El presidente Abinader, dentro de sus tantos legados, será recordado como el presidente más cercano a la gente, por lo menos en la historia más reciente. Esa cercanía le ha permitido conocer de primera mano la realidad que se vive en el país. Por eso, me ha sorprendido el artículo “Una historia popular” de nuestro colega y apreciado amigo Juan Ariel Jiménez, publicado en las páginas de este diario el pasado martes 4 de julio. El entorno presidencial no tiene ningún incentivo, dado el gran riesgo, para tratar de enredar al presidente con versiones de los hechos alejadas de la realidad.
No podemos sustraernos de las consecuencias inmediatas y duraderas del inusual choque externo que representó la pandemia, aunque el articulista parece sugerir que ignoremos esa realidad. Pero, además, los procesos de recuperación de las economías están, en parte, condicionados por las características particulares de sus estructuras productivas. Las respuestas que dio, y sigue dando el gobierno del presidente Abinader, a los desafíos generados por la pandemia han sido objeto del reconocimiento internacional. Si bien el gobierno no trabaja motivado por este tipo de reconocimientos, cuando llegan son bien recibidos, aunque con humildad y satisfacción. Entre ellos, el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la efectividad de las políticas sanitarias para enfrentar el covid-19 y la Organización Mundial del Turismo (OMT); igualmente, la FAO reconoció las medidas del gobierno que hicieron posible una notable disminución en las cifras del hambre, al pasar del 8.3% en el periodo 2018-20 al 6.7%, junto con una disminución de la pobreza extrema. Sin dudas, los programas sociales que se implementaron sirvieron como una red de protección social. Entre ellos, adicionar más de 800 mil dominicanos en condiciones de vulnerabilidad a la tarjeta de Supérate con la duplicación de los beneficios, así como la incorporación de 2.4 millones de personas al seguro de salud de SeNaSa y una cobertura adicional de un millón de pesos para las enfermedades catastróficas.
Estas políticas sociales han tenido un impacto muy positivo, de acuerdo con mediciones oficiales. Por ejemplo, en el último trimestre de 2022 se verificó el más bajo nivel de pobreza monetaria (Metodología 2012) para un trimestre desde que se hacen tales mediciones; y, algo más significativo, es que los niveles de desigualdad, medidos a través del coeficiente de Gini, se situaron en su punto más bajo en 2022, cuando alcanzó un valor de 0.376, por debajo del 0.419 registrado en 2019. Un logro de gran valor social.
En contraste con lo planteado en el artículo citado, en la presente gestión el número de trabajadores formales es mayor que el registrado en diciembre de 2019. De acuerdo con los datos de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), en diciembre pasado los trabajadores cotizantes (formales) ascendían a 2,253,801; esto es, 186,167 trabajadores más que en diciembre de 2019. No solo eso, ya desde diciembre 2021 el número de trabajadores formales (2,119,696) superaba en 52,062 al registrado en diciembre de 2019. Bajo cualquier estándar esto representa una gran recuperación en el empleo formal en un tiempo relativamente corto. En cuanto a la informalidad, fue el segmento laboral que más decreció con la crisis de la pandemia del covid-19, y su recuperación también fue extraordinaria. Sin embargo, desde el primer trimestre de 2021, por cada empleo informal se han creado 1.22 empleos formales. Mas aun, entre el primer trimestre de 2022 y el primero de 2023 se crearon 118,718 empleos formales y 9,910 empleos informales. Eso significa que, durante ese período, se crearon 12 empleos formales por cada empleo informal.
En definitiva, parece injusto, aunque políticamente conveniente, que a la presente administración se le reclame los avances en economía, educación y salud que no pudieron lograrse en los 16 años anteriores. Especialmente, a una gestión de gobierno que ha tenido que avanzar en medio de un entorno internacional sumamente adverso, y ha logrado crear un clima de negocios atractivo para la inversión extranjera (en 2022 registró un récord de USD 4,010.4 millones), a la vez que Standard & Poor´s, por primera vez en los últimos siete años, mejoró la calificación crediticia del país. Son avances incuestionables que marcan el camino hacia una prosperidad compartida.
Ahora bien, en el marco de todos estos avances, un legado extraordinario del presidente Abinader ha sido su decidido esfuerzo en dotar a la administración pública de un ejercicio permanente de transparencia en el uso de los recursos de los contribuyentes, e implementando un ministerio público que garantice el fin de la impunidad. La vieja regla de que el progreso debe pagar el precio de la corrupción ha sido rota… Ese es su gran legado.
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