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jueves, 5 de febrero de 2026

Tribunal ratifica la prisión preventiva a Santiago Hazim y a otros seis acusados en el caso Senasa

Tribunal ratifica la prisión preventiva a Santiago Hazim y a otros seis acusados en el caso Senasa

Los imputados tienen 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción

| 4 min de lectura
 audiencia en la Corte de Apelación del Distrito Nacional el jueves 5 de febrero de 2025. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)
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La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó la madrugada de este jueves la apelación presentada por Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), y otros seis imputados por presunta corrupción administrativa, por lo que continuarán cumpliendo prisión preventiva.

Todos cumplen 18 meses de prisión preventiva por su presunta participación en el alegado fraude a la ARS estatal, estimado por el Ministerio Público en más de 15,900 millones de pesos.

"Por vía de consecuencia confirma en todas sus partes la resolución impugnada que impuso la medida de coerción consistente en prisión preventiva por un espacio de 18 meses contra los imputados indicados", dice la sentencia que fue leída al concluir la audiencia, a las 12:23 a.m.

El tribunal estuvo presidido por la magistrada Isis Muñoz e integrado por los jueces Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, quienes determinaron que no han variado los motivos que dieron origen a la decisión adoptada previamentepor el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional. 

Al analizar el peligro de fuga, la corte sostuvo que el juez debe valorar no solo el arraigo de los imputados, sino también la gravedad de los hechos, la pena aplicable y el daño causado al Estado, en consonancia con el principio de igualdad ante la ley.

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  • En ese sentido, el tribunal confirmó íntegramente la resolución que impone prisión preventiva a los acusados. 

Administración de justicia

A su salida del tribunal, el abogado Surún Hernández calificó el fallo como "contrario a los intereses de la administración de justicia", tras mantenerse las medidas de coerción contra los imputados Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read, quienes continúan bajo arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica. Interpuso un recurso con el objetivo de que los imputados fueran enviados a prisión preventiva como los otros imputados.

El abogado sostuvo que la decisión favorece la impunidad de tres empresarios que, según afirmó, habrían recibido de manera conjunta alrededor de 16,000 millones de pesos en el presunto entramado de corrupción.

"Se refuerza la percepción de que existen vacas sagradas en la República Dominicana por su poder económico y político", manifestó.

Anunció que recurrirá la decisión ante la Suprema Corte de Justicia, al considerar que el fallo es "inconstitucional y abusivo", por limitar —según explicó— el derecho de la víctima a recurrir en apelación y a solicitar prisión preventiva contra los principales beneficiarios del proceso.

Sobre el caso

Según el Ministerio Público, la estructura operó entre 2020 y 2025 y habría defraudado al Estado por un monto superior a los 15,900 millones de pesos dentro del sistema público de riesgos de salud.

Los imputados enfrentan cargos por coalición de funcionarios y prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, sobornos, lavado de activos, así como falsificación y uso de documentos falsos.

Los acusados

Además de Hazim, están acusados de las irregularidades financieras en el seguro estatal Rafael Luis Martínez Hazim, Speakler Mateo, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma Ubiera.

En tanto que a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y al empresario Eduardo Read Estrella se les impuso arresto domiciliario, impedimento de salida del país y una garantía económica de un millón de pesos.

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Es un periodista apasionado por el mundo digital y ha ejercido la profesión en varios medios del país.

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miércoles, 17 de diciembre de 2025

Política Senasa y PRM: la confianza no se defiende, se atiende | por Gabriel del Gotto

Política Senasa y PRM: la confianza no se defiende, se atiende

Operación Cobra entró a Senasa sin pedir permiso.

Gabriel del Gotto | 16.12.2025

Gabriel del Gotto

En República Dominicana el prestigio político se parece a una tarjeta de seguro: tú no la miras cuando todo está bien. La buscas cuando la vida aprieta. Por eso Senasa no es una simple oficina: es un pacto doméstico, un sistema nervioso de la gente.

Y de pronto ese pacto se ensucia.

