a calmar los ánimos y abrir un camino hacia el desarme retórico. Quizás perdió la oportunidad de su vida de entregar un discurso tan histórico como el de su padre en la noche del golpe en 1981. Él podría haber sido el puente que se necesita urgentemente en este conflicto, si solo hubiese mencionado de alguna manera el uso desproporcional de la fuerza policial el domingo del referendo. Podría haber dicho una o dos frases en catalán. Y sobre todo podría haber exigido de ambas partes que elaboren inmediatamente un estatuto de autonomía que sea satisfactorio para los catalanes y, al mismo tiempo, respetuoso con la constitución. Es una lástima. Ahora el rey tendrá que dirigirse de nuevo al pueblo. Perdió su oportunidad.

Finalmente les toca a los ciudadanos mismos sacar las castañas del fuego. Miles se encuentran en las calles para exigir que los políticos hagan su trabajo más básico: ¡Tenéis que hablar!

Autor: Gabriel González Zorrilla (VT)

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Seis juzgados de Cataluña –los de Barcelona, El Vendrell (Tarragona), La Seu d'Urgell (Lleida), Lleida, Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)– han abierto diligencias para investigar a los Mossos d'Esquadra que no impidieron la votación, como ordenaba el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).