Se esfuma el dinero del asalariado
Al calcular cuánto del dinero que recibe un individuo va a parar al Gobierno, hay que considerar no solo la retención de contribuciones
miércoles, 30 de diciembre de 2015 - 12:03 AM
Además del dinero que se retiene a cada trabajador por contribuciones sobre ingresos, están los pagos obligatorios por servicios que lamentablemente la ciudadanía no recibe como debería. (GFR Media)En los mejores casos, cerca del 33% de los ingresos de un individuo terminan de alguna forma entrando a alguno de los bolsillos del Gobierno. En los peores escenarios, el Gobierno, ya sea mediante contribuciones, servicios monopolizados, multas o penalidades, puede estar llevándose alrededor del 56% del salario de una persona.
Hay varios factores que pueden incidir en este cálculo, como el nivel de ingresos, los servicios gubernamentales que utiliza y algunos asuntos asociados al estilo de vida. Por ejemplo, si una persona tiene varios carros pagará más en licencias, en seguros como los que ofrece la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), y arbitrios como el de la gasolina. Del mismo modo, si el individuo consume alcohol, tabaco o juegos de azar, en promedio le deja al Gobierno $20 o más al mes.
“Es un sistema confiscatorio por diseño”, opinó el economista Gustavo Vélez al conocer los detalles del análisis sobre la cantidad de dinero de los puertorriqueños que pasan directamente a las arcas del Gobierno que en estos últimos meses permanecen con poco efectivo.
“El problema no es tanto lo que se paga al Gobierno en contribuciones y servicio porque si se recibiera un buen servicio a cambio de lo que se paga, no sería tan doloroso”, explicó el expresidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Kenneth Rivera.
El presupuesto consolidado del año fiscal en curso es de $28,808 millones. El 65.5% de esta cantidad proviene de dos fuentes de ingresos: lo que cobra el Gobierno por dar servicios y lo que cobra por imposiciones como las contribuciones, los arbitrios, las multas, etcétera. Este porcentaje implica $18,725 millones. Esto es lo equivalente a una aportación por persona de $5,277 al año o $440 al mes, si se toma como base la población de Puerto Rico en el 2014 (3,548,397, según la última Encuesta de la Comunidad del Negociado del Censo).
Según Vélez, antes de la reforma al Código de Rentas Internas de 2011, se estimaba en cerca de 34% la incidencia contributiva. Es decir, en teoría, cada contribuyente daba uno de cada tres dólares que generaba en el pago de alguna contribución impuesta por el Gobierno. Rivera, por su parte, explicó que, en promedio, cada contribuyente debe estar dejándole a Hacienda alrededor de $2,000 por el dinero que devengan en sus salarios. Esta cifra, sin embargo, no refleja la disparidad en la carga de las contribuciones sobre ingresos.
La idea en el 2011 era bajar el peso contributivo de modo que a los contribuyentes les sobrara un poco más de dinero para gastar y reactivar la economía. La iniciativa dejó, sin embargo, cortos los recaudos de Hacienda. Al cambiar el gobierno, muchas de las disposiciones tributarias fueron revertidas en un intento por achicar la brecha deficitaria del fondo general del Gobierno central, que en 2013 se estimaba en más de $2,200 millones.
En el intento por cerrar el déficit, el Gobierno primero impuso la patente estatal o nacional. También aumentó en dos ocasiones el arbitrio a los productos derivados del petróleo (también conocido como la “crudita”), extendió el impuesto sobre las ventas y uso (IVU) sobre las transacciones entre negocios, e impuso nuevas tasas y tributaciones a industrias como la de seguros.
“Ese porcentaje debe estar más alto ahora mismo con todos los impuestos que se han legislado”, dijo Vélez.
Rivera, entretanto, explicó que en los índices del Banco Mundial sobre las contribuciones en distintos países o jurisdicciones, Puerto Rico ha obtenido en los últimos años un pésimo resultado. Esto por la carga contributiva y las complicaciones del sistema actual que intentó cambiarse sin éxito por la administración actual del gobernador Alejandro García Padilla.
Un enorme abismo
Cuando al asunto se le incluyen los ingresos en industrias monopolizadas por el Estado, la situación se complica aún más. Y estas son importantes porque cuentan con un sistema de tarifas que no necesariamente está regulado por la competencia.
Por ejemplo, cada cliente residencial de la Autoridad de Energía Eléctrica paga, en promedio, $1,218 anuales o $101.50 mensuales por el servicio. Los clientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, por otro lado, desembolsan, en promedio, $594 al año por consumir el agua y los servicios de alcantarillados, según se desprende de los datos de esta corporación pública.
La lista sigue. En promedio, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado tiene ingresos equivalentes al pago de $1,092 anuales de cada uno de los trabajadores asegurados. Además, una persona que pague de peaje $1 cada día laboral, le deja al Gobierno (o a la empresa privatizadora en el caso de la PR-22 y la PR-5) $264 anuales.
“Esto es incosteable dentro de la realidad económica actual y no cambia porque cualquier replanteamiento del aparato público toca el esquema político y al sector privado que depende del Gobierno”, dijo Vélez.
El roto en el bolsillo
En teoría, mientras menos sean los ingresos de una persona, mayor es la tajada que termina en las cuentas bancarias del Gobierno. Por ejemplo, una persona que gana alrededor de $10,000 anuales ($833.33 mensuales) termina dándole al Gobierno alrededor de $5,600 en contribuciones, arbitrios de combustible, multas, prima de la ACAA, seguros, peajes, agua, luz y servicios médicos, entre otros asuntos. A esto se le añade unos $240 adicionales si la persona juega loto, apuesta en la industria hípica o consume alcohol o tabaco.
Entretanto, un sujeto que genere $35,000 anuales ($2,916.67 mensuales) podría estar dejándole al Estado unos $11,717 (33%), mientras que para un asalariado que devenga $75,000 la mesada real podría rondar los $26,941 anuales (35%).
Un país caro
Se trata de un asunto que repica en la vida de los puertorriqueños en general. El último Índice de Costo de Vida de Puerto Rico, del Instituto de Estadísticas, reflejó que vivir en el área metropolitana de San Juan es 12.5% más caro que el promedio de los Estados Unidos. De hecho, según el indicador, un salario de $50,000 en San Juan rinde como uno de $44,044 en la ciudad de Orlando, Florida, o de $42,622 en Dallas, Texas. Por el otro lado, para lograr la misma capacidad económica de este salario en Manhattan, Nueva York, la persona debería generar $98,400.
¿Menos gastos, menos impuestos?
En teoría, una reducción significativa en los gastos del Gobierno podría proveer para que la carga sobre los hombros de los puertorriqueños, en especial los trabajadores, disminuya un poco. No obstante, las deficiencias presupuestarias son tan abismales en la actualidad que sólo servirán para reducir el sobregiro.
Varias iniciativas se han encaminado para reestructurar las operaciones del Gobierno y mejorar la eficiencia. Desde el 2013, por ejemplo, se evalúa la posibilidad de unir operaciones municipales en regiones, a las que, a su vez, el Gobierno central les delegaría competencias. Tras la redacción de un informe que analizó diversos escenarios, la iniciativa se engavetó en la Legislatura. Por otro lado, el gobernador ordenó la creación de un comité para diseñar una reingeniería gubernamental. El comité, que se formó a mediados de 2015 y que estuvo liderado por el entonces secretario de Estado y ahora candidato a gobernador, David Bernier, rindió un informe y encaminó una serie de esfuerzos. No obstante, no han sido muchos los frutos obtenidos desde entonces. http://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/seesfumaeldinerodelasalariado-2144948/
