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miércoles, 31 de diciembre de 2025

República Dominicana 2025: balance de gobierno y horizontes de desarrollo, sostenibilidad y competitividad para 2026 / Por: Luis Orlando Díaz Vólquez

República Dominicana 2025: balance de gobierno y horizontes de desarrollo, sostenibilidad y competitividad para 2026

/ Por: Luis Orlando Díaz Vólquez

El 2025 cierra con una economía estable, inflación dentro de meta y condiciones financieras que favorecen una recuperación gradual. Este resultado descansa en fundamentos sólidos —turismo, remesas e inversión extranjera— y en una conducción macroeconómica orientada a la estabilidad. Aun así, persisten tareas pendientes: lenta ejecución del gasto de capital, productividad insuficiente y fragilidades del sector eléctrico que elevan costos, presionan el presupuesto y afectan la confianza de hogares y empresas.

La efectividad de las políticas públicas se refleja en avances de salud y respuesta a emergencias, junto con la atracción sostenida de inversión extranjera en energía y turismo. Para transformar estos logros en desarrollo tangible se requieren encadenamientos locales, transferencia tecnológica y formación de capital humano, de modo que cada proyecto multiplique empleo, exportaciones y productividad nacional.

De cara a 2026, la reforma fiscal es condición habilitante del desarrollo. El país necesita eliminar el déficit, frenar el endeudamiento del gobierno y reducir gastos corrientes ineficientes, protegiendo la inversión pública y los bienes esenciales. Es indispensable eliminar exenciones y tratamientos especiales innecesarios —en particular, aquellos sectores que ya cumplieron más de cinco años desde su establecimiento y cuyos beneficios deben caducar con evaluaciones de costo‑beneficio. La ampliación de bases tributarias, la modernización de la administración fiscal y la transparencia del gasto permitirán reasignar recursos desde subsidios poco efectivos hacia agua, movilidad, electrificación confiable y adaptación climática.

El sector eléctrico exige metas claras de reducción de pérdidas, modernización de redes y combate al fraude, con gobernanza transparente en compras y contratos. Sin electricidad confiable no hay competitividad sostenible. Si estas palancas se activan con disciplina y evaluación por resultados, la República Dominicana puede convertir la estabilidad de 2025 en un impulso de desarrollo, sostenibilidad y competitividad en 2026, mejorando de forma tangible la calidad de vida de la gente del pueblo.

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Versión académica

República Dominicana 2025: balance de gobierno y horizontes de desarrollo, sostenibilidad y competitividad para 2026
Por: Luis Orlando Díaz Vólquez

El año 2025 cierra con una economía dominicana que, pese a la moderación del crecimiento, reafirma su resiliencia macroeconómica: inflación dentro de meta, tipo de cambio estable y condiciones financieras que favorecen una recuperación gradual. Este desempeño descansa en fundamentos sólidos —diversificación sectorial, flujos de divisas por turismo, remesas e inversión extranjera directa (IED)— y en una conducción orientada a la estabilidad. Sin embargo, la efectividad de las políticas públicas está condicionada por cuellos de botella persistentes: lenta ejecución del gasto de capital, productividad insuficiente y, de forma crítica, la fragilidad del sector eléctrico.

La evaluación del 2025 sugiere avances en tres frentes. Primero, monetario‑financiero: los programas de liquidez y la moderación de tasas ayudaron a sostener el crédito, mitigando la desaceleración y permitiendo un repunte del indicador de actividad hacia fin de año. Segundo, fiscal: a pesar de la mejora de ingresos, la inversión pública no alcanzó la velocidad necesaria para traducirse en más empleo y productividad; la carga del servicio de la deuda y las transferencias a sectores deficitarios diluyeron el espacio de maniobra. Tercero, sectorial: hubo progresos en salud y respuesta a emergencias (9‑1‑1), y la IED se mantuvo como ancla externa, con energía y turismo liderando proyectos; no obstante, la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico continúan afectando costos, riesgo y confianza.

En servicios públicos, el sistema 9‑1‑1 amplió cobertura y redujo tiempos de respuesta, impactando positivamente la seguridad y la calidad de vida en corredores turísticos y periferias urbanas. En salud, la integración de modelos de manejo de riesgo cardiovascular al primer nivel de atención, con metas de control efectivas y capacitación profesional, ilustra cómo el gasto en salud puede generar “valor” cuando se alinea con protocolos y evaluación por resultados. Este enfoque debe extenderse a enfermedades crónicas, oncología y salud mental, con métricas transparentes de acceso y resultados por territorio.

