Una historia no tan popular / Pedro Silverio Álvarez @pedrosilver31

Una historia no tan popular

Pedro Silverio Álvarez

Actualizada martes, 11 de julio de 2023 @pedrosilver31

El presidente Abinader, dentro de sus tantos legados, será recordado como el presidente más cercano a la gente, por lo menos en la historia más reciente. Esa cercanía le ha permitido conocer de primera mano la realidad que se vive en el país. Por eso, me ha sorprendido el artículo “Una historia popular” de nuestro colega y apreciado amigo Juan Ariel Jiménez, publicado en las páginas de este diario el pasado martes 4 de julio. El entorno presidencial no tiene ningún incentivo, dado el gran riesgo, para tratar de enredar al presidente con versiones de los hechos alejadas de la realidad.

No podemos sustraernos de las consecuencias inmediatas y duraderas del inusual choque externo que representó la pandemia, aunque el articulista parece sugerir que ignoremos esa realidad. Pero, además, los procesos de recuperación de las economías están, en parte, condicionados por las características particulares de sus estructuras productivas. Las respuestas que dio, y sigue dando el gobierno del presidente Abinader, a los desafíos generados por la pandemia han sido objeto del reconocimiento internacional. Si bien el gobierno no trabaja motivado por este tipo de reconocimientos, cuando llegan son bien recibidos, aunque con humildad y satisfacción. Entre ellos, el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la efectividad de las políticas sanitarias para enfrentar el covid-19 y la Organización Mundial del Turismo (OMT); igualmente, la FAO reconoció las medidas del gobierno que hicieron posible una notable disminución en las cifras del hambre, al pasar del 8.3% en el periodo 2018-20 al 6.7%, junto con una disminución de la pobreza extrema. Sin dudas, los programas sociales que se implementaron sirvieron como una red de protección social. Entre ellos, adicionar más de 800 mil dominicanos en condiciones de vulnerabilidad a la tarjeta de Supérate con la duplicación de los beneficios, así como la incorporación de 2.4 millones de personas al seguro de salud de SeNaSa y una cobertura adicional de un millón de pesos para las enfermedades catastróficas.

Estas políticas sociales han tenido un impacto muy positivo, de acuerdo con mediciones oficiales. Por ejemplo, en el último trimestre de 2022 se verificó el más bajo nivel de pobreza monetaria (Metodología 2012) para un trimestre desde que se hacen tales mediciones; y, algo más significativo, es que los niveles de desigualdad, medidos a través del coeficiente de Gini, se situaron en su punto más bajo en 2022, cuando alcanzó un valor de 0.376, por debajo del 0.419 registrado en 2019. Un logro de gran valor social.

Industria-Textil

En contraste con lo planteado en el artículo citado, en la presente gestión el número de trabajadores formales es mayor que el registrado en diciembre de 2019. De acuerdo con los datos de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), en diciembre pasado los trabajadores cotizantes (formales) ascendían a 2,253,801; esto es, 186,167 trabajadores más que en diciembre de 2019. No solo eso, ya desde diciembre 2021 el número de trabajadores formales (2,119,696) superaba en 52,062 al registrado en diciembre de 2019. Bajo cualquier estándar esto representa una gran recuperación en el empleo formal en un tiempo relativamente corto. En cuanto a la informalidad, fue el segmento laboral que más decreció con la crisis de la pandemia del covid-19, y su recuperación también fue extraordinaria. Sin embargo, desde el primer trimestre de 2021, por cada empleo informal se han creado 1.22 empleos formales. Mas aun, entre el primer trimestre de 2022 y el primero de 2023 se crearon 118,718 empleos formales y 9,910 empleos informales. Eso significa que, durante ese período, se crearon 12 empleos formales por cada empleo informal.

En definitiva, parece injusto, aunque políticamente conveniente, que a la presente administración se le reclame los avances en economía, educación y salud que no pudieron lograrse en los 16 años anteriores. Especialmente, a una gestión de gobierno que ha tenido que avanzar en medio de un entorno internacional sumamente adverso, y ha logrado crear un clima de negocios atractivo para la inversión extranjera (en 2022 registró un récord de USD 4,010.4 millones), a la vez que Standard & Poor´s, por primera vez en los últimos siete años, mejoró la calificación crediticia del país. Son avances incuestionables que marcan el camino hacia una prosperidad compartida.

Ahora bien, en el marco de todos estos avances, un legado extraordinario del presidente Abinader ha sido su decidido esfuerzo en dotar a la administración pública de un ejercicio permanente de transparencia en el uso de los recursos de los contribuyentes, e implementando un ministerio público que garantice el fin de la impunidad. La vieja regla de que el progreso debe pagar el precio de la corrupción ha sido rota… Ese es su gran legado.

PEDRO SILVERIO ÁLVAREZ

https://listindiario.com/puntos-de-vista/20230711/historia-popular_762883.html

Cuando el endeudamiento hace que el lobo llegue más tarde | Por Pedro Silverio Alvarez

EN DIRECTO
Pedro Silverio Alvarez
Cuando el endeudamiento hace que el lobo llegue más tarde
31 / 05 / 2019, 12:00 AM

«Esto refleja la excelente percepción de los inversionistas del posicionamiento de la República Dominicana como una de las economías de América Latina de mayor crecimiento económico, en un contexto de baja inflación, estabilidad cambiaria y equilibrio de las cuentas fiscales y externas. [...] lo que reduce el riesgo de refinanciamiento de la deuda, a la vez que se mitiga el riesgo de tipo de cambio al contemplar una proporción en moneda local, y mantiene los niveles de tasas de interés promedio del portafolio». Donald Guerrero, Ministro de Hacienda, Diario Libre, mayo 30, 2019

El Gobierno dominicano anunció esta semana que había colocado bonos en los mercados financieros internacionales por un monto de US$ 2,500 millones, equivalentes a RD$ 126,307.5 millones; de los cuales, US$ 1,000 millones correspondieron a bonos denominados en moneda nacional y el resto en dólares. Como siempre, la noticia es presentada como un gran éxito de la política de endeudamiento público. Sin embargo, algunos aspectos de ese proceso – al parecer indetenible – de endeudamiento levanta algunas preocupaciones que son comunes para la mayoría de los analistas, pero ignoradas por los responsables de las finanzas públicas.

