Hace lo correcto la Junta Central Electoral (JCE) al iniciar el proceso organizativo de las elecciones presidenciales y congresuales, ahora convocadas para el 5 de julio y toda la sociedad debe entender que la pandemia del coronavirus y sus graves repercusiones económicas y sociales no aguanta una ruptura de la institucionalidad democrática.
Aunque predomina la incertidumbre, hay que trabajar para hacer posible una concurrencia a las urnas que legitime un nuevo gobierno el 16 de agosto, partiendo de la convicción de que en otros dos meses habrá que controlar la crisis de salubridad para evitar la insostenibilidad del país, y hasta aprender a convivir con el virus.
El gran empeño nacional. Es más que deplorable que el Gobierno no haya respondido a la demanda de concertación formulada no solo por los partidos opositores, sino también por una considerable parte de la sociedad que pide desplegar todas las energías para emprender unidos la batida a la crisis del coronavirus que sigue expandiéndose, con su secuela de muertes y la deriva de parálisis económica y social.
Esa concertación era más imperativa por las circunstancias de que el país se encuentra en el final de un proceso electoral y todas las acciones gubernamentales rebasarán el límite de los ya menos de cuatro meses que le restra al gobierno. Incluso, no se puede vislumbrar que las nuevas autoridades a ser investidas el 16 de agosto puedan emprender la enorme tarea de reparación sanitaria, económica y social, sin precedente por su carácter universal, sin desatar una gran sinergia nacional, apelando a todos los sectores organizados.
Aunque el planteamiento de la concertación fue enarbolado originalmente por los candidatos presidenciales de oposición Luis Abinader, Leonel Fernández y Guillermo Moreno, ha encontrado eco en dirigentes empresariales, religiosos y sociales. Esta semana la apoyó la comisión permanente de la Conferencia del Episcopado Dominicano en un comunicado, y antes dirigentes evangélicos, de asociaciones empresariales, gremios profesionales, medios de comunicación y el Foro Ciudadano, que agrupa más de 200 organizaciones y redes sociales. El Gobierno no se ha preocupado de incorporar a la comisión creada para dar seguimiento a la crisis, ni siquiera al Colegio Médico o a la Asociación Dominicana por el Derecho a la Salud, que reúne a más de 50 entidades vinculadas a ese sector.
Sin salida a la vista. Tras el optimista discurso del presidente Danilo Medina el 17 de abril, donde consideró que el país se acercaba a “la meseta”, o aplanamiento de la curva ascendente de los contaminados y fallecidos, se produjo un relajamiento de la emergencia y miles salieron a las calles tratando de reanudar sus actividades productivas, lo que también fue demandado por sectores económicos, pero la realidad obligó a frenar, mientras los expertos nacionales y los organismos internacionales advertían de los riesgos de precipitar decisiones que pudieran empeorar la expansión del virus.
Hasta en el Gobierno se advirtió una divergencia, pero al final predominó la decisión de esperar, al menos hasta el fin del mes cuando terminaba la emergencia aprobada por el Congreso, según anunció el presidente Medina a mitad de semana, pero ayer viernes pidió una segunda extensión del período, ahora hasta el 25 de mayo. En tanto se reanudaba el esfuerzo por mantener a la población en la reclusión.
La tardanza con que el gobierno respondió a los requerimientos, con repetidos fracasos en proporcionar las pruebas requeridas para detectar la enfermedad a tiempo y aislar a los portadores, y en el suministro de equipos, medicamentos y materiales tan elementales como mascarillas y guantes, que todavía el miércoles las enfermeras reclamaban, más las debilidades de los servicios que arrastra la salud pública, determinaron que se perdiera una parte del tiempo consumido en una reclusión de poca rentabilidad. Ayer las estadísticas nacionales marcaban 5 mil 749 contaminados y 267 fallecidos, con una ligera tendencia a la moderación, pues la tasa de muertes cayo por primera vez por debajo de 4%, mientras la de sanados subía hasta 13%, casi la mitad de la internacional que estaba en 27%. Con todo no se vislumbra aún el horizonte de la enfermedad.
El hambre no resistirá. El país está urgido de resultados positivos a corto tiempo, o tendrá que correr los riesgos y comenzar a reanudad las actividades productivas, porque la estructura socioeconómica nacional no resiste una parálisis mucho más extensa, aunque el Gobierno haya puesto bastante empeño en socorrer a los desempleados suspendidos y a una parte de los trabajadores informales. Los primeros pasaron de 800 mil y los informales son estimados alrededor de 2.3 millones, las mayoría de los cuales no han sido alcanzados por los subsidios de emergencia. Y la asistencia de 5 a 8 mil 500 pesos, queda lejos del costo de la canasta familiar del quintil más pobre, situado en 14 mil 200 pesos.
