Trump captura a Maduro, pero deja al régimen: poder sin transición
Por Luis Orlando Díaz Vólquez
El espejo inevitable es Panamá, 1989–1990. La Operación Causa Justa removió a Manuel Noriega y lo condujo a Miami; la intervención mostró una proyección militar quirúrgica y una transición acelerada de combate a estabilización, pero cargó con costos políticos y humanitarios que la siguen persiguiendo en el foro del derecho internacional. La cronología oficial y la historiografía coinciden: el 3 de enero de 1990, Noriega se rindió y fue extraditado; la captura cerró el círculo táctico, no el debate jurídico. Incluso el recurso de “guerra psicológica” con música a alto volumen frente a la nunciatura apostólica —hoy célebre por su extravagancia— fue cuestionado por autoridades estadounidenses por su falta de dignidad operativa. El paralelismo con Caracas no es perfecto, pero introduce el mismo dilema: cuando la fuerza precede a la legitimidad y a la multilateralidad, el éxito militar no garantiza una transición estable ni limpia.
La Carta de la ONU es inequívoca en su piano de legalidad: el Artículo 2(4) prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado; las únicas excepciones son la autodefensa (Artículo 51) y el uso de la fuerza autorizado por el Consejo de Seguridad bajo el Capítulo VII. Ante bloqueos por veto, la Resolución 377 A(V) (“Uniting for Peace”) permite a la Asamblea General recomendar medidas y mantener presión política, pero no sustituye la autoridad del Consejo para autorizar coerción armada. En clave de protección de civiles, la Responsabilidad de Proteger (R2P) fija que la acción colectiva, “oportuna y decisiva”, pasa también por el Consejo. Caracas, hoy, es una discusión sobre el derecho que se invoca y la política que se ejerce, no solo sobre capacidad militar.
El hemisferio guarda un precedente más constructivo: Haití, 1994. Allí el Consejo de Seguridad, a través de la Resolución 940, autorizó el despliegue de una fuerza multinacional bajo mando unificado para restaurar al gobierno democrático y, luego, transicionar hacia una misión de Naciones Unidas. La secuencia —autorización, operación, relevo por misión ONU— no elimina tensiones ni asegura milagros, pero ofrece una trayectoria de legalidad y rendición de cuentas que facilita la reconstrucción institucional. Es, hasta hoy, el estándar que separa acciones unilaterales de intervenciones con cobertura internacional.
Mirar Colombia ayuda a afinar la pregunta sobre eficacia y duración. Plan Colombia amplió durante dos décadas la cooperación en seguridad y justicia: entrenó capacidades, recuperó control territorial y presionó a grupos insurgentes hacia la negociación. Los informes subrayan resultados y controversias: mejoras en seguridad y control estatal conviven con críticas sobre derechos humanos y la persistencia de economías ilícitas que se adaptan al mercado global de la cocaína. En 2008, la Operación Jaque mostró una cara distinta: inteligencia e infiltración permitieron rescatar a 15 secuestrados sin disparos, un símbolo de maduración operativa y coordinación con aliados. La lección colombiana es incómoda y útil: los logros duraderos nacen de ciclos de cooperación judicial y policial, interdicción, inteligencia, y trazabilidad financiera, más que de golpes espectaculares a la cúpula de turno.
El mismo guion vale para el crimen organizado. La extradición en mayo de 2022 de Dairo Antonio Úsuga (“Otoniel”), líder del Clan del Golfo, y su condena a 45 años en 2024 fueron golpes serios contra una confederación narco‑paramilitar que opera rutas, caletas y lavado con alianzas transnacionales. Aun así, el Clan del Golfo mantuvo capacidad de regeneración bajo el liderazgo de “Chiquito Malo”, con 30 jefes regionales y economías múltiples—minería ilegal, extorsión, microtráfico—que sostienen su músculo en corredores críticos. Es decir, la presión eficaz exige persistencia multicapas y coherencia política; aflojar el disuasivo o abrir gabelas jurídicas desalineadas con la naturaleza criminal envía señales ambiguas que el mercado ilícito aprovecha.
Volvamos a Venezuela y al petróleo. La promesa de “hacerlo correr” sugiere un modelo de tutela sectorial: reactivar producción y exportación con contratos blindados por cláusulas anticorrupción, auditorías independientes, transparencia de beneficiarios finales y arbitraje internacional. Sin esos pilares, la cadena de valor queda expuesta a redes político‑criminales que han cooptado renta y logística por años. El discurso de eficacia—“ordenar la casa y producir barriles”—se estrella si no hay institucionalidad doméstica, cobertura multilateral y controles con dientes. El éxito no es el titular de la captura; es la calidad de las instituciones que quedan.
El Caribe —y República Dominicana en particular— necesita leer el momento con frialdad estratégica. Un sobresalto en Caracas puede activar migraciones hacia las Antillas y el istmo; la región requiere protocolos de recepción, registro biométrico, inserción laboral temporaria y cooperación policial para impedir que redes ilícitas lucren con la movilidad forzada. Los puertos y rutas marítimas exigen coordinación para evitar disrupciones logísticas; y la cooperación judicial‑financiera debe afinar el intercambio de inteligencia con Estados Unidos y socios hemisféricos, priorizando extradiciones y recuperación de activos cuando toque. Es un cuadro de gestión y diplomacia, no de discursos oportunistas.
La conclusión duele a los amantes de soluciones instantáneas: capturar al líder no crea, por sí, arquitectura de transición. La durabilidad —y la decencia— se miden en institucionalidad reconstruida, cooperación multicapas y cobertura multilateral. América Latina no necesita repetir el álbum de la Guerra Fría con nuevas portadas; necesita instituciones, legalidad y rendición de cuentas. Si la audacia de una madrugada se traduce en gobierno verificable y en reglas compartidas, la región habrá ganado más que un golpe de efecto. Si no, el éxito será efímero y el coste, durable. Entre la fuerza que irrumpe y el derecho que sostiene, la política inteligente —la que sabe que sin Estado de derecho no hay petróleo que alcance— sigue siendo la única vía.
Autor: Luis Orlando Díaz Vólquez, Ingeniero de sistemas de computadoras, escritor, editor bibliográfico y productor de medios de comunicación.
Santo Domingo, República Dominicana | @GuasabaraEditor 4 de diciembre de 2025
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VERSIÓN ACADÉMICA
Trump captura a Maduro… pero deja a su régimen al mando (por ahora): análisis comparado y agenda de gobernanza regional
Por Luis Orlando Díaz Vólquez
@GuasabaraEditor | 4 de enero de 2026
Resumen | La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026 reinstala una gramática de intervención en América Latina que combina coerción militar con tutela condicionada sectorial, especialmente en energía. Este artículo analiza el episodio mediante comparación histórica con Panamá (1989–1990) y Colombia (2000–2025), y examina su impacto probable en legalidad internacional, gobernanza, seguridad transnacional, migración y mercados de hidrocarburos. Se sostiene que, más allá del ‘efecto decapitación’, los resultados duraderos derivan de cooperación judicial‑policial multicapas y arreglos multilaterales; se contrastan los límites de la intervención unilateral con la experiencia colombiana, en particular la evolución del Clan del Golfo como confederación narco‑paramilitar resiliente. Se proponen líneas de acción para República Dominicana y el Caribe en diplomacia energética, contingencia migratoria, seguridad marítima y cooperación financiera.
1. Introducción: poder, tutela y precedentes
La captura y transferencia de un jefe de Estado para ser procesado en EE. UU. reabre tensiones entre no intervención, uso de la fuerza y competencia penal extraterritorial. El framing político inmediato —‘dirigir’ Venezuela temporalmente y ‘hacer correr el petróleo’— sugiere una tutela condicionada enfocada en reactivar la cadena de valor hidrocarburífera y garantizar trazabilidad de pagos y contratos bajo estándares de cumplimiento. La operación evoca precedentes regionales donde la combinación de decapitación de liderazgo, estabilización rápida y cooperación judicial‑policial generó resultados mixtos y debates jurídicos persistentes, como Panamá (1989–1990) y diversos ciclos de Colombia (2000–2025).
2. Panamá (1989–1990): cambio de régimen con captura para juicio
La Operación Causa Justa removió al general Manuel Noriega, con objetivos oficiales de protección de nacionales, defensa de la democracia y lucha contra el narcotráfico. La campaña combinó proyección rápida de decenas de miles de efectivos, sincronización de objetivos y transición acelerada de combate a estabilización; culminó con la rendición de Noriega (3 de enero de 1990) y su extradición a Miami. Las lecciones operativas —definición clara de objetivos, planeamiento conjunto, adaptación a imprevistos— se hallan sistematizadas en monografías oficiales.