Y, probablemente, el evaluador más creíble sea el propio FMI que en múltiples ocasiones ha expresado sus cautelosas observaciones acerca de la trayectoria de la deuda pública dominicana. Se debe tener presente que ese organismo ha ido desplazando, de tiempo en tiempo, el umbral de su preocupación. En un momento se preocupaba porque la deuda pública pudiera alcanzar el 53% del PIB; recientemente, expresó que al ritmo que iba la deuda pudiera alcanzar el 56.3% del PIB para el año 2022.

Pues bien, con la emisión de bonos de esta semana ese umbral ha sido alcanzado, al menos temporalmente. Es decir, que el Gobierno dominicano considera como un éxito haber llevado el total de la deuda pública al 56% del PIB con tres años de anticipación en relación con lo previsto por el FMI, a pesar del rápido crecimiento de la economía dominicana en los últimos años. La otra preocupación de este organismo financiero era la creciente participación de tenedores no residentes en la estructura de propiedad de los bonos dominicanos.

En este sentido, la presente emisión aumenta el riesgo asociado con la tenencia de bonos por parte de tenedores residentes en el exterior. Primero, porque la mayor parte de la colocación (US$ 1,500 millones) fue realizada en moneda extranjera, lo que aumenta la exposición al riesgo cambiario. Y segundo, porque la parte correspondiente a la emisión en pesos dominicanos (RD$ 1,000 millones) no está del todo exento de un riesgo cambiario para la economía dominicana, aunque el riesgo directo sea del tenedor del bono. Esto se debe a que en una situación de choque externo o interno los tenedores de esos bonos pudieran tratar de venderlos y convertir los pesos en dólares. Debemos recordar que el peso dominicano no es una moneda de libre convertibilidad en los mercados financieros internacionales. De manera que el balance neto de riesgo cambiario se ha incrementado con los nuevos bonos.

Otro aspecto que se ha destacado de los bonos dominicanos es que su colocación refleja el gran apetito en los mercados internacionales por deuda emitida por el gobierno dominicano, y se olvida un planteamiento de la economía internacional que habla de ‘la importancia de ser insignificante’. Esto ocurre cuando un país es tan pequeño que pudiera tomar ventajas del hecho de que sus decisiones no afectan los precios relativos internacionales. En el caso de la nueva colocación, esto significa que su participación relativa es tan pequeña en los mercados financieros internacionales – algo así como un grano de arena en una gran playa – que siempre aparecerán suficientes compradores amantes del riesgo, si son compensados con las correspondientes tasas de interés. El informe del Ministerio de Hacienda señala que unas 265 cuentas de inversionistas se interesaron en comprar los bonos dominicanos, un dato revelador de la importancia relativa de dicha emisión.

Lo que si resulta realmente inocultable es que la presente gestión de gobierno ha emitido, en un plazo de seis años, unos US$ 17,000 millones en bonos externos, una cifra muy alta, independientemente del estándar con que se mida. Es una tendencia que no se vislumbra que cambie en el futuro cercano. Al observar el presupuesto de este año, el 96% del nuevo endeudamiento está contemplado en bonos, ya sea externos o internos.

El ministro de Hacienda ha dicho que el endeudamiento es con el propósito, entre otros, de cumplir con el programa de inversiones públicas; de forma que se pudiera razonar que si las inversiones públicas no son suficientes – solamente representan cerca de un 15% del gasto público – se debe, entonces, a que el endeudamiento es insuficiente. Pero como los ingresos presupuestarios son fungibles (cuando el Gobierno recibe ingresos, en su mayoría entran a un fondo general) y la colocación de bonos no conlleva ninguna condicionalidad en su uso, en consecuencia, pudiéramos argumentar que el endeudamiento bruto (RD$ 231,880 millones) del presente año serán dedicados exclusivamente al pago del servicio de la deuda (RD$ 233, 886). Y, efectivamente, estaríamos diciendo que el gobierno se está endeudando para pagar sus deudas – una especie de esquema de Ponzi.

Si de algo podemos estar seguros es de que la presente carrera de endeudamiento conllevará, en un futuro no muy lejano, un incremento en los impuestos, aunque por el momento ese endeudamiento ha pospuesto la llegada del lobo... Mientras tanto, el Gobierno dispone de recursos presupuestarios frescos y suficientes, como para hacerse sentir en la lucha interna por la candidatura presidencial...

https://www.diariolibre.com/opinion/en-directo/cuando-el-endeudamiento-hace-que-el-lobo-llegue-mas-tarde-AK12901203

Sobre el cambio del modelo económico| por PEDRO SILVERIO ÁLVAREZ

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PEDRO SILVERIO ÁLVAREZ
Sobre el cambio del modelo económico
La realidad es que en los últimos cincuenta años hemos tenido tasas de crecimiento extraordinarias y no hemos podido dar el salto hacia el desarrollo. Otros países durante ese mismo periodo lo han hecho. Entonces, debe haber algo en el modelo económico dominicano que no está funcionando.
11 / 01 / 2019, 12:00 AM

«Los convoqué como candidato, y ahora los convoco como presidente, para que luchemos por cosas muy concretas: [...] Para implantar un nuevo modelo de desarrollo, que tenga como base, más oportunidades, más innovación, menos burocracia y más defensa ambiental». Lic. Danilo Medina, Discurso Inaugural, 2012

Es precisamente este conjunto de políticas que, en el uso cotidiano se le conoce por “modelo económico dominicano”, el que algunos sectores económicos y políticos han pretendido cambiar sin ofrecer una sustentación que justifique esta modificación y sin proponer alternativas viables. Banco Central de la República Dominicana, 2019

Normalmente, la adopción de un modelo de desarrollo se hace en la esfera política. Son las instancias políticas las que deciden el rumbo del modelo económico. Por eso, resulta llamativo que técnicos del Banco Central – muchos de ellos con alta formación académica – se vean empujados a participar en un debate de política y de políticos, y que en nada contribuye al fortalecimiento institucional del órgano emisor. El cambio de modelo fue una propuesta del candidato Medina, y luego ratificada ante la Asamblea Nacional por el presidente Medina. De manera que el cambio de modelo puede ser considerada como una promesa no cumplida.

La realidad es que en los últimos cincuenta años hemos tenido tasas de crecimiento extraordinarias y no hemos podido dar el salto hacia el desarrollo. Otros países durante ese mismo periodo lo han hecho. Entonces, debe haber algo en el modelo económico dominicano que no está funcionando. Ninguna institución en particular debe sentirse responsable de esa realidad, como tampoco debe sentirse responsable única del crecimiento. No necesariamente, quien calcula el crecimiento, lo causa. El crecimiento del PIB es el resultado del clima general de negocios, en donde tanto la política fiscal como la monetaria juegan un rol estelar.

