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jueves, 21 de febrero de 2019

Abinader demanda rigurosa auditoría a cédulas y pasaportes

21 de febrero de 2019 
Abinader demanda rigurosa auditoría a cédulas y pasaportes 
Denuncia delincuentes, terroristas e inmigrantes los han adquirido de manera ilegal
SANTO DOMINGO:-El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader emplazó esta mañana a las autoridades nacionales a someter el sistema de expedición de cédulas y pasaportes a una rigurosa auditoría, ante las múltiples evidencias de que esos documentos oficiales han sido adquiridos como un medio que encubre actividades de delincuentes nacionales e internacionales cuyo accionar  agrava la situación de inseguridad que padece el pueblo dominicano.
Abinader reveló que recientemente se le informó que hace varios meses, en un importante consulado dominicano desapareció un número indeterminado de pasaportes sin que hasta el momento se haya establecido su paradero ni los nombres de las personas a quienes les fueron expedidos.
 “El país debe conocer también que entre 50 y 100 pasaportes dominicanos han sido comercializados en grupos vinculados al terrorismo y mafias criminales internacionales sin que en el país se hayan dado a conocer las investigaciones y sanciones correspondientes. En esos ámbitos es conocida la facilidad con que pueden ser adquiridos los pasaportes criollos”, expuso.
El economista y líder político hizo los señalamientos durante su intervención en un encuentro de altos oficiales y clases retirados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que respaldan las propuestas de cambios y reformas con que se presenta a las elecciones de mayo 2020.
Dijo que el desbordamiento de los robos, atracos y acciones criminales que cometen los delincuentes en contra de ciudadanos prácticamente indefensos crea hoy una situación que demanda medidas eficientes y enérgicas.

