viernes, 24 de julio de 2020

ONU conocerá demanda Lajún a RD por expropiación vertedero Duquesa



imagen

Por AGENCIAS Fecha: 22 julio, 2020

ONU conocerá demanda Lajún a RD por expropiación vertedero Duquesa

Miami. – Un tribunal arbitral de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) se declaró competente por jurisdicción para juzgar si la expropiación del vertedero de Duquesa decidida por la República Dominicana ocasionó perjuicios por $US 580 millones como sostiene el demandante, el multimillonario de origen jamaiquino y nacionalizado canadiense Michael Anthony Lee-Chin.
La empresa Lajún de la que Lee-Chin es socio mayoritario, fue despojada de la administración del vertedero mediante orden del Tribunal Superior Administrativo emitida el 27 de septiembre del 2017.
Según una publicación del periódico digital Acento.com , El caso se refiere a una controversia planteada con base en el Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones contenido en el Anexo III del Acuerdo para el Establecimiento del Área de Libre Comercio entre la República Dominicana y la Comunidad del Caribe (CARICOM).
“El Tribunal decide lo siguiente: (i) declarar que la presente controversia se encuentra dentro de la jurisdicción del Tribunal; (ii) rechazar las objeciones a la jurisdicción presentada por la demandada; (iii) proseguir con la sustanciación del procedimiento arbitral según el calendario que se fijará en consulta con las partes a partir de lo dispuesto en la Opción I del Calendario Procesal (Anexo A Revisado 190 de la Resolución Procesal No. 1); (iv) diferir la adopción de la resolución sobre las costas”, dice el fallo.
El bufete de abogados global Hogan Lovells, contratado por Michael Anthony Lee-Chin, destacó que el tribunal “rechazó todas las objeciones jurisdiccionales de la República Dominicana relacionadas con la supuesta falta de consentimiento bajo el Artículo XIII del Tratado (de Caricom), y la falta de jurisdicción sobre el tema basada en la inversión indirecta del Sr. Lee-Chin en la República Dominicana”.
El arbitraje ahora pasará a la fase de fondo para abordar la afirmación de Lee-Chin de que la República Dominicana violó las normas de protección otorgadas a los inversores extranjeros en virtud del Tratado.
La inversión de Lee-Chin consistió en el 90% de las acciones de una empresa dominicana, Lajún Corporation SA, que tenía un contrato de concesión para administrar un relleno sanitario en Santo Domingo, donde Lee-Chin “estaba desarrollando una planta de conversión de residuos en energía”, añadió.
“Las autoridades locales de Santo Domingo -prosiguió el bufete de abogados- expropiaron la inversión sin compensación al tomar el control militar del vertedero y emprender acciones locales para anular la concesión”.

En sus 16 años: El PLD logró construir un régimen neototalitario | Por: Angely Moreno @AngelyMorenoRD

En sus 16 años: El PLD logró construir un régimen neototalitario

Por: Angely Moreno

Si existe algo inherente a la realidad es el cambio. Por eso, a cusa de los avances de la tecnología y las transformaciones sociales, también evolucionan las nuevas formas de control político.

En el caso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en sus 16 años consecutivos de gobierno pudo instalar un neototalitarismo estructurado, que pudo controlar casi hasta el final de sus gobiernos con una seudo realidad o posverdad que hasta ellos mismos creyeron. Circunstancia levantada por un sistema de “opinantes públicos” a los que denominaron bocinas, que se sustentaban en todos los ecosistemas de interacción social con el mismo presupuesto del Estado.

Pero ¿a cuál neototalitarismo me refiero? Antes, los regímenes totalitarios se evidenciaban en la sangre de los adversarios que asesinaban y para hacer referencia a casos en particular de nuestro país podríamos citar el asesinato de los periodistas Orlando Martínez y Gregorio García Castro, jefe de redacción del periódico Última Hora; el atentado terrorista contra Juan Bolívar Díaz, la instalación de centros de tortura, entre otros.

El objetivo del régimen totalitarista es que un partido y/o persona controle todos los aspectos de la vida del Estado, impidiendo la intervención de otros para desequilibrar sus objetivos. En ese momento el objetivo era claro, silencio o muerte. Se instaló el miedo y el terror como mecanismos de control social en los 12 años de Joaquín Balaguer, conducta emulada del trujillismo.

El nuevo totalitarismo que instaló el PLD se trata de ponerle límites a la libertad de forma sofisticada, mientras el Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones, haciendo uso de un aparato comunicacional que describía la realidad que desearon fuera percibida y se construyera en los cuadros mentales de los ciudadanos un esquema de ignorancia basado en la realidad que describen a su conveniencia.

