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LEGISLADORES Tras polémico chat, Cámara de Representantes declina destituir al gobernador de Puerto Rico
Ricardo Roselló está envuelto en un escándalo luego de que se diera a conocer un chat donde usa un lenguaje soez, especialmente contra las mujeres EFE - PUERTO RICO 14 / 07 / 2019, 09:32 PM
Ricardo Roselló, gobernador de Puerto Rico. (FUENTE EXTERNA)
El presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos Méndez, anunció este domingo que esa entidad legislativa no pondrá en marcha un proceso encaminado a la destitución del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, por su participación en el chat de miembros del Ejecutivo.
Méndez, tras mantener una reunión con los legisladores del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) para abordar la crisis del chat, explicó que esa iniciativa no puede ponerse en marcha porque la Constitución de Puerto Rico establece en qué circunstancias es posible, que no se cumplen en este caso, según su opinión.
Dijo que no se iniciaría un proceso para destituir a Rosselló “a no ser que se cumplan elementos que están en la Constitución, que no se cumplen” en el caso del chat.
El motivo de esta crisis institucional sin precedentes en Puerto Rico es la filtración, el sábado, de las casi 900 páginas de un chat de la aplicación de mensajería de Telegram que ha causado perplejidad en toda la sociedad, pero también entre las instituciones controladas por el PNP.
Las 889 páginas del chat de miembros del Ejecutivo, que han sido divulgadas por medios de la isla tras ser filtradas al Centro de Periodismo Investigativo, destacan por utilizar un lenguaje soez, en especial contra las mujeres, además de incluir expresiones homofóbicas.
El chat revela además cómo se ponían en marcha procesos a través de las redes sociales contra quienes no estaban alineados con la política del Ejecutivo de Ricardo Rosselló.
Méndez reconoció que en el chat “hay cosas que aparentan la posible comisión de delitos”, pero dejó claro que la Cámara de Representantes no es la entidad que debe abordar ese asunto, si no el Departamento de Justicia de Puerto Rico.
Respecto a su posición frente al gobernador, sostuvo que se le ha retirado la confianza como candidato del PNP de cara a la reelección en los comicios de 2020, pero que, de momento, se mantiene respecto a su rol de jefe del Ejecutivo.
“Que haga un acto de introspección y se tome su tiempo”, indicó sobre el gobernador, tras matizar que espera que Rosselló “presente su decisión” para, entonces, actuar en consecuencia.
Méndez sostuvo que le quieren dar un tiempo al gobernador para que medite sobre su futuro, aunque reconoció que tiene conocimiento de que “se va a mantener en el cargo”.
Respecto al rol de Rosselló como presidente del PNP, indicó que igualmente retirarle esa confianza “lleva tiempo” y que además hay que seguir unos determinados cauces.
También se pronunció sobre el nombramiento del futuro secretario de Estado, el segundo rango en el escalafón del Ejecutivo tras el gobernador y quien le sustituye en ausencia, ahora vacante tras la dimisión de Luis Rivera Marín por el chat.
Méndez dijo que se trata de un puesto clave una vez que no es claro el futuro del actual gobernador, después de indicar que quiere concertar con el jefe del Ejecutivo y el Senado un nombre de consenso.
Roselló reacciona
El Ejecutivo puertorriqueño informó a través de un comunicado de que Rosselló continuó durante toda la jornada realizando reuniones con miembros de su equipo de trabajo y jefes de agencia, al tiempo que adelantó el esfuerzo de reestructuración gubernamental que anticipó hace unos días, que será anunciado próximamente.
“No se renuncia al trabajo iniciado, y hoy más que nunca mucha gente cuenta con mi compromiso para ello. Mañana y durante toda la semana continuaremos las reuniones de trabajo para asegurarme de que el equipo cuenta con el compromiso que les he exigido y que me han manifestado para continuar en esta gestión”, agregó Rosselló para dejar claro que se mantiene en el cargo, por lo menos de momento.
Cientos de manifestantes se congregaron durante todo el día a las puertas de la residencia oficial del gobernador para exigir su dimisión, lo que dio lugar a momentos de tensión, aunque no se produjeron enfrentamientos.
“No se renuncia al trabajo iniciado, y hoy más que nunca mucha gente cuenta con mi compromiso para ello. Mañana y durante toda la semana continuaremos las reuniones de trabajo para asegurarme de que el equipo cuenta con el compromiso que les he exigido y que me han manifestado para continuar en esta gestión”
La Junta de Supervisión Fiscal impuso un presupuesto menor que el aprobado por la Asamblea Legislativa de la isla y firmado por el gobernador anexionista Ricardo Rosselló.