“Necesitamos que autoridades, liderazgo y dirigencia de todos los ámbitos pasemos de las palabras a los hechos. Yo cumplo mi responsabilidad como líder opositor presentando varias propuestas que son parte de las acciones y planteamientos que vengo haciendo desde hace mucho tiempo sobre cómo deben actuar el gobierno y las autoridades para proteger a nuestra gente y sus bienes”, fundamentó
Sostuvo que las autoridades no pueden seguir dando respuestas ridículas, como aquella de que la inseguridad es asunto de percepción, o continuar ensayando programas y acciones que han venido fracasando unos tras otros, mientras el crimen organizado y la delincuencia común se apoderan de las calles y atacan sin control nuestras viviendas y negocios.
Los fracasos de los gobiernos del PLD en proteger las vidas y los bienes de nuestra gente, e incluso de visitantes del exterior, se deben a que sus diferentes planes y acciones no han sobrepasado los anuncios de prensa y la propaganda, incluyendo en esos fracasos los 8 operativos conjuntos de fuerzas militares y policiales, suspendidos a los pocos días de iniciados por no ser sostenibles ni efectivos.
En la semana pasada se conoció de una alerta del Departamento de Estado norteamericano a sus ciudadanos, para que se cuiden de la criminalidad al visitar a nuestro país, a lo que en estos días se ha unido una solicitud similar de las autoridades de Inglaterra.
Por más que el Gobierno quiera minimizar su importancia, tales alarmas pueden impactar negativamente en los indicadores relacionados con el turismo y las inversiones en el país.
Apenas el martes, agregó,  la Conferencia del Episcopado emitió un responsable clamor para que el gobierno haga cumplir las leyes migratorias, que controle el micro, narcotráfico y la delincuencia que de una u otra forma nos afecta a todos.
Amplió que en los últimos años la situación de delincuencia e inseguridad se ha agravado a extremos inmanejables, por la extensión de las actividades del tráfico y microtráfico de drogas, agregándose la gravedad de que mientras las autoridades muestran su incapacidad e incluso permisividad, las organizaciones criminales han penetrado agresivamente a las instituciones que deben perseguir el delito.
Nadie puede ocultar cómo debido a esa contaminación del personal que debía ser la garantía del cumplimiento de la ley y el orden, frecuentemente son descubiertos y procesados efectivos militares y policiales de diferente jerarquía, resultando obvio que por cada detenido o procesado hay otros operando impunemente.
Como parte de la connivencia y la complicidad de diferentes autoridades con narcotraficantes de todos los niveles, inclusive “de cuello blanco”, como los ha calificado hasta el mismo presidente Danilo Medina, existe en el país una situación a la que urge poner un alto.
Recientemente advertí que correspondía a las autoridades explicar quiénes son los poderosos padrinos que les dan apoyo y cobertura a criminales que vienen del exterior a guarecerse en nuestro país.
Esos criminales apadrinados sólo son descubiertos cuando interviene la policía internacional, como ocurrió días atrás con Julián Alberto Jiménez Monsalve, alias “Machete”,  delincuente colombiano que vivía a sus anchas en nuestro país, desde donde dirigía sus operaciones
Parecería que con esta detención el gobierno dominicano se anotó un gran triunfo en la persecución de la delincuencia organizada, pero la realidad es que las investigaciones que dieron con su identificación y posterior captura fue un laborioso y efectivo trabajo de inteligencia de cuerpos de seguridad internacionales, con los que el gobierno dominicano se limitó a colaborar.
El caso de Machete puso al descubierto la forma en que fueron emitidos cédula y pasaporte dominicanos a su nombre, práctica denunciada en el pasado con criminales internacionales que han residido en el país con varias identidades falsas
De igual forma ha sido denunciado en múltiples ocasiones cómo ciudadanos haitianos que ingresan ilegalmente, son dotados de documentos de identidad para residir en el país o viajar al exterior.
Citó que recientemente hizo un llamado al gobierno sobre la necesidad de implementar cuatro medidas para empezar a reducir y controlar los altos niveles de inseguridad y delincuencia, como la inclusión en el código penal de la cadena perpetua y el cúmulo de penas para casos extremadamente graves, la dignificación y modernización de la policía, la reforma del sistema judicial que incluya la independencia del Ministerio Público, y la creación de oportunidades para nuestros jóvenes a través del Programa 14-24.
“Pero hoy, ante la extrema gravedad alcanzada por el desbordamiento de la criminalidad, y consciente de que la sociedad dominicana no puede aceptar seguir viviendo bajo el miedo, me siento en la obligación de exigir al Gobierno Central, la realización de una auditoría especializada a la Cédula de Identidad y Electoral y a los Pasaportes, con el fin no sólo de detectar cuántas cédulas de identidad y pasaportes puedan haber sido emitidos de manera irregular, sino incluso para empezar a desmantelar lo que seguramente es una red de corrupción en los organismos encargados de la emisión de este tipo de documentos.
“Una investigación de estas características puede llegar a convertirse en el paso inicial que nos lleve a identificar a esos “padrinos” de los grandes delincuentes que por años se han refugiado en la República Dominicana, de los cuales solo unos pocos han sido detectados, apresados y deportados.
“Estamos ante una situación extrema y es definitivamente mi deber, cumpliendo una vez más nuestro rol como oposición responsable, hacer este llamado al gobierno para que emprenda estas acciones para beneficio del sosiego de las familias dominicanas”, concluyó.
Dijo tener la convicción, sustentada en que más de un 70% de los dominicanos aspira a un cambio en la dirección del país, de que el PRM y sus aliados ganarán la presidencia en las próximas elecciones e instaurarán un gobierno que hará las reformas que el país necesita en seguridad y otros órdenes, pero en lo que eso llega se requiere que las autoridades cumplan y hagan cumplir todas las leyes, en especial aquellas que pueden garantizar las vidas y bienes de la gente.
La actividad se realizó en un salón del local de la Agrupación Médica del IDSS, con más de 300 oficiales, clases y alistados retirados, quienes dijeron estar inscribiendo en el PRM a miles y miles de sus familiares y allegados para que Abinader, sus aliados y su propuesta cambio emerjan victoriosos de las próximas elecciones.