El cerco final recurrió a psicología operativa —‘muro de sonido’ con música rock/heavy metal frente a la nunciatura del Vaticano—, táctica efectiva para forzar la salida pero posteriormente criticada por su carácter humillante y discutible dignidad operativa. La bibliografía sitúa la intervención en terreno legalmente controvertido: aunque se invocó protección de nacionales y defensa de la democracia, las cifras de víctimas civiles y la proporcionalidad del uso de la fuerza alimentaron un debate que sigue vigente.
3. Colombia (2000–2025): cooperación escalonada, inteligencia y justicia transnacional
3.1 Plan Colombia y capacidades estatales
El Plan Colombia articuló asistencia militar, interdicción y fortalecimiento institucional con objetivos de control territorial, reducción de violencia y presión sobre grupos insurgentes. La literatura del CRS y reportes legislativos coinciden en efectos duales: mejora de capacidades y seguridad en varias regiones, pero persistencia de controversias en derechos humanos y eficacia en reducción sostenible de la oferta de cocaína. La evolución hacia ‘Paz Colombia’ tras el acuerdo de 2016 expandió la agenda a medioambiente, comercio y migración, sin eliminar economías ilícitas ni actores armados que disputan rentas y corredores.
3.2 Operación Jaque (2008): inteligencia y engaño operacional
La Operación Jaque —rescate de 15 secuestrados sin disparos, incluida Íngrid Betancourt y tres contratistas estadounidenses— condensó la maduración de inteligencia, infiltración y engaño operacional del ciclo de cooperación. El caso se estudia como intervención multietapa con actuación encubierta y sensores, y se divulga en museografía especializada por su planificación y ejecución en menos de media hora.
3.3 Extradiciones y cooperación judicial
La extradición en 2022 de Dairo Antonio Úsuga (‘Otoniel’), líder del Clan del Golfo, a la EDNY, y su condena a 45 años en 2024 ejemplifican cómo la justicia transnacional desarticula mandos y redes logísticas de exportación multitonelada de cocaína. Colombia sostuvo en 2025 rondas grupales de extradiciones hacia cortes de Florida y Texas, reforzando cooperación y disuasión frente a organizaciones transnacionales. En paralelo, el debate interno sobre modular extradiciones para actores en ‘paz total’ expone tensión entre verdad y justicia domésticas y prioridades antinarcóticos de Washington.
4. El Clan del Golfo: anatomía de una confederación narco‑paramilitar
4.1 Origen, estructura y liderazgo
El Clan del Golfo (AGC) emerge tras la desmovilización de las AUC como confederación criminal con base en Urabá, presencia en más de 250 municipios y capacidad de gobernanza territorial en periferias urbanas y rurales. Su modelo combina cocaína, extorsión, minería ilegal, microtráfico, contrabando y sicariato, articulando alianzas con carteles mexicanos (Sinaloa/CJNG) y redes europeas (‘Ndrangheta, mafias balcánicas) para distribución y lavado. Tras la captura de Otoniel (octubre 2021), la jefatura recayó en Jobanis de Jesús Ávila (‘Chiquito Malo’), acompañado por ‘Gonzalito’ y jefes regionales; filtraciones describen un organigrama federado con al menos 30 cabecillas y subestructuras (‘SE’).
4.2 Economías ilícitas y capilaridad territorial
Las economías ilícitas sostienen el músculo financiero de la AGC: minería ilegal en Antioquia (Buriticá) con uso de explosivos y mercurio; extorsiones en Bolívar contra comerciantes, ganaderos y contratistas; expansión hacia zonas agrícolas cafeteras en Risaralda para cerrar corredores entre Antioquia, Chocó, Risaralda y Valle. La mezcla de cooptación social y violencia selectiva confirma su capilaridad y obliga a respuestas interinstitucionales coordinadas con cooperación transfronteriza.
4.3 Justicia transnacional y resiliencia
Aunque la extradición y condena de Otoniel y las entregas grupales de 2025 refuerzan la presión internacional, la AGC mantiene capacidad de regeneración por su base territorial, diversificación de rentas y control social en periferias; esto demanda sostener una presión multicapas y evitar señales de ambigüedad política que puedan traducirse en beneficios jurídicos desalineados con la naturaleza criminal de la organización.
5. Venezuela 2026: tutela condicionada o régimen administrado
5.1 Gobernanza energética y cumplimiento
La promesa de ‘dirigir’ Venezuela para ‘hacer correr el petróleo’ sugiere un modelo de tutela sectorial: reactivación de producción y exportación bajo contratos con cláusulas anticorrupción, auditorías independientes, transparencia de beneficiarios finales y arbitraje internacional; sin esta gobernanza técnica, el flujo de barriles corre riesgo de captura por redes político‑criminales. La experiencia panameña indica que objetivos tácticos se consolidan sólo con institucionalidad y multilateralidad; de lo contrario, se cristaliza una estabilidad de mínimos apta para renta pero insuficiente para reconstrucción de ciudadanía y Estado de derecho.
5.2 Legalidad internacional y costos políticos
La aprehensión extraterritorial de un gobernante tensiona principios cardinales del sistema internacional; aun si se arguye aplicación de la ley con apoyo militar, la viabilidad política de largo plazo requiere cobertura multilateral y mecanismos de rendición de cuentas. Los precedentes históricos sugieren que la legitimidad —más que la fuerza— dicta la durabilidad de los arreglos post‑intervención.
6. El papel de la ONU en intervenciones interestatales
6.1 Normativa y excepciones
La Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza (Art. 2(4)), admitiendo sólo dos vías: autorización del Consejo de Seguridad (Capítulo VII) o autodefensa (Art. 51), con deber de notificación al Consejo. Si el Consejo se bloquea por veto, la Asamblea puede activar ‘Uniting for Peace’ (Res. 377 A(V)) y emitir recomendaciones —no vinculantes— incluidas medidas colectivas; el uso de la fuerza sigue requiriendo cobertura del Consejo para plena conformidad con la Carta. La ‘Responsabilidad de Proteger’ (párrs. 138–139 del World Summit Outcome, 2005) encuadra acciones diplomáticas y, en último término, colectivas vía Consejo ante atrocidades masivas.
6.2 Autorización, operaciones y sanciones
Cuando el Consejo autoriza, la intervención adquiere cobertura legal internacional (ej. Haití, Res. 940, 1994). Las operaciones de paz de la ONU se guían por consentimiento, imparcialidad y no uso de la fuerza salvo autodefensa/defensa del mandato. Además, el Consejo impone regímenes de sanciones (Art. 41), que son más efectivos cuando se integran en estrategias amplias con misiones, diplomacia y construcción de paz.
6.3 Buenos oficios y mediación
El Secretario General puede activar buenos oficios y mediación por iniciativa propia, a solicitud de las partes o por encargo del Consejo/Asamblea; puede nombrar enviados especiales, facilitar diálogo, verificación de hechos, y elevar al Consejo asuntos que, a su juicio, amenacen la paz (Art. 99). Estas funciones son centrales en el continuo prevención–mediación–construcción de paz.
7. Implicaciones para República Dominicana y el Caribe
Diplomacia energética con compliance reforzado; contingencia migratoria (SICA–CARICOM) con registro biométrico e inserción laboral; seguridad marítima y de puertos ante posibles disrupciones; cooperación judicial y financiera contra confederaciones criminales en corredores Caribe–EE. UU.
8. Limitaciones y agenda de investigación
Este análisis se apoya en fuentes secundarias y documentos oficiales; se requiere investigación adicional sobre contratos energéticos previstos, marcos de sanciones aplicables y dinámicas internas del régimen venezolano post‑captura. Igualmente, la evolución del Clan del Golfo demanda monitoreo etnográfico y econométrico de economías ilícitas en corredores emergentes.
9. Conclusión
La captura de Nicolás Maduro exhibe eficacia táctica y potencia simbólica, pero no aporta por sí sola una arquitectura de transición ni resuelve las tensiones de legalidad internacional que ya vimos en Panamá: cuando la fuerza precede a la legitimidad y a la multilateralidad, los costos políticos y humanitarios se acumulan y las controversias jurídicas persisten. La evidencia comparada sugiere que la durabilidad de los arreglos post‑intervención depende menos de la decapitación del liderazgo que de la construcción institucional, la cooperación multicapas y la cobertura multilateral capaces de transformar estabilidad de mínimos en gobernanza democrática.
Para Venezuela, la promesa de ‘hacer correr el petróleo’ introduce un modelo de tutela condicionada cuya viabilidad exige contratos con cláusulas anticorrupción, auditorías independientes y transparencia de beneficiarios finales, además de arreglos de arbitraje internacional que blinden la cadena de valor frente a redes político‑criminales. Sin gobernanza técnica y sin incentivos alineados para actores domésticos e internacionales, el resultado probable es una estabilidad extractiva que prioriza renta sobre reconstrucción cívica y Estado de derecho, repitiendo lecciones del pasado.
