SERVICIO DE NOTICIAS en favor de la democracia participativa, el desarrollo humano, la paz, el medio ambiente y la cultura.- Santo Domingo, República Dominicana / Luis ORLANDO DIAZ Vólquez - OPINIÓN, NOTICIAS Y COMENTARIOS. Haciendo de la lucha contra la pobreza un apostolado templario./ email: guasabara.editor@gmail.com - http://www.facebook.com/GuasabaraLUISorlandoDIAZ - @GUASABARAeditor
Gómez Mazara aboga en Barcelona por una regulación de las telecomunicaciones firme y centrada en protección de usuarios.
Gómez Mazara aboga en Barcelona por una regulación de las telecomunicaciones firme y centrada en protección de usuarios
El presidente del Indotel y de Regulatel destacó el rol arbitral del regulador, la defensa del usuario, la competencia efectiva y la modernización del marco normativo dominicano
5 de marzo de 2026
Barcelona, España. – El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, resaltó la necesidad de fortalecer el rol arbitral de los órganos reguladores, garantizar la competencia efectiva y colocar la protección del usuario en el centro de la política pública, durante su participación en la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) celebrada en Barcelona.
En su condición de presidente del Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones (Regulatel), Gómez Mazara encabezó el diálogo regional sobre la evolución de los entes reguladores en América Latina, destacando que el contexto actual obliga a superar la concepción tradicional de un regulador pasivo y avanzar hacia un modelo más dinámico, que funcione como puente de entendimiento entre todos los actores del ecosistema digital.
El funcionario subrayó que la protección del usuario constituye un principio irrenunciable en la experiencia dominicana, y aseguró que toda política regulatoria debe orientarse a resguardar derechos, promover la calidad de los servicios y fortalecer la confianza ciudadana en el sistema.
Asimismo, resaltó la importancia de preservar la armonía entre los distintos actores (Estado, empresas y usuarios) como base para consolidar un entorno sostenible e innovador. En ese sentido, defendió la competencia como motor de eficiencia y crecimiento, advirtiendo que sin reglas claras y supervisión efectiva no es posible garantizar mercados justos.
Durante su intervención, compartió además los avances de República Dominicana en materia de impulso a las habilidades digitales, destacando que el rol del regulador también implica acompañar los procesos de transformación tecnológica con una visión inclusiva, que contribuya al cierre de brechas y al fortalecimiento del capital humano.
Gómez Mazara se refirió igualmente a las perspectivas de modernización del marco normativo de las telecomunicaciones en el país, indicando que la nueva legislación en discusión busca responder a los desafíos de la convergencia tecnológica, robustecer la seguridad jurídica y consolidar mecanismos más eficaces de protección al usuario.
Asimismo, valoró estos espacios multilaterales como escenarios fundamentales para intercambiar experiencias y construir consensos regionales en torno a una regulación moderna, equilibrada y orientada al desarrollo.
Gómez Mazara extendió la invitación para que República Dominicana pueda acoger futuras cumbres regulatorias, reafirmando la disposición del país de continuar impulsando el diálogo y la cooperación en el sector.
Obama propone que el gobierno regule las redes sociales para frenar discursos de odio y desinformación
Recientemente el expresidente Barack Obama ha generado un intenso debate al proponer que el gobierno regule las redes sociales para frenar la desinformación y limitar las voces que calificó como “odiosas” y “polarizantes”. Durante un foro sobre desinformación celebrado en junio de 2025, Obama argumentó que las plataformas digitales deben ser más responsables al distinguir entre hechos verificables y opiniones personales.
Entre sus declaraciones más destacadas, dijo:
“Queremos diversidad de opiniones. No queremos diversidad de hechos… requerirá ciertas restricciones regulatorias gubernamentales.”
También criticó el modelo de negocio de las redes sociales, que según él prioriza los contenidos más extremos o divisivos porque generan más interacción, lo que puede tener consecuencias peligrosas como incitación a la violencia o erosión de la democracia.
Estas declaraciones han provocado reacciones mixtas: algunos lo acusan de querer imponer censura, mientras otros lo apoyan por intentar frenar la desinformación y el discurso de odio. Hashtags como #CensorshipAlert y #RegulateBigTech se volvieron tendencia poco después de sus comentarios.
Evolución y resiliencia del sistema financiero dominicano: Un análisis macrofinanciero en la coyuntura actual
Departamento de Regulación y Estabilidad Financiera
Este artículo pretender presentar a los analistas económicos y financieros, así como al público en general, un análisis de la evolución de las principales partidas del sistema financiero dominicano, que permita ponderar el avance de este sector en la desafiante coyuntura de los años recientes, tanto en República Dominicana como a nivel internacional, y constatar la fortaleza del sistema financiero dominicano.
Como es sabido, un sistema financiero en crecimiento, eficiente y dinámico constituye un elemento fundamental para la transición de las economías hacia mayores niveles de ingresos y para alcanzar el grado de inversión. El ciclo virtuoso de la inversión originado por un sistema financiero vigoroso, que canaliza los ahorros de los depositantes hacia los sectores productivos de la economía, acompañado de un capital bancario robusto en cantidad y calidad, ha sido uno de los soportes necesarios para el crecimiento económico en la República Dominicana.
Las principales partidas: Activos, pasivos y patrimonio
Partiendo de las cifras al cierre de mayo de 2024, los activos del sistema financiero totalizaron RD$3,645,637 millones, para un crecimiento de RD$544 mil millones con respecto a mayo de 2023, representando una tasa de expansión de 17.5%. Este crecimiento, tomado por sus valores absolutos, según se observa en la gráfica 1, representa el mayor incremento interanual desde mayo de 2020, acumulando desde entonces un crecimiento relativo de 71%, constatando la resiliencia del sistema financiero para absorber choques externos, como el impacto económico sin precedentes de la pasada pandemia del COVID-19 en 2020, los episodios de turbulencia financiera internacional observados en 2023, así como las tensiones geopolíticas que han dominado el escenario global.