domingo, 17 de febrero de 2019

Nueva Ley Electoral otorga cédula a menores de 12 años

Nueva Ley Electoral otorga cédula a menores de 12 años

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La nueva Ley del Régimen Electoral dispone que los menores de edad tengan cédula a partir de los 12 años. También crea -por primera vez- un “Número Único de Identidad” para cada dominicano.
Esta ley elimina la obligatoriedad de renovar la cédula, como sucedía en el pasado, a menos que sea por pérdida, notable deterioro del documento, cambio de nombre, rectificación de nombres o apellidos, cambio de nacionalidad, de estado civil o por caducidad.
Indica que su adquisición es voluntaria, pese a que sin este documento no se puede cambiar cheques, solicitar empleo, pasaportes, arma de fuego, ingresar a la universidad, accionar en justicia, contraer matrimonio y realizar una larga lista de procedimientos.
El Número de Identidad lo propuso el proyecto de ley de la Junta Central Electoral (JCE).
Esta ley obliga a los residentes que se encuentren legales en el territorio dominicano a renovar su cédula de identidad en las condiciones que disponga la JCE, al momento de que la ley sea promulgada.
La recién aprobada Ley Electoral regula lo concerniente a la cédula de identidad con los artículo del 70 y 79, y lo define como un documento para la identificación de las personas que contiene los registros de identidad determinados por la ley.
El párrafo II del artículo 70 exige que la expedición de la cédula de identidad sea personal, aportando el acta de nacimiento para su obtención y debe estar adjunta al expediente que se abre en los archivos de la JCE.
El artículo 72 señala las diez informaciones que estarán consignada en la cédula de identidad de cada persona: 1. Nombres y apellidos del inscrito; 2. fecha y lugar de nacimiento;
3. Número único de identidad; 4. dirección (donde resida en la actualidad); 5. datos relativos al acta de nacimiento; 6. Estado Civil del solicitante; 7. tipificación sanguínea; 8. huellas dactilares; 9. firma del inscrito (electrónica) y foto digital; y 10. ocupación u oficio.
En la cédula de los militares y policías se colocará la leyenda NO VOTA y será de un color distinto a la de los civiles.
Pueden portar cédulas de identidad: Los menores de edad que cumplan los 12 años, el personal en servicio activo de las Fuerzas Armadas y cuerpos de policía, los extranjeros residentes, y en condición provisional o permanente.
La ley faculta a la JCE a reglamentar la forma en que se emitirán las cédulas de identidad a los menores de 12 años. Esta ley acorta cuatro años al tiempo que era requerido para que un menor de edad optara por su primera cédula, a los 16 años, con la finalidad de que se matriculara en la universidad.
Costo de otra cedulación. El artículo 75 especifica que la expedición de la cédula de identidad y electoral será expedida a los ciudadanos dominicanos, hábiles para ejercer el derecho al sufragio, en cumplimiento de la norma de la JCE.
El párrafo del artículo 75 ordena a la JCE cobrar una tasa por la modificación de los datos y del duplicados de cédulas.
Guardiana de la información personal. La JCE mantendrá el sistema informático que disponga de todas las informaciones relativas a la identidad de la persona en la demarcación correspondiente, de acuerdo al artículo 76, y ese “Archivo de Datos Generales de los Ciudadanos” abarcará los demográficos. http://hoy.com.do/nueva-ley-electoral-otorga-cedula-a-menores-de-12-anos/