“Una característica fundamental de estos regímenes neototalitarios consiste en que, aunque defienden la democracia como forma de gobierno, su práctica política niega los valores de la democracia en tanto lo que impera es una violación sistemática de los derechos humanos a través de prácticas correspondientes al terrorismo de Estado, las cuales son ocultadas y/o tergiversadas por un inmenso aparato de propaganda”, Miguel Albujas Dorta, filósofo.

El neototalitarismo instalado por el Comité Político del oficialismo permitió al PLD consolidar durante 16 años una corporación lo suficientemente poderosa como para generar un Partido-Estado en una república presidencialista, que le permitiera desarrollar redes de represión no convencionales en contra de aquellos que se resistían a su continuidad y hegemonía; como es el caso de los periodistas perseguidos, intimidados y sacados de sus espacios de trabajos, hasta llegar a un momento donde no había ninguno de ellos en los medios de comunicación tradicionales y acorralándolos a buscar nuevas alternativas de difusión con menos alcance, aunque la credibilidad les confirió transcendencia y vigencia.

Pese a sus intentos, la creación de programas reproductores de perfiles con comportamiento humanos en las redes sociales, el PLD no pudo frenar la gallardía de una sociedad que tiñó de verde sus calles durante un año. La infiltración semántica de las palabras corrupción e impunidad entre las preocupaciones principales de los dominicanos que se evidenciaron en las encuestas luego del 22 de enero del 2017.

No pudo frenar la frustración, indignación, pérdida del miedo y posterior empoderamiento de una clase media que fue punta de lanza en cada uno de los procesos sociales que dieron paso a la caída del gobierno morado.

Pudo incidental las elecciones de febrero con el voto automatizado, pero no pudo frenar la concentración simultánea de una juventud más interesada que nunca en la política en la Plaza de la Bandera. 

El PLD pudo inmovilizar la ejecución de la ley 15-19 por parte de la Junta Central Electoral; pudo encerrar a la oposición mientras llevaban a cabo una campaña electoral solitaria bajo la protección del Estado de Emergencia; pudo utilizar de manera burda y deliberada los recursos del Estado para favorecer a sus candidatos en las pasadas elecciones, pero no pudo controlar el voto de castigo del 5 de julio que se levantó en contra de la corrupción y la impunidad para cambiar el destino político de la República Dominicana.

Hoy.com.do 

Una reforma que puede terminar con el modelo previsional de pensiones en Chile | El Gobierno se mostró en todo momento contrario a esta reforma

Una reforma que puede terminar con el modelo previsional de pensiones en Chile

  • El Gobierno se mostró en todo momento contrario a esta reforma
EFE - CHILE 23/07/2020, 10:14 PM
$!Una reforma que puede terminar con el modelo previsional de pensiones en Chile
Personas protestas en contra de las AFP en Chile. (FUENTE EXTERNA)

La reforma al sistema de pensiones de Chile que se aprobó este jueves en el Congreso, que habilita a los ciudadanos a retirar de forma anticipada una parte de sus fondos previsionales, puede abrir la puerta a que se acometa un cambio estructural de todo el modelo, por las voluntades políticas que ha conjugado y por el contexto social en el que se produce.

La iniciativa, propuesta por la oposición, obtuvo esta jornada en la Cámara de Diputados el respaldo de una amplía mayoría, incluidos 35 parlamentarios de la coalición oficialista, el bloque de derechas Chile Vamos, a los que se suman los cinco senadores que dieron su voto favorable en la Cámara alta en la jornada del miércoles.

El Gobierno se mostró en todo momento contrario a esta reforma, pero no logró convencer a sus parlamentarios de rechazarla, y aunque se llegó a especular con la posibilidad de que el presidente Sebastián Piñera la vetara o la recurriera ante el Tribunal Constitucional, avanzada la tarde se anunció que el mandatario promulgará el texto este viernes.

A través de un comunicado, el Ejecutivo expresó también estar 'comprometido con avanzar en una profunda reforma previsional que permita cambiar el sistema, con el propósito de mejorar las pensiones de todos los ciudadanos'.

La oposición ha calificado esta jornada como 'histórica' y como un primer paso para cambiar el actual sistema de pensiones, basado en la capitalización individual, y avanzar hacia un modelo mixto o de reparto.

