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miércoles, 17 de diciembre de 2025

Política Senasa y PRM: la confianza no se defiende, se atiende | por Gabriel del Gotto

Política Senasa y PRM: la confianza no se defiende, se atiende

Operación Cobra entró a Senasa sin pedir permiso.

Gabriel del Gotto | 16.12.2025

Gabriel del Gotto

En República Dominicana el prestigio político se parece a una tarjeta de seguro: tú no la miras cuando todo está bien. La buscas cuando la vida aprieta. Por eso Senasa no es una simple oficina: es un pacto doméstico, un sistema nervioso de la gente.

Y de pronto ese pacto se ensucia.

Operación Cobra entró a Senasa sin pedir permiso. Un tribunal impuso 18 meses de prisión preventiva al exdirector Santiago Hazim y a otros imputados, y declaró el caso complejo. Además, según lo presentado en audiencia, tres imputados admitieron sobornos vinculados a funcionarios. En la mente del ciudadano eso no se procesa como tecnicismo: se procesa como desconfianza.

Ahí es donde el PRM recibe el golpe real. No porque el partido sea Senasa, sino porque en política el humo siempre llega al gobierno. El presidente Abinader respondió con su línea institucional: investigación, justicia y recuperación. Instruyó que SeNaSa se constituya en actor civil para recuperar lo robado y afirmó que el caso seguirá hasta el final. Correcto. Pero no basta.

Porque la popularidad no siempre se desploma. A veces se drena. La gente no se pasa a la oposición: se va al “ninguno”. Y ese “ninguno” crece. La encuesta ACD Media de octubre 2025 reportó que 48.1% no simpatiza con ningún partido, mientras el PRM marca 27.8%. En ese clima, un caso como Senasa acelera el cansancio. Y el riesgo es que el año que viene esa desconfianza se convierta en trámite: que el contributivo empiece a irse en silencio.

La salida, entonces, no puede ser solo castigo. Tiene que ser servicio. La solución pasa porque desde hoy SeNaSa funcione mejor que nunca: autorizaciones sin viacrucis, farmacias sin laberintos, respuesta humana, trámites rápidos. Que los estados de cuenta estén al día. Que lleguen programas nuevos que se sientan en la calle, no en notas de prensa.

En salud, la credibilidad no se declama. Se atiende. Y la política, cuando aprende eso, deja de vender relatos y empieza a recuperar confianza.

https://hoy.com.do/opinion/senasa-prm-confianza-defiende-atiende_1070092.html


Comentario Luis Orlando Díaz Vólquez

Confianza, servicio público y gobernanza: El caso SeNaSa y su impacto político

La confianza institucional es uno de los pilares más frágiles en cualquier democracia, especialmente cuando se trata de servicios esenciales como la salud. El reciente escándalo en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), vinculado a la Operación Cobra, ha puesto en evidencia que la credibilidad no se sostiene con discursos ni con tecnicismos judiciales, sino con acciones concretas que devuelvan al ciudadano la sensación de seguridad y eficiencia. Cuando la corrupción toca un sistema que representa protección social, el daño trasciende lo legal: se convierte en una herida en el contrato social.

La respuesta del gobierno ha sido correcta en términos normativos: investigación, sanción y recuperación de lo robado. Sin embargo, la experiencia comparada y la percepción ciudadana demuestran que la justicia, por sí sola, no basta para recomponer la confianza. El verdadero desafío es transformar la crisis en oportunidad para mejorar la calidad del servicio. En salud, la credibilidad se construye en cada trámite, en cada autorización que no se convierte en viacrucis, en cada farmacia que deja de ser un laberinto, en cada programa que se siente en la calle y no solo en comunicados oficiales.

El impacto político de este caso no se traduce necesariamente en un fortalecimiento de la oposición, sino en el crecimiento del “ninguno”, esa categoría que refleja desafección y cansancio. Cuando casi la mitad de la población declara no simpatizar con ningún partido, el riesgo no es solo electoral: es sistémico. La gente no abandona la política para irse a otro color, sino para retirarse del juego, y ese vacío erosiona la legitimidad democrática. Si la confianza no se atiende, la fuga silenciosa de afiliados y contribuyentes puede convertirse en un trámite irreversible.