Pues bien, un cambio de modelo presupone que existe un modelo. No estoy seguro de que en la actualidad exista un modelo deliberado de desarrollo. Los primeros esfuerzos para implementar un modelo de desarrollo se formalizaron en la segunda mitad del siglo pasado. Y fue un modelo de crecimiento hacia adentro. Luego, se hicieron ajustes para promover las exportaciones, pero nunca se dio o se completó una transición hacia un modelo de crecimiento hacia afuera.

La experiencia típica es que el modelo de desarrollo ha estado basado en una industrialización exportadora. En nuestro caso, ha sido todo lo contrario.

Las importaciones de materias primas y de bienes de capital de la industria nacional son superiores al total de las exportaciones nacionales. Claramente, no se puede hablar de un modelo de crecimiento hacia fuera. Sin dudas, los ajustes que se le han hecho al modelo no han dado los resultados esperados.

O dicho de otra forma, el supuesto modelo de desarrollo ha sido un fracaso, si consideramos que después de tanto crecer el estándar en la calidad de vida de los dominicanos es tan bajo. A esto se agrega una economía que consistentemente queda entre las menos competitiva, con bajos niveles de institucionalidad y escasa movilidad social. Aun las áreas de la creación de empleos y reducción de la pobreza que el gobierno reclama como exitosas están sujetas a controversias. Con una informalidad que supera el 50%, la creación de empleos dignos es una tarea pendiente. De hecho, cálculos independientes han demostrado que el crecimiento del empleo en el sector privado ha sido mínimo, y que probablemente el empleo formal ha estado creciendo en la nómina pública.

En cuanto a la reducción de la pobreza existe la gran interrogante acerca de la naturaleza de esa reducción, pues los programas sociales pueden, por un tiempo, reducir la pobreza y sembrar, a la vez, el germen de la crisis. Un ejemplo es el plan de la reducción de la pobreza que llevó a cabo Lula – y que ha servido de inspiración al modelo dominicano – y que logró sacar de la pobreza a más de 30 millones de brasileños. Pero ese plan fue creando, a la vez, las condiciones para que posteriormente estallara una crisis económica que retornó a la pobreza a la mayoría de ellos. Esa experiencia fue tan traumática que los electores brasileños prefirieron elegir a un presidente en el otro extremo del espectro político.

El cambio del modelo de desarrollo tiene su mayor justificación en la Estrategia Nacional de Desarrollo, una ley orgánica que no se cumple, y la política económica ha devenido en un instrumento estrictamente de corto plazo. Los problemas del día a día, esa rutina absorbente, no deja espacio para pensar en el mediano y largo plazo.

Es difícil hacer cambios significativos cuando se piensa que todo está bien y que solo se necesitan algunos ajustes.

Sin embargo, quizás todo el debate pudiera ser innecesario si se precisara concretamente cuál es el alcance de esos ajustes. A lo mejor, cuando se enumeren taxativamente los ajustes que son necesarios para que el modelo funcione mejor es probable que el debate se reduzca a un simple problema de semántica. Y que en realidad lo que para unos significa ‘algunos ajustes’ para otros significa un cambio de modelo. Sobre todo, porque los ajustes que se deben implementar para que el modelo funcione incluyen cambios extraordinarios en la competitividad, en los servicios públicos – como la educación, la salud y el transporte –, en la seguridad ciudadana y en la aplicación de la regla de la ley. Llámelo como ustedes quieran, pero eso es un cambio de modelo.

https://www.diariolibre.com/opinion/en-directo/sobre-el-cambio-del-modelo-economico-HK11823400

Pedro Silverio Alvarez, economista

Transparencia y calidad de la información fiscal | por Pedro Silverio Álvarez

PEDRO SILVERIO ÁLVAREZ
Transparencia y calidad de la información fiscal
30 / 11 / 2018, 12:00 AM

«Por primera vez, el Ministerio de Hacienda presenta de manera integrada las transacciones de ingresos, gastos y financiamientos del Gobierno. Para los hacedores de políticas presenta una descripción de las principales partidas de ingresos, gastos y variaciones de activos y pasivos financieros. Para los académicos e investigadores ofrece insumos para estudios de eficiencia de ingresos y gasto público y para la ciudadanía en general, es una forma de estar informado y atento al uso correcto de los fondos públicos». Donald Guerrero, Ministro de Hacienda, noviembre 27, 2018

La transparencia – ese concepto etéreo que parece ser propio de quienes no tienen los pies sobre la tierra – es fundamental en más de un sentido. Cuando los procesos se llevan a cabo a plena luz del día el escrutinio de la ciudadanía tiene un impacto positivo en la calidad de los mismos. Y, además, reduce la probabilidad de que los recursos públicos sean manejados de manera dolosa, como ocurre con tanta frecuencia. Por eso, es un paso positivo que el Ministerio de Hacienda haya lanzado su nuevo portal institucional con la inclusión de los datos fiscales en un formato que integra los ingresos, los gastos y el financiamiento, tal como lo ha venido haciendo la Dirección General de Presupuesto; por lo que habría que asegurarse que este nuevo esfuerzo represente realmente un valor agregado al sistema de estadísticas fiscales.

Es muy común que la transparencia de la información se confunda con la abundancia de la misma, aunque de alguna forma estén correlacionadas. La disponibilidad de los datos es importante para la transparencia, pero se puede tener una gran cantidad de datos sin que eso signifique una mayor transparencia. Por ejemplo, series de datos más amplias del gasto público no necesariamente significan que los procesos detrás de ese gasto sean más diáfanos. De ahí que, más allá de la abundancia o redundancia de datos, la calidad sea el factor clave para capturar la idoneidad de los procesos mediante los cuales se han generado esos datos.

Y, justamente, el presupuesto del Estado es el instrumento de la gestión pública que mayor transparencia demanda o requiere. Tanto en la formulación como en su ejecución. En particular, es en la ejecución presupuestaria en donde se presentan las mayores oportunidades de corrupción y de manipulaciones estadísticas. Por tanto, en esta área deben hacerse los mayores esfuerzos de transparencia si realmente el propósito de las autoridades es defender el interés público.

