Por Fausto Herrera Catalino[1]
Algunos actores del sistema político y sus voceros, en agonía por su voracidad corruptiva, reaccionaron descalificando el pedido de los ciudadanos dominicanos que, en un segundo manifiesto y en uso de sus derechos políticos; reclaman la renuncia del presidente Danilo Medina, en razón de su reelección ilegal y su complicidad al “dejar hacer y pasar” la impunidad constituida en su gobierno que practica una mafiocracia.
La constitución de la República Dominicana en su artículo 146 dispone: “Proscripción de la corrupción. Se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado.”Algunas faltas graves que acusan al presidente dominicano:
La vigencia de 94 expedientes de corrupción administrativa sin castigo. En su mandato se agregaron otros casos OISOE, CEA, LAJUM, ODEBRECHT, el emporio de Diandino, venta del Barrios Los Tres Brazos por CORDE, la irregular licitación de Pro competencia y el privilegios de José Ramón Peralta, ministro administrativo hacen que habichuelas pasen de RD$19 a RD$55 por libra a la población dominicana, entre otros recientes escándalos.
La evidencia de obstrucción a la justicia, notoria en los casos de los aviones Tucanos y Odebrecht, a través de su Procurador General, quién en los expedientes acusatorios ha cometido errores y omisiones. Son las tramas para que las técnicas jurídicas prosperen al amparo del “debido proceso” que invoca la élite política nacional a favor de los selectivos prevenidos.
Según Juan Bolívar Díaz “La omisión de carácter político más importante es no tomar en cuenta los testimonios de los ejecutivos de Odebrecht sobre financiamiento de campañas electorales, que involucrarían al presidente Medina.”
Dijo a inicio de su primer período “recibí una maleta llenas de facturas”, denunció el nefasto acuerdo con la Barrick Gold en la Asamblea Nacional, pero hoy la transparencia no existe y la ciudadanía desconoce el convenio vigente.
El Consejo Económico y Social que preside monseñor Agripino Núñez Collado descubrió un déficit de más de 205 mil millones, a resultas de la compra de las elecciones del año 2012.
El actual ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, escribió: Restablecer reelección fue “mercantilista” y “una operación de compra y venta de votos”.
En la licitación de las termoeléctricas de Punta Catalina expertos de la ingeniería sostienen que hubo un sobre costo entre 500 y 600 millones de dólares. En el caso, se ha dicho que el presidente intervino y Odebrecht aceptó rebajar 100 millones adicionales a las obras indicadas.
Para pedir rendición de cuentas ante la Cámara de Diputados, al presidente y otros funcionarios que en sus desempeños violan leyes y la Constitución. Es suficiente pedir explicación del endeudamiento desenfrenado y la relación de los pagos autorizados a la Odebrecht desde el Banco de Reservas como denunciaron los diputados Faride Raful y, Wellington Arnaud, con las irregularidades en el manejo del Presupuesto Nacional.
Los indicios señalados y otros aún no revelados en los casos en proceso, declarados complejos, por los cúmulos de intereses involucrados. El pedimento del manifiesto en cuestión es pertinente: La renuncia del presidente Danilo Medina. El y su Partido de la Liberación Dominicana son el principal obstáculo a la regeneración democrática que demanda el país.
Por cuanto la Constitución Dominicana, reconoce “Artículo 49. Libertad de expresión e información. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa.”
Es un debate en el ámbito de la lucha por el poder político. ¿Quién manda, quién decide? La historia está hecha de choques sucesivos en la interpretación del filósofo alemán Hegel. La peor de las actitudes es la indiferencia.
Es preciso preferir la esperanza, la esperanza de la no violencia que postula la Marcha Verde.
20 de junio de 2017
[1] El autor firmó el segundo manifiesto.
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