lunes, 26 de enero de 2015

Inexplicable abuso e irracionalidad - Por Juan Bolivar Díaz

Por 
juanbolivardiaz[@]gmail.com 
25 enero, 2015 2:00 am
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Nos equivocamos los que creíamos que la Junta Central Electoral prorrogaría el plazo que fijó intempestivamente para dejar sin vigencia el viejo carné de la cédula de identidad y electoral, cuando todavía dos millones y medio de personas no habían procurado el nuevo.
El plazo hasta el 10 de enero fue otorgado en medio de las fiestas navideñas, con solo unos 20 días laborables por delante, cuando faltaban dos millones y medio por renovar el documento, desatando una locura en decenas de miles de personas que creían que después de esa fecha quedarían sin la cédula, víctimas de la desinformación.
Se montó un negociazo en el que cientos de vividores se dedicaron a tomar turnos en las madrugadas para luego venderlos hasta por 500 pesos, en escasos centros de cedulación, que la JCE informa, después de vencido el plazo, que procederá a aumentar. Eran tan insuficientes que a pesar de los madrugonazos y congestión no llegaron a 500 mil (apenas quinta parte de los faltantes) los que pudieron obtener el nuevo plástico.
No había la menor justificación para ese atropello navideño a la ciudadanía, desde luego en su gran mayoría pobres y desinformados. No había ninguna urgencia, el nuevo carné no difiere tecnológicamente del anterior. Y se pudo haber prorrogado hasta dos y tres veces el plazo, acompañándolo de una campaña de incentivos como hace la Dirección General de Impuestos Internos para cobrar el gravamen a las matrículas de vehículos.
El cambio de la cédula comenzó el 20 de abril del año pasado y nada justifica que ocho meses después se decidiera un plazo tan conminatorio, que bien pudo adelantarse tres meses. La JCE ha recordado que será en diciembre cuando cerrará provisionalmente el padrón electoral, no así la expedición de copias de cédulas, lo que solo se suspende en los dos días anteriores a cada votación. Una razón adicional para que hubiese flexibilidad.
Hay otra razón: la JCE nunca ha dicho a los millones de ciudadanos y ciudadanas que en los cuatro años anteriores atendieron el llamado a registrar sus datos biométricos para el nuevo carné, por qué razón han tenido que acudir nuevamente. Y no lo ha hecho porque tendría que explicar el desastre de una tecnología que no funcionó, comprada por decenas de millones de dólares, aunque fue denunciada ampliamente en su oportunidad. Se perdió el dinero de los contribuyentes y el esfuerzo ciudadano.
Y como si todo lo anterior no fuera suficiente hay un agravante: la decisión de dejar sin valor el viejo carné de identidad y electoral viola ley 26-01 que establece la vigencia de la cédula en diez años, venciendo en la fecha de nacimiento de cada persona, como forma de evitar la aglomeración.
Fue una decisión prepotente y abusiva del presidente de la JCE, Roberto Rosario, quien anunció el plazo antes de conseguir que otros dos titulares del organismo la aprobaran. Se mantuvo la decisión pese a que el miembro Eddy Olivares advirtió la violación a la ley, en un voto negativo razonado que entregó por escrito.
La violación a la ley fue tan obvia que la Asociación de Bancos y luego la Superintendencia de Bancos acordaron seguir reconociendo el viejo carné a todo el que tuviera negocios abiertos con las entidades financieras. De esa manera evadían una demanda de cualquier afectado que tuviera una cédula con menos de diez años.
Seguramente gran parte de los que aún no han cambiado la cédula no la necesiten de inmediato, pero quedan estas interrogantes: ¿Por qué ese desprecio por la ley? ¿Por qué tanta prepotencia, arbitrariedad e irracionalidad? ¿Dónde queda el Estado de derecho? Y ¿ninguna autoridad puede reclamar el imperio de la ley?
http://hoy.com.do/inexplicable-abuso-e-irracionalidad/

miércoles, 21 de enero de 2015

Cedulación en República Dominicana: una barbaridad innecesaria - por Rosario Espinal

TEDIOSO PROCESO
 Rosario Espinal

En 1962 se organizaron las primeras elecciones democráticas tras la dictadura de Trujillo, y en 1978 terminó la semi-dictadura de Balaguer y desde entonces se han alternado los partidos principales.

TEDIOSO PROCESO

Rosario Espinal / Actualizado 8 enero 2015
Danilo Medina no actuó con eficacia en el tedioso proceso de cedulación. (Foto: PGD)
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Si fuera el año 1962 o 1978, se entendería que la población dominicana adulta fuera sometida a un proceso nacional de cedulación en un período determinado de tiempo. En 1962 se organizaron las primeras elecciones democráticas después de la dictadura de Trujillo, y en 1978 terminó la semi-dictadura de Joaquín Balaguer. En el año 2014 habían transcurrido 36 años de la transición política de 1978.
A pesar de los altibajos, desde 1978, las elecciones dominicanas han sido más o menos competitivas; y desde entonces, han pasado por el gobierno los tres partidos principales del sistema político dominicano: PRD, PRSC y PLD. Es decir, la democracia electoral dominicana no es nueva ni novata.
Por eso, hace mucho tiempo que la Junta Central Electoral (JCE) debió emitir cédulas de larga duración, y que cada quien la renueve en relación con su fecha de nacimiento para evitar las aglomeraciones que vimos en el 2014 y en los primeros días de 2015.
Pero siempre ha sido más rentable para la JCE tener grandes presupuestos y gastar dinero del fisco en una cedulación general cada cierto tiempo. Para justificar el gasto en esta ocasión se ha planteado que la nueva cédula será más segura. Entonces, si es así, ¿por qué tiene una duración de sólo 10 años?
La cédula no es una licencia de conducir que requiere revisar la visión de los conductores cada cierto tiempo y pagar impuestos. La cédula es un documento de identidad personal gratuito requerido a nivel nacional para múltiples transacciones civiles, políticas y económicas. Su gratuidad debería ser razón suficiente para que su duración sea larga y no se someta toda la población a un tedioso proceso de renovación en un período de tiempo limitado.
En los últimos meses, además de la pérdida de horas laborables por el azote de lachikungunya, la población dominicana ha estado sometida a largas filas y esperas para poder sacar la nueva cédula. Antes de las siete de la mañana ha sido común ver largas filas en muchos centros de cedulación.
Por experiencia propia y de personas que conozco, el tiempo mínimo requerido para obtener la nueva cédula ha sido unas tres horas, pero en muchos casos ha sido todo el día. Para comprobación, sugiero a los lectores que contabilicen el tiempo que pasaron para obtener su nueva cédula, y también pregunten a personas conocidas el tiempo que les tomó. Eso servirá de comprobación.
Es cierto que muchos dominicanos dejan para última hora la obtención de documentos, pero esa no es la única razón para las grandes filas. Quienes obtuvieron la cédula en mayo o junio de 2014 también pasaron largas horas esperando.
Someter toda la población dominicana a este proceso cada cinco, diez o quince años es totalmente innecesario. 