Pero, desafortunadamente, hay indicios de que la transparencia sigue siendo una tarea pendiente, solapada en la retórica oficial. Recientemente, el Poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional una propuesta de presupuesto complementario al presupuesto de este año, con el propósito, de acuerdo con las reseñas periodísticas, de incrementar los niveles previstos de endeudamiento en cerca de 8 mil millones de pesos. Sin embargo, un documento tan importante como este no aparece en el portal – nuevo o viejo – del Ministerio de Hacienda, como tampoco aparece en el portal de la dirección de Presupuesto ni en el portal de la Presidencia ni en el portal del Senado. Ni siquiera apareció como noticia destacada. ¿Puede ser esto fruto de la casualidad o de una política comunicacional deliberada para que la ciudadanía no se empodere de una información oportuna y de calidad? En materia de gestión pública sería ingenuo asumir que esto se produce como fruto de una casualidad generalizada.

El acto mismo de someter un presupuesto complementario – ex post – es un hecho que refleja los limitados niveles de transparencia con los que se ejecuta el presupuesto. Por una razón muy sencilla, pero crucial. La mayoría – para no decirlo en forma absoluta – de las operaciones que contiene el presupuesto complementario ya fueron consumadas. Si ahora el gobierno siente la necesidad de la aprobación congresual se debe a que en su momento la ejecución de esas partidas no se realizó bajo el estricto cumplimiento de la ley – traducción libre: se violó la ley de presupuesto. Ahora al Congreso le corresponde hacerse de la vista gorda y aprobar con urgencia la propuesta del Ejecutivo; sobre todo, porque el Congreso tiene ‘buenas’ razones para ello; especialmente, por unos 300 millones de pesos que el presupuesto complementario estaría adicionando a los congresistas.

La falta de transparencia también se puede apreciar en la dosificación de la información con relación a la partida de disminución de cuentas por pagar que contempla unos 66 mil millones en el presupuesto del año entrante. En esta semana, la dirección de presupuesto hizo una aclaración parcial de la composición de dicha partida. Y todo parece indicar que esa cuenta se ha utilizado para subestimar el endeudamiento público y el nivel de déficit fiscal. Ahora la opinión pública se ha enterado que dentro de los recursos contemplados había un financiamiento de 800 millones de dólares en el 2015 que presumiblemente no fueron incluidos como deuda pública, pero que se fueron pagando institucionalmente por la izquierda. Otra partida de 10 mil millones de pesos se le atribuyó a “operaciones de corto plazo de la Tesorería”, una explicación que nada agrega a la transparencia. Aun así, queda sin explicar cerca de un tercio de la partida.

Es evidente que en material fiscal el gobierno debe pasar de la retórica a los hechos. Y comenzar por una ejecución presupuestaria que respete la normativa vigente. Si esto ocurre, la transparencia surgiría como un corolario lógico; así se evitaría la necesidad de tener que recurrir a piruetas discursivas para confundir a la opinión pública. https://www.diariolibre.com/opinion/en-directo/transparencia-y-calidad-de-la-informacion-fiscal-IH11528088

El informe desbordó el alcance de la Comisión - PEDRO SILVERIO ALVAREZ

07 JUL 2017, 12:00 AM

El informe desbordó el alcance de la Comisión

PEDRO SILVERIO ALVAREZ

“El retiro del Comité de Licitación del Ing. Flores y del Lic. Santana se debió, según expresaron a la Comisión, al hecho de que ellos no recibieron la evaluación técnica completa. Ellos informaron que apenas se les presentó una hoja en Power Point. Además, opinaron que al haber cumplido una sola empresa los requisitos técnicos, debían de recibir dicha evaluación completa, porque entendían que con evaluar a una sola empresa no se cumplía con defender a los intereses legítimos del país.” Informe de la Comisión Investigadora del Proceso de Licitación y Adjudicación del Contrato EPC de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, Junio 30, 2017

Finalmente, la Comisión presentó un informe que ha generado un gran escepticismo. Una relatoría de hechos que pueden ser interpretados en diferentes formas, dependiendo de la óptica del lector. Pero, la Comisión ha dado su veredicto: no sólo que todo está bien, sino que el proyecto de las plantas a carbón tiene una subvaluación de 6%. Es una gran noticia para un país que ha presumido –quizás, injustamente- que Odebrecht ha corrompido todos los procesos de adjudicación de obras en los que ha participado. En este caso, Odebrecht es la víctima, al dejar que se le fijara un valor del proyecto por debajo de su valor de mercado. Pero, antes de aferrarnos a esa conclusión parece oportuno plantear algunas precisiones...

Comencemos por el proceso mismo de licitación. No había necesidad de que dicho proceso se sometiera a los mandatos de la ley de compras y contrataciones, pues un decreto del Poder Ejecutivo emitido hace cuatro años -y que se ha probado como innecesario, pues no existía tal emergencia- declaró de urgencia el aumento de la generación de energía barata y, por tanto, había blindado la licitación contra cualquier inobservancia de la ley. Enfrentado el Comité de Licitación -compuesto en su gran mayoría con empleados de la CDEEE, con la excepción de dos miembros que también eran funcionarios del gobierno- con la realidad inesperada o no de que sólo un competidor pasó la prueba de la depuración técnica, las opciones eran adjudicar la obra o declararla desierta. Los intereses institucionales y del país recomendaban la última opción, tal como establece la citada ley de compras y contrataciones. No había forma de garantizar el interés público con un solo participante final.

Entonces, surge la idea de introducir en la licitación una figura no contemplada en la ley: «un competidor virtual», lo que sugiere que el Comité de Licitación no se sentía cómodo adjudicando la licitación con un solo competidor. Tal idea lo único que logró fue complicar aún más la situación. Se hizo necesario «crear» ese competidor adicional mediante la construcción de una oferta basada en los costos de plantas similares en EE.UU. Aparte de los costos laborales, de transporte y de los que se originan en las regulaciones de esos países versus los costos locales, habría que hacer los ajustes por el tratamiento impositivo -válido también en la comparación con Latinoamérica. Odebrecht está liberada prácticamente de todos los impuestos. Al valor de mercado de Punta Catalina habría que agregarle las exenciones impositivas; es decir que, a los US$2,040 millones, habría que agregar un valor impositivo que llevaría el costo de las plantas a carbón por encima de los US$2,500 millones.

El informe menciona una especie de “ingeniería económica” que permitió reducir el costo del proyecto en US$95.0 millones, para un valor final de USD1,945. En realidad, se trató de una negociación muy beneficiosa para Odebrecht, pues como resultado del trueque quedó liberada del pago del impuesto sobre la renta. No parece una operación que fuera provechosa para el país.