Por eso, la salida no puede limitarse a la narrativa anticorrupción. Debe incluir una estrategia integral de servicio: procesos transparentes, auditorías externas, digitalización de trámites, programas territoriales verificables y contratos blindados contra la opacidad. La gobernanza efectiva se mide menos por la retórica y más por la experiencia del ciudadano. En salud, como en democracia, la confianza no se defiende: se atiende. Y cuando la política entiende esto, deja de vender relatos y empieza a recuperar legitimidad./


Senasa y PRM: Entre la confianza institucional y la gobernanza democrática

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

El texto de Gabriel del Gotto plantea una tesis central: la confianza en las instituciones públicas no se defiende con discursos, sino con acciones tangibles que garanticen servicio y transparencia. Este argumento se inscribe en una problemática más amplia sobre la relación entre corrupción, legitimidad política y gobernanza en América Latina.

1. La confianza como capital político

Del Gotto utiliza una metáfora poderosa: el prestigio político como una tarjeta de seguro que solo se busca en momentos de crisis. Esta imagen conecta con la teoría del capital social (Putnam, 1993), donde la confianza institucional es un recurso acumulativo que sostiene la estabilidad democrática. Cuando ocurre un escándalo como “Operación Cobra”, ese capital se erosiona, no por tecnicismos jurídicos, sino por percepciones sociales. La corrupción, según estudios del Banco Mundial, no solo afecta la eficiencia administrativa, sino que deslegitima el contrato social.

2. El impacto político: del desgaste al vacío

El autor advierte que la pérdida de confianza no siempre se traduce en un trasvase hacia la oposición, sino en el crecimiento del “ninguno”, categoría que refleja desafección política. Este fenómeno, documentado por el Latinobarómetro, indica que la erosión de credibilidad en los partidos genera apatía electoral y debilitamiento del sistema representativo. El dato citado (48.1% sin simpatía partidaria) es alarmante: sugiere un escenario de fragmentación del voto y riesgo de populismos.

3. La respuesta gubernamental: entre la norma y la praxis

El presidente Abinader adopta una postura institucional: investigación, justicia y recuperación. Sin embargo, Del Gotto señala que esto es insuficiente. Aquí emerge un dilema clásico en la teoría de la gobernanza: ¿es la sanción un mecanismo suficiente para restaurar confianza? La evidencia comparada indica que la percepción ciudadana se repara más con mejoras en la calidad del servicio que con procesos judiciales prolongados (O’Donnell, 1998).

4. Salud y credibilidad: la dimensión del servicio

El artículo concluye con una propuesta pragmática: optimizar la experiencia del usuario en SeNaSa. Esto conecta con el enfoque de accountability horizontal y vertical: la transparencia no solo se ejerce ante órganos de control, sino ante el ciudadano que evalúa la eficiencia del servicio. En términos de políticas públicas, esto implica:

  • Digitalización de trámites para reducir fricciones.
  • Auditorías externas y reportes públicos para reforzar la confianza.
  • Programas visibles en territorio, evitando la comunicación meramente propagandística.

5. Reflexión final

Del Gotto nos recuerda que la credibilidad institucional es un bien frágil y acumulativo. En contextos de alta volatilidad política, la gobernanza efectiva se mide menos por la retórica anticorrupción y más por la capacidad de garantizar derechos básicos sin burocracia ni privilegios. En salud, como en democracia, la confianza se atiende, no se declama.

viernes, 5 de diciembre de 2025

Inspección sorpresa descubrió el desorden que imperaba en Senasa

Inspección sorpresa descubrió el desorden que imperaba en Senasa

Informe preparado por Sisalril reveló una serie de irregularidades que provocaron la salida de Hazim. Investigación. Una comisión detectó borrado de datos y documentos

Nacionales | El Día Digital | 5.12.2025 | Por Edith Febles

Santo Domingo.-El Seguro Nacional de Salud (Senasa) estaba sumido en el desorden. En un caos operativo y organizacional que afectó la estabilidad de la institución y su capacidad de responder a sus compromisos financieros, pero que, al mismo tiempo, prodigó beneficios económicos millonarios a terceros que ahora están siendo investigados por el Ministerio Público.

Un informe de mayo de 2025, elaborado por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) constató en el Senasa: debilidades estructurales, fallas en la gestión de las autorizaciones médicas, carencia de protocolos esenciales en procesos de autorizaciones médicas o de contrataciones, procesos de compras informales, licitaciones cuestionadas, un sistema informático fragmentado, procesos de pagos calculados de forma manual y un trato preferencial a centros privados que, a través de distintas modalidades, accedieron a recursos millonarios de los que muchas veces no rindieron cuentas.

