7 de mayo de 2015. SANTO DOMINGO
Varias organizaciones de la sociedad civil se opusieron a una
reforma constitucional sin la participación de la ciudadanía, por lo que
exigieron del Senado abrir un debate a fin de permitir que los distintos
sectores el país se expresen sobre la pertinencia de la enmienda a la
Constitución en estos momentos.
La Coalición por la Institucionalidad advirtió que una
Constitución es un pacto social o contrato social que requiere de la
legitimación de los actores del sistema político.
“La sociedad civil, los partidos de oposición, el
empresariado, artistas e intelectuales tienen el derecho de expresarse sobre
una reforma a la Constitución en las actuales circunstancias; confiamos en que
el Senado abrirá un debate público”, dijo el politólogo Frady Angel Castro,
portavoz de las entidades.
La Coalición la forman la Alianza Ciudadana, la Fundación
Prensa y Derecho, el Centro Gobierno y Democracia, La Fundación de Derecho Administrativo
y los grupos juveniles Creo en la Constitución y Soberanía Popular.
Dijeron que esa manera se evitaría incurrir en situaciones de
falencias institucionales que pudieran dar origen a conflictos de consecuencias
impredecibles para la sociedad dominicana.
Saludaron la decisión de los senadores de enviar el proyecto
a comisión y agregaron que inmediatamente se conforme la misma se debe dar paso
a un proceso de consultas y vistas que permita hacer una evaluación real de la
necesidad de la reforma constitucional.
Las organizaciones entregaron un documento a los medios de
comunicación en el que hicieron una ponderación histórica del proceso de
reforma en República Dominicana y de cuáles son los desafíos actuales del país.
“Sería un error grave continuar con este ritmo de
inobservancia del pluralismo democrático de que es consustancial a la
Constitución, tenemos que dar paso a un proceso de diálogo que nos permita
saber si necesitamos enmendar la Carta Política”, dijo el abogado Namphi
Rodríguez, presiente de la Fundación Prensa y Derecho.
Concluyeron que si se continuara llevando el proceso de la
manera como se ha hecho una posible reforma estaría afectada de ilegitimidad,
por lo que el Tribunal Constitucional tendrá que evaluar su vigencia o declarar
su nulidad.