Independientemente de estos ajustes, la comparación de costos entre proyectos terminados y uno por iniciarse es muy inexacta, como han destacado expertos en el área. Ciertamente, Odebrecht tiene el derecho contractual de justificar incrementos en el valor del contrato; a pesar de que la Comisión está recomendando que no se aprueben esos posibles incrementos. Si estuviera subvaluada -como destaca la Comisión- no habría razones para no aprobar una solicitud de incremento en el valor de la obra.

En el informe se anexa un resumen de los interrogatorios que se le hicieron al Ing. Flores y al Lic. Santana. Ellos afirman que en un momento del proceso de licitación comenzaron a tener sospechas de que dicho proceso se estaba conduciendo con el propósito de favorecer a Odebrecht; y sospechaban, además, que Odebrecht había tenido acceso a los términos de referencia primero que los demás participantes. Sus sospechas fueron alimentadas por el hecho de que como miembros de la Comisión de Licitación no se les permitió tener acceso al informe técnico de Stanley Consultants, y apenas se les entregó una hojita con un PowerPoint. Los citados profesionales lamentan que a esa firma consultora se le diera tanto poder, al punto que parecían ser los jefes de la licitación. Estos hechos son simplemente narrados como anécdota en el informe, pues al parecer no tuvieron ponderación alguna al momento de las conclusiones.

Si realmente se quería llegar al fondo de la investigación, lo que procedía era la realización de una auditoría forense que fuera más allá de una simple inspección de escritorio. La Comisión no necesitaba una firma extranjera para que les dijera que la licitación se llevó a cabo conforme a las leyes dominicanas. Esas formalidades se pueden cumplir sin que eso necesariamente signifique que el proceso no comprometió el interés nacional.

No es cierto que la ley de compras y contrataciones era insuficiente para tomar decisiones que respetaran el interés nacional. Esa misma ley dice que la Comisión de Licitación debía tener un representante del área de acceso a la información pública; sin embargo, no fue incluido. Pero, para fortalecer la idea de que el marco jurídico no era apropiado, la Comisión entró en un terreno no solicitado: proponer un conjunto de reformas a la ley de compras y contrataciones, y otras recomendaciones discutibles.

El informe contiene informaciones suficientes como para sustentar conclusiones diferentes a las de la Comisión. Pero, al parecer el criterio de la estabilidad política fue el predominante... Y, quizás, tengan razón.

@pedrosilver31 https://www.diariolibre.com/opinion/en-directo/el-informe-desbordo-el-alcance-de-la-comision-BC7567131

Pedrosilver31@gmail.com

Economistas ven con preocupación el endeudamiento

Publicado el: 11 mayo, 2017

Por: Leonora Ramírez

e-mail:l.ramirez@hoy.com.do

Deuda pública entra en sendero insostenibilidad

La deuda pública del país está entrando en un sendero de insostenibilidad, afirmó el economista Pedro Silverio al destacar que eso se evidencia cuando los pagos de interés superan la tasa de crecimiento de la economía.
“Esa senda de insostenibilidad ya la estamos tocando porque la economía está creciendo a un 5.2% pero el pago de intereses se aproxima al 10%. Por eso es tan crucial para la economía tener un nivel de crecimiento que pueda sostener el endeudamiento”.
Silverio citó otros indicadores que reflejan que se está perdiendo la capacidad de endeudamiento: primero que la deuda representa un 50% con relación al PIB, y que más del 30% de los ingresos tributarios se dediquen al pago de los empréstitos.
“Eso me lleva al tema fiscal, es claro que el gasto público ha estado creciendo más rápidamente que los ingresos tributarios, y eso está creando también una dinámica en términos del déficit que alimenta el endeudamiento porque hay que pagar más intereses y amortizaciones.
“Pero además, el hecho de que el país haya emitido una cantidad enorme de bonos soberanos crea un sesgo en la política cambiaria por el control de la tasa de cambio”.
Al hacer esas observaciones Silverio afirmó que el problema de la economía dominicana es fiscal, y eso se deriva en todo lo demás.
Planteó que para llegar a un pacto fiscal se necesita transparencia, y el escándalo de Odebrecht es un obstáculo para alcanzarlo.

