Mostrando las entradas con la etiqueta CICIRD. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta CICIRD. Mostrar todas las entradas

lunes, 16 de octubre de 2017

Una comisión internacional contra la impunidad RD

Una comisión internacional contra la impunidad RD

Carlos E. Pimentel Florenzán - 30 de enero de 2017 -
Carlos E. Pimentel FlorenzánLa sociedad dominicana se encuentra en una crisis estructural, profundizada por los niveles de corrupción e impunidad, convirtiéndose en un obstáculo para el buen uso del patrimonio público y para la garantía de los derechos fundamentales de la población, para democratizar la democracia y para construir un Estado Social y Democrático de Derecho.
La amplia articulación social y política que se movilizo en la Marcha Contra la Impunidad, nos llenó de esperanza, optimismos y reafirmamos que esta vez sí el pueblo vencerá a los corruptos con la movilización permanente en cada municipio, provincia o barrio de nuestro país.
Los ciudadanos/as deben asumir con ahínco la lucha contra la impunidad utilizando en cada acción organizada desde lo local a lo nacional, como identidad y símbolo de esperanza el color verde con la libertar, creatividad que caracteriza nuestras luchas esperanza y anhelos.
Las organizaciones sociales, ciudadanos y ciudadanas en el movimiento social de fin a la impunidad, consciente de la situación profunda de corrupción, impunidad y complicidades de un entramado delictivo público y privado para drenar el erario público, esperan todas las medidas necesarias para que no reine la impunidad en RD.
Todos los dominicanos y dominicanas deben participar en las calle vestidos de verde esperanza, hasta que todos los funcionarios que desde el 2001 a la fecha recibieron sobornos de Odebrecht o participaron en las sobrevaluaciones de obra, para que vayan a la Justicia y se sancione de forma ejemplar sus actos delictivos.
No obstante, la ciudadanía desconfía y comprende que la “institucionalidad” instalada en el país, en los órganos de control, en el Ministerio Publico con un Procurador General de la República, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con una clara dependencia partidaria que le impide investigar un caso que tiene como sospecho figuras importante de su propia organización.
Por cuanto, el Presidente Danilo Medina debe en un breve plazo iniciar los procedimientos de solicitud a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la instalación en el país de una Comisión Internacional contra la Impunidad,  para apoyar la prevención y persecución de la corrupción en la República Dominicana, iniciando con el caso Odebrecht, como uno medio de profundizar las investigaciones y avanzar en sanciones toque las estructuras políticas y económicas corrompida.
La Comisión Internacional contra la Impunidad de RD, no competirá, ni sustituirá al Ministerio Público, más bien acompañará a los fiscales especiales que se deben designar para tales fines,  fortaleciendo su misión de perseguir la corrupción y reducir la impunidad.
La República Dominicana continúa apareciendo entre los países con altos niveles de corrupción con 31 puntos de 100 y este año ocupa el lugar 120 de 176 países, los países con puntuaciones inferiores del índice se caracterizan por la impunidad generalizada, instituciones capturada por la delincuencia política o ausencia de la división de los poderes públicos, ese contexto social, político e institucional, obliga a la constitución de una misión internacional anticorrupción,  para apoyar la  persecución de la corrupción en el país.
La captura del Estado, la penetración de la delincuencia política, nos conducen a pensar en una instancia supra nacional para hacer frente al fenómeno y reducir los niveles estructurales y sistémicos de la corrupción, impunidad y el escaso acceso a la justicia. 
El precario desempeño del Ministerio Público en la persecución de la corrupción, es la muestra más clara de la necesidad de fortalecer estas instancias, para dotarlas de las capacidad, independencia, entereza e integridad, para de esa forma poder desentrañar las redes de la corrupción y el crimen que han penetrado todas las estructuras del Estado, dificultando la persecución del hurto de los fondos públicos, profundizando la impunidad, la complicidad y la solidaridad entre corruptos. 
La Comisión Internacional contra la Impunidad, funcionaría como un órgano independiente para apoyar al Ministerio Público, busca trabajar de la mano en un ambiente de cooperación, constituyéndose en procesos judiciales como querellante, aportando recursos técnicos al Ministerio Público para investigar, procesar y enjuiciar con robustas acusaciones en los casos complejos de corrupción pública-privada.
La experiencia de una instancia de esta naturaleza fue probada en Guatemala e indica claramente su operatividad y los resultados que se pueden obtener en el desmembramiento de las redes de la corrupción y crimen, en el caso de la República Dominicana esta instancia puede contribuir con importantes investigaciones, de casos de corrupción, identificando las estructuras criminales al interior de los órganos del Estado, promoviendo la persecución penal de los imputados.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en la República Dominicana, puede priorizar para las investigaciones casos de persecución de la corrupción pública-privada, el financiamiento de los partidos políticos por multinacionales o por el narcotráfico, la corrupción judicial y policial o el lavado de activos en las estructuras del Estado y los contratos con empresas nacionales e internacionales como el caso Odebrecht.
En la República Dominicana, tenemos condiciones para la instalación de una Misión Internacional Contra la Corrupción, está claro el rol que puede desempeñar una instancia de esta naturaleza para generar mayor movilización y conciencia de la ciudadanía, para lograr desnudar el funcionamiento de las redes de la corrupción y el crimen al interior del Estado y de los propios entes obligados a su persecución.
https://acento.com.do/2017/opinion/8424627-una-comision-internacional-la-impunidad-rd/ Carlos E. Pimentel Florenzán
Carlos E. Pimentel Florenzán
Estado y transparencia
Carlos E. Pimentel Florenzán, abogado, con experiencia profesional en los ámbitos de la transparencia en la administración pública, Miembro Fundador / Oficina de Asesorías, Consultorías e Investigaciones, OACI.