'Este ha sido un tsunami ciudadano, seguido de un terremoto político para el Gobierno. El presidente Piñera no tiene otra opción que promulgar esta reforma y luego vendrá la reforma profunda al sistema de pensiones', expresó el líder del opositor Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz.

El debate sobre esta reforma también agitó a la ciudadanía, que según las encuestas la apoya mayoritariamente, y se dio con el recuerdo aún fresco del llamado 'estallido social' que comenzó el octubre de 2019, con masivas protestas denunciando la desigualdad del país y reclamando reformas estructurales en el modelo de pensiones, entre otras cosa.

UNA DE LAS REFORMAS MÁS IMPORTANTES EN 40 AÑOS

La reforma aprobada esta jornada es una de las mayores que recibe el actual sistema, instaurado en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) e ideado por José Piñera, uno de los hermanos del actual presidente, que estableció el ahorro individual obligatorio como pilar básico, mediante el cual cada trabajador aporta un 10 % mensual de su sueldo bruto a un fondo de pensiones personal del que puede disponer cuando se jubila.

El texto aprobado establece la posibilidad de que los ciudadanos que lo deseen puedan retirar, por una sola vez, el 10 % de sus ahorros previsionales como ayuda ante la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19.

Estos fondos se encuentran depositados en las llamadas administradoras de fondos de pensiones (AFP), empresas privadas que gestionan los ahorros individuales y que los invierten en los mercados, obteniendo por lo general altos beneficios que no se reflejan luego en las pensiones que entregan, que para un alto porcentaje de jubilados rondan los 200 dólares al mes.

PUNTO DE INFLEXIÓN

Para el economista de la Fundación Sol Marco Kremerman, el gran impacto de la aprobación del retiro del 10 % 'tiene que ver con la discusión profunda sobre el sistema de pensiones'.

'Abre el espacio a una discusión global, que ya es imparable, que no hay cómo evadirla (...) Se corrió el eje político, por lo tanto se tiene que construir un sistema verdaderamente de seguridad social, que sería un cambio profundo al sistema', dijo Kremerman a Efe.

Por contra, Bettina Horst, directora de Políticas Públicas del centro de estudios liberal Libertad y Desarrollo, el proyecto en discusión no se hace cargo de mejorar las pensiones o de proponer un cambio al actual modelo.

'Esta no es una reforma al sistema de pensiones, sino que es un reforma que plantea el retiro de los fondos y que deja más debilitado aún nuestro sistema de pensiones', dijo Horst a Efe.

Es un argumento similar al defendido por el Gobierno durante el debate, en la convicción de que la reforma es regresiva y una mala medida para el futuro de las pensiones que van a recibir los ciudadanos.

'Nuestra convicción es que la clase media no tiene que pagar con sus pensiones esta crisis, sino con aportes del Estado y transferencias directas', dijo a la prensa el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, tras conocerse el resultado de la votación.

No obstante, el alto funcionario hizo un llamado 'a recuperar un tono de menor crispación y mayor colaboración', mensaje dirigido especialmente también a la propia coalición de Gobierno.

Con el precedente de la reforma aprobada este jueves y la suma de las voluntades expresadas por el Gobierno, la oposición y parte de la ciudadanía de acometer profundos cambios al sistema de pensiones, el actual modelo previsional chileno podría estar en el inicio de su final.

Según el PNUD, un ingreso básico temporal para proteger a las personas más pobres del mundo podría desacelerar el aumento de los casos de COVID-19

Muchas de las personas que no gozan de la cobertura de programas de seguro social son trabajadores informales, trabajadores con salarios bajos, mujeres, jóvenes, refugiados, migrantes y personas con discapacidad, quienes además son los más afectados por la actual crisis. Foto: PNUD Colombia

Nueva York, 23 de julio – Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado hoy, la introducción de un ingreso básico temporal destinado a las personas más pobres del mundo podría aminorar el actual aumento de casos de COVID-19 al permitir que cerca de 3.000 millones de personas permanezcan en sus hogares durante la pandemia.

En el informe, titulado Ingreso Básico Temporal: Proteger a las Personas Pobres y Vulnerables en los Países en Desarrollo, se estima que costaría US$ 199.000 millones ofrecer un ingreso básico garantizado durante seis meses a los 2.700 millones de personas que viven por debajo o apenas por encima del umbral de pobreza en 132 países en desarrollo.

En el informe se ha determinado que esa medida necesaria, ya que la pandemia está avanzando actualmente a un ritmo que supera los 1,6 millones de nuevos casos por semana, en especial en los países en desarrollo, donde 7 de cada 10 trabajadores generan su sustento a través de mercados informales y no pueden obtener ingresos si permanecen en sus hogares.