Aunque todavía hay quienes insisten en creer que el problema es la violación del toque de queda nocturno, lo que es falso acorde al informe de que 45 mil habían sido detenidos por violarlo, en el primer mes, pues esos apenas representan el 0.4% de la población.
La ruptura del aislamiento se produce en el día cuando los trabajadores informales tratan de reemprender actividades que les permitan sobrevivir. Cada día será más difícil mantenerlos encerrados, como han documentado las fotografías y vídeos de los medios informativos. Ya el predicador evangélico Ezequiel Molina advirtió la posibilidad de estallidos sociales, simplemente por hambre.
Los daños a la economía nacional serán dramáticos, con el turismo sin perspectivas por lo menos para este año, con fuerte reducción de las remesas, por el desempleo en los principales refugios de la diáspora dominicana. En Estados Unidos hay ya 26 millones de trabajadores que han solicitado subsidio de desempleo. Turismo y remesas aportaron más de 15 mil millones de dólares al país en el 2019. El centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles vaticina un aumento del desempleo en el país de entre 407 y 667 mil personas.
Organizar las elecciones. “Si somos capaces de hacer filas en los bancos y aglomerarnos en los mercados y supermercados, hacer tertulias en cualquier lugar, pues adóptense las medidas sanitarias de lugar para que en julio se celebren elecciones. Su no celebración hará más daño al país que el Covid-19”, escribió en las redes sociales esta semana el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero, consciente del peligro de arriesgar la institucionalidad democrática.
Tal vez por eso, a pesar de la crisis internacional, la representación de la Unión Europea informó que el 6 de junio llegará al país una Misión Electoral de Expertos para asesorar a la JCE en la preparación de las elecciones, mientras expertos de la OEA anuncian que entregarán próximamente un instructivo para votar con el Covid-19. La Comisión de Acompañamiento a la JCE creada tras la crisis electoral de febrero se reunió esta semana con el pleno del organismo, alentando el nuevo calendario anunciado.
Desde la sociedad civil, el Manifiesto por Elecciones Transparente, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Participación Ciudadana y el Foro Ciudadano también alientan las expectativas de que se puedan organizar las elecciones y evitar una crisis política mayor.
El empresario Celso Marranzini, dirigente de la Finjus, dijo esta semana por Teleantillas que hay que buscar los mecanismos para celebrar las elecciones, y en víspera del 55 aniversario de la revolución constitucionalista, recordó que la última vez que se desconoció unas elecciones en el país, nos costó 5 mil muertos.
No faltan quienes entienden que no hay condiciones para elecciones y plantean una prolongación del mandato constitucional, aunque el artículo 274 de la Constitución establece que concluye el día 16 de agosto de cada cuatro años. Ese principio lo sostienen 13 partidos opositores, integrados en dos bloques electorales encabezados por el Partido Revolucionario Moderno y el partido Fuerza del Pueblo, que esta semana llevaron una instancia conjunta a la JCE urgiendo reactivar el calendario electoral, mientras el gobernante Partido de la Liberación Dominicana dejaba pasar dos semanas sin la menor referencia a la nueva convocatoria electoral.
Protocolo para votar con el Covid-19
El Foro Permanente de Partidos Políticos, el PRM, el Partido Revolucionario Social Demócrata, articulistas y ciudadanos, ya han estado planteando disposiciones protocolares para votar en julio, asumiendo que todavía no se habrá superado por completo la pandemia:
, Eliminación del entintado de dedos y la colocación de la huellas dactilares de los electores en la lista de asistentes.
, Que cada elector lleve su propio marcador, bolígrafo o lápiz o se les proporcione para uso único.
, Dividir los colegios electorales y trasladar a espacios más abiertos, como estadios.
, Requerir el uso de mascarillas y guantes, y proporcionárselos a quienes no los lleven, igual que a todos los operadores de los colegios electoralJUANes y delegados.
, Desinfectar los locales de votación antes del inicio y al mediodía
, Establecer horarios de votación por género y privilegiando a los mayores de 60 años.
, Un rígido control de las filas para guardar la distancia requerida.
, Pruebas rápidas con anticipación a los operadores de colegios y delegados de los partidos.
, Prohibir las aglomeraciones de activistas en los accesos a los colegios electorales.
, Buscar consenso para un mecanismo que permita el voto de los dominicanos en el exterior, 8% del padrón, quienes además eligen representantes al Congreso.