martes, 1 de agosto de 2017

Los Alcarrizos se viste de verde y marcha por el fin de la impunidad - #odebrecht #MarchaVerde #Findelaimpunidad

marcha-2-alcarrizos

Los Alcarrizos se viste de verde y marcha por el fin de la impunidad

El colectivo afirma declaraciones de Tacla comprometen a Danilo Medina.
Por: El Día   Redaccion@eldia.com.do  30 julio, 2017 12:48 pm
Santo Domingo.– El Movimiento Marcha Verde advirtió hoy que el sesgo en las investigaciones conducidas por el Ministerio Público revela el circo político en el que se quiere manejar el caso Odebrecht, a raíz de las declaraciones del exabogado de la empresa brasileña, Rodrígo Tacla, quien afirmó que  Odebrecht tenía una relación muy cercana con el presidente de República Dominicana, Danilo Medina. Y recomendó a Medina al publicitario João Santana.
Durante una marcha realizada este domingo en Los Alcarrizos, en el marco de las jornadas de movilización de los barrios verdes, el colectivo afirmó que estas informaciones evidencian en el lodazal político e institucional que embarra las más altas estructuras del sistema político y grupos económicos en el país, “incluido el propio Presidente Danilo Medina, quien, reiteraron, debe ser sometido judicialmente junto a los demás responsables de los sobornos, sobrevaluaciones y financiamiento ilegal e ilegitimo de campañas electorales”.
En el manifiesto leído en el acto de cierre de la marcha, los pobladores de los barrios y comunidades de Los Alcarrizos, Pantoja y Palmarejo- Villa Linda denunciaron los estragos que la corrupción ha causado en esas comunidades y reafirmaron su compromiso de seguir luchando hasta que el país se libera del régimen de impunidad.
Asimismo, reclamaron sanciones para los fraudes cometidos en el hospital Calventi, el Ayuntamiento de Los Alcarrizos, que se investigue qué pasó con las asignaciones presupuestarias para la construcción del Puente sobre el río Lebrón. Demandaron también la construcción de un cementerio, una funeraria y un mercado municipal que sustituya el que se construyó hace 40 años.
http://eldia.com.do/los-alcarrizos-se-viste-de-verde-y-marcha-por-el-fin-de-la-impunidad/
NOTICIAS RELACIONADAS 

Damnificados de ciclón David estampa de pobreza extrema

martes, 25 de julio de 2017

La Marcha Verde, una manifestación popular que quieren desacreditar - #MarchaVerde #Findelaimpunidad