Muchas de las personas que no gozan de la cobertura de programas de seguro social son trabajadores informales, trabajadores con salarios bajos, mujeres, jóvenes, refugiados, migrantes y personas con discapacidad, quienes además son los más afectados por la actual crisis. El PNUD ha evaluado los efectos socioeconómicos de la COVID-19 en más de 60 países en los últimos meses, y, según los datos obtenidos, los trabajadores que no cuentan con protección social no pueden permanecer en sus hogares sin generar ingresos.

En el caso de América Latina y el Caribe - la región más afectada en términos de crecimiento económico y que tiene más de 3.5 millones de casos confirmados y cerca de 160 mil muertes confirmadas por COVID - más de dos tercios de los trabajadores están en el sector informal y 61% de ellos no se beneficia de ninguna forma de protección social y no pueden responder a los riesgos de la cuarentena o el aumento del gasto en atención médica.

Un ingreso básico temporal permitiría a las personas más afectadas por los efectos sociales y económicos de COVID-19 pagar los servicios de alimentos, cuidado infantil, salud y educación,

incluso si no pueden trabajar y se les exige quedarse en casa; sin embargo, la complejidad de llegar a tiempo a estas poblaciones no debe subestimarse. Además, es una medida viable desde el punto de vista financiero, ya que ese ingreso para un plazo de seis meses costaría solo el 12% del total de la respuesta financiera a la COVID-19 prevista para 2020, o el equivalente a una tercera parte del monto que los países en desarrollo deben pagar por su deuda externa en 2020.

“Los tiempos sin precedentes exigen medidas sociales y económicas sin precedentes. La introducción de un ingreso básico temporal para las personas más pobres del mundo se ha planteado como una opción, algo que habría parecido imposible solo unos meses atrás”, ha señalado el Administrador del PNUD, Achim Steiner.

“Los rescates y los planes de recuperación no pueden centrarse únicamente en los grandes mercados y negocios. Un ingreso básico temporal podría permitir a los gobiernos dar a las personas en confinamiento un sustento financiero, volver a inyectar efectivo en las economías locales para ayudar a mantener los pequeños negocios a flote, y desacelerar el devastador avance de la COVID-19”, añadió Steiner.

De todos modos, el ingreso básico temporal no es una solución milagrosa a las dificultades económicas que ha generado esta pandemia. La protección del empleo, la ampliación del apoyo que se brinda a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, y el uso de soluciones digitales para identificar y llegar a las personas excluidas son medidas que los países pueden aplicar.

Más de 20 países de América Latina y el Caribe han ampliado o introducido medidas de transferencias de efectivo para responder a la crisis de COVID-19. Algunos de estos son programas nuevos, en su mayoría temporales, algunos son expansiones de los existentes, tanto para llegar a nuevos beneficiarios como para aumentar la cantidad de personas beneficiadas.

Para ampliar las transferencias de efectivo, algunos países de la región se están beneficiando de las bases de datos de registro que ya incluyen grandes porciones de la población. Es el caso de Colombia y Chile, por ejemplo, cuyos registros ya incluían el 73% y el 75% de la población, respectivamente. Ambos países han podido expandir sus programas de transferencia, basados ​​en estos registros, agregando 14% y 25% de la población como nuevos beneficiarios, respectivamente.

Otros países que no tenían este tipo de registros administrativos antes de la crisis están buscando formas innovadoras de expandir sus programas. En Honduras, por ejemplo, con el apoyo del PNUD, el gobierno está ampliando su registro social para incluir a una porción más grande de la población a quienes se pueden extender los beneficios en tiempos de crisis.

Brasil, cuyo registro cubre el 45% de la población, se embarcó en una campaña de auto registro, donde las personas se inscriben en línea - con una posible visita al sitio para confirmar la veracidad de la información. Mediante este mecanismo, pudieron inscribirse 1.2 millones de hogares nuevos.

La COVID-19 ha exacerbado las desigualdades que ya existen a nivel mundial y nacional y ha generado nuevas disparidades que están perjudicando en mayor medida a las personas más vulnerables. Teniendo en cuenta que hasta 100 millones de personas más se verán sumidas en la pobreza extrema en 2020, que hay 1.400 millones de niñas y niños afectados por el cierre de las escuelas y que se registran niveles récord de desempleo y pérdida de medios de vida, el PNUD estima que el desarrollo humano global va camino de retroceder este año por primera vez desde que se estableció el concepto.