La primera emisión de una cédula puede tener expiración de 10 años para personas que ingresan por primera vez al sistema al cumplir 16 o 18 años, pero luego debe ser un documento permanente que no necesite renovación a menos que se deteriore, se pierda, se cambie de estatus, o se produzca un cambio tecnológico tan significativo que amerite un proceso de cedulación nuevo a nivel nacional.
Si los documentos se emitieran de manera fehaciente, si el registro civil estuviera ya totalmente digitalizado, si existiera menos suspicacia de fraude en este país, y si las instituciones gubernamentales no fueran adictas a gastar dinero del pueblo alegremente, la población no tuviera que ser sometida a este tedioso proceso de cedulación. Se evitaría pérdida de tiempo y de dinero.

-  (*) Artículo originalmente publicado en el periódico impreso Hoy de República Dominicana.
- Rosario Espinal es socióloga y politóloga.

- Ver más análisis de Rosario Espinal enHechos de Hoy en Comunidad de blogueros(Ventanas en el espacio). http://www.hechosdehoy.com/cedulacion-en-republica-dominicana-una-barbaridad-innecesaria-40598.htm

domingo, 18 de enero de 2015

La cédula y su caducidad - Por Eddy Olivares Ortega

La cédula y su caducidad

Por Eddy Olivares Ortega. 17 de enero de 2015 -
Sin dudas, en estos casos, se ha vulnerado, además, el principio de irretroactividad, en perjuicio de ciudadanos a los que se les modificó su plazo de vencimiento unilateralmente, mediante un acto posterior de la administración.
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Eddy Olivares Ortega

