SUANNY REYNOSOJUSTICIA
SANTO DOMINGO (Rep. Dominicana).-La Justicia dominicana tuvo luces y sombras en el trayecto del año 2014 que concluye y aunque en algunos casos observó avance, como en la anulación de 1,200 títulos de propiedad adquiridos de manera fraudulenta por unas 600 personas en el área protegida Bahía de las Águilas, en otros, como la persecución y lucha contra la corrupción y la justicia electoral, se registraron elementos que apuntan a un retroceso.
Entre los casos más cuestionados figuran las decisiones de archivar tres procesos abiertos contra el senador oficialista Félix Bautista, a quien actualmente la Procuraduría General trata de procesar por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y corrupción.
En materia penal, causó un gran revuelo y consternó a todo el país la decisión de un tribunal que descargó, por falta de pruebas, a cuatro de los cinco acusados de asaltar, balear y dejar ciega a la ingeniera civil Francina Hungría.
Otros expedientes que se estancaron y provocaron cuestionamientos fueron los presentados contra el ex ministro de Obras Publicas Víctor Díaz Rúa y el que involucra al ex director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Héctor Rodríguez Pimentel.
Fallos como los citados llevaron a diversas organizaciones a plantear que el país está aún muy distante de contar con una justicia imparcial e independiente, sin ningún tipo de contaminaron política, algo que a decir de los directivos del movimiento Cívico Participación Ciudadana, pone al borde del colapso al sistema judicial.
En materia civil, la decisión más trascendente se produjo el 26 de agosto, cuando la jueza de la Octava Sala Penal del Tribunal de Tierras, Luisa Beard, ordenó la anulación de 1,200 títulos de propiedad adquiridos de manera fraudulentos por unas 600 personas en el área protegida de Bahía de las Águilas. La sentencia puso fin a 17 años de impunidad, aunque en materia penal no se pueda decir lo mismo, porque el expediente se encuentra estancado y empantanado en esa jurisdicción.
A nivel de la justicia contenciosa administrativa los casos más relevantes fueron las decisiones del Tribunal Superior Administrativo (TSA), en agosto de este año, al acoger primero un recurso de amparo interpuesto por la Asociación Dominicana de Curiers y varias organizaciones de la sociedad civil, para evitar que el director de Aduanas, Fernando Fernández, gravara las compras que se realizan por Internet de un monto menor de 200 dólares.
Otra decisión importante adoptada el 13 de marzo por el TSA fue la que ordenó a la Dirección General de Minería y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la detención inmediata de cualquier forma de gestión o autorización que implique la explotación minera de Loma Miranda. El tribunal acogió un pedimento de varias organizaciones sociales encabezadas por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), que salieron al frente a las pretensiones de la Falconbridge Dominicana (Falcondo) de explotar esa montaña.
En materia penal, causó un gran revuelo y consternó a todo el país la decisión de un tribunal que descargó, por falta de pruebas, a cuatro de los cinco acusados de asaltar, balear y dejar ciega a la ingeniera civil Francina Hungría.
La decisión encontró el rechazo de amplios sectores que valoraron el cúmulo de evidencias presentadas por el Ministerio Publico en contra de los imputados, incluyendo un vídeo en el que quedó grabada la acción criminal.
También recibió cuestionamiento el descargo en un tribunal “por falta de pruebas” del cura y capellán del Ejército Nacional Juan Manuel Mota de Jesús, mejor conocido como el padre Jhonny, acusado de violar sexualmente a varias adolescentes de Constanza, cuyos testimonios fueron obviados por los representantes de la justicia.
Los cuestionamientos al desempeño de los tribunales llevaron al ex fiscal del Distrito Nacional y presidente de Alianza País, Guillermo Moreno García, a solicitar la renuncia del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, a quien definió como un miembro activo del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
En el plano de la justicia electoral, durante todo el año fueron cuestionadas unas 20 decisiones del Tribunal Superior Electoral (TSE), concernientes a la crisis política que terminó con la división del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que quedó bajo el control absoluto de Miguel Vargas Maldonado.
Los fallos impugnados se relacionan con la disputa por el control del PRD y luego de la amañada convención –desde el punto de vista de los expulsados del PRD– organizada por Vargas Maldonado.
El presidente del PRD resultó favorecido con todas las decisiones del TSE encaminadas por sus adversarios dentro del PRD, quienes alegaron que fueron excluidos y que se violaron sus derechos fundamentales.
Dos casos notables que se desarrollaron en la justicia penal, fueron el enfrentamiento entre la fiscal Yeni Berenice Reynoso y la jueza Margarita Cristo Cristo, relacionada con una investigación por presuntos actos de corrupción incoada por el Ministerio Publico contra el ex ministro de Obras Publicas Víctor Díaz Rúa. La representante del Ministerio Público acusó a la magistrada de estar parcializada a favor del ex funcionario de la gestión de Danilo Medina.