La Marcha Verde, una manifestación popular que quieren desacreditar

jueves, 8 de junio de 2017

Roger Noriega dice que el gobierno de RD seleccionó a opositores internos y externos, en el caso Odebrecht, y pide a Brasil entregar toda la información

Roger Noriega dice que el gobierno de RD seleccionó a opositores internos y externos, en el caso Odebrecht, y pide a Brasil entregar toda la información

En la República Dominicana, por ejemplo, el gobierno, donde el fiscal nacional es un cercano colaborador del presidente, ya ha iniciado una ola de arrestos relacionados al caso, pero hay denuncias de que ha seleccionado a sus adversarios políticos internos y externosServicios de Acento.com.do - 7 de Junio de 2017 
Roger F. Noriega, quien fuera Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos en la administración Bush, escribió un artículo en The Miami Herald en que sugiere la idea de que los imputados por el Ministerio Público en el caso Odebrecht han sido seleccionados entre los adversarios políticos internos y externos del gobierno, y que se dejó fuera a los responsables de negociar la planta termoeléctrica de Punta Catalina.
Roger Noriega expresa lo siguiente:
En la República Dominicana, por ejemplo, el gobierno, donde el fiscal nacional es un cercano colaborador del presidente, ya ha iniciado una ola de arrestos relacionados al caso, pero hay denuncias de que ha seleccionado a sus adversarios políticos internos y externos además de excluir de la investigación el proyecto donde se ha denunciado mayor sobrevaluación y que fuere realizado en su gobierno: la Planta Termoeléctrica Punta Catalina, acusada de casi $1,000 millones de sobrecosto. ¿Como podemos saber si estas personas realmente son las mencionadas en las investigaciones si las herramientas para esclarecer la investigación se encuentran en manos del gobierno que más sobornos recibió de Odebrecht?
Roger F. Noruega fue Embajador de los Estados Unidos ante la OEA y Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de 2001-05. Es investigador visitante en el American Enterprise Institute y su firma Visión Américas LLC representa a clientes estadounidenses y extranjeros. Noriega también asesora al equipo legal en EEUU del expresidente del Perú Alejandro Toledo.
En su artículo Roger F. Noriega explica que lo mejor es que la justicia de Brasil ponga toda la información a disposición de los países, y no exclusivamente de los gobiernos.
Entregar evidencia a algunos gobiernos con instituciones judiciales débiles y políticos corruptos crea oportunidades para un abuso aún mayor por parte de fiscales locales con agendas propias. Algunos países usarán esta información con más responsabilidad que otros. Sin embargo, algunos pueden manipular la información para castigar a opositores, filtrar documentos y pruebas de forma selectiva, negar el acceso de los acusados a la información de exculpación, y proteger a socios corruptos del gobierno. Esto no sirve a la justicia, potencialmente sirve a la persecución. Las autoridades brasileñas deben tratar estos expedientes con gran cuidado, poniéndolos a disposición de los abogados de las personas acusadas en los medios de comunicación de actos ilícitos que no pueden esperar recibir justicia de sus propios gobiernos.
A continuación el artículo completo
Lava Jato debe ser transparente en Brasil y en el mundo
La Operación “Lava-Jato” comenzó sin grandes pretensiones como una investigación de una estructura de lavado de dinero utilizada por narcotraficantes. Tres años después, el trabajo de las autoridades brasileñas elevó los descubrimientos de la operación al nivel de uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia, revelando casos de desvío de recursos públicos y lavado de dinero, en al menos doce países.