La IED, por su parte, ratifica la confianza en el país. Para convertir cada dólar invertido en desarrollo tangible, se necesitan encadenamientos locales, transferencia tecnológica y formación de capital humano específico —de modo que turismo, energía y zonas francas multipliquen empleo formal, exportaciones y productividad nacional. Ventanillas únicas y simplificación regulatoria son avances; el siguiente paso es medir, proyecto a proyecto, el impacto real sobre salarios, productividad y densidad empresarial.

Reforma fiscal: condición habilitante del desarrollo.
De cara a 2026, la República Dominicana requiere una reforma fiscal integral que elimine el déficit estructural, frene el endeudamiento y reoriente el gasto hacia inversión productiva y resiliencia climática. La agenda debe incluir: (i) una regla fiscal con ancla de deuda y techo de crecimiento del gasto primario, protegiendo la inversión pública; (ii) revisión y eliminación de exenciones y tratamientos especiales que ya cumplieron su propósito —en particular, sectores con más de cinco años de establecimiento— estableciendo cláusulas de “puesta de sol” (sunset) y evaluaciones de costo‑beneficio periódicas; (iii) ampliación de bases (ITBIS/IVA, renta y propiedad), reducción de distorsiones y modernización de la administración tributaria para combatir evasión y elusión; (iv) reingeniería del gasto: recorte de gastos corrientes ineficientes, compactación de nómina redundante, compras públicas con trazabilidad digital y presupuestos por desempeño; y (v) priorización de inversión en agua, movilidad, logística, electrificación confiable y adaptación climática, con cronogramas vinculantes y tableros públicos.

Energía y competitividad.
El sector eléctrico exige metas trimestrales verificables de reducción de pérdidas —medición avanzada, automatización de redes, combate técnico‑comercial al fraude— y una gobernanza transparente en compras y contratos. Sin un servicio eléctrico confiable, la competitividad se erosiona, el presupuesto se tensiona y cualquier esfuerzo de productividad pierde tracción.

Calidad de vida y cohesión social.
La trayectoria de reducción de pobreza e inequidad en las últimas décadas es real; para sostenerla, los programas de protección social deben evaluarse por resultados (inserción laboral, ingresos, reducción de carencias) y focalizar territorios con mayores privaciones. Movilidad social, vivienda digna, agua segura, conectividad y transporte público son prioridades que se vuelven financiables cuando la reforma fiscal cierra brechas y reasigna recursos desde subsidios ineficientes hacia bienes públicos con alto retorno social.

Conclusión.
El gobierno cierra 2025 con estabilidad macro, avances sectoriales y una agenda pendiente de reformas. El reto de 2026 es convertir la prudencia en crecimiento inclusivo y sostenible: reforma fiscal para eliminar el déficit y detener el endeudamiento, electricidad confiable, reducción de gastos corrientes y eliminación de exenciones innecesarias en sectores maduros; más inversión pública bien ejecutada, productividad y cadenas de valor robustas. Con gobernanza transparente y evaluación por resultados, la República Dominicana puede dar un nuevo salto en desarrollo, sostenibilidad y competitividad, mejorando de forma tangible la calidad de vida de la gente del pueblo.

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Con Referencias (formato APA, 7ª edición)

República Dominicana 2025: balance de gobierno y horizontes de desarrollo, sostenibilidad y competitividad para 2026

/ Por: Luis Orlando Díaz Vólquez

El año 2025 cierra con una economía dominicana que, pese a la moderación del crecimiento, reafirma su resiliencia macroeconómica: inflación dentro de meta, tipo de cambio estable y condiciones financieras que favorecen una recuperación gradual. Este desempeño descansa en fundamentos sólidos —diversificación sectorial, flujos de divisas por turismo, remesas e inversión extranjera directa (IED)— y en una conducción orientada a la estabilidad. Sin embargo, la efectividad de las políticas públicas está condicionada por cuellos de botella persistentes: lenta ejecución del gasto de capital, productividad insuficiente y, de forma crítica, la fragilidad del sector eléctrico.