Visto por los componentes que financiaron el citado crecimiento interanual de los activos del sistema financiero, es significativo que el mismo estuvo impulsado, principalmente, por las captaciones de recursos recibidos del público que crecieron en RD$344,611 millones, equivalente a un 14.4%, de mayo de 2023 a mayo de 2024, para un balance total de RD$2,741,336 millones. Esto evidencia la confianza del público en las entidades de intermediación financiera, como gestoras y custodios de los ahorros provistos por los hogares y empresas.
A la par del citado incremento de las captaciones del público, un segundo elemento propulsor del crecimiento de los activos ha sido el nivel de capital y reservas patrimoniales del sistema financiero que ha crecido en RD$59,677 millones, un 17.7% interanual, de mayo de 2023 al 2024, consolidando un balance total de unos RD$396,000 millones en dichas cuentas de patrimonio. Este aumento absoluto en la capitalización bancaria, notoriamente superior a los períodos anteriores, ha permitido duplicar el capital financiero respecto de su valor previo a la pandemia del COVID-19, con un crecimiento relativo cercano al 100% durante el período de mayo 2019-2024.
Por igual, la evolución antes descrita del capital es consistente con la senda de crecimiento interanual del patrimonio regulatorio de las entidades de intermediación financiera que, tomado en el periodo de marzo 2023 a 2024, creció en RD$45,027 millones, equivalente a un 12.5%. Consecuentemente, a marzo de 2024 el índice de solvencia regulatoria se situó en 17.60%, superior al 10% mínimo requerido por la Ley Monetaria y Financiera, significando que el sistema financiero mantiene excedentes patrimoniales por RD$174,952 millones.1
Este robustecimiento patrimonial resalta el compromiso reiterado de los accionistas de las entidades de intermediación financiera con el fortalecimiento de dichas entidades, contribuyendo a una mayor estabilidad financiera, protección de los recursos de los ahorrantes y menores niveles de riesgo país, como reflejo de las condiciones generales de certidumbre y confianza de las que goza la economía dominicana.
Crédito, morosidad y rentabilidad En el contexto del crecimiento antes referido del sistema financiero, un elemento destacable es la evolución de la cartera de créditos. Desde mayo de 2023 a 2024, el total de créditos netos otorgados por el sistema financiero se situó en torno a RD$2,000,000 millones, para un crecimiento de RD$353,000 millones, un 21.5%.
Esto se ha logrado, a su vez, con niveles de morosidad crediticia históricamente bajos, cerrando el mes de mayo de 2024 con apenas 1.3% para el sistema financiero y de tan solo 1.2% para la banca múltiple. En ese sentido, la banca múltiple mantiene niveles de riesgo crediticio inferiores a las entidades bancarias en El Salvador (1.9%), Honduras (2.1%), Costa Rica (2.3%), Guatemala (2.3%) y Panamá (4.0%), evidenciando que nuestras entidades de intermediación financiera han suplido crédito en consonancia con los criterios macroprudenciales en este ámbito.2
En materia de las políticas monetarias y financieras que han incidido en la dinámica crediticia descrita anteriormente, cabe resaltar el impacto positivo de las medidas adoptadas en mayo de 2023 por la Junta Monetaria y el Banco Central. En el marco de estas medidas, a través del sistema financiero se habilitaron recursos a los sectores productivos, hogares y MIPYMES por RD$205 mil millones, a tasas de interés de hasta un 9% anual y plazos de hasta 2 años, en un contexto de debilitamiento de la demanda agregada y convergencia de la inflación doméstica al rango meta de 4% ± 1%.
De estos recursos, a mayo de 2024 se habían colocado RD$198 mil millones, principalmente a los sectores de comercio, construcción, manufactura, agropecuaria, exportación, hogares y MIPYMES. Entre estos sectores, se destacan RD$14,385 millones otorgados a 6,498 familias de bajos ingresos, para la adquisición de su primera vivienda; mientras que RD$4,188 millones se destinaron a 53 empresas constructoras de soluciones habitacionales de bajo costo, para financiar la construcción de unas 13 mil nuevas viviendas económicas.
Este programa de provisión de liquidez iniciado en 2023, junto a otras medidas monetarias y financieras implementadas en 2020 y 2021 por la Junta Monetaria y el Banco Central, con el fin de mitigar el impacto económico adverso de la pandemia del COVID-19, han posibilitado que el crédito otorgado por el sistema financiero pueda converger al 28% del Producto Interno Bruto, preservando una senda gradual de profundización financiera consistente con la convergencia de la economía dominicana a mayores niveles de ingreso per cápita, a pesar de prevalecer un contexto económico desafiante y complejo.
Como consecuencia de la combinación de un mayor balance de operaciones y la gestión adecuada de los riesgos financieros, a mayo de 2024 el sistema financiero dominicano generó utilidades por RD$37,779 millones. Esto significa que, por cada RD$100 de activos promedio el sistema financiero obtuvo ganancias de RD$3.1, para una rentabilidad del activo (ROA) de 3.1%; de la misma forma, de cada RD$100 de capital generó beneficios por RD$26.3, consistente con una rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de 26.3%. Estas cifras, en particular de los bancos múltiples, se ubican entre los niveles más altos de los últimos años, así como entre los valores más elevados en los países de la región3. Dichos niveles de rentabilidad han permitido al sistema financiero utilizar una parte importante de sus ganancias para ampliar su base de capital, posibilitando el fortalecimiento de su patrimonio, la inversión en sistemas informáticos y tecnológicos para la vigilancia y protección ante ataques cibernéticos e incrementar la capacidad de resiliencia en la absorción de riesgos sin afectar los depósitos de los ahorrantes.
Consideraciones finales y perspectivas En ese sentido, del análisis previamente realizado se aprecia que el sistema financiero dominicano exhibe indicadores de crecimiento, solvencia y gestión de riesgos que evidencian una notable resiliencia, holgada suficiencia patrimonial y amplios niveles de rentabilidad comparado con sus pares. Esto ha permitido al sistema financiero sobrepasar exitosamente los efectos económicos adversos de la pandemia global del COVID-19, las turbulencias en los mercados financieros internacionales en 2023 y las externalidades negativas del proceso inflacionario global, protegiendo eficientemente los ahorros del público, en un marco de transparencia, cumplimiento de las normas y estándares domésticos e internacionales. De la misma forma, las entidades de intermediación financiera, lideradas por los bancos múltiples, han mantenido una política de constante innovación en temas de digitalización de sus operaciones, mostrando a su vez avances importantes en materia de gestión de riesgos emergentes y de ciberseguridad.