El documento, obtenido bajo el amparo de la Ley 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública, da cuenta de un proceso de inspección, vigilancia y control sobre la ARS Senasa, “motivado por las inconsistencias detectadas en los reportes financieros administrativos remitidos por la institución”.

Desde hacía meses las noticias sobre las operaciones en el Senasa alertaban. Los llamados de atención e incluso los procedimientos de sanción del órgano regulador no obtuvieron resultados. Por aquellos días, nos reveló una fuente, “Senasa obstaculizaba el acceso a los datos requeridos por autoridades de diferentes ámbitos”.

Tras muchas e infructíferas reuniones y solicitudes de datos, un equipo técnico, incluidos algunos miembros del Consejo de la Seguridad Social, llegaron al Senasa y se instaló en las oficinas claves. “Creíamos que estaban dedicados al despacho de las actividades diarias”, dijo un empleado del Senasa bajo reservas de su identidad.


En realidad, y así lo establece el informe, “se realizó una auditoría integral de carácter transversal, que abarcó procesos vinculados a la tecnología de la información, análisis actuarial, aspectos legales, administración financiera y gestión de salud”.

El equipo tuvo acceso a documentación requerida en directo a los responsables de departamentos: “Ellos pedían todo tipo de cosas de nuestros archivos”, comentó uno de los trabajadores.

La inspección incluyó la revisión de documentos, entrevistas al personal, observación de procesos en tiempo real donde los auditores controlaron el sistema informático, lo cual les permitió visibilizar todas las operaciones realizadas. El procedimiento fue crucial. Fue allí donde el órgano supervisor pudo documentar una operación de borrado de datos cuya acción sería parte de una investigación penal por manipulación de datos, según fuentes vinculadas al proceso.

El Senasa opera con tres plataformas informáticas no integradas entre sí, dice el informe. Esta situación “genera fragmentación de los procesos, dificulta la trazabilidad y aumenta los riesgos de errores”.
En contraste, hemos podido documentar la paralización sin motivación clara de un proyecto que tenía años en evolución para dotar a la institución de una solución informática integral.

El informe de la Sisalril establece además que en el Senasa se desarrollaban “procesos de autorización médica fragmentadas y manuales, con fallas en controles automáticos (…) deficiencias de trazabilidad, incluyendo autorizaciones duplicadas y montos autorizados sin límites definidos”.

A juicio de los auditores, el Senasa requería un cambio que implicaba “nuevos protocolos, integración de las plataformas tecnológicas, segregación de las funciones operativas, reglas clínico-administrativas claras e implementación de un sistema de monitoreo”.

En ello, advertían, el Senasa se jugaba la vida: “Es fundamental para fortalecer la transparencia, eficiencia operativa, sostenibilidad institucional y calidad de los servicios”.

Sólo así podrían “garantizar la protección de los derechos de los afiliados, el uso adecuado de los recursos y el cumplimiento de los estándares normativos del sistema dominicano de la seguridad social”.
La investigación culminó el 14 de agosto del presente año.

Tres días después, el domingo 17 de agosto, el presidente de la República, Luis Abinader, destituyó al doctor Santiago Hazim como director. Así terminó la gestión Hazim un día después de cumplir cinco años en el cargo.

Para entonces las anomalías en el Senasa corrían de boca en boca. Varias semanas después, el 13 de septiembre, el presidente dispuso que el director del Sisalril, Miguel Ceara Hatton, y el del Senasa, Edward Guzmán, entregaran a la Procuraduría de la República “un informe que trata graves irregularidades detectadas en Senasa”.

El comunicado fue claro: en el Senasa había indicios de corrupción.
Desde entonces el país espera los resultados de unas indagatorias que, según el Ministerio Público, ya tenía en agenda desde hace un año.

Sin prioridades

— Rastro del dinero
Unas indagatorias que alcanzan el rastro de miles de millones de pesos gastados en programas que no respondían a las prioridades que debió tener la institución conforme a su mandato legal.

Otros hallazgos

—1— Licitaciones
Carencia de protocolos en licitaciones de materiales, insumos y medicamentos de alto costo.
—1— Informalidad
Uso de canales informales como WhatsApp para la gestión de casos clínicos y administrativos.
—1— Retrasos
Retrasos y falta de documentación en la evaluación de pertinencia médica.
—1— Privilegiados
Concentración significativa de pagos a un reducido número de proveedores sin protocolos que aseguren la calidad.