El PNUD es el organismo que encabeza la labor socioeconómica del sistema de la ONU en la recuperación ante la COVID-19 y está aplicando estrategias de recuperación social y económica en países de todo el mundo.

Icon of SDG 03Icon of SDG 10

Asamblea Nacional proclama hoy a Luis Abinader y Raquel Peña como presidente y vicepresidenta electos. | @luisabinader @raquelpenavice

Asamblea Nacional proclama hoy a Luis Abinader y Raquel Peña

  • El acto será encabezado por Radhamés Camacho, vicepresidente de la Asamblea
Diario Libre - SANTO DOMINGO | 24/07/2020, 12:10 AM
$!Asamblea Nacional proclama hoy a Luis Abinader y Raquel Peña
Luis Abinader y Raquel Peña

SD. Luego de un proceso electoral en medio de la pandemia COVID-19 y el aumento creciente del contagio, la Asamblea Nacional proclamará hoy viernes a Luis Abinader y Raquel Peña, como presidente y vicepresidenta electos.

La Asamblea Nacional está conformada por los senadores y diputados, quienes ya recibieron de la Junta Central Electoral (JCE) el acta de elección que certifica a Abinader y Peña como mandatarios electos.

Empleados del Congreso Nacional trabajan arduamente en el acondicionamiento de las instalaciones para garantizar la higiene en la plenaria.

La proclamación empezará a partir de las 10:00 de la mañana, por lo que el presidente en funciones del Senado, Arístides Víctoria Yeb, informó que será Radhamés Camacho, presidente de la Cámara Baja y vicepresidente de la Asamblea Nacional quien la presidirá.

José Luis Taveras | ¿Fiscal anticorrupción? (dos de tres) | @joseltaveras

¿Fiscal anticorrupción? (dos de tres)

Uno de los riesgos de los artículos seriales es que pueden suscitar opiniones sueltas basadas en uno de ellos, sobre todo cuando no se ha tenido la oportunidad de leerlos todos. Este es mi segundo trabajo sobre este tema; recomiendo completar la lectura de los demás para airear la comprensión completa de sus propuestas.

En la anterior entrega indicaba que abordar una reforma integral al Ministerio Público no solo supone el reconocimiento de su autonomía con respecto al Poder Ejecutivo, para lo cual se precisa de una reforma constitucional, sino la de ciertos órganos claves de su estructura, como la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), oficina encargada de investigar los crímenes y delitos de corrupción administrativa a nivel nacional.

Por más independencia que se le dé al Ministerio Público, si el órgano encargado de la investigación de la corrupción no tiene igual fortaleza y autonomía institucional los esfuerzos podrán diluirse. En la actualidad el PEPCA, a pesar de tener el rango de “dirección general” por disposición expresa del decreto que la creó, opera como un mero despacho de la Procuraduría bajo el mando del procurador, quien a su vez tiene al presidente de la República como su jefe político. En otros términos, es un despacho de tercera categoría adscrito al Departamento de Persecución de la Procuraduría General de la República.

La buena noticia es que ya circula un anteproyecto de ley que persigue crear la Procuraduría Especializada Anticorrupción en la República Dominicana como agencia especializada y autónoma con su propio presupuesto para investigar crímenes y delitos de corrupción. Se trata de un noble aporte de la Iniciativa Ciudadana Cuentas Claras, un proyecto asociado de varias entidades de Santiago presentado recientemente al país por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Asociación para el Desarrollo, el colectivo Compromiso Santiago (Cámara de Comercio y Producción, AIREN, ACIS, Corporación de Zona Franca, CDES, Asociación de Empresas de Zona Franca) la Fundación Masada y el Instituto Social para el Desarrollo. Junto a esta pieza se trabajó durante casi un año otro anteproyecto de ley que modifica el régimen de declaración jurada sobre bienes que deben presentar los funcionarios. Este último anteproyecto tipifica y sanciona el delito de enriquecimiento ilícito, apenas insinuado en la ley vigente, y consagra otras tipologías penales asociadas a la corrupción pública.

El órgano que se propone en este anteproyecto tendría independencia funcional y financiera, es decir, que en su trabajo no estaría sujeto a las órdenes de la Dirección General de Persecución ni del procurador general de la República. Sería el procurador especializado anticorrupción quien decidiría, según criterios legales y de oportunidad, a quién perseguir por actos de corrupción, evitándose así la injerencia indebida del Gobierno en esta decisión.

