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jueves, 3 de enero de 2019

En su primer día, Jair Bolsonaro socavó los derechos de los indígenas sobre sus tierras

AMÉRICA LATINA |BRASIL
En su primer día, Jair Bolsonaro socavó los derechos de los indígenas sobre sus tierras
Por ERNESTO LONDOÑO 3 de enero de 2019
El presidente Jair Bolsonaro (al centro) durante su toma de posesión que se celebró el martesCreditEvaristo Sa/Agence France-Presse — Getty Images
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RÍO DE JANEIRO — El presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien comparó a las comunidades de aborígenes que viven en tierras protegidas con los animales de los zoológicos, dio un gran paso para socavar los derechos de los indígenas pocas horas después de su toma de posesión el martes.
El mandatario aprobó un decreto que asigna la responsabilidad de certificar la protección de los territorios indígenas al Ministerio de Agricultura, que tradicionalmente ha defendido los intereses de las industrias que quieren un mayor acceso a esas tierras. Anteriormente el proceso estaba a cargo de la Fundación Nacional del Indio, el organismo que se encarga de proteger los derechos y el bienestar de las comunidades indígenas.
Bolsonaro, exlegislador de extrema derecha y capitán retirado del Ejército, se presentó ante los electores como lo opuesto al Partido de los Trabajadores, la fuerza de izquierda que dominó la política brasileña entre 2003 y 2016 y que dejó el país con una crisis económica, un marcado aumento de la violencia y una clase política envuelta en escándalos de corrupción.
Durante su campaña, Bolsonaro atrajo a grupos conservadores —incluido el poderoso grupo de los empresarios agrícolas—, al Ejército y a las iglesias más retrógradas con promesas de impulsar el crecimiento económico mediante la reducción de las regulaciones y protecciones ambientales.
Esta coalición de movimientos de derecha lo ayudó a derrotar en las encuestas al Partido de los Trabajadores y lo obligó a cumplir con el cambio que prometió, además de transformar a su pequeño partido en el segundo grupo más grande en el Congreso.
Bolsonaro defendió la medida a través de un mensaje que publicó el miércoles en Twitter, donde argumentó que los grupos indígenas y las comunidades tradicionales descendían de esclavos, conocidos como quilombos, que conformaban una mínima parte de la población, y se les había dado el control de áreas que constituían más del quince por ciento del territorio del país.
“De hecho, menos de un millón de personas habitan en esas regiones aisladas de Brasil y organizaciones no gubernamentales las explotan y manipulan”, escribió. “Juntos, vamos a integrar a esos ciudadanos y a cuidar de todos los brasileños”.
El miércoles, el gobierno también anunció que va a desmantelar un áreaperteneciente al Ministerio de Educación que promovía los derechos humanos y buscaba expandir el acceso a la educación superior de las comunidades históricamente desfavorecidas, incluyendo a los brasileños negros.
Bolsonaro ha acusado a sus rivales políticos de izquierda de usar el sistema de educación pública para adoctrinar a los niños; una acusación que educadores y expertos consideran infundada.
“Una de nuestras estrategias para sacar a Brasil de los últimos lugares en educación es acabar de tajo con la basura marxista en nuestras escuelas”, escribió Bolsonaro en un tuit en inglés. “Conseguiremos la formación de ciudadanos, no de militantes políticos”.
La Constitución de Brasil de 1988, que se aprobó cuando el país salió de una dictadura militar que duró 21 años, establecía garantías sólidas para los grupos históricamente marginados, lo cual buscaba reparar el daño causado a lo largo de décadas de discriminación y brutalidad institucionalizadas.