El frente narco‑paramilitar refuerza la misma lógica: las extradiciones, la interdicción y el intercambio de inteligencia desarticulan liderazgos y rutas —como en el caso de Otoniel y las entregas masivas de 2025—, pero la resiliencia del Clan del Golfo muestra que el mercado ilícito se adapta y se diversifica cuando no hay control territorial sostenido, protección de líderes sociales y alternativas económicas lícitas en corredores críticos. Otorgar gabelas jurídicas desalineadas o enviar señales ambiguas puede debilitar el disuasivo y limitar la rendición de cuentas.
Para República Dominicana y el Caribe, la agenda prudente combina diplomacia energética con compliance reforzado, contingencia migratoria (SICA–CARICOM), seguridad marítima y cooperación judicial/financiera contra confederaciones criminales. En última instancia, el método de 2026 —como en 1989–1990 y en el ciclo colombiano— no debería medirse por la audacia de la operación, sino por la calidad de las instituciones que deja: si no se traduce en gobernanza verificable y multilateralmente respaldada, el éxito será efímero; si, por el contrario, se orienta a instituciones, legalidad y rendición de cuentas, la región ganará más que un titular de impacto./
Autor: Luis Orlando Díaz Vólquez, Ingeniero de sistemas de computadoras, escritor, editor bibliográfico y productor de medios de comunicación.
Santo Domingo, República Dominicana | @GuasabaraEditor, 4 de diciembre de 2025
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Trump captura a Maduro, pero deja al régimen: poder sin transición
Se anunció de madrugada y resonó con el eco de los viejos capítulos de la Guerra Fría: Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y prometió “dirigir Venezuela” de modo transitorio mientras “hace correr el petróleo”. El golpe, audaz y técnicamente impecable a juzgar por su coordinación, exhibe de inmediato la tensión que define la política real: donde hay eficacia táctica no siempre hay arquitectura de transición. Se decapita la cúpula, sí; pero el armazón que sostiene el régimen—mandos medios, redes logísticas, anillos de seguridad, operadores económicos, control territorial y simbólico—permanece. La escena, por tanto, lejos de ser el epílogo de una era, abre una fase nueva y más compleja, en la que el poder se administra sin las condiciones mínimas que hacen posible la legitimidad.
No es casual que el paralelo inevitable sea Panamá a finales de 1989: una operación fulminante para remover a un gobernante de facto, con objetivos tácticos claros, una sincronización militar notable y una transición veloz hacia un nivel de estabilidad suficiente para declarar misión cumplida. Tampoco es casual que ese capítulo haya quedado marcado por un debate persistente sobre legalidad internacional y costos humanos: la captura del líder resolvió la parte operativa, no la controversia jurídica ni los pasivos políticos, ni mucho menos los traumas sociales que deja todo empleo de fuerza en zonas urbanas densas. Por eso el espejo panameño advierte con nitidez algo que a menudo se olvida en los discursos triunfalistas: el éxito militar no garantiza ni la reconstrucción institucional ni el asentamiento de un sistema de reglas compartidas; apenas crea un umbral de oportunidad. Sin instituciones que lo sostengan, ese umbral se esfuma.
El guion de la Carta de la ONU es tan breve como contundente. La prohibición general de la fuerza en relaciones internacionales no es un adorno retórico; es el cimiento sobre el que se ordena la convivencia, y solo admite dos excepciones: autodefensa frente a un ataque armado y uso de la fuerza autorizado por el Consejo de Seguridad. Todo lo demás exige una tarea diplomática de alto vuelo para construir legitimidad suficiente, incluso cuando la causa invocada—protección de civiles, restauración democrática, lucha contra el crimen transnacional—parezca moralmente irrefutable. En los años 90 la experiencia más pedagógica del hemisferio fue Haití: hubo resolución formal, fuerza multinacional con mando unificado, relevos ordenados y, sobre todo, una estructura de rendición de cuentas que, aunque imperfecta y atravesada por tensiones, permitió vincular coerción con institucionalidad. El resultado tampoco fue mágico, pero dejó una trayectoria que separa la acción unilateral del estándar multilateral.
Venezuela, además, no es el mismo país que algunos imaginan cuando corren a los manuales antiguos. La trama petrolera es la columna vertebral de su economía, de su poder y de su geopolítica; por eso la promesa de “hacer correr el petróleo” equivale a ofrecer un atajo para financiar la estabilización sin transformar demasiado el sistema que la obstaculiza. Pero la renta petrolera es un recurso inherentemente político: no circula en el vacío, sino dentro de una arquitectura de intereses y controles tejidos durante años. La idea de “tutela sectorial”—reactivar producción y exportación con contratos blindados por cláusulas anticorrupción, auditorías independientes, transparencia de beneficiarios finales y arbitraje internacional—suena razonable sobre el papel, pero choca con dos realidades: la primera, el poder fáctico de operadores que han capturado funciones críticas de la cadena de valor; la segunda, la incapacidad de sostener reglas si no se reconstruyen las capacidades del Estado y su legitimidad frente a la ciudadanía. Es decir, el petróleo puede financiar el arreglo; no puede sustituir el arreglo institucional.
Tampoco basta con la narrativa moral de que se removió a un tirano. Las transiciones reales se escriben en tiempos largos y requieren pactos complejos que involucren actores internos y externos, incentivos y desincentivos, garantías y controles, justicia y prudencia. Esos pactos no nacen por decreto. Nacen cuando el uso de la fuerza—que puede ser necesario en circunstancias extremas—se traduce en instituciones que dan previsibilidad, y cuando la diplomacia opera como ingeniería de reglas y no como mero acompañamiento retórico. El camino es más laborioso que el golpe de efecto y menos glamoroso en titulares, pero es el único que dura. Por eso la pregunta que debería concentrar la energía de los decisores hoy no es si la captura fue audaz; es si lo que viene será gobernable, verificable y legítimo.
La región, además, no puede analizar Caracas en un vacío. Hay una aritmética compleja que se mueve en paralelo: flujos migratorios, cadenas de suministros, seguridad marítima, economías informales que se activan ante la incertidumbre, percepciones de riesgo entre inversores, oscilaciones de precio en mercados de energía y alimentos. El Caribe, y República Dominicana en particular, deben mirar con calma estratégica: preparar protocolos de recepción y registro biométrico, habilitar inserción laboral temporal para evitar que la precariedad se convierta en caldo de cultivo para redes ilícitas, montar esquemas de cooperación policial que persigan a los intermediarios que lucran con la movilidad forzada, cuidar la trazabilidad en puertos y rutas marítimas para que los shocks no rompan las cadenas logísticas. Tanto como se necesita firmeza en mensajes, se necesita método en la gestión.
En el ángulo de la seguridad transnacional, la experiencia colombiana ofrece pistas que conviene leer sin prejuicios. Las dos décadas de Plan Colombia—con sus aciertos y controversias—mostraron algo elemental: los golpes selectivos a cabezas de organizaciones criminales son necesarios, pero no suficientes; las redes se adaptan, las rutas mutan, el mercado encuentra nuevas puertas. La eficacia que dura se logra con ciclos de cooperación judicial y policial, interdicción inteligente, inteligencia financiera, control territorial sostenido, protección de líderes sociales que fortalecen la presencia del Estado, y, por supuesto, alternativas económicas lícitas que permitan cerrar corredores sin dejar desierto social. Cuando esas piezas están alineadas, la extradición y la condena de un capo—como sucedió con Otoniel—operan como parte de una estrategia de presión persistente sobre la confederación criminal; cuando no lo están, el sistema se regenera con el siguiente liderazgo, disciplinado por la violencia interna y nutrido por economías múltiples: minería ilegal, extorsión, microtráfico, contrabando, rentas urbanas y rurales.
Es aquí donde la promesa de “ordenar” Venezuela para producir barriles revela su fragilidad. Un país no es una empresa en reorganización donde un interventor puede cortar gastos, renegociar contratos y enviar una circular que restablezca disciplina. Un país es una sociedad plural, cruzada por conflictos, identidades y demandas que no obedecen a jefe único. La tutoría sectorial puede engrasar el engranaje, pero no puede suplantar la legitimidad. Si la transición no va acompañada de garantías creíbles de justicia y de un horizonte de reglas compartidas, la gobernabilidad se reduce a administrar excepciones y el Estado de derecho a ejecutar rutinas técnicas sin alma. La seguridad sin ciudadanía se vuelve seguridad de papel; la economía sin confianza se convierte en economía de sobrevivientes; y, finalmente, la política sin reglas convalida que la fuerza está por encima de la ley.
