Guillermo Moreno
La JCE en su laberinto
Por tanto, no fue por ignorancia que la JCE decidió mantener en forma predominante el voto de arrastre, sino por la complicidad de algunos de los miembros del pleno con el partido oficial y por la falta de carácter de otros para resistir la presión política y para imponer el respeto de la legalidad electoral.
13 / 05 / 2019, 12:00 AM
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La JCE en su laberinto
Por tanto, no fue por ignorancia que la JCE decidió mantener en forma predominante el voto de arrastre, sino por la complicidad de algunos de los miembros del pleno con el partido oficial y por la falta de carácter de otros para resistir la presión política y para imponer el respeto de la legalidad electoral.13 / 05 / 2019, 12:00 AM
Lo peor que le puede pasar a una autoridad o a una institución es pretender ser lo que todo el mundo se da cuenta que no es. Ese es el caso de la Junta Central Electoral. La junta quiere presentarse y convencernos de que es independiente y que “no recibe presión de nadie”, y sin embargo sus hechos reiterados ponen en evidencia que cada vez más se somete a los designios e intereses del partido gobernante.
El caso más reciente y palpable es la ya conocida decisión del pleno sobre el voto de arrastre. Es sabido que los integrantes de ese órgano al momento de decidir estaban conscientes de que su resolución era contraria a la Constitución de la República que consagra de modo expreso, entre otros atributos, que el voto debe ser libre y directo.
¿Puede alguien creer que los miembros del pleno de la JCE no se daban cuenta de que el voto de arrastre es contrario al ejercicio de un voto libre? ¿Puede ser libre el voto que ejerce un ciudadano si al margen de su voluntad se le contabiliza a un senador por el que él no votó? ¿Quién va a creer que los miembros del pleno de la JCE no se percataron de que el voto de arrastre es manifiestamente contrario al carácter directo del voto, tal como dispone la Constitución?
La verdad cruda es que los miembros del pleno tomaron su decisión con plena conciencia de que al instituir dos modalidades distintas para las elecciones de senadores y diputados, estaban violando no solo el principio de igualdad sino además quebrando el carácter unitario en todo el territorio nacional del ordenamiento jurídico, en este caso, en materia electoral.
Los integrantes del pleno de la JCE conocen muy bien que al consagrar en su resolución este sistema dual de votación, creaban un privilegio a favor de aquellos ciudadanos que pueden votar y elegir de forma directa al senador, al tiempo que resulta discriminatoria para todos aquellos que se ven privados de votar de forma directa por el senador de su preferencia.
La mejor evidencia de la conciencia que tenía el pleno de su decisión es que la presentó a la opinión pública de forma engañosa y simulando haber hecho lo contrario a lo que decidió. En su comunicación la JCE expresa haber decidido la elección de senadores y diputados por el voto directo en 26 provincias y que “excepcionalmente” se mantiene el voto de arrastre en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Vega y Puerto Plata. Solo al analizar en detalle la decisión es que descubrimos que las 6 demarcaciones donde regirá el voto de arrastre representan el 58.8% de los votantes del padrón electoral y en ellas se eligen 102 diputados mientras las 26 provincias restantes solo tienen 76 diputados. Estamos ante el extraño caso en que la excepción es mayor que la regla.
Por tanto, no fue por ignorancia que la JCE decidió mantener en forma predominante el voto de arrastre, sino por la complicidad de algunos de los miembros del pleno con el partido oficial y por la falta de carácter de otros para resistir la presión política y para imponer el respeto de la legalidad electoral.
Esta decisión se suma a otras adoptadas por la Junta o a conductas violatorias de la ley permitidas por el órgano electoral y que van en la dirección de favorecer al partido gobernante.
La primera mala señal de los miembros del Pleno de la JCE fue la actitud pusilánime que asumió ante el engaño de los scanners por la empresa Indra y los responsables de su compra. Lo segundo fue voltear la cara frente a la campaña de promoción de los precandidatos del peledé en vallas colocadas en autopistas y avenidas en todo el país, y en los medios de comunicación, a pesar de la prohibición de la ley. De igual forma la JCE no ha dicho esta boca es mía frente a la descarada campaña de promoción del presidente Danilo Medina a pesar de la prohibición de la Constitución de la reelección. La misma actitud adopta frente a las decenas de actos proselitistas públicos que semana tras semana realizan los precandidatos del peledé.
Pero hay más: en la reunión del pleno del pasado jueves 2, partidos de oposición denunciaron la falta de equilibrio en la composición de las juntas electorales municipales. Afirmaron que se había irrespetado, en muchos casos, el consenso previamente acordado con los partidos para su conformación y, además, la presencia entre los propuestos para integrarlas de centenares de activistas del peledé, funcionarios y “botellas” del Gobierno.
Esta JCE, cada vez más, pierde la confianza de la ciudadanía y así quedó demostrado en la última encuesta Gallup-Hoy en que un 55 % de los entrevistados le atribuye poca credibilidad para organizar las elecciones. Es necesario hacer notar que esa consulta se realizó antes de que el pleno emitiera su inconstitucional decisión sobre el arrastre a favor de una parte de los senadores.
Ante esta realidad, solo la movilización y presión ciudadana y de la opinión pública sobre el órgano electoral puede crear el contrapeso político necesario para garantizar elecciones limpias, justas y legales. Si no actuamos desde ahora estamos expuestos a una repetición agravada de la traumática experiencia del proceso electoral de 2016.
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