Adicionalmente, el desempeño positivo del sistema financiero y su impacto en la economía dominicana ha sido favorecido por un contexto de medidas de política oportunas y acertadas, aprobadas por la Administración Monetaria y Financiera, encabezadas de la Junta Monetaria como regulador financiero constitucional y el Banco Central como ejecutor de la políticas monetarias, cambiarias y financieras. En efecto, los programas de medidas de liquidez incidieron positivamente en el acceso al financiamiento de los sectores productivos, hogares y MIPYMES, en condiciones en que, por un debilitamiento coyuntural de la demanda agregada o por choques externos sistémicos, se hubiese visto interrumpido el flujo de crédito y el crecimiento económico.
La estabilidad del sistema financiero y la gestión de las políticas macroprudenciales son elementos que, en una perspectiva futura, continuarán incidiendo positivamente en la estabilidad macroeconómica de la economía dominicana, afirmando su atractivo para los flujos de inversión extranjera y para el desarrollo financiero doméstico. A su vez, el crecimiento continuado del sistema financiero estará determinado por la combinación prudente de, por un lado, el impulso de una mayor inclusión financiera para profundizar el impacto social positivo de la actividad bancaria, tanto en la reducción de la pobreza como en la mitigación y adaptación de los riesgos climáticos, así como por el fortalecimiento y asimilación gradual de normativas que permitan al sistema financiero continuar transitando hacia una mayor resiliencia y coadyuvando al cumplimiento de los objetivos de solvencia, liquidez y gestión que consagra nuestra Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 del 21 de noviembre de 2002.
1 Según las últimas informaciones publicadas por la Superintendencia de Bancos. 2 Reporte Interactivo de Indicadores Bancarios del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), sistemas bancarios que conforman la región (Centroamérica, Panamá y República Dominicana). Últimas informaciones disponibles → (El Salvador (ago.23) y Nicaragua (ago.23)). Así como las fuentes de información de las Superintendencias de Bancos y/o sus homólogos (Guatemala, Panamá, Honduras y Costa Rica (may.24)). 3Reporte Interactivo de Indicadores Bancarios del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), sistemas bancarios que conforman la región (Centroamérica, Panamá y República Dominicana). Últimas informaciones disponibles → (El Salvador (ago.23) y Nicaragua (ago.23)). Así como las fuentes de información de las Superintendencias de Bancos y/o sus homólogos (Guatemala, Panamá, Honduras y Costa Rica (may.24)).
Sesión de la cámara de diputados. Fuente externa 17/07/2018
Con una declaratoria de urgencia, la Cámara de Diputados aprobó ayer en primera sesión el proyecto de ley que regula el otorgamiento de la fuerza pública para realizar embargos en la República Dominicana. Los diputados votaron para que la iniciativa fuera enviada a comisión con plazo fijo hasta el próximo martes, cuando volverá a conocerse, intentando salvar la pieza en la legislatura extendida hasta desde el 27 de julio y por un período de 15 días. El proyecto de ley que llegó por la Comisión Permanente de Justicia y que dispone la forma que tiene el Estado de dar fuerza pública o cuerpo policial para la realización de la suspensión o interdicción judicial del derecho absoluto de disposición de la cosa, fue presentado por el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), abogado Henry Merán, quien preside la comisión. Merán defendió la iniciativa y solicitó el voto favorable, declarando que un mandato del Tribunal Constitucional exhorta al Congreso Nacional “que en un plazo no mayor de dos años, legisle sobre el modo en que el Poder Judicial ejercerá la facultad ejecutiva jurisdiccional a la hora de otorgar la fuerza pública para un desalojo. En esta segunda sesión de la legislatura extraordinaria, los diputados de los distintos partidos votaron en apoyo al proyecto de ley, que requiere de una segunda votación en la cámara baja. El diputado peledeísta Elías Serulle apoyó el proyecto, porque norma la manera de hacer las medidas conservatorias y ejecutorias fundamentales para la paz del proceso. A esto se sumaron los diputados Alfredo Pacheco, Hamlet Melo, José La Luz y Elsa de León. Reconocimiento a personalidades. Los legisladores declararon de urgencia y sancionaron -en dos sesiones consecutivas- el proyecto de ley que designa con el nombre del boxeador Pedro Julio Nolasco el complejo deportivo de la provincia La Romana, medalla de bronce en la categoría peso gallo masculino en los Juegos Olímpicos de verano de 1984 en Los Ángeles, Estados Unidos. La pieza es de la autoría del diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) Pedro Botello, quien hacía esfuerzos por conseguir la distinción. En otra votación, los congresistas aprobaron -en única sesión- una resolución que instruye a la Comisión Permanente de Dominicanos en el Exterior a realizar una investigación sobre la disposición de imponer impuestos a las cajas de alimentos y artículos usados que llegan al país a través de las empresas de envío (shipping). Se trata de las compañías que utilizan los dominicanos en el exterior parar enviar a sus familiares ayuda humanitaria. Esta resolución es de la autoría de la diputada peledeísta Adelis Olivares Ortega, fue respaldada por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Víctor Suárez y por el presidente de la Comisión de los Dominicanos en el Exterior, José Morel, el cual se mostró en desacuerdo con que se graven las cajas de alimentos que reciben los dominicanos de sus parientes en otros países. A la esta iniciativa se sumaron los diputados Marcos Cross, Ramón Reyes, Ana Báez, Levis Suriel y Ginnette Bournigal. http://hoy.com.do/aprueban-proyecto-ley-regula-los-embargos/
Publicado el: 21 junio, 2018
Por: Herminio Alberti León
e-mail: pindaro@codetel.com.do
Regular mercado de las medicinas
De la firmeza, sentido de justicia y creatividad de autoridades con funciones en las áreas de la Salud, Seguridad Social y Comercio dependerá mucho que los ciudadanos, asegurados o no, dispongan de acceso a precios justos y amplia gama de los medicamentos que necesitan para conjurar enfermedades y preservar vidas. La distribución subsidiada de fármacos disponibles para familias de más bajos recursos vale como conquista social pero es imprescindible llegar más allá evitando abusos de precios en el ámbito farmacéutico privado, el que además debe desenvolverse bajo reglas de equidad. El boticario de pequeño o mediano capital no debe estar reducido en sus posibilidades de relaciones con el público por la incidencia de las grandes farmacias.