La comunicación pública también importa. Ninguna operación, por audaz que sea, construye legitimidad por sí misma. Hace falta un relato que reconozca costos y explique beneficios, que no infantilice a la ciudadanía ni trate a la región como un conjunto de audiencias cautivas. El lenguaje de la fuerza—inevitable en ciertos momentos—debe ser complementado por un lenguaje de derecho y de cooperación. Habrá quien exija mano dura sin matices; habrá quien condene cualquier intervención por principio. Pero entre ambos extremos existe un terreno donde los países pueden acordar estándares para que la seguridad y el desarrollo no sean palabras huecas. Esa es tarea de diplomacia inteligente: escuchar sin condescendencia, ofrecer sin ingenuidad, comprometer sin abdicar.
Por último, hay que establecer qué métricas separan el éxito efímero del éxito duradero. No se trata de contar barriles ni titulares, sino de evaluar si la transición produce cuatro efectos concretos: uno, una mejora verificable en el respeto a los derechos y en la seguridad de las personas, especialmente en áreas urbanas y zonas de frontera; dos, una trayectoria de reconstrucción institucional que reduzca la discrecionalidad y aumente la previsibilidad, con mecanismos reales de rendición de cuentas; tres, una política económica que vaya más allá del flujo de renta, capaz de diversificar, atraer inversión responsable, ordenar subsidios y evitar que la coyuntura energética se convierta en dependencia; cuatro, una integración regional que comparta cargas y beneficios, prevenga crisis humanitarias y fortalezca las capacidades comunes frente al crimen organizado y la corrupción.
El Caribe tiene experiencia propia que vale recordar. En momentos de crisis, la dignidad de un país pequeño no se defiende con gestos de grandilocuencia, sino con política seria y paciencia estratégica. República Dominicana ha demostrado que puede articular cooperación regional, ordenar sus puertos, cuidar su soberanía y, a la vez, abrir puertas para que quienes huyen de la precariedad encuentren una oportunidad sin caer en manos de los intermediarios del delito. Esa experiencia debe ser el núcleo de la respuesta ahora: firmeza en la protección del interés nacional; humanidad en el trato de las personas; cooperación horizontal en lo judicial, policial y financiero; trazabilidad en el comercio; y diplomacia sin complejos.
Quien vea en la captura de Maduro el fin del chavismo como estructura no ha entendido que los sistemas de poder rara vez se derrumban por el golpe a una cabeza. Mueren por una combinación de reglas, incentivos y controles que, poco a poco, hacen que el costo de sostener la vieja maquinaria supere la renta que produce. Esa combinación no se improvisa. Requiere acuerdos, reformas, garantías, elecciones honestas, y una ciudadanía que vea validez en las instituciones más allá de la fidelidad al caudillo. Requiere, también, que los actores externos midan el éxito no por la docilidad del nuevo interlocutor, sino por la vigencia de las normas que dicen promover.
Capturar al líder, en suma, no crea arquitectura de transición. La durabilidad—y la decencia—se miden en institucionalidad reconstruida, cooperación multicapas y cobertura multilateral. América Latina no necesita repetir el álbum de la Guerra Fría con nuevas portadas; necesita instituciones, legalidad y rendición de cuentas. Si la audacia de una madrugada se traduce en gobierno verificable y en reglas compartidas, la región habrá ganado más que un golpe de efecto. Si no, el éxito será efímero y el coste, durable. Entre la fuerza que irrumpe y el derecho que sostiene, la política inteligente—la que sabe que sin Estado de derecho no hay petróleo que alcance—sigue siendo la única vía. Para Caracas, para el Caribe y para cualquiera que sepa que el futuro no se decreta: se construye.
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Análisis de las declaraciones y contexto político en Venezuela tras la captura de Maduro
Contexto actual: Operación militar y transición tutelada
En la madrugada del 3 de enero de 2026, Estados Unidos llevó a cabo la Operación Resolución Absoluta, un ataque relámpago contra objetivos militares en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. El presidente estadounidense Donald Trump, en una rueda de prensa desde Mar-a-Lago ese mismo día, celebró el éxito de la operación y anunció que Washington asumirá la tutela y dirección de Venezuela “hasta que haya una transición adecuada”. Esto implica que, por ahora, Estados Unidos gobernará de facto Venezuela, algo inédito en la región en décadas. Trump descartó explícitamente que la líder opositora venezolana María Corina Machado u otros dirigentes de la oposición encabecen el nuevo gobierno al afirmar que “no tienen los apoyos ni el respeto necesarios” para estar al frente del país. [rtve.es] [elconfidencial.com]
Trump también admitió sin ambages el interés de EE.UU. en el petróleo venezolano, anunciando que “compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo”, entrarán a Venezuela para reconstruir la industria y obtener grandes beneficios tanto para venezolanos como para estadounidenses. En sus palabras, la producción petrolera venezolana había sido un “fracaso total” bajo el chavismo, y ahora Washington planea repararla con miles de millones de dólares en inversión privada. Esta franqueza ha generado preocupación sobre los motivos geopolíticos tras la intervención: aunque Trump la justificó en términos de liberar al “gran pueblo de Venezuela” y restaurar la democracia, también dejó claro que Estados Unidos no va a “arriesgarse a que otro tome el control” de Venezuela y que permanecerá en el país hasta garantizar una transición segura. [rtve.es] [tribuna.cu]
Mientras tanto, la oposición venezolana, encabezada por figuras como Machado y el ex candidato Edmundo González, mostró entusiasmo inicial tras la caída de Maduro y se declaró “preparada para tomar el poder”. Sin embargo, esa posibilidad se ha visto frustrada por las declaraciones de Trump. El hecho de que Washington les niegue un rol protagónico debilita la legitimidad local de la transición, según críticos como Arria, y ha dejado a los opositores en segundo plano. Muchos venezolanos que anhelaban que líderes civiles asumieran de inmediato la conducción del país tras la salida de Maduro ahora enfrentan una realidad distinta: una transición dirigida desde Washington, con un administrador extranjero, y sin un calendario claro para devolver el poder a autoridades elegidas democráticamente. [elconfidencial.com]
Diego Arria: rechazo frontal a Padrino, Delcy y cautela ante Trump
Diego Enrique Arria (a quien el usuario se refiere como Diego Arias), exembajador de Venezuela ante la ONU y veterano diplomático opositor, ha reaccionado con firmeza a estos acontecimientos. Arria es conocido por su postura intransigente contra el chavismo: ya en el pasado dejó claro que “solo con el uso de la fuerza será posible rescatar la libertad de Venezuela”, anticipando que una intervención internacional sería necesaria. Ahora que ese uso de la fuerza se ha materializado, Arria apunta sus críticas hacia dos frentes: [ntn24.com]
Las figuras del régimen de Maduro que pretenden protagonismo tras la incursión estadounidense: Arria considera “inaceptables” los pronunciamientos de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y del ministro de Defensa Vladimir Padrino López en este contexto de transición. En su opinión, ambos son pilares de la dictadura chavista y no deberían tener voz ni voto si de recuperar la libertad de Venezuela se trata. Esta postura de Arria se alinea con sus declaraciones previas; por ejemplo, cuando Delcy Rodríguez fue invitada a una asamblea empresarial en 2021, Arria lo calificó de “vergüenza que explica en gran medida por qué no hemos podido rescatar nuestra libertad”, dejando claro que cualquier legitimación de personeros del régimen obstaculiza la causa democrática. [maduradas.com]
Tras la operación militar, Delcy Rodríguez exigió la “inmediata liberación” de Maduro, a quien llamó el “único presidente de Venezuela”, a la vez que advertía que “hoy ha sido Venezuela, pero mañana podría ser cualquier nación”. Por su parte, el general Vladimir Padrino López denunció la acción de EE.UU. como “la invasión más ultrajante que ha sufrido el país” y aseguró que las Fuerzas Armadas están desplegadas para “defender la patria”. Ambos mensajes –el de Rodríguez negando todo cambio de poder y el de Padrino llamando a la resistencia armada– son absolutamente inaceptables para Arria, quien sostiene que no se puede normalizar la presencia de los “capos del régimen” en ninguna solución futura. “El mundo los conoce como parte de la pandilla que gobierna nuestro país”, había dicho Arria de Padrino años atrás; hoy reitera que ni Padrino ni Delcy (a quienes considera cómplices de los crímenes del chavismo) pueden encabezar ni mediatizar un proceso supuestamente liberador. Desde su perspectiva, permitirles seguir mandando mensajes o condiciones sería traicionar el objetivo de la intervención, que es desmontar el autoritarismo. [elconfidencial.com] [elcooperante.com]
La estrategia de Trump de marginar a la oposición venezolana: Si bien Arria apoya la acción contundente contra Maduro, ha expresado reservas sobre el modo en que Estados Unidos está gestionando políticamente la transición. En concreto, Arria considera una “debilidad” la postura de Trump de descartar a la oposición democrática venezolana como conductora del proceso. Esta crítica nace del temor de que, al no integrar a líderes opositores legítimos, la transición pierda respaldo interno y credibilidad. Trump dejó claro que no confía en que María Corina Machado u otros opositores puedan gobernar, al afirmar que carecen de suficiente apoyo y respeto popular. Para Arria, esta visión es corta de miras: excluir a quienes han luchado por la democracia en Venezuela puede socavar la construcción de una libertad duradera. [elconfidencial.com]
En su experiencia diplomática, Arria ha visto fracasos cuando se impone una solución externa sin liderazgo local fuerte. Él aboga por un papel central de figuras opositoras legítimas en la reconstrucción institucional, no solo por una cuestión de principio democrático, sino también para facilitar la reconciliación nacional. Un gobierno enteramente tutelado por Washington corre el riesgo –según Arria– de ser percibido como una ocupación y de alimentar el discurso chavista de imperialismo, lo que a la larga dificultaría la estabilización del país. Su preocupación es compartida por otros miembros de la diáspora venezolana: la ausencia de rostros civiles venezolanos al frente podría desaprovechar el enorme sacrificio y organización que la oposición interna y exiliada ha mantenido durante años esperando una oportunidad de cambio.