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Un grupo de indígenas bailaba mientras esperaba para entregarle una carta a Jair Bolsonaro, en diciembre. CreditAdriano Machado/Reuters
Una de las medidas más concretas fue un proceso para reconocer el derecho de las comunidades indígenas a controlar las áreas que habían sido el hogar de sus ancestros.
La dictadura buscó integrar a las comunidades indígenas que vivían mayormente autónomas en regiones remotas, puesto que las consideraban un impedimento para el desarrollo de áreas ricas en minerales o que podían convertirse en terrenos de cultivo o ganadería.
Leila Sílvia Burger Sotto-Maior, antropóloga que trabajó en la Fundación Nacional del Indio, declaró que el nuevo decreto era “una clara afrenta a la Constitución”.
En los últimos ocho años, el gobierno brasileño ha ido despojando de protecciones a las comunidades indígenas mediante el recorte de financiamiento de programas y la priorización de los intereses de las industrias que quieren mayor acceso al Amazonas, explicó Burger.
Pero la nueva medida de Bolsonaro fue un golpe devastador para quienes han pasado sus carreras tratando de cumplir la visión de una Constitución que buscaba reparar el daño causado a los pueblos indígenas tras décadas de maltrato, comentó la exfuncionaria.
“Hay miedo; hay dolor”, dijo Burger en una entrevista, y contó que ella y varios de sus colegas se sentían angustiados. “Esto se siente como una derrota, un fracaso”.
El proceso normativo para reconocer el derecho de los pueblos indígenas a tener control absoluto sobre las tierras ancestrales ha avanzado con enorme dificultad en años recientes, debido a que los terratenientes rurales han ganado más influencia en la capital del país.
Existen 436 zonas designadas formalmente como territorios indígenas autónomos; en casi la mitad de ellos, el gobierno aún no concluye el proceso de expulsar a poblaciones que no son indígenas.
Más de 120 territorios que los grupos indígenas reclaman como suyos se encuentran bajo escrutinio. Cuando era candidato, Bolsonaro dijo que se aseguraría de que las comunidades indígenas no obtuvieran “ni un centímetro más” de reservas.
Dado que el gobierno ha disminuido las protecciones de los territorios indígenas en años recientes, los mineros, los agricultores y los ganaderos, así como los leñadores se han establecido en cientos de sitios, lo cual viola la ley.
Los líderes indígenas que se han opuesto a la presencia de esos grupos suelen ser amenazados.
Marina Silva, excandidata presidencial y exministra del Medioambiente a quien se alabó por implementar políticas que frenaban la tasa de deforestación en el Amazonas durante su permanencia en el cargo entre 2003 y 2008, dijo que la medida era una farsa.
“El gobierno de Bolsonaro le está dando a los abusadores la oportunidad de ser todavía más violentos con aquellos que, a lo largo de la historia, han sido sus principales víctimas”, escribió en un mensaje en Twitter.
Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, una legisladora federal que fue designada como ministra de Agricultura del gobierno de Bolsonaro, no dijo nada sobre las tierras indígenas en su discurso de toma de posesión el miércoles. Posteriormente, exhortó a los reporteros a no extraer conclusiones precipitadas y dijo: “No vamos a crear un problema donde no lo hay. Sencillamente se trata de un tema de organización”.
Corrêa está siendo investigada por haber aceptado para su campaña en 2014 un donativo de un terrateniente acusado de ordenar el asesinato de un líder indígena en 2003.
https://www.nytimes.com/es/2019/01/03/bolsonaro-indigenas-amazonas/?action=click&contentCollection=noticias&region=rank&module=package&version=highlights&contentPlacement=2&pgtype=collection