En la justicia se vio también la protesta de cientos de fiscales adjuntos que se manifestaron frente al Congreso y la Procuraduría General de la República en reclamo de aumento salarial.
Dos casos notables que se desarrollaron en la justicia penal, fueron el enfrentamiento entre la fiscal Yeni Berenice Reynoso y la jueza Margarita Cristo Cristo, relacionada con una investigación por presuntos actos de corrupción incoada por el Ministerio Publico contra el ex ministro de Obras Publicas Víctor Díaz Rúa. La representante del Ministerio Público acusó a la magistrada de estar parcializada a favor del ex funcionario de la gestión de Danilo Medina.
En la justicia se vio también la protesta de cientos de fiscales adjuntos que se manifestaron frente al Congreso y la Procuraduría General de la República en reclamo de aumento salarial.
Los casos más divulgados
Otros de los hechos noticiosos más comentados en el ámbito judicial se produjo cuando, el 4 de noviembre, el Tribunal Constitucional (TC) dictó la sentencia TC/0256/14, que desconoce la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte-IDH) para litigar procesos contra República Dominicana.
El TC declaró “la inconstitucionalidad del Instrumento de Aceptación de la Competencia de la CIDH” suscripto por el entonces presidente Leonel Fernández, el 19 de febrero de 1999.
El TC declaró “la inconstitucionalidad del Instrumento de Aceptación de la Competencia de la CIDH” suscripto por el entonces presidente Leonel Fernández, el 19 de febrero de 1999.
Entre los casos judiciales más relevantes de 2014 figura la solicitud de libertad de Sobeida Morel Félix Morel, la compañera sentimental del narco boricua José David Agosto Figueroa.
Entre los meses de enero y febrero se emitieron dos sentencias de libertad a favor del bachatero Jaime Vargas (Jimmy Bauer) y Sammy Dauhajre, acusados en distintos casos por narcotráfico y lavado de activos.
Un fallo que escandalizó a gran parte de la sociedad dominicana fue la decisión mediante la cual las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que preside la magistrada Sarah Veras, dispusieron la libertad de cuatro de los cinco acusados de atentar contra la vida de la ingeniera Francina Hungría y solo condenar a uno de los imputados.
El 2 de mayo la fiscal Yeni Berenice Reynoso acusó a Margarita Cristo Cristo de estar parcializada con el caso del exministro de Obras Publicas Víctor Díaz Rúa, afirmando que ésta tenía ya lista la sentencia para favorecer al imputado y que habría cobrado dos millones de dólares y por esa razón se negaba a inhibirse del caso ni aceptar la recusación.
Como consecuencia de esas afirmaciones, la jueza Cristo Cristo se querello una semana después por ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional contra la fiscal, acusándola de “ultraje”.
Una semana después, el movimiento cívico Ciudadanos Contra la Corrupción (C-3), que coordina la ex fiscal del Distrito Josefina Juan de Pichardo, sometió a juicio disciplinario por ante el Poder Judicial a la jueza Cristo Cristo, acusándola de la comisión de faltas graves en el conocimiento de la audiencia del caso Víctor Díaz Rúa.
El 19 de mayo el juez de ejecución de la pena de San Cristóbal ordenó la puesta en libertad condicional de Sobeida Félix Morel, luego de habérsela negado en tres ocasiones.
El viernes 23 de mayo los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declararon extinguida la acción penal contra Jaime Rodríguez Guzmán, su esposa y un hermano por el fraude de Bahía de las Águilas. El fallo fue apelado una semana después por la fiscal Yeni Berenice Reynoso.
El 24 de junio la Suprema Corte de Justicia desestimó la acusación por supuestos actos de corrupción incoada por la Procuraduría contra el político Elías Wessin Chávez. En la misma fecha el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional desestimó la querella por ultraje interpuesta por la jueza Margarita Cristo Cristo contra la fiscal Yeni Berenice Reynoso.
El 30 de junio 2014, el presidente de la SCJ, Mariano Germán Mejía, reiteró su queja de la falta de recursos dificulta las labores el Poder Judicial, por las limitaciones de espacios físicos y las limitaciones para designar personal en ares técnicas y administrativa.
El 16 de septiembre, en un hecho sin precedentes, fiscales de la capital se fueron a la huelga, realizando un paro laboral por tres horas, en demanda de aumento salarial. A esa lucha luego se sumaron los Defensores Públicos, que realizaron una marcha al Congreso Nacional, dos meses después.
http://www.7dias.com.do/destacada/2014/12/31/i179429_republica-dominicana-retrocedio-materia-judicial-electoral-persecucion-corrupcion.html#.VKZcB9KG_m4
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