En resumen, Diego Arria aplaude el golpe al régimen, pero advierte que no se deben legitimar voces del chavismo (Padrino, Delcy) ni menospreciar a la resistencia democrática venezolana. La libertad, en su visión, solo se consolidará si la transición está dirigida por venezolanos comprometidos con la democracia, sin “colaboracionismos” ni continuidades encubiertas del antiguo régimen. Arria insta a que la comunidad internacional y Estados Unidos respeten el papel de la oposición y la incluyan en la conducción política del país una vez asegurada la salida de Maduro, para evitar repetir errores históricos. [maduradas.com]
Pronunciamientos de Padrino López y Delcy Rodríguez: posición del régimen ante la intervención
Tras la captura de Maduro, los altos funcionarios chavistas restantes se apresuraron a reaccionar, dejando claras sus posturas tanto hacia la intervención extranjera como frente al vacío de poder interno:
Vladimir Padrino López, Ministro de la Defensa y uno de los hombres fuertes del chavismo, emitió el primer parte oficial militar luego de los bombardeos de EE.UU. en Caracas. En un mensaje difundido por redes, Padrino calificó la acción como “una invasión” que representa “el ultraje más grande que ha sufrido el país”. Denunció la flagrante violación de la soberanía nacional e informó que la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) se mantenía operativa realizando el recuento de daños y, sobre todo, lista para la defensa militar. Horas más tarde, Padrino lanzó un mensaje aún más combativo apelando al honor y patriotismo: “¡Que el grito de la Patria libre retumbe en cada rincón! ¡La victoria es nuestra… Venceremos!”. [tribuna.cu]
Estas proclamas indican que el estamento militar chavista no se rinde pese a la decapitación del régimen. Padrino se erige como líder de la resistencia, llamando a sus tropas y a los partidarios del chavismo a luchar. De hecho, el mismo Maduro –antes de ser detenido– habría firmado un decreto de “Estado de Conmoción Exterior” invocando el artículo 337 de la Constitución, para movilizar a todo el país en defensa ante la agresión. Padrino ahora intenta ejecutar esos planes: convocar a las unidades militares, milicias y colectivos paramilitares a que sigan sus órdenes. Su mensaje patriótico proclama la unión “cívico-militar-policial” y la activación inmediata de comandos de defensa integral en todos los estados. En esencia, el ministro de Defensa no reconoce la derrota militar; por el contrario, presenta la situación como el inicio de una guerra de resistencia contra una invasión extranjera, alineándose con la narrativa histórica chavista de luchar contra el “imperio”. [tribuna.cu]
Es importante destacar que, hasta el momento, Padrino López no ha sido capturado ni neutralizado por las fuerzas de EE.UU., por lo que conserva capacidad de mando sobre partes de las Fuerzas Armadas. Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que llevase a su detención antes del ataque. Ahora Padrino se perfila como cabecilla de lo que queda del régimen. Su compromiso público es mantener a Maduro en el poder o vengarlo: afirmó repetidas veces antes de estos sucesos que “la dictadura no cederá” ante sanciones o presiones. [semana.com]
El desafío es que Padrino, pese a su retórica, enfrenta una situación militarmente adversa. La cúpula chavista ha perdido a su comandante en jefe, varias bases cruciales fueron destruidas en los bombardeos (Fuerte Tiuna, La Carlota, etc.), y la presencia de la flota estadounidense en el Caribe disuade contraofensivas convencionales. Su llamamiento, por tanto, podría derivar en focos de insurgencia y violencia irregular (sabotajes, guerrillas urbanas) más que en una guerra abierta. No obstante, desde el punto de vista político, los pronunciamientos de Padrino buscan negar legitimidad a la intervención y mantener viva la idea de que el chavismo aún representa la soberanía nacional. Esto es precisamente lo que Diego Arria y la oposición rechazan: en su óptica, el discurso de Padrino no es más que la defensa de un régimen criminal. Consideran urgente que figuras como él sean apartadas y eventualmente juzgadas, no escuchadas, en cualquier proceso de reconstrucción democrática. [rtve.es], [rtve.es]
Delcy Eloína Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva y heredera política dentro del chavismo, también asumió un rol protagónico ante la ausencia de Maduro. En una comparecencia televisada horas después del “secuestro” (como ella lo llama) de Maduro, Delcy Rodríguez llamó a la calma a la población pero exigió enfáticamente la liberación inmediata del mandatario. “Exigimos la inmediata liberación de Maduro, único presidente legítimo de Venezuela”, sentenció Rodríguez, dejando claro que no reconoce la captura ni la autoridad de EE.UU. sobre el jefe de Estado. En su mensaje, además, buscó internacionalizar el problema: advirtió que “hoy fue Venezuela, mañana podría ser cualquier nación”, en un intento de ganar solidaridad de otros países que pudieran sentirse igualmente amenazados. [elconfidencial.com]
Paralelamente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela –controlado por el chavismo– emitió un fallo la madrugada del 4 de enero ordenando que Delcy Rodríguez asuma la presidencia de la República ante la “ausencia forzosa” de Maduro. Invocando artículos constitucionales, la Sala Constitucional del TSJ exhortó a Rodríguez a ejercer todas las atribuciones del cargo de Presidenta, “para garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”. Esa decisión busca dar un barniz legal a la continuidad del régimen sin Maduro, colocándo a Delcy como Presidenta encargada. De hecho, en horas posteriores Rodríguez empezó a actuar en ese rol, reuniéndose con altos mandos militares leales y con gobernadores chavistas, presentándose como jefa de Estado de iure. [elconfidencial.com]
La posición de Delcy Rodríguez es, por tanto, la de aferrarse al poder institucional chavista: con Maduro fuera de juego, pretende encabezar un gobierno de resistencia o de negociación. “Hacemos un llamamiento a todos los sectores, incluso a los que han aplaudido esta locura imperial, para unirnos en defensa de Venezuela”, pudo declarar buscando tender puentes con chavistas moderados u opositores nacionalistas. Sin embargo, del lado de Estados Unidos, Marco Rubio y otros funcionarios han dado señales ambiguas sobre Delcy: Rubio recordó los objetivos de EE.UU. pero dijo “vamos a ver qué pasa” refiriéndose a Rodríguez, sin descartarla completamente. Incluso insinuó que Washington podría “trabajar con los líderes actuales de Venezuela si toman las decisiones adecuadas”, una frase que parece aludir a Delcy y otros chavistas que permanezcan en el poder civil tras Maduro. Es decir, si Rodríguez opta por cooperar (por ejemplo, garantizando paz interna, llamando a elecciones libres o cediendo en puntos clave), EE.UU. podría tolerar que ocupe temporalmente la presidencia. [eltiempo.com]
Esta posibilidad resulta anatema para Arria y buena parte de la oposición, que ven en Delcy Rodríguez a una de las principales artífices de la represión y corrupción de los últimos años. Arria considera que si la intervención de EE.UU. termina dejando a Delcy en Miraflores (así sea transitoriamente), se traicionaría el espíritu de liberar a Venezuela, pues “no se puede salvar al país dejando a los mismos verdugos al mando”. Por otro lado, algunos analistas sugieren que Delcy podría intentar negociar su supervivencia política: quizá ofreciendo estabilidad a cambio de no ser procesada o de mantener cierta cuota de poder. De momento, su discurso sigue alineado con la línea dura: denuncia “terrorismo de Estado” por parte de Washington, y asegura que Venezuela no se rinde ni se somete. El comunicado oficial del gobierno que ella encabeza afirma que “el objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular su petróleo”, y llama al pueblo a movilizarse en unidad cívico-militar. Esta retórica de colonialismo petrolero y defensa de la soberanía busca deslegitimar la intervención ante la opinión pública internacional y nacionalista. [tribuna.cu] [tribuna.cu], [tribuna.cu]
En síntesis, Padrino López y Delcy Rodríguez representan la continuidad del chavismo resistiendo la injerencia extranjera. Sus posiciones son beligerantes: no reconocen autoridad en la operación de EE.UU., claman legitimidad constitucional (Delcy) y hacen llamados a la resistencia activa (Padrino). Para el sector opositor radical (Arria, Ledezma, etc.), estos pronunciamientos son inaceptables porque mantienen vivo al régimen que se quiere desmantelar. Consideran que ninguna transición real es posible si quienes sostuvieron a Maduro pretenden ahora ocupar su lugar o condicionar el futuro. La comunidad internacional se encuentra, entonces, ante un dilema: ignorar o aplastar esas voces (lo que puede conllevar más violencia), o tratar con ellas de algún modo para lograr una salida menos caótica.