Operación Cobra entró a Senasa sin pedir permiso. Un tribunal impuso 18 meses de prisión preventiva al exdirector Santiago Hazim y a otros imputados, y declaró el caso complejo. Además, según lo presentado en audiencia, tres imputados admitieron sobornos vinculados a funcionarios. En la mente del ciudadano eso no se procesa como tecnicismo: se procesa como desconfianza.

Ahí es donde el PRM recibe el golpe real. No porque el partido sea Senasa, sino porque en política el humo siempre llega al gobierno. El presidente Abinader respondió con su línea institucional: investigación, justicia y recuperación. Instruyó que SeNaSa se constituya en actor civil para recuperar lo robado y afirmó que el caso seguirá hasta el final. Correcto. Pero no basta.

Porque la popularidad no siempre se desploma. A veces se drena. La gente no se pasa a la oposición: se va al “ninguno”. Y ese “ninguno” crece. La encuesta ACD Media de octubre 2025 reportó que 48.1% no simpatiza con ningún partido, mientras el PRM marca 27.8%. En ese clima, un caso como Senasa acelera el cansancio. Y el riesgo es que el año que viene esa desconfianza se convierta en trámite: que el contributivo empiece a irse en silencio.

La salida, entonces, no puede ser solo castigo. Tiene que ser servicio. La solución pasa porque desde hoy SeNaSa funcione mejor que nunca: autorizaciones sin viacrucis, farmacias sin laberintos, respuesta humana, trámites rápidos. Que los estados de cuenta estén al día. Que lleguen programas nuevos que se sientan en la calle, no en notas de prensa.

En salud, la credibilidad no se declama. Se atiende. Y la política, cuando aprende eso, deja de vender relatos y empieza a recuperar confianza.

https://hoy.com.do/opinion/senasa-prm-confianza-defiende-atiende_1070092.html

Comentario Luis Orlando Díaz Vólquez

Confianza, servicio público y gobernanza: El caso SeNaSa y su impacto político

La confianza institucional es uno de los pilares más frágiles en cualquier democracia, especialmente cuando se trata de servicios esenciales como la salud. El reciente escándalo en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), vinculado a la Operación Cobra, ha puesto en evidencia que la credibilidad no se sostiene con discursos ni con tecnicismos judiciales, sino con acciones concretas que devuelvan al ciudadano la sensación de seguridad y eficiencia. Cuando la corrupción toca un sistema que representa protección social, el daño trasciende lo legal: se convierte en una herida en el contrato social.

La respuesta del gobierno ha sido correcta en términos normativos: investigación, sanción y recuperación de lo robado. Sin embargo, la experiencia comparada y la percepción ciudadana demuestran que la justicia, por sí sola, no basta para recomponer la confianza. El verdadero desafío es transformar la crisis en oportunidad para mejorar la calidad del servicio. En salud, la credibilidad se construye en cada trámite, en cada autorización que no se convierte en viacrucis, en cada farmacia que deja de ser un laberinto, en cada programa que se siente en la calle y no solo en comunicados oficiales.

El impacto político de este caso no se traduce necesariamente en un fortalecimiento de la oposición, sino en el crecimiento del “ninguno”, esa categoría que refleja desafección y cansancio. Cuando casi la mitad de la población declara no simpatizar con ningún partido, el riesgo no es solo electoral: es sistémico. La gente no abandona la política para irse a otro color, sino para retirarse del juego, y ese vacío erosiona la legitimidad democrática. Si la confianza no se atiende, la fuga silenciosa de afiliados y contribuyentes puede convertirse en un trámite irreversible.

Por eso, la salida no puede limitarse a la narrativa anticorrupción. Debe incluir una estrategia integral de servicio: procesos transparentes, auditorías externas, digitalización de trámites, programas territoriales verificables y contratos blindados contra la opacidad. La gobernanza efectiva se mide menos por la retórica y más por la experiencia del ciudadano. En salud, como en democracia, la confianza no se defiende: se atiende. Y cuando la política entiende esto, deja de vender relatos y empieza a recuperar legitimidad./

Senasa y PRM: Entre la confianza institucional y la gobernanza democrática

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

El texto de Gabriel del Gotto plantea una tesis central: la confianza en las instituciones públicas no se defiende con discursos, sino con acciones tangibles que garanticen servicio y transparencia. Este argumento se inscribe en una problemática más amplia sobre la relación entre corrupción, legitimidad política y gobernanza en América Latina.