Las farmacias de baja escala existen por iniciativas legítimas y deben estar amparadas por leyes y resoluciones que les eviten perjuicios por la competencia de entidades similares pero de mucho más recursos. Para el renglón de los medicamentos, como para otros de la economía, deben regir normas establecidas desde el Estado para contraponerse a supremacías de laboratorios y comercializadores. En todos los casos la intermediación tiene que someterse a reglas contra predominios que coloquen en pocas manos la fijación de precios que en muchos casos llegan a los canales de distribución encarecidos por fabricantes locales que escapan a controles.
En respaldo a la JCE
Las funciones, que en ocasiones llegan a ser cruciales, de la Junta Central Electoral, se acrecientan en importancia en la medida en que la discordancia de dirigencias partidarias metidas en la cerrazón de sus criterios, sigue impidiendo que el sistema de elecciones esté regido por leyes nuevas, actualizadas y en capacidad de corregir distorsiones que confieren ventajas a los aspirantes de más dinero y poder. Existe desde lo constitucional una discrecionalidad en materia electoral para el organismo que organiza, configura y dirige las consultas llevadas a complicaciones por la simultaneidad de lo presidencial, congresual y municipal. Esa Junta Central Electoral que inspira confianza por lo visto hasta ahora, debe ejercer sus facultades, y llenar el vacío torpemente creado, con el invencible respaldo de la sociedad, perjudicada por políticos.
http://hoy.com.do/editorial/
El partido político Alianza País, representado por su presidente, Guillermo Moreno, por acto de alguacil intimó en el día de hoy a la Junta Central Electoral (JCE) para que, conforme dispone la Constitución y la Ley 137-11 orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, proceda, en un plazo no mayor de 15 días, a iniciar el proceso de discusión y aprobación de las reglamentaciones necesarias para garantizar unas elecciones libres, transparentes y equitativas en el 2020.
Desde la promulgación de la Constitución, en 2010, la JCE ha ignorado lo dispuesto en su artículo 212, párrafos I y IV que, a los fines de organizar procesos electorales verdaderamente democráticos, le otorga faculta para producir reglamentos en todas las materias de su competencia. La omisión del órgano electoral también comprende el incumplimiento de mandatos regulatorios dispuestos por la Ley Electoral vigente No.275-97.
Conforme el planteamiento hecho por Alianza País, en el citado acto de alguacil, esta falta de acción coloca al máximo órgano electoral en una situación de renuncia consciente de las responsabilidades que la Constitución y la Ley Electoral 275-97 ponen a su cargo.
Alianza País expone que, tomando en cuenta los informes locales e internacionales sobre las numerosas irregularidades y violaciones de derechos cometidas durante las elecciones del 2016, la JCE está obligada a tomar la iniciativa y ejercer su facultad reglamentaria para evitar que la contienda electoral del 2020 se convierta nuevamente en un juego entrampado y tendenciado hacia determinados participantes, que ponga en entredicho la calidad del sistema político.
De manera específica, la intimación hecha por Alianza País exige que el pleno de la JCE produzca reglamentaciones sobre:
1) El origen transparente de los recursos recibidos y utilizados por los partidos y candidatos en la campaña electoral;
2) Los límites de los gastos financiación de los partidos y candidatos en la campaña electoral;
3) El acceso equitativo a los medios de comunicación por los partidos y candidatos durante la campaña electoral;
4) La realización de encuestas para su difusión pública hechas por partidos, candidatos, medios de comunicación y personas privadas;
5) El acceso equitativo a la colocación de propaganda en vallas y otros lugares;
6) El acceso equitativo a los medios de comunicación propiedad del Estado;
7) La prohibición de la utilización directa o indirecta de los recursos públicos a favor de un candidato o apartido;
8) La eliminación de toda situación de privilegio o que represente ventaja para cualquier candidato que desempeñe una función pública o representación pública.
Para hacer cambiar actitudes como la exhibida hasta ahora por la Junta Central Electoral, la carta magna establece vías judiciales que permiten requerirle y ordenarle le dé cumplimento efectivo al mandato constitucional ignorado.
Alianza País, a esos fines, en la intimación notificada a la Junta Central Electoral, le requiere cumplir con los mandatos constitucionales, bajo advertencia de que si persiste en su renuencia, como partido político accionará en Amparo de Cumplimiento, ante el Tribunal Superior Administrativo, con el objetivo de que mediante sentencia se le ordene al órgano electoral agotar la medidas necesarias para cumplir con el dictado de las reglamentaciones que ha omitido.
Guillermo Moreno intima a JCE para que inicie proceso de reglamentación elecciones 2020
El presidente del partido Alianza País intimó a la Junta Central Electoral para que inicie con un proceso de reglamentación que garantice elecciones libres, transparentes y equitativas en los comicios del 2020.
Guillermo Moreno intima a JCE para que inicie proceso de reglamentación elecciones 2020
Por Scarelet Guichardo - 24 abril, 2018
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente del partido Alianza País intimó a la Junta Central Electoral para que inicie con un proceso de reglamentación que garantice elecciones libres, transparentes y equitativas en los comicios del 2020.
Guillermo Moreno dijo que si el órgano no inicia con estas acciones, en 15 días interpondrá una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo por incumplimiento.
Tras los informes de supuestas irregularidades y violaciones de derechos en los comicios electorales de mayo del 2016, el partido Alianza País exige a la Junta evitar que la contienda electoral del 2020 ponga en dudas la calidad del sistema político dominicano.