Desde que 77 ejecutivos de Odebrecht decidieron colaborar con la Justicia brasileña, el contenido de las revelaciones se transformó en una pieza fundamental para millones de latinoamericanos, de una decena de países, que sueñan ver replicados los efectos saludables ya conquistados por Brasil. No obstante, esta semana, el fiscal general de Brasil tomó una decisión que frustró las expectativas en torno al develamiento de los socios de los crímenes de Odebrecht en los países donde la compañía tenía operaciones ilícitas. El fiscal general Rodrigo Janot solicitó al Supremo Tribunal Federal brasileño que se mantenga bajo secreto toda la información referente al caso Odebrecht fuera de Brasil.
La justificación oficial es que el secreto garantizará a los fiscales de los demás países las condiciones ideales para que ellos puedan hacer sus investigaciones. No hay motivos para creer que Janot no haya tomado esa decisión en la más pura buena fe de que sus pares en Latinoamérica harán uso de la información con la misma independencia que el Ministerio Público en Brasil. Pero ¿cómo se puede imaginar que las autoridades de Venezuela harán algo que no sea destruir evidencias, proteger a corruptos y perseguir a opositores? Ecuador y Bolivia son Estados en los que el poder judicial es utilizado para realizar cacerías de brujas políticas. En la República Dominicana, por ejemplo, el gobierno, donde el fiscal nacional es un cercano colaborador del presidente, ya ha iniciado una ola de arrestos relacionados al caso, pero hay denuncias de que ha seleccionado a sus adversarios políticos internos y externos además de excluir de la investigación el proyecto donde se ha denunciado mayor sobrevaluación y que fuere realizado en su gobierno: la Planta Termoeléctrica Punta Catalina, acusada de casi $1,000 millones de sobrecosto. ¿Como podemos saber si estas personas realmente son las mencionadas en las investigaciones si las herramientas para esclarecer la investigación se encuentran en manos del gobierno que más sobornos recibió de Odebrecht?
Entregar evidencia a algunos gobiernos con instituciones judiciales débiles y políticos corruptos crea oportunidades para un abuso aún mayor por parte de fiscales locales con agendas propias. Algunos países usarán esta información con más responsabilidad que otros. Sin embargo, algunos pueden manipular la información para castigar a opositores, filtrar documentos y pruebas de forma selectiva, negar el acceso de los acusados a la información de exculpación, y proteger a socios corruptos del gobierno. Esto no sirve a la justicia, potencialmente sirve a la persecución. Las autoridades brasileñas deben tratar estos expedientes con gran cuidado, poniéndolos a disposición de los abogados de las personas acusadas en los medios de comunicación de actos ilícitos que no pueden esperar recibir justicia de sus propios gobiernos.
En 2015, el juez Sérgio Moro escribió en una de sus sentencias que “la publicidad propicia no sólo el ejercicio de la amplia defensa por los acusados, sino también el sano escrutinio público sobre la actuación de la administración pública y de la propia justicia criminal”. Es evidente que el secreto es fundamental durante algunas fases de la investigación, pero el sigilo se vuelve injustificable en relación a América Latina. Las confesiones y pruebas ya fueron presentadas. Es incomprensible que la fiscalía de Brasil le de la espalda a la realidad latinoamericana.
Los fiscales y la Corte Suprema de Brasil deberían hacer pública toda la información sobre las investigaciones internacionales para que los acusados tengan una oportunidad de defenderse ante la negación del debido proceso. Si el peor escenario se materializa, con la confirmación de mantener en secreto la información, Brasil no sólo desperdiciará la oportunidad de investigar una parte importante del complejo sistema de corrupción y lavado que tuvo el país como epicentro, pero habrá contribuido para el encubrimiento de organizaciones criminales que se instalaron en el poder político en otros países. Esperemos por el bien de la justicia regional que los fiscales y la Corte Suprema de Brasil tomen en consideración las posibles repercusiones de esta decisión.
http://acento.com.do/2017/actualidad/8464101-roger-noriega-dice-gobierno-rd-selecciono-opositores-internos-externos-caso-odebrecht-pide-brasil-entregar-toda-la-informacion/