Postura de Donald Trump: liberación con tutela y enfoque en intereses estratégicos
El liderazgo de Donald Trump en esta crisis ha sido determinante y también divisivo. Por un lado, Trump cumplió amenazas de años: desde 2017 había insinuado la opción militar en Venezuela, y en su campaña hacia las elecciones de 2024 retomó la idea de actuar contundentemente contra “el régimen narco-comunista de Maduro”. Ahora, en su (segundo) mandato, ejecutó esa promesa con la captura de Maduro. Sus objetivos declarados incluyen “paz, libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela”, pero también proteger los intereses de Estados Unidos en la región. Algunos elementos clave de su postura: [tribuna.cu]
Desconfianza hacia la oposición venezolana: Como ya mencionamos, Trump sorprendió al descartar a los líderes opositores para encabezar la transición. Esto contrasta con la política de su primer mandato (2019), cuando reconoció a Juan Guaidó como presidente interino en un esfuerzo multilateral por presionar a Maduro. Aquella estrategia no logró el cambio de régimen, algo que aparentemente ha llevado a Trump a concluir que la oposición tradicional es débil o poco fiable. En la rueda de prensa del 3 de enero, Trump afirmó que Machado “no tiene el apoyo ni el respeto” suficientes para liderar el país, insinuando que carece de control sobre las fuerzas en el terreno. En entrevistas posteriores, funcionarios de su administración han sido incluso más directos: “la persona que estaba al mando (Maduro) era alguien con quien no se podía trabajar; le ofrecimos múltiples ocasiones dejar el poder”, señaló Marco Rubio refiriéndose al fracaso del diálogo, “ahora juzgaremos a los líderes actuales por sus actos”. Esto sugiere que Trump podría preferir tratar con ciertos chavistas “reciclables” (militares o civiles que cooperen) antes que confiar en opositores a quienes ve como ineptos. Arria tacha esta visión de error garrafal: teme que excluir a la oposición legitime el discurso chavista de que la intervención es solo un cambio de amo, no una liberación auténtica. [elconfidencial.com] [eltiempo.com], [eltiempo.com]
Énfasis en el orden y la seguridad: Trump ha dejado claro que su prioridad inmediata es estabilizar Venezuela bajo control estadounidense. Anunció que tropas de EE.UU. seguirán desplegadas en la región “en alto estado de alerta” por si hiciera falta una segunda oleada, aunque matizó que no planea una ocupación prolongada (“no es otra Irak”, ha dicho Rubio). La Casa Blanca ha insistido en que no habrá retirada apresurada: se mantendrá un bloqueo aéreo y naval mientras sea necesario y, según Trump, “nos quedaremos hasta que podamos ejecutarlo [el proceso de transición]”. Esto implica asumir funciones de seguridad interna y posiblemente administrar directamente partes del Estado venezolano (por ejemplo, puertos, fajas petrolíferas, fronteras) para impedir el caos. Efectivamente, se ha instalado una autoridad provisional compuesta por asesores norteamericanos y venezolanos expatriados, que coordina asuntos de emergencia. Este enfoque de “ley y orden” responde tanto al genuino colapso institucional venezolano tras años de crisis humanitaria, como a la necesidad de proteger intereses de EE.UU.: el propio Trump mencionó que no podían permitir que Venezuela se convirtiera en base para sus adversarios. Por ello, junto con la operación militar, EE.UU. movilizó agencias civiles: la DEA (Administración Antidrogas) escoltó a Maduro a prisión en Nueva York, y el Departamento de Justicia prepara cargos por narcotráfico. Todo esto subraya que Trump enmarca la intervención dentro de la lucha contra el “Narco-Estado” venezolano, presentándola casi como una extensión de su política antiterrorista. [rtve.es] [eltiempo.com] [tribuna.cu] [elconfidencial.com]
Intereses geopolíticos y económicos (¿el petróleo como motivo?): A pesar de las afirmaciones de Rubio de que “no necesitamos el petróleo de Venezuela”, las propias palabras de Trump evidencian que los recursos energéticos juegan un papel central. En su discurso, Trump enfatizó que las petroleras estadounidenses tendrán una “fuerte participación” en la reconstrucción de la industria. Habló de “grandes beneficios” tanto para venezolanos como para estadounidenses, y mencionó cifras que denotan la importancia de Venezuela: el país posee la mayor reserva probada de petróleo del mundo (unos 303 mil millones de barriles, equivalentes al 17% del total global). Actualmente solo extrae una fracción de ese potencial debido a la mala gestión y sanciones. Es evidente que Washington quiere reactivar ese petróleo bajo su órbita. Esto se alinea con una visión geoestratégica más amplia: “No permitiremos que la industria petrolera venezolana esté controlada por adversarios de EE.UU. ¿Por qué la necesitan China o Rusia?”, dijo Marco Rubio, marcando la preocupación de que potencias rivales saquen provecho del crudo venezolano. [reporteri.net] [rtve.es] [reporteri.net], [reporteri.net]
De hecho, la intervención estadounidense detiene en seco la creciente presencia de Rusia, China e Irán en Venezuela. Rusia llevaba años apoyando a Maduro con contratos petroleros, venta de armas y personal técnico; China es acreedora de decenas de miles de millones de dólares y operaba campos petrolíferos; Irán proveía combustibles y cooperación militar. Todos estos actores condenaron la agresión: Moscú y Pekín en foros de la ONU han hablado de “precedente peligrosísimo”, mientras que Teherán la calificó de “nuevo capítulo de la doctrina Monroe” aplicado por Trump. Los analistas señalan que EE.UU. busca reafirmar su dominio en el hemisferio y evitar un enclave hostil --y rico en petróleo-- en su patio trasero, en línea con la vieja Doctrina Monroe. En una frase, Rubio resumió la motivación: “No queremos que la industria petrolera beneficie a piratas y adversarios; queremos que beneficie al pueblo [y, por ende, esté bajo orden occidental]”. Esto confirma que la geopolítica del petróleo y la seguridad regional están íntimamente ligadas en la acción de Trump. [elconfidencial.com], [elpais.com] [eltiempo.com]
Legitimidad internacional y derecho internacional: Trump lanzó esta operación sin mandato explícito de la ONU ni consenso regional (más allá del apoyo tácito de algunos gobiernos). Por ello, afronta ahora una batalla diplomática. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de emergencia, con previsibles condenas de aliados de Venezuela. La OEA y países vecinos están divididos: Colombia, gobernada por Gustavo Petro, protestó enérgicamente por la “agresión armada” y movilizó tropas en la frontera para contener posibles estallidos, mientras que otros estados latinoamericanos guardan silencio o expresan preocupación por los civiles pero culpan a Maduro por haber propiciado la crisis. Estados Unidos defiende la legalidad de sus actos alegando doctrina de intervención humanitaria y lucha contra el narcoterrorismo (recordemos que Maduro y su círculo fueron acusados en EE.UU. de dirigir el Cartel de los Soles). Aún así, objetivamente la intervención violó la soberanía venezolana y el artículo 2 de la Carta de la ONU, como señala el comunicado oficial de Caracas. Trump aparentemente está dispuesto a asumir ese costo reputacional. La eventual reacción de organismos como la Corte Penal Internacional (que ya investigaba crímenes en Venezuela) o del Movimiento de Países No Alineados podría complicar la narrativa estadounidense de “liberación”. Por ahora, la Casa Blanca se apoya en un grupo de países aliados que justifican la acción por la gravedad de la crisis venezolana y el fracaso de todas las vías diplomáticas previas. [elconfidencial.com] [tribuna.cu], [elconfidencial.com] [tribuna.cu]
Marco Rubio: aclarando los objetivos estadounidenses y la posición de EE.UU.