La evaluación del 2025 sugiere avances en tres frentes. Primero, monetario‑financiero: los programas de liquidez y la moderación de tasas ayudaron a sostener el crédito, mitigando la desaceleración y permitiendo un repunte del indicador de actividad hacia fin de año. Segundo, fiscal: a pesar de la mejora de ingresos, la inversión pública no alcanzó la velocidad necesaria para traducirse en más empleo y productividad; la carga del servicio de la deuda y las transferencias a sectores deficitarios diluyeron el espacio de maniobra. Tercero, sectorial: hubo progresos en salud y respuesta a emergencias (9‑1‑1), y la IED se mantuvo como ancla externa, con energía y turismo liderando proyectos; no obstante, la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico continúan afectando costos, riesgo y confianza.

En servicios públicos, el sistema 9‑1‑1 amplió cobertura y redujo tiempos de respuesta, impactando positivamente la seguridad y la calidad de vida en corredores turísticos y periferias urbanas. En salud, la integración de modelos de manejo de riesgo cardiovascular al primer nivel de atención, con metas de control efectivas y capacitación profesional, ilustra cómo el gasto en salud puede generar “valor” cuando se alinea con protocolos y evaluación por resultados. Este enfoque debe extenderse a enfermedades crónicas, oncología y salud mental, con métricas transparentes de acceso y resultados por territorio.

La IED, por su parte, ratifica la confianza en el país. Para convertir cada dólar invertido en desarrollo tangible, se necesitan encadenamientos locales, transferencia tecnológica y formación de capital humano específico —de modo que turismo, energía y zonas francas multipliquen empleo formal, exportaciones y productividad nacional. Ventanillas únicas y simplificación regulatoria son avances; el siguiente paso es medir, proyecto a proyecto, el impacto real sobre salarios, productividad y densidad empresarial.

Reforma fiscal: condición habilitante del desarrollo.
De cara a 2026, la República Dominicana requiere una reforma fiscal integral que elimine el déficit estructural, frene el endeudamiento y reoriente el gasto hacia inversión productiva y resiliencia climática. La agenda debe incluir: (i) una regla fiscal con ancla de deuda y techo de crecimiento del gasto primario, protegiendo la inversión pública; (ii) revisión y eliminación de exenciones y tratamientos especiales que ya cumplieron su propósito —en particular, sectores con más de cinco años de establecimiento— estableciendo cláusulas de “puesta de sol” (sunset) y evaluaciones de costo‑beneficio periódicas; (iii) ampliación de bases (ITBIS/IVA, renta y propiedad), reducción de distorsiones y modernización de la administración tributaria para combatir evasión y elusión; (iv) reingeniería del gasto: recorte de gastos corrientes ineficientes, compactación de nómina redundante, compras públicas con trazabilidad digital y presupuestos por desempeño; y (v) priorización de inversión en agua, movilidad, logística, electrificación confiable y adaptación climática, con cronogramas vinculantes y tableros públicos.

Energía y competitividad.
El sector eléctrico exige metas trimestrales verificables de reducción de pérdidas —medición avanzada, automatización de redes, combate técnico‑comercial al fraude— y una gobernanza transparente en compras y contratos. Sin un servicio eléctrico confiable, la competitividad se erosiona, el presupuesto se tensiona y cualquier esfuerzo de productividad pierde tracción.

Calidad de vida y cohesión social.
La trayectoria de reducción de pobreza e inequidad en las últimas décadas es real; para sostenerla, los programas de protección social deben evaluarse por resultados (inserción laboral, ingresos, reducción de carencias) y focalizar territorios con mayores privaciones. Movilidad social, vivienda digna, agua segura, conectividad y transporte público son prioridades que se vuelven financiables cuando la reforma fiscal cierra brechas y reasigna recursos desde subsidios ineficientes hacia bienes públicos con alto retorno social.

Conclusión.
El gobierno cierra 2025 con estabilidad macro, avances sectoriales y una agenda pendiente de reformas. El reto de 2026 es convertir la prudencia en crecimiento inclusivo y sostenible: reforma fiscal para eliminar el déficit y detener el endeudamiento, electricidad confiable, reducción de gastos corrientes y eliminación de exenciones innecesarias en sectores maduros; más inversión pública bien ejecutada, productividad y cadenas de valor robustas. Con gobernanza transparente y evaluación por resultados, la República Dominicana puede dar un nuevo salto en desarrollo, sostenibilidad y competitividad, mejorando de forma tangible la calidad de vida de la gente del pueblo.


Referencias (formato APA, 7ª edición)

Firma: Luis Orlando Díaz Vólquez

Fecha: 31 de diciembre de 2025 (GMT‑4)