http://hoy.com.do/economistas-ven-con-preocupacion-el-endeudamiento/

Odebrecht y el dilema del prisionero - PEDRO SILVERIO ALVAREZ

En Directo 20 ENE 2017, 12:00 AM
Odebrecht y el dilema del prisionero
A pesar de la complejidad del caso Odebrecht, y la simplificada tipificación del dilema del prisionero, es posible establecer algunos contrastes que pueden ayudarnos a entender la estrategia de los jugadores -gobierno, Odebrecht y sobornados- y sus posibles desenlaces.
PEDRO SILVERIO ALVAREZ
Quizá ese es el problema con la saga/fuga de Odebrecht aunque en otros países todo está muy claro. Lost in translation, que dicen los que van al cine... Quizá en Brasil se dice soborno a lo que aquí se le llama comisión y al beneficiario/intermediario del delito se le nombra representante comercial. Quizá no nos estamos entendiendo y de ahí la suspicacia. (...) Lo que está claro es que no podemos aspirar a encontrar en los contratos el epígrafe “Sobornos. Cantidades y destinatarios.” Pero no hay que buscar mucho porque la investigación está hecha. Inés Aizpun, Diario Libre, enero 14, 2017
En mi artículo del viernes pasado planteaba que los reclamos que el gobierno dominicano debe hacer a la empresa Odebrecht no deben limitarse a la suma que corresponde a los sobornos recibidos por los funcionarios dominicanos –USD92 millones-; ni siquiera deben limitarse a la suma de los sobornos y los beneficios que esos sobornos generaron a la empresa brasileña –USD163 millones. No, los reclamos deben ser superiores a los USD255 millones que suman ambas cantidades. La lógica es bastante sencilla. Si un hecho delictivo se repara devolviendo el equivalente a la cantidad robada, no hay ningún riesgo en sostener prácticas corruptas, pues el problema se resuelve devolviendo las sumas envueltas en la operación, y se convertiría, de paso, en un incentivo perverso. Asimismo, el daño causado a la sociedad a través del deterioro institucional es mayor que las sumas monetarias con las que se sobornaron a funcionarios que debieron defender en interés colectivo.
Es en este contexto que hemos planteado una reparación económica dentro de un rango de USD459 a USD918 millones, tomando como base la negociación de Odebrecht con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El valor inferior -USD459 millones- se determina multiplicando el daño total -USD163 millones- por 1.8; mientras que el valor superior -USD918 millones- es el resultado de multiplicar el daño total por 3.8. Se trata simplemente de una referencia; pero como ha sugerido un colega podría financiar la conclusión de las plantas sin necesidad de financiamiento adicional.
Pero es muy difícil que el gobierno haga una reclamación en este sentido. Trataremos de explicar por qué, utilizando un ejemplo clásico en la teoría de juegos. En el dilema del prisionero dos presuntos ladrones -o criminales- son encarcelados -con evidencias muy limitadas- y sometidos a un proceso de negociación con la justicia. Ellos enfrentan el dilema de confesar o no el crimen sin que ninguno conozca anticipadamente la estrategia del otro; por eso, se le clasifica como un juego no cooperativo, pues no hay comunicación entre los dos prisioneros. Dadas estas circunstancias, cada prisionero tiene que protegerse del escenario más adverso: que uno confiese y el otro no. Si este fuese el caso, el prisionero que no confesase recibiría una sanción extremadamente severa, mientras que el otro -el que confiesa- recibiría una pena muy leve. El resultado es que ambos terminan confesando y recibiendo una pena menor, pero superior a la que la justicia podría conseguir con sus limitadas evidencias. El gran poder de la justicia descansaba en la incomunicación entre ambos prisioneros y la incertidumbre acerca del comportamiento que cada uno ellos adoptarían ante la justicia.
A pesar de la complejidad del caso Odebrecht, y la simplificada tipificación del dilema del prisionero, es posible establecer algunos contrastes que pueden ayudarnos a entender la estrategia de los jugadores -gobierno, Odebrecht y sobornados- y sus posibles desenlaces. La primera diferencia importante es que los jugadores pueden aplicar estrategias de cooperación entre ellos para alcanzar propósitos comunes. Una posible estrategia es que cooperen entre ellos para conseguir que al final el caso -mediante una burda generalización de los implicados- se diluya y no haya forma de identificar a los verdaderos responsables de la trama de corrupción que patrocinó Odebrecht. El problema se complica aún más por el hecho de que no hay fronteras bien definidas entre los jugadores, especialmente entre el gobierno y los sobornados. ¿Cuáles de los sobornados pertenecen al gobierno? ¿Cuáles pertenecen a otros gobiernos? Las estrategias pudieran ser diferentes para estos dos grupos. Como también pudieran ser diferentes para los sobornados que no pertenecen al gobierno y que, además, son de partidos diferentes.
Una diferencia crucial con el dilema del prisionero es que en el caso Odebrecht no resulta claro si el arbitraje es debidamente independiente. La forma como ha sido dirigido el proceso da lugar a grandes interrogantes, cuyas respuestas solo podrán ser conocidas al final. Pero es perturbador el orden de los eventos: Anuncio público de los interrogatorios, y luego un período de gracia para que los sospechosos ordenen sus papeles, y finalmente entreguen una versión bien peinada de esos documentos, para luego proceder a los allanamientos. Desde una perspectiva más eficiente podría decirse que el proceso va en vía contraria.
Como si esto fuera poco, no hay una amenaza creíble de parte del gobierno que empuje a Odebrecht a cooperar «voluntariamente» con la justicia. Odebrecht ha hecho una lectura oportunista de la situación y se ha dado cuenta de que el gobierno al politizar el proyecto de Punta Catalina se ha quedado sin poder de sanción, ya que sería para el gobierno una estrategia desastrosa -desde el punto de vista político- detener ese proyecto, como un primer y necesario paso para obligar a que Odebrecht recupere la memoria de los hechos y ponga nombres a los números. Odebrecht, sin embargo, enfrenta en República Dominicana su escenario más complaciente; y al final no habrá dilema, por la sencilla razón de que no habrá prisionero.
http://www.diariolibre.com/opinion/en-directo/odebrecht-y-el-dilema-del-prisionero-GD6036998
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La colegiación forzada de los economistas | PEDRO SILVERIO ALVAREZ

En Directo 21 AGO 2015, 12:00 AM 
La colegiación forzada de los economistas 
PEDRO SILVERIO ALVAREZ

“El economista es el científico social y técnico, cuyo campo de acción se enmarca en la asignación de los recursos productivos, en la valoración de los medios escasos y sus aplicaciones alternativas en la producción, distribución y consumo de los diferentes bienes y servicios de la Economía. Calcula y analiza las cifras agregadas de producción del consumo, de la formación bruta de capital, de la balanza de pagos y de las demás Cuentas Nacionales del país. También es su función la de dirigir, administrar y asesorar en material económica y financiera a instituciones comerciales, industriales, agropecuarias, de extracción minera y en general a todas las que se desenvuelvan en el sector público o privado de la Economía.” Art. 4, Proyecto de colegiación del Codeco

Por décadas, el Codeco –Colegio Dominicano de Economistas- no ha logrado consolidar, a pesar de los esfuerzos realizados por sus dirigentes, un verdadero colegio de economistas; puede ser resultado de la apatía o de la natural suspicacia con que los economistas abordan el tema sindical; pero, ante el fracaso de lograr la sindicalización de los colegas por las buenas, el Codeco ha descubierto que la ruta más corta para alcanzar su objetivo es la que pasa por el Congreso Nacional, a través de una ley que tipifique como ilegal el ejercicio de la economía sin el tutelaje de ese gremio. Y uno pudiera preguntarse, si los beneficios de esta sindicalización son tan obvios, ¿por qué los economistas no pueden verlos? ¿Se necesita una ley que obligue a los economistas a hacerse su propio bien?

Son muchas las interrogantes que surgen al analizar el contenido del proyecto de ley que ya ha sido aprobado al vapor por la Cámara de Diputados; pero, lo que está muy claro es que tal intento de legislación es un adefesio que se propone violentar el ejercicio libre de la profesión de economía, bajo el alegato de que entre sus objetivos y fines se encuentran “vigilar y sancionar la conducta profesional de los colegiados, de conformidad con lo previsto en esta Ley y sus Reglamentos.”

Aún más, todos los estudios económicos que se realicen en el país, ya sean para el sector público o privado, deberán estar validados por el Codeco, para lo cual los interesados deberán pagar una tarifa de acuerdo con el monto de la inversión propuesta. De lo contrario, el nuevo tribunal del Codeco sancionará a los economistas que no observen esa disposición.

Es mi impresión que la mayoría de los economistas no están conscientes de este despropósito que está a mitad de camino para convertirse en ley.