El secretario de Estado Marco Rubio se ha convertido en la cara visible de la diplomacia de Washington en esta crisis. Rubio, de origen cubano-venezolano y conocido halcón contra el chavismo, ha dado múltiples declaraciones subrayando la racionalidad de la operación y matizando las intenciones de EE.UU.:
“No estamos en guerra con Venezuela, esto no es sobre petróleo”: Rubio ha insistido en entrevistas que la operación Resolución Absoluta no busca conquistar Venezuela ni explotar sus recursos unilateralmente, sino desmantelar redes criminales. “Esto no es una guerra contra Venezuela”, afirmó en NBC; “estamos en guerra contra las organizaciones del narcotráfico… no contra el pueblo venezolano”, aclaró. Ha comparado la intervención más con un gigantesco operativo antinarcóticos que con una invasión clásica. Al ser preguntado directamente si EE.UU. está tras el petróleo, Rubio respondió: “Estados Unidos no necesita el petróleo de Venezuela. Tenemos de sobra.* Lo que no permitiremos es que adversarios como China, Rusia o Irán controlen esas riquezas”*, subrayando que se trata de impedir que potencias rivales saquen ventaja estratégica. Esta afirmación “no necesitamos el petróleo venezolano” busca restar credibilidad a la narrativa chavista de que todo es un saqueo de recursos. Sin embargo, Rubio complementa ese mensaje con la idea de que sí se debe evitar que el petróleo financie a enemigos de EE.UU. y que los ingresos petroleros beneficien al pueblo venezolano (implícitamente, bajo supervisión estadounidense). [reporteri.net], [reporteri.net] [eltiempo.com]
Condicionamiento al régimen remanente: Rubio ha lanzado un aviso claro a figuras como Delcy Rodríguez: “Vamos a juzgar todo lo que hagan, vamos a ver qué hacen”. Dijo que EE.UU. está dispuesto a “trabajar con los líderes actuales” si toman “las decisiones adecuadas”, pero que mantendrá “múltiples palancas de presión” si no lo hacen. Este mensaje sugiere que Washington espera cierta cooperación por parte de la estructura chavista que quedó en Caracas. Por ejemplo, que Delcy Rodríguez garantice la paz civil y quizás facilite una transición electoral en algún momento. Si lo hace, podría evitar un enfrentamiento frontal con EE.UU. o incluso conservar algún rol. Pero Rubio dejó en el aire qué considera “decisiones adecuadas”. Posiblemente incluye liberar presos políticos, expulsar a asesores cubanos y rusos, y abstenerse de provocar violencia. En cambio, advirtió que si el régimen “no toma las decisiones adecuadas”, Estados Unidos intensificará la presión económica, política e incluso militar. Esto podría significar más sanciones (por ejemplo, embargos secundarios a países que ayuden al chavismo, o congelamiento de activos a funcionarios que persistan), e incluso acciones armadas puntuales contra focos de resistencia armada chavista. Rubio también mencionó que por ahora no se contempla desplegar gran cantidad de tropas en territorio venezolano –refiriéndose a eso como una “obsesión” mediática– pero no lo descartó completamente. Esto deja abierta la opción de enviar fuerzas de paz o asesores militares a garantizar la seguridad, aunque subrayó que confiaban en ejercer control sin repetir escenarios como Irak o Afganistán. [eltiempo.com], [eltiempo.com] [eltiempo.com]
Garantizar intereses estadounidenses: Fiel a su perfil, Rubio ha enmarcado repetidamente la acción en la defensa de los intereses de EE.UU.. Declaró que “no solo nos enfrentamos al régimen [de Maduro], nos enfrentamos a una amenaza para los intereses estadounidenses”, aludiendo al tráfico de drogas, la inestabilidad regional y la presencia de adversarios geopolíticos. También recordó que “ofrecimos múltiples salidas” a Maduro que este no aprovechó, insinuando que la responsabilidad recae en él. Rubio destaca así que la decisión de usar la fuerza fue último recurso, tras el fracaso de negociaciones (recordemos Barbados 2023, Oslo 2019, etc., donde el régimen incumplió acuerdos). En cuanto al futuro inmediato, Rubio señaló que EE.UU. mantendrá el embargo petrolero y otras medidas de presión que “nos permiten ejercer influencia considerable sobre el curso de los acontecimientos”. Esto implica que aunque la intervención militar activa haya cesado (por ahora no hay combates abiertos), la campaña de máxima presión continúa en el plano económico-diplomático para forzar determinados resultados (por ejemplo, que Delcy y otros cedan finalmente el poder a un gobierno de transición aceptable para Washington). La mención de “múltiples palancas” sugiere incluso la posible amenaza de sanciones a terceros países: de hecho, Rubio advirtió que EE.UU. “no tolerará que terceros países extraigan o exporten petróleo del régimen de Maduro”, en clara alusión a naciones como China o India que pudieran intentar hacerlo. [eltiempo.com] [ntn24.com]
En suma, Marco Rubio actúa como portavoz de una línea dura pero calculada: Rechaza la idea de una invasión para robar petróleo y en cambio vende la operación como un golpe quirúrgico contra un régimen criminal, tras el cual EE.UU. ayudará a Venezuela a recuperarse. Su discurso busca tranquilizar a la audiencia norteamericana e internacional, asegurando que esto no será otro “atolladero” militar y que el fin último es la democracia venezolana. A la vez, envía un mensaje de fuerza a los restos del chavismo: cooperar o enfrentar el peso total de EE.UU. Esta dualidad –mano extendida con condiciones, pero puño cerrado listo para apretar– refleja la complejidad de la situación. Washington sabe que necesita cierta colaboración interna para evitar gobernar solo sobre ruinas, pero tampoco quiere permitir que el chavismo se regenere. Rubio, como encargado de diplomacia, equilibra esos factores en sus declaraciones públicas.
Comparativa de posiciones de los actores clave
A continuación, se presenta una tabla comparativa que resume la postura de cada uno de los protagonistas mencionados (Diego Arria, Vladimir Padrino López, Delcy Rodríguez, Donald Trump y Marco Rubio) respecto a la situación política de Venezuela y la “libertad” del país:
| Actor / Posición | Postura sobre la crisis y la libertad en Venezuela |
|---|---|
| Diego Arria Exembajador ONU, opositor en el exilio | - Cree que solo la fuerza puede derribar al chavismo y rescatar la democracia venezolana [ntn24.com]. - Rechaza cualquier protagonismo del régimen en la transición: considera “inaceptable” que figuras como Padrino o Delcy sean parte del proceso, pues son cómplices del autoritarismo [maduradas.com]. - Critica excluir a la oposición: ve la decisión de Trump de marginar a los líderes opositores como un error que debilita la búsqueda de libertad. Aboga por que opositores democráticos encabecen la reconstrucción política. |
| Vladimir Padrino López Ministro de Defensa de Maduro | - Condena la intervención de EE.UU.: la tilda de “invasión ultrajante” contra Venezuela y de violación flagrante de la soberanía. - Llama a la resistencia armada: moviliza a la FANB y fuerzas chavistas, prometiendo “¡Venceremos!” y defendiendo la patria contra el “imperio” [tribuna.cu]. - Lealtad al chavismo: no reconoce autoridad alguna en el gobierno de transición de Trump; exige la restitución de Maduro y mantiene que el régimen seguirá luchando (“el pueblo y su Gobierno legítimo se mantienen firmes”) [tribuna.cu]. |
| Delcy Rodríguez Vicepresidenta venezolana (chavista) | - Desconoce el derrocamiento de Maduro: exige su liberación inmediata y lo sigue llamando “único presidente legítimo” [elconfidencial.com]. - Asume liderazgo interno: con apoyo del TSJ, se proclama presidenta encargada para garantizar la “continuidad” del gobierno [elconfidencial.com]. - Denuncia el ataque y alerta internacional: califica la acción de “agresión imperial” y advierte que “hoy es Venezuela, mañana cualquier nación”, buscando apoyo externo [elconfidencial.com]. - Posible negociación: públicamente promete no ceder, pero podría intentar negociar su permanencia o condiciones con EE.UU. si eso asegura estabilidad o su propia salvación. |