La Procuraduría Especializada Anticorrupción se encargará de investigar, perseguir y someter a todo funcionario que en el ejercicio de sus funciones cometa en perjuicio del Estado dominicano alguna conducta tipificada y sancionada penalmente –asociada a actos de corrupción o lavado de activos–, así como a sus vinculados, familiares o cualquier persona física o jurídica que promueva, facilite o resulte beneficiario del acto de corrupción investigado. Para esto, el anteproyecto prevé que este órgano cuente, además de los procuradores adjuntos, con profesionales en distintas áreas cuyo conocimiento es forzoso en la persecución de la corrupción.

La garantía de la independencia es reforzada por la forma de designación del procurador especializado y sus adjuntos. Para esto el anteproyecto propone cinco modelos distintos de selección en los que se reduce la influencia del Poder Ejecutivo. Este órgano estaría presidido por el procurador general de la República y en él se incorporaría a representantes de la sociedad civil organizada. Estos esquemas van desde la tradicional terna sometida al órgano legislativo hasta la conformación de un consejo de selección (ad hoc) con representantes de distintas esferas. Todos los modelos propuestos implican una elección pública y están abiertos a la participación y vigilancia ciudadanas. La idea de someter varios esquemas es abrir las opciones para elegir el más adecuado cuando estos anteproyectos se sometan al debate público.

El procurador titular desempeñará sus funciones por un período de seis años, y podrá ser renovado por otros seis una única vez. Pero, aún en caso de que opte por reelegirse, deberá ser evaluado nuevamente. Podrá ser removido si comente faltas muy graves siguiendo el proceso disciplinario que rige al Ministerio Público.

Otro aspecto incorporado al anteproyecto es limitar la injerencia financiera del Ejecutivo o del propio Consejo del Ministerio Público; a tal fin se propone que del presupuesto del Ministerio Público esta agencia reciba un porcentaje fijo establecido por la propia ley.

En el anteproyecto se perfila la Procuraduría Especializada Anticorrupción como un puesto de carrera al que solo pueden optar los miembros del Ministerio Público que sean parte del escalafón y que cuenten con al menos cinco años de experiencia como procurador fiscal (titular o adjunto) o mayor rango. Esto responde a que la función exige una experiencia técnica relevante en materia de persecución de delitos complejos, con un alto componente económico y de crimen organizado.

Una de las bondades de esta propuesta que apenas resumimos es que puede crearse a través de una ley sin necesidad de esperar la reforma constitucional que sí se requiere para modificar el estatuto de independencia del Ministerio Público. De manera que, mientras llega la reforma constitucional, ya se podría contar con una experiencia institucional de autonomía en la persecución de la corrupción. A esta sensible oportunidad y sus implicaciones constitucionales nos referiremos en la próxima y última entrega.

jueves, 23 de julio de 2020

Ascención asegura funciones y compromisos de entidades a ser eliminadas, serán asumidos por el Gobierno

Ascención asegura funciones y compromisos de entidades a ser eliminadas, serán  asumidos por el Gobierno 
23 de julio de 2020. Santo Domingo. -
El ingeniero Deligne Ascensión, anunciado por el presidente electo, Luis Abinader, como próximo ministro de Obras Públicas, aseguró hoy que las entidades estatales que desaparecerán como parte del propósito de hacer  más eficiente la gestión pública, pasarán por un proceso de transición en la que otras instituciones estatales se harán cargo de sus funciones y compromisos.
Los cambios que está introduciendo el presidente Abinader forman parte de una estrategia para hacer más efectiva, y  menos dispersa la operatividad del gobierno, pero garantizando siempre la continuidad del Estado,  respondió Ascención a periodistas que lo abordaron al salir del hostal Nicolás de Ovando, donde operan las oficinas de transición del presidente electo. . 
Agregó que los trabajos y compromisos que se estén desarrollando  en la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado, se les dará continuidad a través de otras instancias del Gobierno Central.  
Por igual dijo del personal que esté desarrollando una labor no tiene que abrigar ningún tipo de temor, ya que será reubicado. Ascensión afirmó que el presidente electo ha insistido en que el proceso de transición debe desarrollarse en un ambiente de tranquilidad, sin incertidumbres ni temores.  

‌Coronavirus desnuda precariedades sistema de salud RD

La economista Lety Melgen consideró que el coronavirus, una pandemia que causa estragos en el mundo por su letalidad, ha desnudado nueva vez las debilidades del sistema de seguridad social de República Dominicana, por la vulnerabilidad de la población.