1. La confianza como capital político

Del Gotto utiliza una metáfora poderosa: el prestigio político como una tarjeta de seguro que solo se busca en momentos de crisis. Esta imagen conecta con la teoría del capital social (Putnam, 1993), donde la confianza institucional es un recurso acumulativo que sostiene la estabilidad democrática. Cuando ocurre un escándalo como “Operación Cobra”, ese capital se erosiona, no por tecnicismos jurídicos, sino por percepciones sociales. La corrupción, según estudios del Banco Mundial, no solo afecta la eficiencia administrativa, sino que deslegitima el contrato social.

2. El impacto político: del desgaste al vacío

El autor advierte que la pérdida de confianza no siempre se traduce en un trasvase hacia la oposición, sino en el crecimiento del “ninguno”, categoría que refleja desafección política. Este fenómeno, documentado por el Latinobarómetro, indica que la erosión de credibilidad en los partidos genera apatía electoral y debilitamiento del sistema representativo. El dato citado (48.1% sin simpatía partidaria) es alarmante: sugiere un escenario de fragmentación del voto y riesgo de populismos.

3. La respuesta gubernamental: entre la norma y la praxis

El presidente Abinader adopta una postura institucional: investigación, justicia y recuperación. Sin embargo, Del Gotto señala que esto es insuficiente. Aquí emerge un dilema clásico en la teoría de la gobernanza: ¿es la sanción un mecanismo suficiente para restaurar confianza? La evidencia comparada indica que la percepción ciudadana se repara más con mejoras en la calidad del servicio que con procesos judiciales prolongados (O’Donnell, 1998).

4. Salud y credibilidad: la dimensión del servicio

El artículo concluye con una propuesta pragmática: optimizar la experiencia del usuario en SeNaSa. Esto conecta con el enfoque de accountability horizontal y vertical: la transparencia no solo se ejerce ante órganos de control, sino ante el ciudadano que evalúa la eficiencia del servicio. En términos de políticas públicas, esto implica:

  • Digitalización de trámites para reducir fricciones.
  • Auditorías externas y reportes públicos para reforzar la confianza.
  • Programas visibles en territorio, evitando la comunicación meramente propagandística.

5. Reflexión final

Del Gotto nos recuerda que la credibilidad institucional es un bien frágil y acumulativo. En contextos de alta volatilidad política, la gobernanza efectiva se mide menos por la retórica anticorrupción y más por la capacidad de garantizar derechos básicos sin burocracia ni privilegios. En salud, como en democracia, la confianza se atiende, no se declama.

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OPINIÓN | Justicia independiente y salud pública: un golpe a la impunidad que protege a millones | Por Luis Orlando Díaz Vólquez

OPINIÓN
Justicia independiente y salud pública: un golpe a la impunidad que protege a millones

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

La noche del 14 de diciembre de 2025, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó 18 meses de prisión preventiva contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, y otros seis imputados. Además, declaró el caso de tramitación compleja y otorgó arresto domiciliario a tres colaboradores. Esta decisión es trascendental por dos motivos: primero, porque responde a un expediente que el Ministerio Público vincula con irregularidades superiores a RD$15,000 millones; segundo, porque el tribunal sustentó su fallo en evidencias sólidas y en la cooperación de algunos encartados, lo que justificó la diferenciación de medidas.

Este paso institucional no solo combate la corrupción administrativa: protege el derecho a la salud de más de siete millones de dominicanos afiliados a SeNaSa. El expediente “Operación Cobra”, liderado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), envía un mensaje inequívoco: la defensa del erario en el sector salud debe ser política de Estado, sin importar nombres ni militancias. El Poder Ejecutivo ha instruido a SeNaSa a constituirse en actor civil para recuperar “hasta el último peso robado”, una señal clara de compromiso institucional.

