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La resolución, aprobada con 13 votos a favor y dos abstenciones (China y Rusia), impone también un embargo de armas ligeras, que hasta ahora sólo se aplicaba a los líderes de las bandas sancionados.
Fuentes del Consejo dijeron a la agencia EFE que no cabe esperar un despliegue inmediato, sino que este proceso llevará “varios meses” antes de que los agentes comiencen a patrullar en las calles de Haití.
La resolución redactada por Estados Unidos acepta la oferta de Kenia de encabezar la fuerza de seguridad multinacional. Deja también en claro que se trata de una fuerza ajena a Naciones Unidas y financiada por medio de contribuciones voluntarias.
La resolución autoriza la fuerza por un año y será evaluada después de nueve meses.
A la fuerza se le permitirá brindar apoyo operativo a la Policía Nacional de Haití, que carece de fondos y recursos suficientes, con sólo unos 10.000 agentes activos para un país de más de 11 millones de habitantes.
De acuerdo con la resolución, la fuerza ayudará a desarrollar la capacidad de la policía local “a través de la planificación y realización de operaciones conjuntas de apoyo a la seguridad mientras trabaja para contrarrestar a las pandillas y mejorar las condiciones de seguridad en Haití”.
La fuerza también ayudará a proteger “sitios de infraestructura crucial y puntos de tránsito como el aeropuerto, puertos marítimos e intersecciones clave”. Poderosas pandillas han tomado el control de carreteras importantes que van desde la capital de Haití a las regiones norte y sur del país, interrumpiendo el transporte de alimentos y otros bienes.
La aprobación del Consejo de Seguridad autoriza a la fuerza a “adoptar medidas temporales urgentes con carácter excepcional” para evitar la pérdida de vidas y ayudar a la policía a mantener la seguridad pública.
La resolución condena “la creciente violencia, actividades criminales y abusos y violaciones de los derechos humanos que socavan la paz, la estabilidad y la seguridad de Haití y la región, incluyendo los secuestros, la violencia sexual y de género, la trata de personas y el tráfico de migrantes, homicidios, las ejecuciones extrajudiciales, así como tráfico de armas”.
Es la primera vez que se despliega una fuerza en Haití desde que Naciones Unidas aprobó una misión de estabilización en junio de 2004 que se vio empañada por un escándalo de abusos sexuales y la propagación del cólera. Esa misión culminó en octubre de 2017.
Las preocupaciones también giran en torno a la propuesta misión encabezada por Kenia, y los detractores señalan que la policía del país de África Oriental ha sido acusada desde hace mucho tiempo de cometer actos de tortura, fuerza letal y otros abusos.
La resolución subraya que todos aquellos que participan en la misión deben tomar las medidas necesarias para prevenir la explotación y el abuso sexual, así como investigar los antecedentes de todo el personal. También exige pesquisas inmediatas ante acusaciones de mala conducta.
La resolución advierte además que quienes participan en la misión deben adoptar medidas de gestión de aguas residuales y otros controles ambientales con el fin de prevenir la introducción y propagación de enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera.
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De momento se desconoce la extensión de la fuerza en caso de que sea aprobada, si bien el gobierno de Kenia propuso previamente enviar 1.000 agentes de policía. Jamaica, las Bahamas y Antigua y Barbuda también se han comprometido a enviar personal.
El mes pasado, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden se comprometió a proporcionar logística y 100 millones de dólares para apoyar una fuerza encabezada por Kenia.
La resolución hace notar que el Consejo de Seguridad tiene la intención de imponer sanciones adicionales a los que contribuyan a la violencia en Haití. La ONU ya impuso sanciones a Jimmy Chérizier, conocido como “Barbecue”, que encabeza la mayor alianza de pandillas de Haití. Chérizier, un ex policía, advirtió recientemente que combatirá a cualquier fuerza armada sospechosa de cometer abusos.
La propuesta se da casi un año después que el primer ministro de Haití y otros altos funcionarios del gobierno solicitaron el despliegue inmediato de una fuerza armada extranjera cuando el gobierno lucha por combatir a las violentas pandillas que se estima controlan hasta el 80% de la capital de Puerto Príncipe.
Del 1 de enero al 15 de agosto, más de 2.400 personas en Haití fueron asesinadas, más de 950 secuestradas y 902 heridas, según las estadísticas más recientes de la ONU. Más de 200.000 personas más han sido desplazadas por la violencia, muchas de ellas hacinadas en refugios improvisados luego que las pandillas saquearan sus comunidades.
(Con información de EFE y AP)