Moreno sostiene que el órgano electoral ha ignorado lo dispuesto en el artículo 212 de la Constitución que ordena procesos electorales democráticos.
Entiende que en República Dominicana no hay institucionalidad democrática, refiriéndose a los debates en torno a la ley de partidos políticos y cuya modalidad de primarias abiertas es centro de discusión.
Considera que cualquier cosa podría pasar en el Congreso debido a la confrontación de las facciones en el Partido de la Liberación Dominicana y que cada organización política debe decidir la modalidad democrática de los candidatos.
El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, informó ayer que mediante acto de alguacil intimaron el lunes a la Junta Central Electoral (JCE), para que en 15 días inicie la discusión y aprobación de las reglamentaciones necesarias para garantizar unas elecciones libres, transparentes y equitativas en el 2020.
Explicó que la Constitución le da facultad de organizar procesos electorales democráticos, de producir reglamentos en toda la materia de su competencia.
“De no hacerlo, le advertimos a la Junta Central Electoral que Alianza País procederá a realizar una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo para que esta le ordene a la junta que supla el vacío normativo que hay a fin de organizar las elecciones del 2020”.
Aseguró que la Ley de Partidos no la van a aprobar, y la misma es un “entretenimiento”, y para las próximas elecciones solo faltan 22 meses, y no existen los reglamentos ni las regulaciones que garanticen la equidad, trasparencia y libertad del proceso electoral.
La intimación exige la transparencia de los recursos recibidos y utilizados por los partidos y los candidatos electorales; los límites de los gastos de financiación de los partidos; el acceso equitativo a los medios de comunicación en la campaña electoral, y de propaganda en vallas.
Primarias. En otro orden, Moreno dijo que las primarias abiertas no es más que un mecanismo de la facción del presidente Danilo Medina que utilizando de forma abusiva los recursos del Estado, para imponerse dentro de su partido y para influir en todo el universo político del país, por lo que las rechazó.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Destrucción, grandes pérdidas materiales y muerte, son algunas de las palabras que se asocian a la ocurrencia de un terremoto, un “fenómeno natural” que puede suceder sin aviso previo y que pone a prueba la capacidad de los humanos para resistirlo y hacer frente a sus efectos.
República Dominicana no está exenta. La posibilidad de que un sismo de gran magnitud afecte el país, según los especialistas, es cuestión de tiempo. Una situación que ya se ha presentado con anterioridad.
Eugenio Polanco Rivera, director del Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) señala que República Dominicana ha sido objeto de sismos grandes, registrados desde la llegada de Cristóbal Colón a la isla, siendo uno de los peores el que afectó en 1946 la comunidad de Matanzas – ahora Matancitas –, en María Trinidad Sánchez, de 8.1 en la escala de Richter.
Este sismo produjo el deceso de por lo menos cinco mil personas y causó daños importantes en otras zonas del país, según el informe Amenazas y Riesgos Naturales República Dominicana- Programa de prevención de desastres y gestión de riesgos (1708/OC-DR), elaborado por la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT) y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).
El terremoto produjo además un tsunami con efectos en diferentes poblaciones costeras, así como también destrucción en Santiago de Los Caballeros.
Sin embargo, Polanco Rivera sostiene que en esa ocasión los daños no fueron “tan grandes” porque las condiciones que el país tenía no eran propicias para que hubiese daños significativos, en comparación a la actualidad, cuando las ciudades han tenido un crecimiento vertiginoso y, por demás, desordenado.
República Dominicana se encuentra en la parte norte de la placa del Caribe, en la zona de interacción entre la placa del Caribe y la placa de Norteamérica, además de poseer fallas geológicas de tamaño significativo.
Sin embargo, es luego del sismo de 7.3 en la escala sismológica de Richter – también conocida como escala de magnitud local (ML) – que sacudió el suroeste de la ciudad de Puerto Príncipe, en Haití el 12 de enero de 2010, que se ha puesto particular atención a la posibilidad de que el país pueda convertirse en el escenario de un temblor de igual o superior magnitud al del país vecino, fundamentalmente en lo concerniente a la construcción de edificaciones que puedan hacer frente a las fuerzas producidas por el fenómeno.
El director del Sismológico indica que el Gran Santo Domingo constituye una zona de particular preocupación para los expertos, debido al desarrollo de los sectores, principalmente aquellos que han experimentado un crecimiento sin un plan de ampliación, y que no han tomado en cuenta el problema sísmico de la isla.
A esto se le suma el tipo de terreno sobre el cual se construye. Esto último incide en el comportamiento del terreno al momento del sismo. Por ejemplo, en la parte norte de Santo Domingo, donde el terreno es una mezcla de rocas calizas trituradas con marga, se podría amplificar las ondas sísmicas, convirtiéndose en una zona altamente vulnerable.
“Son tumbas”
El desconocimiento de las técnicas apropiadas para el levantamiento de edificaciones resistentes a los sismos es sólo parte de un problema más profundo que, según el ingeniero Roberto Calderón, inicia con la formación de los profesionales en las universidades.
Calderón subraya que en el país hay ingenieros formados en el área de la Ingeniería Estructural, una rama de la Ingeniería Civil que se ocupa del análisis, diseño, construcción e inspección de estructuras. Pero tradicionalmente se ha puesto un mayor énfasis en lo que respecta a las fuerzas que se derivan de las acciones estáticas y gravitacionales, no así en lo que se refiere a las fuerzas relacionadas con los sismos que requieren un tratamiento distinto. Por lo tanto, muchas veces una formación en Ingeniería Estructural así resulta insuficiente al momento de implementar diseños estructurales que puedan comportarse adecuadamente frente a un evento sísmico importante.
“Tenemos profesores sin conocimientos, estudiantes mal formados, ingenieros que no quieren estudiar después que salen y gente en obras públicas que no son las idóneas para filtrar lo que está pasando”, argumenta.