Licenciado en Derecho y Postgrado en Derecho Penal, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Magíster en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, Universidad de Castilla La Mancha (UCLM), España. Desde el año 2006 Miembro Titular de la Junta Central Electoral (JCE).
En muy pocos países el documento de identidad es tan trascendentes para la vida de los ciudadanos como en la República Dominicana. Esta afirmación se comprueba en que los derechos de ciudadanía consagrados en el artículo 22 de la Constitución Política, a la cabeza de los cuales se encuentra el sufragio, solo pueden ser ejercidos por quienes portan la Cédula de Identidad y Electoral.
El referido documento es obligatorio para todos los nacionales o extranjeros mayores de 16 años que residen en el país. En ese sentido, las personas que no cumplieren con la obligación de procurar y portar la cédula, pueden ser sancionadas con condenas de prisión de cinco a treinta días.
Resulta indispensable para realizar todos los actos de la vida civil, requiriéndose para desempeñar cargos públicos, ingresar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, inscribirse en la universidad, ejercitar acciones o derechos ante los tribunales y demás oficinas y autoridades, ejercer ante las autoridades, funcionarios y oficinas públicas cualquiera clase de reclamaciones, solicitudes, peticiones, denuncias o declaraciones, contraer matrimonio o divorciarse, etc.
Como puede apreciarse, quien no dispone de su cédula, en la República Dominicana, no es ciudadano, motivo más que suficiente para que cualquier decisión en torno a la misma se haga con estricto apego al derecho.
A propósito de la resolución administrativa que declaró caducada colectivamente la cédula, los prestigiosos juristas Ossorio y Cabanellas, en su conocido Diccionario de Derecho, definen la caducidad como: “Acción y efecto de caducar; acabarse, extinguirse, perder su efecto o vigor, por cualquier motivo, alguna disposición legal, algún instrumento público o privado o algún acto judicial o extrajudicial. La caducidad se puede producir, entre otros motivos, por la prescripción, por el vencimiento del plazo, por falta de uso, por desaparición del documento”.
La carrera precipitada por el cambio de la cédula, tiene su motivo en que la misma además de servir para la identidad personal se exige como identidad electoral, lo que explica el interés de obligar a todos los ciudadanos y ciudadanas a cambiar sus plásticos antes de las próximas elecciones, con el falso pretexto del vencimiento colectivo de la cédula.
Fue la crisis política derivada de las elecciones generales del año 1990 la que provocó que, a partir del año 1992, la Cédula de Identidad Personal pasara a ser dirigida por la Junta Central Electoral en lugar del Poder Ejecutivo.  Al mismo tiempo fue refundida con el Carné Electoral y convertida en un solo documento denominado Cédula de Identidad y Electoral, que tiene la particularidad de estar regida por tres leyes distintas: La Ley 6125 de Cédula de Identificación Personal, la Ley 55 del Registro Electoral y la Ley 8-92 que la refundió.
Sin embargo, la única vez que se declaró la caducidad colectiva de la cédula fue el 18 de marzo del 1992, en virtud de la Ley 8-92, no de una disposición administrativa. Se hizo, inevitablemente, ante el hecho de que la cédula de identidad personal y el carné electoral quedarían refundidos en un solo documento. Además, se dispuso que el documento tuviera una validez de seis años a partir de la fecha de su expedición, renovable por igual término cuantas veces lo solicitara su portador.
Más adelante, mediante la Ley 26-01 del 9 de enero del 2001, se extendió la vigencia a diez años, venciendo el plástico el día del cumpleaños de su titular, para evitar, como lo establece uno de sus considerandos, el congestionamiento de las oficinas de expedición.
Como puede apreciarse, la caducidad esta determinada en la ley, y conforme al principio de jerarquía normativa, el cual establece la superioridad de la ley y de las normas con rango de ley sobre las normas administrativas, bajo ninguna circunstancia puede ser variada por una decisión administrativa.   Para poder declarar la caducidad de la cédula se debió acudir al legislador para que lo hiciera mediante una ley.
Antes de la Ley 8-92, la cédula se renovaba todos los años, desde el primero de enero hasta el 30 de abril. No obstante, las de quienes no acudían dentro del referido plazo a hacer la renovación, mantenían su plena vigencia, pero recibían una penalidad que consistía en el pago de un recargo de un diez por ciento por cada mes vencido, sin que excediera el cincuenta por ciento del monto del impuesto.
Nadie ha cuestionado la conveniencia ni la facultad que tiene la JCE para cambiar el diseño de la cédula cada vez que lo considere, razonablemente, conveniente. Lo cuestionable es que no se hiciera respetando la fecha de vencimiento de los ciudadanos, como se ha hecho en otro países.
En su informe sobre el proceso de expedición del nuevo plástico al 13 de enero del 2015, el órgano electoral estableció que el total de cédulas vencidas para el año 2014 ascendió a 5,257,147, así como que para el 2015 será de 5,508,932 y para el 2016 de 5,646,949.  Es decir, que reconoció  que al momento de declarar la caducidad se encontraban vigentes alrededor de 2 millones de cédulas, muchas de las cuales establecen, en el propio carné, que vencen en años correspondientes a la próxima década.
Lo anterior refleja que el mismo órgano que le expidió sus cédulas a los ciudadanos y consignó su vigencia, en ese momento conforme a la ley, se la cambió mediante una decisión arbitraría que lesionó la seguridad jurídica.
Sin dudas, en estos casos, se ha vulnerado, además, el principio de irretroactividad, en perjuicio de ciudadanos a los que se les modificó su plazo de vencimiento unilateralmente, mediante un acto posterior de la administración.
Esto quiere decir, que todos los plásticos expedidos después del 15 de enero del 2006, conforme al derecho  mantienen su vigencia más allá de las elecciones del 2016. En consecuencia, sus titulares solo están obligados a cambiarlos cuando hayan caducado de conformidad con la ley. http://acento.com.do/2015/opinion/8213611-la-cedula-y-su-caducidad/