Fuente: https://eldia.com.do/

https://eldia.com.do/inspeccion-sorpresa-descubrio-el-desorden-que-imperaba-en-senasa/
 

jueves, 21 de febrero de 2019

SENASA lanza nuevo plan de salud

NACIONALES POR:  - JUEVES 21 FEBRERO, 2019

SENASA lanza nuevo plan de salud

República Dominicana.-El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) presentó el nuevo plan voluntario de salud SeNaSa Larimar, dirigido a trabajadores independientes y dominicanos que retornen del extranjero o que vive en el exterior y desea proteger a sus familiares en el país.
Durante el acto de presentación, la doctora Mercedes Rodríguez Silver, directora ejecutiva de SeNaSa, expuso “SeNaSa Larimar viene a representar una alternativa que combina buena cobertura a un costo asequible”, al tiempo que agregó que se trata de más de tres mil servicios de salud en cobertura a través de una red de 8 mil prestadores de servicios de salud a nivel nacional.
Rodríguez Silver  también destacó que estas coberturas incluyen procedimientos odontológicos, consultas psicológicas y psiquiátricas, así como la ventaja de que el plan no contempla exclusión por edad.
https://proceso.com.do/2019/02/21/senasa-lanza-nuevo-plan-de-salud/

martes, 5 de febrero de 2019

@NuestraADP denuncia presiones impiden se imparta educación sexual en las escuelas | @XIOMARAGUANTE

ADP denuncia presiones impiden se imparta educación sexual en las escuelas

"A nosotros nos parece que Educación está recibiendo algún nivel de influencia o presión por algunos sectores que entienden que no es pertinente la implementación de la educación sexual", afirmó ante la prensa antes de participar en una reunión en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalri).
Servicios de Acento.com.do - 5 de febrero de 2019
Foto: Acento.com.do/Archivo/Xiomara Guante, presidenta ADP.
Santo Domingo, República Dominicana (EFE).- La presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Xiomara Guante, denunció que el Ministerio de Educación está recibiendo presiones por parte de algunos sectores para que no se imparta educación sexual en las escuelas.
“A nosotros nos parece que Educación está recibiendo algún nivel de influencia o presión por algunos sectores que entienden que no es pertinente la implementación de la educación sexual”, afirmó ante la prensa antes de participar en una reunión en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalri).
En este sentido, conminó a todos los actores interesados, incluidos la Iglesia, grupos contrarios a la medida y al propio Ministerio a que se sienten a dialogar, porque el asunto “tiene que ser abordado de manera responsable” y, en primer lugar, “determinar qué tipo de educación sexual” hace falta impartir.
En cuanto a su visita a la Superintendencia, Guante explicó a la prensa que “hemos venido a demandar que la Sisalril ordene inmediatamente” a la incorporación del 65 % de docentes con edades superiores a los 45 años, a la Administradora de Riesgos de Salud para Maestros (ARS Semma).
“Entendemos que el hecho de que los docentes estén de manera arbitraria en ARS privadas está violando la Ley de Seguridad Social que dice que los empleados públicos tiene que estar en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa)”, afirmó.
Esta solicitud se basa en la sentencia emitida el pasado año por el Tribunal Constitucional que dispone el traslado de empleados públicos a las ARS de SeNaSa y de autogestión, como el Semma.EFE
https://acento.com.do/2019/actualidad/8648537-adp-denuncia-presiones-impiden-se-imparta-educacion-sexual-las-escuelas/