También resalta la falta de interés de algunos profesionales en ampliar sus conocimientos, por lo que República Dominicana, en gran medida, continúa aplicando los conocimientos de ingeniería previos al entendimiento de la relevancia sísmica de la isla.
Diseñamos la casa para fuerzas menores a las que el terremoto le va a mandar, asumiendo que cuando venga un evento extraordinario, tu casa pueda sufrir daños. Ahora bien, ella va a tener una propiedad que se llama disipación de energía, en la que podrá dispersar ese exceso entre la demanda y la capacidad deformándose sin necesidad de que colapse y ponga en riesgo la vida”.
En lo que respecta al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), institución que debe servir como un filtro al momento de evaluar los proyectos, el ingeniero precisa que a veces se presentan dificultades a la hora de determinar si una estructura cumple con los requerimientos necesarios para ser considerada sismorresistente, debido a los problemas de formación antes mencionados. Finalmente son aprobados algunos proyectos que podrían ser susceptibles de un mejor diseño.
Esta situación se torna más sombría en las edificaciones informales, viviendas ubicadas en gran medida en sectores populares, que se van construyendo y ampliando sin ningún tipo de supervisión y que no ofrecen ningún tipo de garantías ante un temblor.
Para el ingeniero César Madera, la regulación en dichas zonas, en el mejor de los casos, es limitada, dando mínimo seguimiento al protocolo, algo que se repite no solo en República Dominicana, sino en gran parte de los países del mundo, en los cuales personas con recursos limitados construyen sus viviendas de acuerdo a sus posibilidades.
En esos casos, el panorama es desalentador, pudiéndose presentar situaciones como las vistas en México durante el terremoto de 7,1 en la escala de Richter, ocurrido el pasado martes 19 de septiembre, justo en el trigésimo segundo aniversario del fatídico sismo de 8,1 grados que segó la vida de 10 mil personas e hirió otras 68 mil personas, además de reducir a escombros 30 mil edificios en ese país.
Construcciones en suelo blando – muy similar al suelo en Los Prados en el Distrito Nacional, República Dominicana –, y edificaciones hechas previo a la entrada en vigencia de las Reglas de construcción de 1986, introducidas luego del devastador terremoto ocurrido un año antes, fueron los ingredientes de la receta para el deceso de 280 personas y el colapso de 38 edificios. Otras tres mil se encuentran al borde del derrumbe, según la asociación APL Ingenieros Consultores de México.
“No hay manera de poder evitar lo que va a causar un terremoto en ese tipo de edificaciones”, asegura Madera. “Todas esas estructuras informales son tumbas”, lamenta.
En el “reino” de las mallas
El desarrollo de la tecnología de la construcción, ha permitido a República Dominicana abordar proyectos más osados, más altos y a un menor costo.
Uno de estos es el sistema de construcción con muros delgados de ductilidad limitada, un ingenioso método ampliamente utilizado en países de Suramérica, con el cual se puede reducir hasta en un 50 % el proceso constructivo en tiempo, comparado con el requerido por sistemas convencionales tales como albañilería reforzada o confinada.
Esta técnica, que surgió por la necesidad de viviendas de precio más bajo, también resulta en un costo menor al momento de construir.
La principal diferencia entre los muros de ductilidad limitada que utilizan únicamente malla electrosoldada y los muros con refuerzo de acero convencional versa sobre elongación: en un edificio de con acero corrugado, la vivienda podría sufrir daño, pero disipando las fuerzas del terremoto, alongándose y deformándose sin que necesariamente llegue al colapso, sirviendo como una alerta para que las personas puedan evacuar. Mientras que en las que no poseen este refuerzo pueden llegar el colapso de manera muy brusca.
Este sistema consiste en el vaciado de los muros, empleando encofrados metálicos o de planchas de madera prensada, esto con la finalidad de optimizar la superficie del muro desencofrado y ganar en velocidad de construcción.
Los edificios de muros de ductilidad limitada se caracterizan por tener muros delgados de concreto armado de entre 10 y 12 centímetros de grosor, en los que las losas se apoyan directamente sobre los muros, que reciben las cargas de gravedad.
El vaciado dentro de las planchas es complementado, principalmente, con mallas electrosoldadas como acero de refuerzo.
Sin embargo, tanto César Madera como Roberto Calderón denuncian que las construcciones con este tipo de sistema se están realizando con el criterio de que esa malla electrosoldada posee la ductilidad necesaria, lo cual no ha sido debidamente probado, por lo que ante la ocurrencia de un sismo relativamente importante, estas estructuras no responderían de forma adecuada.
“Las edificaciones van a estar sujetas a unas condiciones, siendo las frecuentes, las que se derivan de las fuerzas gravitacionales y estáticas, lo que significa que las edificaciones van a hacer frente a su propio peso, al mobiliario existente, a la gente que se mueve, sin embargo, esas cargas no imprimen ningún tipo de movimiento a la estructura. La carga sísmica es distinta”, señala el ingeniero Calderón.
En su lugar, Calderón señala que en zonas de amenaza sísmica este tipo de sistema debería cumplir con los requerimientos pertinentes indicados en el código de diseño de hormigón armado que rige en el país, el cual es prácticamente el mismo que se aplica en los Estados Unidos. Por lo que sin el uso de un acero de refuerzo con la debida ductilidad y sin el detallamiento del refuerzo necesario para lograr el confinamiento del hormigón y evitar el pandeo del acero en compresión, estas edificaciones no tendrían un comportamiento adecuado frente a un terremoto.
Según el profesional de la ingeniería, este tipo de sistema comenzó a implementarse en edificaciones de baja altura, pero ya está siendo usado en edificaciones de hasta 12 pisos en el Gran Santo Domingo.
“Para esto se requiere el uso de acero que posea ductilidad o acero convencional, y concreto confinado al acero, que permita ser comprimido y mantener su integridad. El hormigón es frágil si no está acompañado con un acero debidamente detallado”, sostiene.
Genner Villarreal, doctor (Ph.D) en Ingeniería Sismo-Resistente y profesor visitante de la Maestría en Ingeniería de Estructuras de la Universidad Tecnológica Centroamericana de México (UNITEC), concuerda.
