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| Punto de mira. (Foto: Fuente externa) |
Las áreas protegidas darán mucho de qué hablar en 2019
Todo indica que las áreas protegidas darán mucho de qué hablar a todo lo largo de 2019, a juzgar por las denuncias y debates que se vienen suscitando a propósito de su protección efectiva.
El movimiento ambiental, que había tenido un cierto declive en sus iniciativas, parece haberse renovado y ha retomado nuevos bríos de cara a un ministerio de Medio Ambiente que no está demostrando una clara determinación de cumplir con las responsabilidades que tiene asignadas.
Desde hace algún tiempo se vienen elevando voces en el país denunciando el desamparo en que se encuentran áreas vitales y cómo estas han venido siendo depredadas con complicidad oficial.
La situación llegó a un punto tal que, durante la gestión del anterior ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, este se vio precisado a definir un plan de acción para el rescate del parque nacional Juan Bautista Perez Rancier, o de Valle Nuevo, lo que oficializó mediante resolución dictada en septiembre de 2016.
Esta resolución prohibió “terminantemente” las actividades agrícolas y pecuarias en las áreas protegidas y fijó en 120 días el plazo dentro del cual debían ser realizadas las cosechas y desmantelados infraestructuras y equipos.
Con lentitud y concesiones, avances y retrocesos, se fue dando cumplimiento al plan hasta que éste fue frenado con el cambio de ministro de Medio Ambiente.
A partir de mayo de 2018, al asumir Ángel Estévez la conducción del ministerio, se produjo un giro ostensible en la orientación de esta dependencia oficial responsable del cuidado ambiental.
El discurso de las autoridades dejó de ser el de la protección de las áreas protegidas y los recursos naturales, asumiendo prácticamente una línea de justificación de las actividades productivas en las áreas vedadas.
De entonces a la fecha no han cesado las denuncias del movimiento ambiental, dirigentes sociales y políticos y medios de comunicación acerca de los graves daños infligidos a la naturaleza de parte de productores que actúan ilegalmente dentro de las áreas protegidas.
Uno de los casos más sonados ha sido el de la plantación de aguacates y la siembra de cebollas y papas, así como la construcción de caminos con recursos del Estado y bajo protección oficial, en el área protegida de la Sierra de Bahoruco.
En este caso, ha habido denuncias concordantes que señalan como responsables de las acciones ilegales personas cercanas a muy altos funcionarios de la nación y protegidas por éstos.
A inicios de este año las cosas han llegado mucho más lejos, con un fallo del Tribunal Superior Administrativo y con denuncias cada vez más firmes del movimiento ambientalista que colocan en una posición delicada al actual ministro de Medio Ambiente.
El alto tribunal administrativo acaba de confirmar que persiste la explotación agrícola en las áreas protegidas y dio un plazo de dos meses al ministerio de Medio Ambiente para darle un término definitivo.
Reconocidos ambientalistas han desmentido las declaraciones públicas del ministro Estévez reiterando que, actualmente, “en cerca de 100 kilómetros cuadrados de los parques nacionales Valle Nuevo, Sierra de Bahoruco y Los Haitises se está realizando agricultura ilegal, sustituyendo bosques nublado y húmedo por plantaciones que absorben mucha agua”.
Los denunciantes indicaron que la situación también es crítica en los parques Jaragua, Manolo Tavárez, Nalga de Maco y Sierra de Neiba exigiéndole al Ministerio Público enfrentar los actos ilícitos que ponen en riesgo la producción de agua y la biodiversidad.
El movimiento ambiental advierte que el actual ministro “no parece estar interesado en cumplir su rol y los mandatos de la Ley General de Medio Ambiente 64-00 y la Sectorial de Áreas Protegidas 202-04 que penalizan a los funcionarios que permitan los delitos ambientales”.
En tal virtud, afirman estar preparados para someter el alto funcionario ministro a la acción de la Justicia si se comprueba que, una vez vencido el plazo otorgado por el Tribunal Superior Administrativo, no se le ha dado cumplimiento al mismo.
Desde hace algún tiempo se vienen elevando voces en el país denunciando el desamparo en que se encuentran áreas vitales y cómo estas han venido siendo depredadas con complicidad oficial.
La situación llegó a un punto tal que, durante la gestión del anterior ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, este se vio precisado a definir un plan de acción para el rescate del parque nacional Juan Bautista Perez Rancier, o de Valle Nuevo, lo que oficializó mediante resolución dictada en septiembre de 2016.
Esta resolución prohibió “terminantemente” las actividades agrícolas y pecuarias en las áreas protegidas y fijó en 120 días el plazo dentro del cual debían ser realizadas las cosechas y desmantelados infraestructuras y equipos.
Con lentitud y concesiones, avances y retrocesos, se fue dando cumplimiento al plan hasta que éste fue frenado con el cambio de ministro de Medio Ambiente.
A partir de mayo de 2018, al asumir Ángel Estévez la conducción del ministerio, se produjo un giro ostensible en la orientación de esta dependencia oficial responsable del cuidado ambiental.
El discurso de las autoridades dejó de ser el de la protección de las áreas protegidas y los recursos naturales, asumiendo prácticamente una línea de justificación de las actividades productivas en las áreas vedadas.
De entonces a la fecha no han cesado las denuncias del movimiento ambiental, dirigentes sociales y políticos y medios de comunicación acerca de los graves daños infligidos a la naturaleza de parte de productores que actúan ilegalmente dentro de las áreas protegidas.
Uno de los casos más sonados ha sido el de la plantación de aguacates y la siembra de cebollas y papas, así como la construcción de caminos con recursos del Estado y bajo protección oficial, en el área protegida de la Sierra de Bahoruco.
En este caso, ha habido denuncias concordantes que señalan como responsables de las acciones ilegales personas cercanas a muy altos funcionarios de la nación y protegidas por éstos.
A inicios de este año las cosas han llegado mucho más lejos, con un fallo del Tribunal Superior Administrativo y con denuncias cada vez más firmes del movimiento ambientalista que colocan en una posición delicada al actual ministro de Medio Ambiente.
El alto tribunal administrativo acaba de confirmar que persiste la explotación agrícola en las áreas protegidas y dio un plazo de dos meses al ministerio de Medio Ambiente para darle un término definitivo.
Reconocidos ambientalistas han desmentido las declaraciones públicas del ministro Estévez reiterando que, actualmente, “en cerca de 100 kilómetros cuadrados de los parques nacionales Valle Nuevo, Sierra de Bahoruco y Los Haitises se está realizando agricultura ilegal, sustituyendo bosques nublado y húmedo por plantaciones que absorben mucha agua”.
Los denunciantes indicaron que la situación también es crítica en los parques Jaragua, Manolo Tavárez, Nalga de Maco y Sierra de Neiba exigiéndole al Ministerio Público enfrentar los actos ilícitos que ponen en riesgo la producción de agua y la biodiversidad.
El movimiento ambiental advierte que el actual ministro “no parece estar interesado en cumplir su rol y los mandatos de la Ley General de Medio Ambiente 64-00 y la Sectorial de Áreas Protegidas 202-04 que penalizan a los funcionarios que permitan los delitos ambientales”.
En tal virtud, afirman estar preparados para someter el alto funcionario ministro a la acción de la Justicia si se comprueba que, una vez vencido el plazo otorgado por el Tribunal Superior Administrativo, no se le ha dado cumplimiento al mismo.
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| Bahía de las Águilas. (Foto: Fuente externa) |
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