jueves, 5 de noviembre de 2015

Adars considera sentencia TC no anula disposición previa

Adars considera sentencia TC no anula disposición previa

Por 
o.mejia[@]hoy.com.do 
05_11_2015 HOY_JUEVES_051115_ El País7 E
Disposición manda a que empleados públicos pasen a Senasa.
La Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS) consideró q que la sentencia del Tribunal Constitucional en la que ordena que los empleados públicos sean afiliados al Seguro Nacional de Salud (Senasa) no anula una disposición del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que garantiza el derecho a la libre elección de los afiliados.
El presidente de ADARS, José Manuel Vargas, recordó que el TSA dio ganancia de causa a los empleados públicos, los cuales pueden inscribirse en la ARS que quieran.
Apuntó además que la sentencia del TC vulnera los derechos adquiridos de los afiliados, que, en fin, todos aportan a la seguridad social y por ende a la salud.
“No puede ser que los empleados públicos tengan una condición y los privados otra, sobre todo cuando el público también aporta su cuota a la seguridad social y por tanto a la salud”, expresó Vargas.
La sentencia del TC obliga a que los empleados que laboran en instituciones autónomas o descentralizadas pasen al Senasa.
La decisión fue aprobada luego que La Federación Dominicana de Servidores Públicos, la Central Nacional de Trabajadores Autónomos, la Confederación Unión General de Trabajadores Dominicanos y los cabildos de La Caleta y Pueblo Viejo en Azua interpusieran una acción de inconstitucionalidad contra la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) que ordenó el traspaso, acogiéndose a la Ley de Seguridad Social.
Vigente. Vargas recordó que el derecho a la libre elección está garantizado en la leyes del Consumidor y de Competencia, ambas piezas orgánicas que tienen un rango superior a la Ley sobre Seguridad Social.
Expresó además que el respeto a los derechos adquiridos y la libertad de escogencia está establecido en la Constitución.
“Entendemos que las dos sentencias están vigentes y eso no va alterar el derecho de los empleados públicos a estar donde entiendan deben estar en función de ese derecho a la libre elección”, expresó Vargas.
Dijo que en el caso de la sentencia del TSA adquirió el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada.
Afirmó que muchos empleados públicos están afiliados a ARS privadas y seguirán allí porque entienden les puedan dar mejores servicios.
Sisalril. En tanto la Sisalril informó que tan pronto le sea notificada la sentencia del TC, adoptará las medidas que corresponda para el cumplimiento de la Ley 87-01 en este aspecto.
Recordó que su eje central es la la defensa del derecho a la salud de la ciudadanía y la sostenibilidad financiera del sistema.
ZOOM
Un debate
El titular de la Sisalril, Pedro Luis Castellano, afirmó que la sentencia del TC cierra un debate de más de 10 años en el Sistema de Seguridad Social acerca de la Constitucionalidad del artículo 31 de la Ley 87-091, el cual establece cuáles sectores de la población deben ser afiliados en el Senasa, en el régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud. Llamó a su cumplimiento porque es una obligación institucional. http://hoy.com.do/adars-considera-sentencia-tc-no-anula-disposicion-previa/ 
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Senasa y funcionarios irresponsables

Senasa y funcionarios irresponsables

Bajo la sombrillita detestable de la “libre elección”, la mayoría de las instituciones públicas sigue de espaldas al Seguro Nacional de Salud (Senasa). El alegato que justifica tal inercia es tan eufemístico como irresponsable y criminal. Se trata del mayor atentado contra el derecho a la salud de millones de descamisados. Imperdonable; mas, el silencio truena.
"El Senasa es defendible. Como pocas instituciones públicas, tiene una historia de eficiencia y eficacia en sus servicios. Y no negocia con la salud de la gente".
Un crimen así debió provocar ya una oleada nacional de protestas hasta que los ejecutivos indolentes de las instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado sean mandados a freír tusas a sus casas. Porque tal indiferencia solo tiene un nombre: complicidad, corrupción y hasta incredulidad injustificable en el sector público donde ellos se enriquecen con salarios súper lujosos y un millón de beneficios colaterales.
Pero de ese susto no muero. Cuestión tan vital no despierta morbo, ni es materia prima mediática. Y, como si fuese poco, arrastra una cadena de intereses corporativos más larga que un cometa.
El derecho a la elección de los servicios de salud, esgrimido en los tribunales por las ARS privadas, solo aplica en realidad para el seguro estatal. Medio millón de personas se ha inscrito en su Régimen Contributivo (548,748) sin que nadie le haya puesto la punta de un fusil en la sien. En las empresas privadas –incluidas universidades–, en cambio, el seguro del empleado va con el nombramiento, sin apelación, aunque sea un fiasco de esos que abundan como yerba mala desde que repartieron maliciosamente la masa del pastel de la Seguridad Social. Es decir, desde que fuñeron a los más pobres.
Si los gerentes de los poderes del Estado tuvieran voluntad y les doliera lo público, habrían capeado ya la bulla jurídica que ha impedido la afiliación de 400 mil empleados públicos al Contributivo (RC) del Senasa. Porque brechas hay; lo que faltan son buenos sentimientos y solidaridad.
La institución estatal ha pasado la meta de los 3 millones de afiliados de “hijos de Machepa” en el Régimen Subsidiado. Mismos que repelen las empresas de salud privadas porque hieden a pobreza. El fortalecimiento del RC es fundamental para mantener a la caterva de indigentes que carece de dinero, pero que tiene derecho al acceso a un seguro de salud. 
Quien no entienda esto, o no le dé la gana de entenderlo porque anda de negocio en negocio o vive en su burbuja de bienestar, no debería estar ni cerca de una institución estatal. Allí debe de haber gente que crea y le duela lo público. No enemigos, y menos criminales. 
El Senasa es defendible. Como pocas instituciones públicas, tiene una historia de eficiencia y eficacia en sus servicios. Y no negocia con la salud de la gente.
El presidente Danilo Medina puede romper el hielo.
http://www.7dias.com.do/opiniones/2015/10/27/i199279_senasa-funcionarios-irresponsables.html#.Vjs2cNIvfcs 