Adicionalmente, el proyecto propuesto contempla darle al Codeco la facultad para establecer “un sello especial”, en denominación de RD$100 o de sus múltiplos que servirá para certificar los estudios que realicen los economistas. Sin dudas, esta idea debe estar entre las más descabelladas que pudieran plantearse en la era de la tecnología y la información. El 75% de las recaudaciones obligatorias que haría el Codeco se utilizarían para crear un fondo mutualista para beneficio de los colegiados, y para pagar a la nueva burocracia; el restante 25% se utilizaría para financiar investigaciones, publicaciones y capacitación de sus miembros; aunque no están definidos los criterios bajo los cuales se garantizaría la calidad de esos programas.

Por otra parte, el proyecto de ley de colegiación forzada de los economistas no se detiene ahí; establece que los economistas tendrán como deber u obligación la de “participar en todas las actividades que organice o delegue la asamblea o el consejo directivo.” No basta con obligarlos a colegiarse, también obliga a los economistas a hacer coro a las decisiones de los directivos; o de lo contrario, podrían ser objeto de sanciones por parte del tribunal disciplinario. Esta forma de control profesional parece ser una herencia de la ideología totalitaria, como lo es el proyecto en su conjunto.

El artículo 35 es realmente antológico; en él se establece la formación del quórum para la Asamblea General, la que sesionará con el 50% más uno de los miembros que estén al día con sus cuotas. Ahora bien, si no se alcanza ese umbral, la asamblea puede ser convocada de nuevo en un lapso de 30 minutos y el quórum quedaría conformada con “cualquier número de miembros que concurran y que estén al día con sus cuotas.” ¡Vaya flexibilidad!

Una de las asociaciones de economistas más importantes del mundo es la Asociación Americana de Economistas; a esta asociación pertenecen los más destacados economistas del globo terráqueo, sin necesidad de que una ley los obligue a asociarse, pero lo hacen por los beneficios profesionales que reciben a través de las publicaciones de revistas especializadas al más alto nivel de calidad y por los seminarios que sirven de apoyo a la formación profesional continua, lo cual muestra que los mecanismos coercitivos no pueden sustituir a una estructura de incentivos compatible con el sentido de libertad de la naturaleza humana. Eso debiera saberlo cualquier economista con un mínimo de formación...

Pedrosilver31@gmail.com

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Se agota el tiempo para el cambio de modelo | PEDRO SILVERIO ÁLVAREZ

Se agota el tiempo para el cambio de modelo
SILVERIO ALVAREZ | 19 SEP 2014, 12:00 AM | PEDRO SILVERIO ALVAREZ

“Durante los últimos 15 meses la República Dominicana ha hecho tres emisiones internacionales de bonos, por un valor total de 2,750 millones de dólares… Mientras tanto, los niveles de deuda han seguido creciendo en el país: la deuda del sector público no financiero se ha doblado en los últimos años, al pasar desde el 18.3 por ciento del PIB en 2007 al 36.6 por ciento en el primer cuarto de 2014. Cuando además se incluye la deuda del Banco Central, el nivel podría estar cercano al 47 por ciento del PIB. Cabe destacar que Jiménez y Ovalle (2011) estimaron en 56.7 por ciento el nivel máximo de deuda que sería sostenible en la República Dominicana en el año 2013”. Sánchez et al, Banco Mundial

El endeudamiento ha sido -históricamente hablando- un tema en extremo sensitivo para la República Dominicana. Como es sabido, desde la segunda mitad del siglo XIX las políticas de endeudamiento han tenido consecuencias catastróficas, incluyendo la pérdida de la soberanía y ocupaciones militares por parte de Estados Unidos. Ciertamente, los tiempos han cambiado. Pero llama la atención que los acuerdos firmados por Ramón Cáceres en 1905 y 1907 -denominados Modus Vivendi y la Convención Domínico-Americana, respectivamente-, significaron la pérdida de la soberanía económica, pues el gobierno norteamericano retenía el 50% de los ingresos fiscales, asignaba un 5% al pago de los recaudadores, y el resto (45%) era entregado al gobierno dominicano. ¿Cuál es la diferencia con el presente? Muy pequeña. Probablemente se dedique un porcentaje equivalente para cubrir el servicio de la deuda y los pagos de nómina por recaudaciones. Es decir, que estamos en la frontera de lo que en los principios del siglo veinte era inaceptable para nuestro principal acreedor. Obviamente, los métodos de intimación de pago han cambiado. En lugar de la fuerza bruta, ahora el entramado financiero internacional tiene métodos más sutiles, pero igual de efectivos. Un país no pueda darse el lujo de convertirse en un paria internacional en materia de cumplimiento de sus obligaciones financieras. Aun Argentina y Venezuela lo piensan más de dos veces.

Como se puede apreciar, tenemos unas raíces históricas que aún no acabamos de superar. El endeudamiento desmedido es una métrica de la disciplina de nuestros gobernantes, quienes han abordado los problemas nacionales al margen de una verdadera responsabilidad intergeneracional. La adicción al endeudamiento es el camino fácil, pues nos puede dar una instantánea y falsa sensación de bienestar. Como todos los vicios. Pero, tarde o temprano, la realidad nos golpea contundentemente. En los últimos 15 meses, como señalan Sánchez et al, se han emitido bonos soberanos por un total de US$2,750 millones, mientras que se busca financiamiento por cerca de US$2,000 millones para un proyecto energético.

A pesar de esa realidad, algunas fuentes financieras internacionales no parecen estar tan preocupadas por los niveles de endeudamiento de la República Dominicana, en contraste con la gran preocupación que sí existe a lo interno del país. Al final de cuentas, el cumplimiento del servicio de la deuda está por encima de cualquier obligación doméstica. Esa es la ventaja para los acreedores. Pero pone el bienestar de los dominicanos en un gran riesgo. En reconocimiento de esa realidad, el entonces candidato Lic. Danilo Medina, prometió una política de reducción del endeudamiento, lo cual no ha sido posible.

Detrás de esos preocupantes niveles de endeudamiento se presupone que existe un modelo económico, calificado por el presidente Medina como un ‘modelo agotado’. Este modelo de «crecimiento con esteroides» no ha podido dar respuestas efectivas a la pobreza, a la formación de una clase media creciente, y a la generación de oportunidades laborales de calidad. Un modelo cuya estabilidad depende del endeudamiento corre el riesgo de agotar su capacidad de pago -como parece estar cerca- y obligar a ajustes traumáticos como hemos visto en el pasado, no tan lejano. Recientemente, Brasil -gobernado por un partido de los trabajadores- ante problemas presupuestarios asociados también a los niveles de endeudamiento aplicó un plan de privatización. Es un referente interesante para el gobierno dominicano.