San Juan. El Gobierno de Puerto Rico se encuentra colocado contra la pared, después que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) decidiera imponer su propio plan presupuestario para el año 2018-2019, que comenzó el primero de este mes de julio, obviando el aprobado por la Asamblea Legislativa.
El organismo impuesto por el Congreso de Estados Unidos mediante la legislación federal Promesa, acrónimo en inglés de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, dio de este modo un virtual jaque mate a la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA), establecido en 1952.
Sin embargo, el gobernante boricua Ricardo Rosselló Nevares, del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), intentó este lunes devolver la estocada al firmar el presupuesto que el sábado sancionaron las cámaras legislativas, en vez del que certificó la JSF, ya que su propósito es “usar todos los instrumentos que tenga en mi arsenal para defender al pueblo”.
“Prefiero la razonabilidad, la prudencia y que podamos llegar a acuerdos para irnos en una vía de reconstrucción y desarrollo, sí de mucho trabajo, sí de mucha disciplina, sí de sacrificio, pero al otro lado está la alternativa de irnos en una vía de litigios, de conflictos que a quien hace daño es al pueblo”, manifestó a los periodistas al anticipar que convocará a una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para la derogación de la Ley 80 de despido injustificado en el sector privado, tal como exige la Junta de Supervisión Fiscal, y que ha rechazado el Senado de Puerto Rico.
Al atribuir a la legislatura puertorriqueña la responsabilidad de no contar con un plan fiscal como el reclamado, que incluyera la eliminación de la Ley 80 de despido injustificado, el presidente del ente establecido por Estados Unidos hace dos años, José B. Carrión III, explicó que tuvieron que trazar el curso para establecer el rumbo de la recuperación isleña.
“Aunque será un reto, no podemos darnos el lujo de desviarnos, (ya que) todos debemos trabajar juntos para mantener ese rumbo hacia un Puerto Rico más fuerte y con mejores oportunidades para su gente lo más pronto posible”, argumentó Carrión III.
La JSF decidió certificar el presupuesto de gastos para el año fiscal 2018-2019 de 8,757 millones de dólares para el Fondo General y 20,663 millones para el presupuesto consolidado del gobierno central, lo que excluye a las corporaciones públicas, como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), cuyos planes fiscales serán revisados “para asegurar su alineamiento”.
Después de más de seis décadas alegando en foros internacionales —como las Naciones Unidas— que Puerto Rico había alcanzado soberanía propia, la Casa Blanca y el Congreso decidieron en 2016 cavar la sepultura del ELA al admitir que no había trascendido su condición de territorio (colonia), por lo que para sacarlo del atolladero en que se encuentra con una deuda pública impagable de más de 73 mil millones de dólares, estableció la Junta de Supervisión Fiscal de siete miembros mediante la ley Promesa, cuyo presupuesto de 60 millones de dólares proviene del dinero del pueblo puertorriqueño.
En una acción inesperada, este fin de semana el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Rob Bishop, solicitó intervenir como “amigo de la corte” en un caso ante el Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones en Boston para aclarar el propósito de la ley Promesa.
Puerto Rico aún no da señales de su recuperación económica.
La petición Bishop, cuya comisión tiene jurisdicción sobre Puerto Rico, surge en medio de controversias judiciales en torno a la legislación federal, cuyo propósito es que Puerto Rico logre “responsabilidad fiscal y acceder a los mercados de capital”.
El senador Cirilo Tirado Rivera, del opositor Partido Popular Democrático (PPD), coincidió con el presidente del cuerpo legislativo, Thomas Rivera Schatz, del oficialista PNP, en concurrir al Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, con el propósito de deslindar los campos de injerencia de la JSF en el gobierno isleño.
“Desde el punto de vista de las relaciones políticas de Puerto Rico y Estados Unidos, la decisión de la Junta de Supervisión Fiscal de establecer un presupuesto a su conveniencia, unido a lo que está haciendo Bishop, del comité que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico, la llamada autonomía fiscal y el respeto que tenía de relación bilateral, murió, ya no existe”, reconoció a Inter News Service el senador Tirado Rivera. Opinó que la acción del gobernador Rosselló Nevares denota entrega, “se ha convertido en una figura de relaciones públicas sin poder alguno; el único poder que tiene es sobre la Asamblea Legislativa de vetar alguna medida”.