| Donald Trump Presidente de EE.UU. | - Ordenó la intervención militar para derrocar a Maduro, justificándola en nombre de la “libertad, la paz y la justicia” para el pueblo venezolano [tribuna.cu] y para eliminar un “narco-Estado” que amenaza la región. - Transición tutelada: declara que EE.UU. “dirigirá la transición” hasta que Venezuela esté lista para un gobierno estable [tribuna.cu]. No confía en la oposición local para liderar el país (descarta a Machado por falta de apoyo) [elconfidencial.com]. - Interés en el petróleo: admite que las petroleras de EE.UU. van a entrar a explotar el crudo venezolano, prometiendo beneficios compartidos [rtve.es]. Enfatiza que no permitirá que China, Rusia u otros “tomen control” de Venezuela [tribuna.cu]. - Mensaje a los aliados de Maduro: amenazó al régimen cubano (aliado clave de Caracas) diciendo “Si yo estuviera en La Habana, estaría preocupado”, sugiriendo posibles medidas contra quienes sostienen al chavismo [elconfidencial.com]. |
| Marco Rubio Secretario de Estado de EE.UU. | - Defiende la intervención como una acción contra criminales, no contra el pueblo venezolano. Asegura que “no es una guerra contra Venezuela” sino contra las redes de narcotráfico y corrupción [reporteri.net]. - “No es por petróleo”: afirma que EE.UU. “no necesita el petróleo venezolano”, sino que busca impedir que ese recurso financie a “piratas” (Rusia, China, Irán) y garantizar que beneficie al pueblo [reporteri.net], [eltiempo.com]. - Condiciona al régimen: dice que Washington “juzgará por sus actos” a los actuales líderes chavistas. Está dispuesto a “trabajar con ellos si toman las decisiones adecuadas”, pero mantendrá “mucha presión” si no colaboran [eltiempo.com], [eltiempo.com]. No descarta más acciones (militares o sanciones) si la situación lo exige. - Compromiso con la democracia: sostiene que el fin último es que Venezuela tenga un gobierno libre de corrupción y que Maduro “enfrente la ira de la justicia” por sus delitos. Niega que EE.UU. vaya a quedarse a largo plazo como ocupante, comparando: “Venezuela no es Libia ni Irak; nuestra misión es muy diferente” [eltiempo.com]. |
Fuentes: Declaraciones de Diego Arria en medios opositores; comunicados y pronunciamientos oficiales de Vladimir Padrino López y Delcy Rodríguez; discursos de Donald Trump; entrevistas y declaraciones de Marco Rubio (CBS News, NBC), entre otras. [maduradas.com] [elconfidencial.com] [rtve.es], [elconfidencial.com] [reporteri.net], [eltiempo.com]
Evolución reciente de la crisis venezolana (cronología breve)
Para entender mejor el contexto, a continuación se reseñan los eventos clave en la situación política de Venezuela que llevaron a las declaraciones y posiciones analizadas:
Contexto histórico: La crisis venezolana actual tiene raíces profundas en años de deterioro democrático y enfrentamientos entre el gobierno chavista y la oposición. Tras la muerte de Hugo Chávez (2013) y la caída económica, Nicolás Maduro gobernó con mano dura, erosionando las instituciones (por ejemplo, mediante la controvertida Constituyente de 2017). En 2019, la oposición intentó una vía constitucional proclamando a Juan Guaidó como presidente interino con reconocimiento internacional, pero esa estrategia no logró desalojar a Maduro. Las sanciones económicas de EE.UU. y la UE tampoco doblaron al régimen, que se sostuvo con apoyo de Rusia, China, Cuba y control de fuerzas de seguridad.
En 2024, Maduro buscó legitimarse con elecciones anticipadas, pero la falta de garantías y proscripción de líderes opositores (María Corina Machado, favorita en encuestas, fue inhabilitada) derivaron en unos comicios sin credibilidad. Su “victoria” electoral en julio 2024 fue ampliamente considerada fraudulenta, desencadenando protestas internas y el desconocimiento de numerosos países vecinos. Se instaló así un impasse: Maduro inició un nuevo período presidencial en enero de 2025 no reconocido por gran parte de Occidente. Durante 2025, se profundizó la crisis humanitaria (millones de migrantes) y aumentó la presión internacional. Trump, de vuelta en la Casa Blanca en 2025, mostró menos paciencia con los mecanismos diplomáticos. Para fines de 2025, con las negociaciones en México/Barbados estancadas y la oposición debilitada, EE.UU. optó por la vía de hecho. [as.com], [as.com]
La intervención de 2026 reconfigura dramáticamente el panorama: el chavismo ha perdido a su líder máximo, pero intenta pervivir a través de Rodríguez, Cabello y Padrino; la oposición venezolana tradicional ve una oportunidad pero también enfrenta la incómoda tutela extranjera; EE.UU. asume un rol directo sin precedentes recientes en América Latina, arriesgando costos políticos pero esperando una ganancia estratégica (eliminar un foco de adversarios y ganar influencia sobre el principal yacimiento de crudo del mundo).
El apoyo popular dentro de Venezuela a la intervención es difícil de medir en este momento. Ha habido celebraciones en sectores opositores (se vieron expresiones de júbilo en Caracas al saberse la noticia), pero también miedo e incertidumbre en la población general –muchos temen violencia prolongada o no confían en las intenciones de EE.UU. tras décadas de propaganda antiimperialista. El éxito a largo plazo de este dramático giro dependerá de si se logra una transición inclusiva y legítima hacia elecciones libres. Las declaraciones de Arria subrayan precisamente ese punto: liberar a Venezuela no es solo sacar a Maduro, sino asegurar que el país recupere su soberanía popular, algo que solo será posible con la salida real del chavismo del poder y con venezolanos democráticos conduciendo el proceso. [semana.com]
En conclusión, las declaraciones de Diego Arria, de Padrino López, de Delcy Rodríguez, de Donald Trump y de Marco Rubio encierran visiones contrapuestas del futuro de Venezuela. Arria representa la visión de la oposición más firme: cero impunidad para el chavismo y empoderamiento de la oposición genuina. Padrino y Delcy encarnan la resistencia del régimen y su intento de sobrevivir –sea luchando o negociando. Trump y Rubio articulan la posición de la potencia interventora: liberar al país, sí, pero garantizando que ello favorezca los intereses y valores de EE.UU.. El pulso entre estas posturas definirá el desenlace: si Venezuela transitará a una democracia plena de la mano de sus ciudadanos, o si quedará en una transición tutelada con riesgo de nuevas tensiones. Por ahora, la prioridad internacional –según Rubio– es “que cese el narcotráfico y que Venezuela no sea base para nuestros adversarios”, lo cual indica que la libertad de Venezuela está entrelazada a cálculos geopolíticos mayores. Encontrar un equilibrio entre ambas cosas (la genuina liberación del país y los intereses externos) será clave para que la promesa de un Venezuela libre no se malogre. [eltiempo.com], [eltiempo.com]
Referencias seleccionadas:
- Maduradas (21/07/2021) – Declaraciones de Diego Arria sobre Delcy Rodríguez y la “libertad” no rescatada. [maduradas.com]
- El Confidencial (03/01/2026) – Cobertura en directo de la captura de Maduro: anuncio de Trump, frase sobre Machado y reacción de Delcy Rodríguez. [elconfidencial.com], [elconfidencial.com]
- Tribuna de La Habana/Cubadebate (03/01/2026) – Comunicado oficial de Venezuela denunciando el ataque (“apoderarse del petróleo”) y decreto de defensa nacional. [tribuna.cu], [tribuna.cu]
- RTVE Noticias (03/01/2026) – Detalles de la Operación Resolución Absoluta: participación de 150 aeronaves y planteos de Trump sobre controlar la transición y petróleo. [rtve.es], [rtve.es]
- Diario Libre (03/09/2025) – Declaraciones de Marco Rubio sobre intervención (en aquel entonces evitó confirmarla, pero prometió enfrentar amenazas). [diariolibre.com]
- El Tiempo (AFP, 04/01/2026) – Entrevista a Marco Rubio tras la captura: “trabajar con líderes actuales si… decisiones adecuadas”, “no petróleo a piratas, que beneficie al pueblo”. [eltiempo.com], [eltiempo.com]
- Semana (03/01/2026) – Minuto a minuto: Vicepdte. de EE.UU. J.D. Vance sobre objetivos (narcotráfico cesar, petróleo robado devuelto); declaraciones de figuras regionales y opositores. [semana.com]
- NTN24 / NTN24.com – Historial de declaraciones de Diego Arria en años previos (uso de la fuerza, críticas a pactos con chavismo). [ntn24.com], [ntn24.com]
- Infobae (04/09/2025) – “Marco Rubio desprecia llamado de la ONU…”: refleja la postura firme de Rubio contra críticas internacionales durante la escalada.
Cada una de estas fuentes aporta contexto y respaldan las afirmaciones vertidas en este informe, proporcionando un panorama exhaustivo, factual y actualizado sobre la crisis política venezolana y las diversas posiciones de sus actores clave. [maduradas.com], [elconfidencial.com], [reporteri.net]