Lo cierto es que el serio problema del endeudamiento público nos lleva, inevitablemente, a replantearnos la necesidad de hacer ajustes estructurales en el denominado modelo económico dominicano. La gran dificultad es que la gestión del presidente Medina ha entrado en la fase descendente de su periodo de gobierno. Agotados los dos primeros años, resulta improbable que el gobernante esté dispuesto a realizar cambios profundos en la economía, aun cuando la mayoría de los dominicanos percibe que la situación económica está mal, según encuesta reciente. Normalmente, esas reformas se hacen al inicio de una gestión de gobierno, no al final. Parece ser evidente que la agenda nacional comienza a ser dominada por los temas políticos de cara a los procesos internos de los partidos que definirán las candidaturas del 2016. Y el presidente Medina es un actor de primer orden en el proceso interno de su partido… «El cielo puede esperar».

http://www.diariolibre.com/opinion/se-agota-el-tiempo-para-el-cambio-de-modelo-GGDL798781

¿PODEMOS con la tragedia griega? - por PEDRO SILVERIO ÁLVAREZ

EN DIRECTO|13 FEB 2015, 12:00 AM|POR PEDRO SILVERIO ÁLVAREZ

 “En España y Grecia, ambas la centro- izquierda y la centro-derecha han gobernado durante los recientes períodos de crisis; muchos votantes han concluido, por lo tanto, que la salvación se encuentra en alternativas radicales. En ambos países, el descontento público tiene claros objetivos: en España, los bancos, grandes empresas y los políticos corruptos; en Grecia, los arquitectos de la austeridad y los ejecutores de sus políticas. España y Grecia han comenzado a crear empleos y a crecer, pero el desempleo en ambos se mantiene alrededor del 25%. Para los votantes, la política–como de costumbre simplemente no está funcionando.” Charlemagne, The Economist, 2015

La euforia griega comienza a desvanecerse luego de la esperada victoria que un grupo de la izquierda radical en coalición con otro grupo también radical, pero de la extrema derecha, lograron la mayoría electoral el pasado 25 de enero. Los mercados financieros, tanto locales como externos, han interpretado esa victoria como un indicador de que Grecia se dirige hacia el despeñadero. De hecho –y muy a pesar de la visita que en la semana pasada hiciera el Ministro de Finanzas de Grecia al Presidente del Banco Central Europeo- los retiros de depósitos de los bancos griegos han sobrepasado los 10 mil millones de euros, tomando en cuenta que estos retiros empezaron en diciembre, cuando se daba por descontado que Syriza ganaría las elecciones generales.

Claramente, el tema de la austeridad fue crucial en estos resultados electorales. Después del condenable fraude estadístico con el que los funcionarios griegos dosificaron a la Comisión Europea, al Banco Central Europeo y al Fondo Monetario Internacional (FMI), y la posterior crisis económica, el gobierno griego se vio en la obligación de aplicar medidas de austeridad en el marco del rescate financiero que esas instituciones le concedieron. Los sacrificios impuestos –como se esperaba- resultaron dolorosos y el electorado quedó atrapado en un discurso rancio envuelto en papel de celofán por un bloque de partidos liderado por la extrema izquierda. Ahora tendrán la oportunidad de demostrar la superioridad de la política del derroche en medio de grandes estrecheces financieras. Por lo pronto, el Banco Central Europeo no seguirá comprando bonos garantizados por el gobierno griego, ante la inminencia de que ese gobierno se retire del programa de rescate firmado por el gobierno anterior. La comunidad europea no parece estar dispuesta a dejarse engañar una vez más por la truculencia de los políticos griegos. Después de todo, los ciudadanos de la Unión Europea han tenido que pagar –de una forma u otra- por los engaños y la indisciplina de esos gobiernos.

Es casi imposible –desde hace unos años- hablar de Grecia sin que en el mismo contexto no se mencione a España. Aunque a España se le considera junto a Grecia como un país de la periferia europea, en una tipificación que desborda los límites geográficos, es difícil pensar que sea un país periférico en el sentido que lo es Grecia. Ambas naciones han sido golpeadas brutalmente por la crisis financiera, y en ambas los escándalos de corrupción han generado una ola de repudio ciudadano. Si a esto se agrega una austeridad mal distribuida –austeridad para la clase media, no para los gobiernos- se consigue la receta perfecta para que un grupo político como PODEMOS -inexistente hace cerca de un año- se haya convertido en la primera fuerza electoral de España, de acuerdo con las encuestas publicadas hasta la fecha. Su discurso de transparencia en la gestión pública y anticorrupción ha cautivado al electorado español, ávido de una esperanza después de casi un lustro de crisis y precariedades. Sin embargo, no basta con predicar bondades sujetas al ejercicio posterior del poder político; es necesario, además, contar con un programa económico que preserve la base misma de toda sociedad capitalista y que permita la sostenibilidad de los programas sociales. Todo lo contrario es lo que han hecho los precursores chavistas de PODEMOS. Venezuela es el laboratorio en el que deben verse los españoles. Con el mismo discurso de PODEMOS, la revolución bolivariana ha logrado que al día de hoy la tasa de pobreza en Venezuela sea más alta que cuando Chávez tomó el poder, debido a la instalación de uno de los regímenes más corruptos del mundo, de acuerdo a mediciones internacionales.

El elector común –que no necesariamente tiene que saber de economía- se deja fascinar muy frecuentemente por discursos que resaltan las virtudes morales –sin dudas, indispensables en cualquier ciudadano, político o no-, acompañados de promesas irrealizables, desde el punto de vista económico. Es increíble pensar que una sociedad con la madurez alcanzada por la española esté –al parecer- transitando hacia el libreto de una tragedia que solo los griegos pudieran imaginar. Por eso, el desenlace de lo que se está gestando en Grecia es tan importante para España, pues pudiera ser una anticipación de lo que le esperaría si PODEMOS llega al poder. Mientras tanto, en nuestro país queda la interrogante de si se han ido creando las condiciones para que un grupo similar emerja como una fuerza electoral de cara al 2016. Solo el tiempo dirá. http://www.diariolibre.com/opinion/2015/02/13/i1010841_podemos-con-tragedia-griegaa.html