miércoles, 31 de enero de 2018

La sociedad civil, bajo presión en todo el mundo

EL MUNDO

La sociedad civil, bajo presión en todo el mundo

La organización de derechos humanos Pan para el Mundo ha analizado la situación mundial de la sociedad civil. La tendencia es clara: cada vez más países están controlados por regímenes autoritarios.
Indien Symbolbild Polizeigewalt (Getty Images/AFP/)
Es un panorama sombrío el que muestra el "Atlas de la sociedad civil". La libertad de expresión, el derecho de reunión pacífica y de asociación: son todos derechos de los que cada vez menos personas participan. Sólo 2 por ciento de la población mundial estaría disfrutando de libertades civiles sin restricciones, según el informe, que se presentará el miércoles en Berlín.
El estudio describe el estado de la sociedad civil en cinco categorías: de "abierto" a "restringido", ofrece información acerca de las libertades que goza la población civil en un país, o cómo son suprimidas de forma sistemática. El hallazgo más importante es la relación entre el desarrollo y la libertad: "Cuando se ejerce presión sobre la población, surgen conflictos y ningún desarrollo", dice Julia Duchrow de la organización Pan para el Mundo (Brot für die Welt), una de los autoras del estudio. El desarrollo y el bienestar a largo plazo son posibles solo si hay libertad civil en un país.
Los que viven en un país del grupo "abierto" son afortunados. Solo 148 millones de los 7.600 millones de personas en todo el mundo disfrutan de una sociedad civil completamente abierta donde la gente puede "formar asociaciones, realizar manifestaciones públicas y obtener y divulgar información sin obstáculos legales o prácticos”. Entre los 22 países se encuentran Alemania, Dinamarca, Suiza y Portugal.
A los realizadores del estudio les causa preocupación los seis países que son el foco de la investigación: Kenia, Chad, Brasil, Honduras, Filipinas y Azerbaiyán. "Todos tienen en común que allí la sociedad civil es cada vez más reprimida", dice Duchrow, ya sea a través de la violencia, los asesinatos que no son resueltos o cuando las personas desaparecen misteriosamente. También la violencia policial desproporcionada es un medio eficaz en muchos países para intimidar o reprimir a opositores políticos y disidentes. Diferentes leyes están diseñadas para reducir aún más la influencia de la sociedad civil. En Azerbaiyán, por ejemplo, a las ONG no se les permite organizarse libremente y tampoco recibir dinero del extranjero.
Tendencia hacia regímenes autoritarios
Si bien existe una clara tendencia mundial hacia los regímenes autoritarios, las razones son múltiples. En Kenia, por ejemplo, las organizaciones que hacen campaña por elecciones justas son presionadas. En Filipinas son perseguidos los que se manifiestan en contra de los asesinatos de la guerra contra el narcotráfico del presidente Duterte. "En muchos de estos países, las personas mueren arbitrariamente y no se hace nada para darle seguimiento a estos asesinatos", afirma Duchrow.
Sin embargo, no solo los países en desarrollo tienen un desempeño bajo en el "Atlas de la sociedad civil", sino también los países de la Unión Europea, con Francia, el Reino Unido y España, por ejemplo, obteniendo la segunda mejor clasificación de "restringida". Aunque la sociedad civil es básicamente libre en estos países, el estudio reprocha en casos individuales a los países de "perseguir o acosar de otra manera a organizaciones críticas con el Gobierno". Estados Unidos también entra en esta categoría.
Muchos países se hacen valer de la lucha contra el terrorismo, apunta Duchrow. Turquía es un buen ejemplo de esto: el Gobierno de Erdogan continúa socavando el Estado de derecho con esta intención. Pero Francia también ha aprobado leyes excepcionales como consecuencia de los ataques terroristas, especialmente en cuestiones de derecho penal. Entonces, por ejemplo, las leyes han sido ampliadas para mantener a los sospechosos bajo custodia durante más tiempo.
Organizarse contra la opresión
Para los ciudadanos de los regímenes autoritarios, sin embargo, también puede valer la pena organizarse contra la opresión. Un ejemplo de esto es Kenia, donde algunas organizaciones se han rebelado fuertemente contra una ley. "Al final, los diputados fueron persuadidos y votaron en contra de la ley, pero organizaciones individuales se vieron posteriormente presionadas de nuevo", dice Duchrow.
Los autores del estudio también están preocupados por la persecución de periodistas y la supresión de información. También hay muchos ejemplos: en Turquía, el periodista Deniz Yücel ha estado en custodia por casi un año sin cargos. En Azerbaiyán, el Gobierno trató de silenciar a la periodista Khadija Ismajilova y la encarceló por año y medio por reportar sobre corrupción.
El llamado de Julia Duchrow: trabajar en equipo y no permitir ser silenciados. Si el Gobierno no encuentra oposición del pueblo, tiene vía libre y la espiral de opresión y persecución continuará.
Oliver Sallet (RRR/FEW).
 
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