Lo ocurrido este fin de semana no pasó desapercibido. Organizaciones civiles se concentraron pacíficamente frente al Palacio de Justicia para exigir sanciones ejemplares. Estas manifestaciones confirman que la sociedad dominicana ya no tolera la corrupción y reclama respuestas firmes. El propio director de Persecución calificó la decisión como “histórica”, destacando el carácter cruel y extremadamente grave de los hechos, comparables a una “locura colectiva” por el daño a la confianza pública y a millones de afiliados.

Decir que “triunfó la justicia independiente” no es celebrar una victoria contra alguien, sino afirmar que las reglas del juego se cumplen: investigación, control judicial y medidas proporcionales. La prisión preventiva es una medida de coerción, no una condena. La calificación de caso complejo amplía plazos y herramientas de investigación; el tribunal otorgó ocho meses al Ministerio Público para presentar acusación o solicitar archivo, con revisión de medidas fijada para marzo. Este recordatorio es crucial para evitar el linchamiento mediático o la euforia punitiva. La ética del Estado de derecho exige que la verdad procesal se construya en audiencias, con pruebas documentales, testimoniales y periciales (más de 138 piezas, según el MP), y que cada imputado responda por lo que el tribunal pruebe y no por lo que la calle grite.

Que hoy digamos “triunfó la justicia independiente” obliga a mantener el listón alto en las próximas fases: transparencia probatoria y respeto al debido proceso; rendición de cuentas con recuperación de activos; protección de testigos y colaboradores; y comunicación institucional sobria. La justicia habla por sentencias y actos procesales; el poder político debe respaldar sin presionar.

En agosto de 2024, Abinader presentó un proyecto de reforma constitucional con cuatro ejes fundamentales, incluyendo fortalecer la independencia del Ministerio Público. Esto implicó que el Procurador General de la República dejara de ser nombrado directamente por el presidente y pasara a ser designado por el Consejo Nacional de la Magistratura, con inamovilidad durante el período presidencial y solo removible mediante juicio político. 

Por primera vez en la historia reciente, un gobierno dominicano permite que altos funcionarios vinculados a su propia administración sean sometidos a la justicia sin interferencias, lo que se interpreta como un golpe a la impunidad y un avance hacia la consolidación del Estado de derecho.

Este logro se conecta directamente con dos factores: la independencia del Ministerio Público, garantizada por la reforma constitucional impulsada en 2024, y la decisión judicial contra el exdirector de SeNaSa y otros imputados por un presunto desfalco millonario, que marca un precedente histórico: el sistema judicial actúa sin privilegios, enviando un mensaje claro de que la ley se aplica a todos.

La justicia independiente ha dado un paso firme, pero la verdadera victoria será cuando cada peso recuperado se reinvierta en salud y bienestar para los afiliados de SeNaSa. Que este precedente se traduzca en reformas que blinden los fondos sanitarios contra la corrupción: auditorías permanentes, trazabilidad digital y sanciones ejemplares. La ciudadanía ya dio su veredicto social: no más privilegios ni dilaciones cuando se trate de fondos de la salud. Que las instituciones respondan a esa altura —sin estridencias, sin venganzas— será la mejor prueba de que la independencia judicial no es un lema, sino una realidad en marcha.

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Triunfó la justicia independiente.
El caso “Operación Cobra” marca un precedente histórico: por primera vez, altos funcionarios enfrentan la justicia sin privilegios. Más de RD$15,000 millones en riesgo y 7 millones de afiliados a SeNaSa merecen transparencia.
La verdadera victoria será recuperar cada peso y blindar los fondos de salud contra la corrupción.
#JusticiaIndependiente #Transparencia #SaludPública 
Tengo amigos no cómplices. El que la hace la paga.
#CeroImpunidad con @luisabinader 🙌🏼

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martes, 16 de diciembre de 2025

Editorial | “Operación Cobra”: un parteaguas para la justicia y la salud pública en República Dominicana

Editorial | “Operación Cobra”: un parteaguas para la justicia y la salud pública en República Dominicana