sábado, 17 de enero de 2015

Radhamés Segura califica de exceso de la Junta Central invalidar vieja cédula

SANTO DOMINGO (ene 16). El aspirante a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana Radhamés Segura calificó como un exceso de la Junta Central Electoral inhabilitar la cédula vieja, pero instó a los dominicanos que no tienen el nuevo documento a renovarlo cuanto antes.
Indicó que no se debe justificar la morosidad de la gente para actualizar su cedula de identidad en el tiempo estipulado por la institución responsable, pero que hay que reconocer que no es legal la eliminación de viejo documento.
Expresó que es cierto que la Junta Central Electora dio plazos suficientes para la obtención de la nueva cédula, pero que se excedió en disponer el cierre  casi en medio  de la celebración de las fiestas de año nuevo y los Santos Reyes, lo que creó tensión en muchos ciudadanos dominicanos.
Radhamés Segura habló del tema al ser entrevistado previo a encabezar un encuentro con comunicadores de las provincias del país para intercambiar impresiones con relación a su proyecto a la nominación presidencial por el partido morado.
Dijo que la cédula que no tenga diez años de vigencia no puede ser eliminada según dice la ley y que no es justo apagarle la legalidad a unos dos millones de dominicanos.
En otro orden, Segura sostuvo que los partidos están obligados a ser transparentes y a cuidarse de la corrupción debido a la incidencia de los medios de comunicación ahora reforzados por las redes sociales.
“Exhorto a los dominicanos a seguir esforzándose por exigir transparencia en los procesos que llevan a cabo los partidos políticos y claridad en el manejo de los recursos públicos, a través de los medios de comunicación y todos lo que tengan su alcance” significó el aspirante presidencial
Expresó que los medios contribuyen con sus informaciones a poner en alerta a los políticos para que se manejen con más transparencia ante el país y el mundo.
Reiteró que su proyecto está destinado a encabezar el cambio que se está demandando a los interno del PLD donde la mayoría de su base se siente insatisfecha con los que han manejado los gobiernos de esa organización.
Entiende que la base del PLD se inclinará por quien de más indicios de que va a satisfacer sus intereses.
Indicó que en el PLD todos tienen intereses marcados, que en su caso su finalidad es ser presidente al igual que otros, pero que la base también tienen sus propios anhelo que esperan le sean satisfechos.
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=407471

viernes, 16 de enero de 2015

El gadejo de la nueva cédula - Por CLAUDIO ACOSTA

QUÉ SE DICE 
El gadejo de la nueva cédula 
Por CLAUDIO ACOSTA c.acosta[@]hoy.com.do 14 enero, 2015 2:00 am
Mientras algunos argumentan que la cédula, como documento de identidad de los ciudadanos, no debe caducar nunca, el miembro titular de la JCE, el doctor Eddy Olivares, sostiene que las cédulas de identidad y electoral con menos de diez años en poder de sus portadores no han caducado, porque así lo establece la ley 8-92. Olivares recordó que, al momento de su aprobación, el espíritu de esa ley era evitar, precisamente, que los ciudadanos tuvieran que acudir en forma masiva a renovar el documento, tal y como ocurrió. Es evidente, sin embargo, que ninguno de esos argumentos hubiera servido para convencer al presidente del organismo electoral, el doctor Roberto Rosario, quien desde un principio se cerró a banda y se negó a extender la vida útil de la vieja cédula, a pesar de que carecen del documento cerca de dos millones de ciudadanos, que en lo adelante no podrán, según las reiteradas advertencias del doctor Rosario, realizar ningún tipo de transacción. Por suerte para esos ciudadanos la Asociación de Bancos Comerciales, en un ejercicio de sentido común, autorizó a sus miembros a permitir que sus clientes utilicen la vieja cédula acompañada de un documento adicional vigente para fines de validación de su identidad, y lo propio hizo la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, al instruir a las ARS garantizar las autorizaciones de las prestaciones a los afiliados al sistema de seguridad social sin que el vencimiento de la cédula constituya un obstáculo. Y no serán los únicos. El dejarlo todo para última hora es una cultura que estamos obligados a erradicar si queremos llegar a ser, algun día, un país organizado, pero en el caso de la cédula el presidente de la JCE, por simples ganas de joder, ha escogido el peor de los métodos: fastidiarle la vida, sin ninguna necesidad, a los ciudadanos, con el riesgo de lesionar también, como advirtió el doctor Olivares, su constitucional derecho a elegir y ser elegidos. http://hoy.com.do/el-gadejo-de-la-nueva-cedula/