Asevera que sería un grave error utilizar solamente mallas electrosoldadas en el interior de los muros, en especial en inmuebles de gran altura, por lo que recomienda un sistema mixto, en el que se podría reforzar el primer y segundo nivel con acero corrugado y luego con la malla, para garantizar que la fuerza del sismo la disipe los primeros niveles.
A pesar de que el sistema no ha dado resultados positivos en países como Chile, debido a que no ha ofrecido un buen comportamiento en zonas de alta sismicidad, en otros como Perú, el sistema de construcción se ha expandido desde el año 2000, con edificios de 8 y 12 pisos, permitidos por la regulación del país. Sin embargo, Villarreal explica que para la construcción de una edificación mayor, se necesitaría modificar y reforzar la obra con acero corrugado.
A partir de 6 pisos, se recomienda construir edificios con muros de 15 centímetros, mientras que para torres de más de 12 pisos, los muros deben ser de 30 centímetros. En ambos casos, se debe incluir malla, refuerzo de barras de acero y confinado en las esquinas de los muros.
Mas en República Dominicana, actualmente no existe una regulación específica el sistema de Muros Delgados de Hormigón Armado (MDHA), según confirmó a Acento la Dirección General de Reglamentos y Sistemas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por lo que se entiende que, hasta la fecha, se ha estado empleando sin regulación alguna.
Sumado a esto, el Ministerio explica que el país no cuenta con la infraestructura para realizar ensayos propios y evaluar el comportamiento de las estructuras bajo ese sistema, además de su resistencia sísmica.
No obstante, la Dirección General de Reglamentos indica que desde hace un año, el MOPC ha estado trabajando en torno a la elaboración de una propuesta de reglamento que contiene “especificaciones mínimas de los materiales de construcción del sistema, espesor mínimo de los muros, limitaciones en altura, criterios para análisis y diseño sísmico y especificaciones constructivas”.
Dicha propuesta de reglamento se encuentra en Encuesta Pública, en el sitio Web del Ministerio, a los fines de que la comunidad de ingenieros puedan emitir sus opiniones.
Agrega que para la propuesta de reglamentación, el MOPC se ha en más de 28 referencias que resumen “una buena parte del acervo científico internacional, fundamentado en ensayos y modelación matemática, que se ha acumulado respecto al sistema MDHA, cuyas conclusiones de comportamiento estructural, en términos sísmicos, son la base para la creación de la propuesta”.
En Perú – país que al igual que República Dominicana espera que pueda suceder un sismo de gran importancia –, se realizan investigaciones para determinar el comportamiento de los muros con ductilidad limitada, mejorando los cálculos y adecuando sus hallazgos a las normas.
Sin embargo, Villarreal hace hincapié en que no es sólo la existencia de un código que regule las construcciones con este sistema, sino también la responsabilidad social de las empresas constructoras respecto a la seguridad, ya que obviar las normas de construcción podría poner en riesgo las vidas de las personas.
Hay progreso
Pero el país ha dado algunos pasos de avance, aunque tímidos en la materia, como las discusiones para crear una regulación del sistema de Muros Delgados de Hormigón Armado.
También la publicación en el portal web del Ministerio de Obras Públicas del Reglamento para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras, como una guía destinada a los ingenieros con especialidad en construcción sísmica.
Sin embargo, obviar que República Dominicana es un país de alta sismicidad plantea numerosos desafíos, y desde luego, lo coloca en una situación de riesgo.
César Madera asegura que el terremoto de 6,5 grados del 2003 que afectó el noreste de República Dominicana, próximo a Puerto Plata, la madrugada del 22 de septiembre, fue un ejemplo de lo que podría pasar en el país de ocurrir un sismo de gran intensidad.
Dicha provincia se encuentra dentro de las provincias de alta sismicidad que resalta el MOPC en su Reglamento para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras.
Mientras que Roberto Calderón explica que cuando se diseña para un terremoto, no se hace para que la obra pueda resistir todas las fuerzas que el temblor le demanda, sin que esta sufra daños, ya que sería incosteable, por lo que solo se hace en construcciones que puedan poner en riesgo la vida de mucha gente, como presas o en plantas nucleares.
“Diseñamos la casa para fuerzas menores a las que el terremoto le va a mandar, asumiendo que cuando venga un evento extraordinario, tu casa pueda sufrir daños. Ahora bien, ella va a tener una propiedad que se llama disipación de energía, en la que podrá dispersar ese exceso entre la demanda y la capacidad deformándose sin necesidad de que colapse y ponga en riesgo la vida”.
Indica que en los últimos 37 años, a raíz de la publicación del Reglamento para el Análisis Sísmico, se han hecho esfuerzos para mejorar las edificaciones, sin embargo, todavía se cometen errores a sabiendas de que se han comportado mal en otros países.
Es por esta causa que es necesario motivarlo y sensibilizar al sector privado sobre la construcción de obras sismorresistentes y también para que hagan refuerzos en las construcciones realizadas en zonas de alta sismicidad, además de fortalecer la ética de los constructores, su formación y desde luego, establecer los mecanismos de regulación para aminorar el impacto de un fenómeno natural que se encuentra en cuenta regresiva.
Natalia Guerrero BBC Mundo
18 junio 2015 Miles de hatianos hicieron filas durante varios días para presentar los documentos de naturalización exigidos por las autoridades dominicanas para poder continuar en el país.
República Dominicana y Haití son dos países pequeños que comparten una isla pequeña entre los que se está gestando un problema potencialmente grande.
A partir de este miércoles,al menos 180.000 haitianos-de los 458.000 que calcula el gobierno que viven en territorio dominicano- quedaron susceptibles de ser deportados por carecer de documentos, en el marco del nuevoPlan de Regularización de Extranjeros de la República Dominicana.
La nueva medida migratoria, convertida en ley en 2013 tras una polémica sentencia del Tribunal Constitucional (TC), pretende normalizar la situación migratoria y laboral de los ciudadanos de origen extranjero que viven en territorio dominicano, y afecta sobre todo a la población haitiana, que constituye el 87% de los inmigrantes del país.