Por primera vez, altos funcionarios enfrentan la justicia sin privilegios. La puesta en marcha de la Operación Cobra por parte del Ministerio Público marcó un hito institucional: 12 allanamientos ejecutados por 25 fiscales y más de 200 agentes, con arrestos de la alta dirección de SeNaSa y otros implicados, y la promesa expresa de recuperar cada peso desviado del patrimonio público. La señal es inequívoca: el sistema de salud es un bien colectivo y el Estado no tolerará que se lo trate como caja de recaudación política ni como botín administrativo. [pgr.gob.do], [diariolibre.com]

La cifra que estremece: más de RD$15,000 millones en riesgo
El expediente del Ministerio Público detalla un esquema sistemático de fraude administrativo, falsificación documental y lavado de activos que habría drenado las Reservas Técnicas del asegurador estatal. Las estimaciones del perjuicio rondan RD$15,000–RD$15,900 millones, una magnitud que, de confirmarse, convierte este caso en uno de los más graves del sector salud. [robertocavada.com], [diariolibre.com]

El impacto humano: 7+ millones de afiliados merecen transparencia
No son solo números: más de siete millones de afiliados dependen de SeNaSa para medicamentos, cirugías, diagnósticos y atenciones de alto costo. Cada peso desviado es una cita médica cancelada, un tratamiento demorado, una vida en incertidumbre. La propia institución ha reportado niveles de afiliación superiores a los 7 millones (incluso 7.6 millones en algunas comunicaciones de 2025), lo que subraya la responsabilidad pública involucrada. [elcaribe.com.do], [emnoticiasrd.com]

Justicia independiente, sin privilegios
La narrativa oficial del Ministerio Público ha sido clara: sanción penal y recuperación de activos. La posición de la Procuraduría —de que “Operación Cobra llegará hasta el final” y “cada peso sustraído debe retornar al Estado”— sintoniza con el mandato constitucional de proteger el derecho a la salud y fortalece la confianza ciudadana en que la justicia puede ser verdaderamente independiente, incluso cuando los señalados ocupan las más altas instancias. [pgr.gob.do], [diariolibre.com]

La verdadera victoria: blindar el sistema
La consecuencia histórica no debe limitarse al castigo ejemplar. El desafío es reconstruir y blindar el sistema para que no vuelva a ocurrir. Propuestas concretas:

Auditorías forenses y publicación trimestral de los estados de reservas y cuentas por pagar, con trazabilidad por programa y centro de prestación. [diariolibre.com]
Gobernanza clínica y financiera: eliminar comités ad‑hoc sin base jurídica, fortalecer comités regulados y exigir segregación de funciones, doble firma y registro digital de cada decisión de habilitación/contratación. [diariolibre.com]
Listas de prestadores y procedimientos con verificación cruzada (SISALRIL, DGII, Contraloría/Cámara de Cuentas) y control de identidad de pacientes para evitar procedimientos fantasma. [diariodigitalrd.com]
Recuperación de activos: acción civil coordinada para embargo y decomiso, rastreo de empresas de carpeta y triangulación bancaria detectadas en la investigación. [diariolibre.com]
Alertas tempranas: tableros de riesgo con indicadores de desviaciones contables, picos de facturación por patología/proveedor y anomalías de siniestralidad, auditados externamente. [diariolibre.com]

Precedente y responsabilidad
El valor histórico del caso —funcionarios de alto nivel sin privilegios procesales— es un precedente necesario. Pero el Estado debe demostrar que la respuesta no es solo reactiva: se requiere prevención permanente. La justicia independiente se prueba dos veces: cuando investiga sin mirar nombres y cuando construye controles que hacen innecesarias futuras redadas.

Cero impunidad, con enfoque en el bien público
La consigna es simple y contundente: “El que la hace la paga”. Pero la verdadera victoria, como bien se ha dicho, será recuperar cada peso y blindar los fondos de salud contra la corrupción. Eso honra a los 7+ millones de afiliados y reafirma que la salud no se negocia. [pgr.gob.do], [elcaribe.com.do]

#JusticiaIndependiente #Transparencia #SaludPública #CeroImpunidad
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