En ese sentido expresó que, al discurso del presidente Danilo Medina, con el que anunció medidas restrictivas para prevenir la propagación de esa enfermedad, le faltó tocar temas vinculados con la provisión de medicamentos a la población, o los altos costos de las pruebas que harían los laboratorios privados.

A raíz de la propagación de la enfermedad en el país, el pánico ha provocado una avalancha de compras en los grandes supermercados.

“Es importante contener la especulación por el frenesí de las compras de la gente”, consideró Melgen al destacar que esta situación hará decrecer la economía.

Hoy.com.do 

Fue vencido el partido-Estado | Por Juan Bolivar Díaz @JBolivarDiaz

23 julio, 2020
Fue vencido el partido-Estado
Por Juan Bolivar Díaz
@JBolivarDiaz
Entre los aspectos más relevantes del proceso electoral recién concluido vale revelar que no fue simplemente la derrota de un partido que gobernó el país durante los últimos 16 años, sino de uno que se había constituido en corporación para usufructuar, contra todas las normativas, desde las constitucionales a las legales, todo el poder del Estado para reproducirse y mantener un dominio casi absoluto.
Ayer se cumplió un año de que el presidente Danilo Medina tuvo que poner fin, en dramático discurso, a los intentos de comprar una segunda reforma constitucional para mantenerse en el poder abusando de todas sus prerrogativas, como ya había hecho en el 2016. Porque nadie que se precie de serio puede ignorar que el presupuesto nacional fue instrumentado en ambas ocasiones en aras del continuismo.
Esta vez no pudieron comprar una treintena de diputados y la militarización del Congreso, en vez de intimidar como se pretendía, generó mayor resistencia.
...
Esta ha sido una de las mejores victorias de la historia nacional contra el absolutismo presidencialista y el abuso del Estado, que a duras penas pudo imponerse en las primarias de octubre, pero generando una profunda división del Partido-Corporación-Estado, que fue víctima de su propia maña, porque fue con el abuso del Estado que financiaron y ejecutaron la división del más antiguo y grande partido del intento democrático dominicano del último siglo, el PRD, y que absorbieron lo que Joaquín Balaguer legó como partido, el PRSC.

Son muchos los que analizan las victorias electorales del PLD como obra maestra de la orfebrería política, ignorando todos los ingredientes antidemocráticos y de corrupción que conllevaron. Ganó en el 1996, con auxilio del Balaguer, y obtuvo su más limpia victoria en el 2004, cuando no controlaba el Estado, pero a partir de ahí hay que entrecomillar sus victorias, si se aplican los parámetros democráticos.

En ese escenario no se puede ignorar que el PLD se apropió de todas las instituciones del Estado, y compró no sólo partidos, también órganos sindicales, sociales y hasta empresariales. Llevó sus dirigentes a controlar los órganos electorales, las altas cortes, la justicia y el ministerio público, la Cámara de Cuentas, y desde luego el Congreso Nacional.

Creó una red de miles de comunicadores en todo el país, pagados por los dineros públicos, en nóminas y con generosa publicidad.

Mediante contratos de compras y asesorías, o directamente en las nóminas, recogió una parte importante de la inteligencia nacional en todas las áreas, para neutralizarlas y mediatizar la criticidad.

Mientras programas de subsidios-migajas cooptaban una gran proporción de los más pobres, a los que se trataba de controlar en cada cita electoral.

Conformó una alianza de 14 partidos entregándole a cada uno un pedacito del Estado para que lo sobrecargaran con decenas de miles de militantes partidistas, desde ministerios como el de Relaciones Exteriores, hasta entidades poco funcionales como el Inespre, la ODC, Procomunidad y otros.

En las campañas electorales incorporaba como empleados temporeros en los órganos estatales a decenas de miles de activistas políticos.

Su poder corrosivo no tuvo límites y se exhibió hasta en la difusión de conversaciones telefónicas privadas, en la hostilidad a medios y comunicadores independientes y en símbolos nacionales como la jueza Miriam Germán.

Fue ese partido-corporación-Estado el que fue derrotado por la ciudadanía dominicana y por el PRM, y su candidato presidencial, Luis Abinader, quienes lograron rescatar parte del débil patrimonio democrático dominicano y aliarse a los grupos sociales y personalidades independientes para rentabilizar la fatiga generada por la enorme corrupción, delincuencia e impunidad, el narcotráfico, la ineficiencia en el control fronterizo y la enorme desigualdad a pesar de un alto crecimiento económico, por cierto, en gran medida fundado en el endeudamiento, duplicado en la última década.

