Categórico: “los mercados siguen teniendo un rol crucial que desempeñar a la hora de facilitar la cooperación social, pero sólo cumplen este propósito si están subordinados al régimen de derecho y son objeto de controles democráticos”. Son palabras de Joseph Stiglitz, en una nota publicada en Clarín (9/6/19), al citar una de las cuatro prioridades que permitirían salir del “experimento neoliberal que ha fracasado”. Si bien se refiere principalmente a los EE UU y a otros países desarrollados, puede aplicarse para Argentina.
Y esta falta de subordinación al régimen de derecho se explicita en nuestro país ante las próximas elecciones, pues los inversores ya están apostando cómo tratarán a la economía argentina según quién gane. El periodista Claudio Jacquelin (La Nación, 8/7/19) refleja claramente esta situación.
Jacquelin comienza con una obviedad: “ya se sabe que el 11 de agosto todos los ciudadanos en condiciones de sufragar debemos (sí, es obligatorio) concurrir a las PASO”, para luego comentar “pero el 12 habrá otra votación clave, supeditada al resultado de la gran encuesta nacional del día anterior”. El periodista explica que “ese lunes, el mercado, los inversores o como quiera llamarse a ese ente abstracto, pero de existencia y peso nada virtuales, expresarán en los indicadores financieros su confianza o sus temores sobre el rumbo del país”.
En verdad, los mercados ya vienen marcando la cancha a partir de las confirmaciones de las distintas fórmulas presidenciales, y aún antes. De todas formas, lo que dirige las operaciones de los inversores externos sigue siendo la especulación, aprovechando la incertidumbre que genera todo cambio de presidencia en este o cualquier otro país. Se intenta mantener “adormecido” al dólar para tratar de ir reduciendo la inflación, que igualmente sigue siendo alta. En este entorno, el riesgo país fue bajando, de casi tocar mil puntos a ubicarse cerca de los 800, un piso que le cuesta perforar. Como ya he expresado en anteriores columnas, no hay gran diferencia entre mil puntos de riesgo país y 800: ambos son inviables. En un medio especializado se sostiene que los “800 puntos de riesgo país no es Macri ganador”, dando idea de las dudas que existen sobre la reelección del actual presidente, pero también de lo “riesgoso” de otro gobierno.
Estas definiciones llevan también a la necesidad de abordar otra cuestión esencial: si los mercados van a votar el 12 de agosto, y la elección del día anterior da como clara ganadora a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, podría suceder que comiencen a complicarse los indicadores financieros, suba el riesgo país, se incremente el dólar (lo cual no sería extraño, ya que está comprimido artificialmente en valores muy bajos para lo que requiere el modelo) y los bonos de deuda pública comiencen a bajar de precio. Estas variables indicarían, entonces, que ante una opción distinta a la de Macri, el país “no sería viable”. Una presión política de mercados que intentan impulsar la continuidad del ajuste.
Acuerdo Mercosur-UE: la importancia de la letra chica
En una reciente reunión en Hacienda, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y el Canciller, Jorge Faurie, le prometieron a los ministros de Producción de las provincias que en el acuerdo entre el Mercosur y la UE “no habrá letra chica”. Una promesa insólita, dado que para analizar los impactos económicos y sociales de estos acuerdos de libre comercio, la letra chica es fundamental. De hecho, estos tratados se firman luego de lograr acuerdos amplios, si no unánimes, sobre esa letra chica.
Francia ya ha sido explícita y ha fijado condiciones medioambientales, sanitarias y de salvaguarda. El gobierno galo solicita que se respeten las normas sanitarias europeas no solo en los productos que puedan ser importados hacia la UE, sino también en los procedimientos para su fabricación. Más aún, promueve la creación de “inspectores europeos en los países del Mercosur para verificar sobre el terreno”. Queda claro que todos estos son artilugios para frenar las exportaciones del Mercosur a la UE en temas que definen “sensibles”, como carnes, y bienes agrícolas.
Imitando a Francia, la Comisión Europea ya emitió un documento sobre el acuerdo (El Cronista, 11/7/19). Allí se sostiene que la ventaja competitiva de los países del Mercosur proviene de controles sanitarios laxos, legislaciones laborales relajadas o del uso abusivo de agroquímicos. Un duro comentario para un socio que está cerrando un acuerdo.
También aparece la prohibición a los organismos genéticamente modificados (la casi totalidad de la producción granaria argentina exportable –salvo el trigo–), residuos de pesticidas o medicación veterinaria.
Para cerrar este escudo proteccionista, que seguirá funcionando con tratado o sin él, se menciona que entre lo acordado hasta el momento se incluye un “principio de precaución”, por el cual la UE puede cerrar sus fronteras “en aras de resguardar la salud alimentaria, animal, vegetal o de sus ciudadanos, incluso cuando la evidencia científica no es concluyente”. Conceptos tan amplios que permiten la interpretación más absurda.
Las cifras lo avalan: según el relevamiento de Global Trade Alert, desde la crisis del 2008 a la fecha los países han tomado 6720 medidas proteccionistas y sólo 2414 de liberalización. El primer puesto de los países con más medidas de protección es EE UU (428) seguido por India (324) y Rusia (232). Le siguen los 28 países de la UE, que, en conjunto, han tomado 3696 medidas proteccionistas, liderados por Alemania (174), Italia (166) y el Reino Unido (163).
Queda claro que el análisis, más allá de la “letra chica”, también tiene que ver con la postura respecto a las políticas comerciales y lo que pretende cada uno de los bloques que se asocian. Europa desea poder venderle al Mercosur sus productos manufacturados sin aranceles, sin dejar de proteger al sector agrícola, una conducta que es histórica, e incluso constitutiva de la propia UE. Pensar que Europa dejará sin protección a sus productos agrícolas y ganaderos es casi una quimera.
El impacto del acuerdo no se acaba en estas consideraciones. En Argentina se lo está utilizando como una herramienta para intensificar las reformas estructurales que serían “indispensables para poder ser competitivos con Europa”. Así, se propone avanzar sobre la reforma previsional, y también sobre la laboral.
Los reclamos flexibilizadores han tenido esta semana una crudeza especial. Un empresario del café de apellido Cabrales comentó: “queremos que haya mayor flexibilización, que sea más fácil despedir y contratar gente”. A esta postura se sumó el presidente de la Cámara de la Construcción, Julio Crivelli, quien sostuvo que “hay muchas empresas que no son grandes por empleados de baja productividad”, para luego agregar: “necesitamos poder despedir sin causa a empleados en todas las industrias y comercios”. Despido sin causa, realmente un concepto repudiable, y que intenta convertir a los trabajadores en un insumo descartable.
Entre otras cuestiones, el dirigente de la construcción intentó justificar sus dichos en que “si no mejoramos la productividad, el convenio con la Unión Europea es impracticable”. Como ya expresamos, Bruselas critica “las condiciones laborales relajadas” en el Mercosur, con lo cual el tema de la flexibilización laboral como condición sine qua non queda bastante desdibujada.
