El presidente dominicano, Danilo Medina, guarda un silencio absoluto ante el escándalo de los sobornos de Odebrecht, unos de los casos más graves de corrupción que ha salpicado a varios dirigentes de su partido, en el poder desde hace 13 años, y que supone un duro golpe para su gobierno.
Desde que el pasado 29 de mayo, el ministro dominicano de Industria y Comercio, Temístocles Montás, fue arrestado junto a otros nueve políticos y empresarios por su presunta implicación en los sobornos que la empresa brasileña pagó para lograr la concesión de obras públicas, Medina no se ha pronunciado al respecto.
En estas últimas semanas, Medina, que inició su segundo mandato en agosto del año pasado tras lograr la reelección, no solo ha mantenido el hermetismo sino que también ha reducido sus apariciones en actos públicos.
No obstante, esta actitud del presidente Medina no ha motivado críticas de los principales partidos opositores.
Montás, que el mismo día de su arresto puso su cargo a disposición del presidente, ingresará en las próximas horas en la cárcel de Najayo junto con otros 6 de los imputados contra los que un juez dominicano dictó ayer una pena de prisión preventiva.
Hasta el momento, Medina ha mantenido en el cargo a Montás, quien ha ocupado carteras en todos los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y es miembro del influyente comité político de esta agrupación, aunque tras su imputación ha pedido su suspensión temporal del principal organismo de dirección del partido.
Además de Montás, quien tendrá que cumplir 6 meses de prisión preventiva, han sido imputados otros cuatro dirigentes del gobernante PLD, entre ellos dos senadores, y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rua.
El caso de Odebrecht también ha alcanzado al principal partido de la oposición, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), cuyo presidente, Andrés Bautista, ha sido condenado a seis meses de prisión preventiva.
Según el expediente del Ministerio Público, los imputados lograron acumular millonarias fortunas durante estos años, supuestamente gracias a los sobornos del empresario Ángel Rondón, representante comercial de Odebrecht en República Dominicana, señalado como la persona que distribuyó el dinero.
Al grupo, que ha negado durante las audiencias vinculación alguna con el caso, se le acusa de los delitos de sobornos, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
La constructora brasileña admitió haber pagado 92 millones en sobornos en la República Dominicana entre 2001 y 2014, periodo que abarca los Gobiernos de Hipólito Mejía (2000-2004), del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como los de Leonel Fernández (2004-2008 y 2008-2012) y del actual mandatario, Danilo Medina, ambos del PLD.
Tanto Fernández, presidente del PLD, como Mejía han reclamado imparcialidad y transparencia en el proceso, y desde sus partidos se ha puesto a disposición de los imputados asesoría legal.
Mientras que Medina, que desde que estalló el escándalo hace cinco meses apenas se ha referido en contadas ocasiones a este caso, ha optado por el silencio.
En febrero pasado, en su primer discurso de rendición de cuentas de su segundo mandato, Medina aseguró que "no habrá espacio para la impunidad".
Otra de las últimas ocasiones en las que se refirió a este caso fue el pasado 8 de marzo, cuando negó haber recibido dinero de Odebrecht para financiar sus campañas electorales.
Pero varias organizaciones sociales dominicanas han insistido en que además de los sobornos, la justicia dominicana debe investigar la financiación de las campañas electorales de Medina tras las declaraciones en ese sentido de funcionarios de Odebrecht en instancias judiciales de Brasil.
Asimismo, tanto grupos sociales como partidos opositores han criticado que no haya ningún imputado por el proyecto de la termoeléctrica de Punta Catalina, que construye un consorcio encabezado por Odebrecht, pese a que en el expediente de la Procuraduría se señala que varios legisladores supuestamente recibieron sobornos para la aprobación de la financiación de esta obra en el Congreso.
Medina designó en enero pasado una comisión para investigar la licitación de Punta Catalina, aunque aseguró que su Gobierno "no tiene nada que ocultar" en este proceso para construir esta planta, considerada una de las principales obras de esa Administración.
A la espera de conocer la posición de Medina en este caso, grupos sociales como Marcha Verde anuncian que seguirán las movilizaciones en las calles.