La enorme fatiga generada por el PLD fue la mayor causa de su derrota, que incluyó esa barrida a 26 senadores, que con un par de excepciones se imponían también con extracciones del presupuesto nacional, como los barrilitos, algunos de los cuales llegaron a creer que habían heredado las curules.

Hay motivos de sobra para celebrar la barrida del 5 de julio, pero sobre todo para mantener firmes reclamos de reformas políticas e institucionales que impidan la repetición del partido-corporación-Estado. Lo saben los del PRM y no se debe permitir que lo olviden.-

Luis Abinader adelanta nuevas designaciones | Kimberly Taveras a Juventud, Chú Vásquez en Interior, Darío Castillo MAP, y Milly Pérez viceministra Educación Ciudadana

Luis Abinader adelanta nuevas designaciones
Kimberly Taveras a Juventud, Chú Vásquez en Interior, Darío Castillo MAP, y Milly Pérez viceministra Educación Ciudadana
23 de julio de 2020. Santo Domingo. -
El presidente electo Luis Abinader informó hoy de nuevas designaciones en su próximo gobierno, en el que Kimberly Taveras irá al ministerio de la Juventud, Jesús Vásquez ocupará el ministerio de Interior y Policía, acompañado de la viceministra de Gestión Social y Educación Ciudadana, Mercedes (Milly) Pérez Ceballos y Darío Castillo Lugo al de Administración Pública.
Como es ya habitual Abinader hizo los anuncios en su cuenta @luisabinader de la red Twitter, mientras posteriormente su equipo de Comunicaciones amplió detalles sobre las aptitudes y experiencias de los designados.
Kimberly Taveras Duarte, ministra de la Juventud
Kimberly Taveras Duarte es ingeniería química egresada Cume Laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), posee una maestría en Energías Renovables de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) con doble titulación de la escuela de Organización Industrial (EOI) Madrid, España. Empresaria ligada a los sectores de energía, reciclaje y educación. Coordinadora Nacional Juventud Luis Abinader Presidente 2018 - 2020, Vicepresidenta Nacional del Partido Revolucionario Moderno 2017 - actualidad, Directora Junta Municipal de La Guáyiga 2010 - 2016. Propulsora de la investigación científica en los jóvenes a través de su Fundación Ciencia Joven.
Jesús Vásquez Martínez, ministro de Interior. 
Vásquez es una destacada personalidad nacional. Ha sido senador, vicepresidente y presidente de la Cámara Alta, ha desempeñado otras responsabilidades en el servicio público y en la militancia partidaria, alcanzando la secretaría general nacional del Partido Revolucionario Moderno, del que es uno de sus dirigentes fundadores. Tiene un diploma en Ciencias Políticas del Instituto Cork.
Viceministra Pérez, Gestión Social y Educación Ciudadana. 
La viceministra de Interior, Milly Pérez, tiene Maestría en Dirección y Gestión Pública Local, es educadora en Salud, especialista en Diseño, Ejecución, Evaluación y Sistematización de Proyectos Sociales.
Fue profesora universitaria por 26 años, consultora de USAID en proyectos para bateyes, Directora Ejecutiva Instituto APEC de Educación Sexual , INSAPEC, ha desarrollado programas de Educación Ciudadana con el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, consultora Internacional de la Educación y de la Federación Dominicana de Municipios.
Tuvo activa participación en las luchas sociales por el 4% para la educación, las marchas verdes contra la corrupción y la impunidad y en favor de fortalecimiento institucional del país. 
Darío Castillo Lugo.  Ministro de Administración Pública
Licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Castillo Lugo tiene una maestría en Gerencia Pública, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de Madrid, España.
Castillo, quien ha tenido amplia experiencias docente y como consultor y asesor en la empresa privada, ha desempeñado servicios varios en la administración pública, que incluyen el de Gerente Administrativo de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), administrador de la Fábrica Dominicana de Cementos, director de la Oficina Nacional de Administración y Personal, hoy Ministerio de Administración Pública,  asesor del senado en Carrera Administrativa, entre otros. 
Ha realizado cursos de especialización en Administración de Personal, de Sicología Industrial, y en Técnicas de Administración Moderna, Perfeccionamiento Docente,  en diferentes entidades del país y del exterior, y ha sido expositor en congresos, seminarios y reuniones sobre gestión administrativa y gestión de recursos humanos.