Con mis ojos

Mirada a una situación social por la construcción de ciudadanía, el desarrollo institucional y el bienestar general. Respeto extremo al derecho a la intimidad y el buen nombre de las personas. Huye a las rutinas opinativas, a los ruidos mediáticos. Rehúye al sensacionalismo. Consciente de que la asepsia ideológica no existe, promueve el disenso, la crítica constructiva, sin descalificaciones.

Sobre el autor

Periodista. Profesor en la Escuela de Comunicación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la que dirigió durante seis años y donde imparte docencia desde hace veinte años. También ha sido profesor en Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y en la Universidad Católica de Santo Domingo.

jueves, 27 de agosto de 2015

SISALRIL considera traspaso a SENASA mejorará mucho la atención de salud de los policías y sus familiares



SISALRIL considera traspaso a SENASA mejorará mucho la atención de salud de los policías y sus familiares
27 de  agosto de 15. Santo Domingo 
El Superintendente de Salud y Riesgos Laborales valoró como un gran paso en favor de la salud de los Policías y sus familiares dependientes el acuerdo para su  traspaso a la ARS SENASA.
“Se trata de mejorar la atención de salud de los Policías y sus familiares dependientes, dijo el doctor Pedro Luís Castellanos, y agregó que “los Policías merecen que se amplíe la calidad y la red de los servicios de salud en los que pueden ser atendidos.
Expresó que en ningún caso se disminuirán las prestaciones actuales y que por el contrario éstas aumentarán considerablemente, ya que tendrán acceso a una red  de Prestadores de Servicios de Salud más amplia, tanto en cantidad como en distribución geográfica.
La ARS PN tiene una red limitada de prestadores de servicios de salud; en cambio SENASA cuenta con una amplia red de 5,320 establecimientos y prestadores de servicios privados de salud distribuidos en todas las provincias del país.
Además cuenta a con más de 1,600 establecimientos de salud públicos, entre hospitales y centros de atención primaria; así como los centros hospitalarios de autogestión, entre ellos  CEDIMAT, la Plaza de la Salud, CECANOT, y otros de alta calidad y prestigio.  “Es sin duda una de las más amplias redes de servicios entre todas las ARS”, sostuvo el Superintendente.
De acuerdo a las informaciones estadísticas, de los casi 30,000 miembros activos del personal de la Policía Nacional, solamente 1,530 han sido afiliados a la ARS PN y menos de 8,000 aparecen registrados en otra ARS; es decir que más del 90% de este personal activo, no está incorporado al sistema de seguros de salud. 
“Con la  incorporación plena de los miembros de la Policía Nacional al Seguro Familiar de Salud se les reconoce un derecho, tanto a ellos como a sus dependientes; además de que tendrán acceso al Seguro de Riesgos Laborales y a los subsidios tanto por accidentes y enfermedades laborales como por enfermedad común, maternidad y lactancia.
El  hospital de la Policía Nacional y sus otros establecimientos ya han sido contratados por SENASA como prestadores; e inclusive, si lo desean, podrían ofertar servicios a otras ARS del sistema, con lo que  al aumentar los recursos que reciben podrán mejorar sus servicios.
Quienes se han manifestado en contra del traspaso d estos servidores públicos, tal vez no disponen de suficiente información, o tienen razones de índole personal que no deberían anteponerse a la mejora de las atenciones de salud de los Policías y sus familiares.
La SISALRIL ha estado apoyando técnicamente y acompañando estrechamente el proceso de traspaso, para asegurar que se preservan o amplían los derechos de los afiliados, explicó Castellanos.
Igualmente sabemos que la Superintendencia de Pensiones trabaja conjuntamente con las autoridades de la Policía Nacional para asegurar que al incorporarse plenamente al Sistema de Seguridad Social se preservará o mejorará su actual previsión social.