Y aunque la cifra de cúantos haitianos viven en República Dominicana varía según las fuentes, hay cifras que coinciden en la importancia que tienen para la economía dominicana, la que podría verse impactada si quedaran sujetos a un proceso de deportación masiva.
Legado de los Duvalier
"Sabemos que es una población extremadamente importante para la economía dominicana, están en la construcción, en el área agrícola, donde empezaron, en el turismo y en una buena parte de las empleadas domésticas", explicó a BBC Mundo el profesor Eduardo Gamarra, de la Universidad Internacional de la Florida.
Decenas de miles de haitianos hicieron fila hasta medianoche del miércoles para regularizar su situación.
El problema no es sólo saber cuántos haitianos hay, sino cuántos tienen documentación en regla, situación que se agravó cuando la decisión del TC dejó a muchos nacidos en territorio dominicano en un limbo sin nacionalidad.
"La presencia de esta población, queantes era de alguna manera invisible porque era sólo agrícola, empezó a llegar a propósito por acuerdos bilaterales en el que el gobierno de República Dominicana le pagaba a Papa Doc, y luego a Baby Doc, una cifra importante por braceros", dice Gamarra en referencia a la era en la que la famila Duvalier dominó la política haitiana (1957-1986).
De acuerdo con datos de la primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) de 2012, realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), de los 570.000 que trabajan en el sector agrícola, 18% son haitianos; de los 248.000 en la construcción, el 29% es haitiano.
Los haitianos son relevantes también para el comercio (5,4%), la industria hotelera (3,7%) y la manufactura (2,6%).
"Lafuerza laboral de República Dominicana ocupa a 3.991.000 de personas, de los cuales el 7% son haitianos", dice a BBC Mundo el economista dominicano Miguel Ceara Hatton.
Datos del Observatorio del Mercado laboral Dominicano (OMLAD), del Ministerio de Trabajo de República Dominicana, indican queentre 2000 y 2014 el uso de la mano de obra haitiana aumentó en más del 440%, superando a la dominicana, que aumentó sólo un 35%.
La relevancia de los haitianos dentro de la base de la economía dominicana se puede explicar por varios factores, quizá el más importante el que sea unamano de obra más barata, precisamente por la informalidad en que se mueve una parte importante de ella.
Según un informe del Banco Mundial (BM) de 2012, los salarios de los haitianos pueden llegar a ser hasta un 40% más bajos que los de los dominicanos.
Muchos haitianos no tienen documentos que demuestren su lugar de nacimiento o cuándo inmigranron a República Dominicana, lo que ha generado demoras en la naturalización.
"Los salarios de los haitianos son casi todos del sector informal porque al seruna población indocumentadano se paga seguridad social por ellos", afirma Ceara Hatton.
En el sector agrícola,contratar un haitiano puede llegar a ser la mitadde lo que cuesta contratar un dominicano, según dice el informe del BM titulado "Haití y República Dominicana: más que la suma de las partes".
Aporte económico
No hay una cifra exacta publicada por autoridades de lo que los haitianos le aportan al Producto Interno Bruto (PIB) de República Dominicana, aunque investigaciones independientes han hecho cálculos.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) realizó una investigación complementaria de la ENI 2012, en la que determinó en 2013 quela población haitiana aporta el 5,4% del PIBde República Dominicana.
Eso equivale a US$3.456 millones de los US$64.000 millones del PIB dominicano, estimado por el BM para 2014.
No obstante, del lado de los numerosos críticos dominicanos a la presencia de una comunidad haitiana en su territorio, se dice frecuentemente que la sociedad dominicana incurre en altos costos económicos para suministrar servicios públicos a esta población inmigrante.
El impacto económico de estas medidas migratorias, por supuesto, se sentirán en ambos lados de la frontera.
Los haitianos que trabajan en la porción este de la isla de La Española contribuyen con unosUS$1.300 millones en remesas enviadas a su país, lo que representa la cuarta parte del PIB de Haití, de acuerdo con los cálculos de Naciones Unidas.
Una cifra notable cuyo descenso puede tener un efecto traumático para la economía más pobre del hemisferio.
"Apátridas" en su tierra
Este miércoles, al cierre del proceso de regularización, las autoridades dominicanas informaron que cerca de 275.000 haitianos presentaron la documentación para normalizar su situación migratoria.
Ahora se abre un lapso de 45 días "de gracia" para verificar que los datos aportados sean auténticos.
Los que no se acogieron al plan corren el riesgo de ser detenidos por las fuerzas de seguridad y enviados a"campos de bienvenida"o centros de detención establecidos en varios lugares de la frontera, desde donde serán devueltos a Haití.
Desde la decisión del Tribunal Constirucional en 2013 se han presentado varias protestas de haitianos pidiéndole al Presidente dominicano Danilo Medina reestablecer su nacionalidad.
El Plan de Regularización se deriva de unasentencia de 2013 del Tribunal Constitucional de República Dominicanaque afirma que los "extranjeros en tránsito", aquellos que no pueden demostrar su estancia legal en el país, pueden obtener un permiso legal de residencia, lo que a su vez facilitaría la adquisición de la nacionalidad a sus hijos.
La decisión del tribunal dejó a miles de hijos de haitianos nacidos en territorio dominicano ensituación ambigua, cuando les fue retirada la nacionalidad dominicana y reemplazada por una tarjeta de residencia el año pasado, lo que para algunos grupos los deja encondición de ápatridas.
La ONU, la Comunidad del Caribe (Caricom), la Unión Europea y Amnistía Internacional, entre otros, han advertido que la medida migratoria pone enriesgo a la población haitianaque por más de un siglo se ha establecido en República Dominicana.
Diseñamos la casa para fuerzas menores a las que el terremoto le va a mandar, asumiendo que cuando venga un evento extraordinario, tu casa pueda sufrir daños. Ahora bien, ella va a tener una propiedad que se llama disipación de energía, en la que podrá dispersar ese exceso entre la demanda y la capacidad deformándose sin necesidad de que colapse y ponga en riesgo la vida”.