Lava Jato debe ser transparente en Brasil y en el mundo/Roger F. Noriega Pone ejemplo de RD


En el Miami Herald
Lava Jato debe ser transparente en Brasil y en el mundo/Roger F. Noriega
Pone ejemplo de RD
En la República Dominicana, por ejemplo, el gobierno, donde el fiscal nacional es un cercano colaborador del presidente, ya ha iniciado una ola de arrestos relacionados al caso, pero hay denuncias de que ha seleccionado a sus adversarios políticos internos y externos además de excluir de la investigación el proyecto donde se ha denunciado mayor sobrevaluación y que fuere realizado en su gobierno: la Planta Termoeléctrica Punta Catalina, acusada de casi $1,000 millones de sobrecosto. 
¿Como podemos saber si estas personas realmente son las mencionadas en las investigaciones si las herramientas para esclarecer la investigación se encuentran en manos del gobierno que más sobornos recibió de Odebrecht?
Entregar evidencia a algunos gobiernos con instituciones judiciales débiles y políticos corruptos crea oportunidades para un abuso aún mayor por parte de fiscales locales con agendas propias. Algunos países usarán esta información con más responsabilidad que otros. 
Sin embargo, algunos pueden manipular la información para castigar a opositores, filtrar documentos y pruebas de forma selectiva, negar el acceso de los acusados a la información de exculpación, y proteger a socios corruptos del gobierno. Esto no sirve a la justicia, potencialmente sirve a la persecución. 
Las autoridades brasileñas deben tratar estos expedientes con gran cuidado, poniéndolos a disposición de los abogados de las personas acusadas en los medios de comunicación de actos ilícitos que no pueden esperar recibir justicia de sus propios gobiernos.
En 2015, el juez Sérgio Moro escribió en una de sus sentencias que “la publicidad propicia no sólo el ejercicio de la amplia defensa por los acusados, sino también el sano escrutinio público sobre la actuación de la administración pública y de la propia justicia criminal”. 
Es evidente que el secreto es fundamental durante algunas fases de la investigación, pero el sigilo se vuelve injustificable en relación a América Latina. Las confesiones y pruebas ya fueron presentadas. Es incomprensible que la fiscalía de Brasil le de la espalda a la realidad latinoamericana.
Los fiscales y la Corte Suprema de Brasil deberían hacer pública toda la información sobre las investigaciones internacionales para que los acusados tengan una oportunidad de defenderse ante la negación del debido proceso. 
Si el peor escenario se materializa, con la confirmación de mantener en secreto la información, Brasil no sólo desperdiciará la oportunidad de investigar una parte importante del complejo sistema de corrupción y lavado que tuvo el país como epicentro, pero habrá contribuido para el encubrimiento de organizaciones criminales que se instalaron en el poder político en otros países. 
Esperemos por el bien de la justicia regional que los fiscales y la Corte Suprema de Brasil tomen en consideración las posibles repercusiones de esta decisión. 
El autor fue Embajador de los Estados Unidos ante la OEA y Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de 2001-05. Es investigador visitante en el American Enterprise Institute y su firma Visión Américas LLC representa a clientes estadounidenses y extranjeros.

Marcha Verde: Faltan imputados de sobornos, sobrevaluaciones, Punta Catalina y financiamiento de campañas


Foto: Fuente externa/Portavoces de Marcha Verde.

Marcha Verde: Faltan imputados de sobornos, sobrevaluaciones, Punta Catalina y financiamiento de campañas

Invitaron a participar en la marcha del domingo en San Pedro de Macorís
Servicios de Acento.com.do - 8 de Junio de 2017 - 
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Movimiento Marcha Verde advirtió que el Ministerio Público está obligado a investigar y someter a los demás responsables de los sobornos, las sobrevaluaciones, la licitación de Punta Catalina y el financiamiento ilícito de las campañas electorales por parte de la multinacional mafiosa.
Ante las medidas de coerción dictadas por el juez de instrucción Francisco Ortega contra los primeros acusados del caso Odebrecht, la Marcha Verde
consideró que “falta gente, en cuanto a los sobornos faltan otros funcionarios, legisladores y dirigentes políticos que tomaron decisiones fundamentales para la gestión y la aprobación de los contratos de Odebrecht”.
La Marcha Verde aseguró que  a la Procuraduría General de la República le falta identificar y someter a los responsables de las sobrevaluaciones de obras y del caso especial de Punta Catalina, incluido en el documento de solicitud de medida de coerción sin señalar a ningún acusado concreto.
“Falta investigar las denuncias del ministro de Industria y Comercio Juan Temístocles Montas y tres altos ejecutivos de Odebrecht que aseguran que la empresa financió las últimas tres campañas del Partido de la Liberación Dominicana y las dos campañas del presidente Danilo Medina”, declaró el colectivo mediante un documento oficial.
El movimiento hizo un llamado a todos los hombres y mujeres de corazón verde a mantener la movilización de calle como la única garantía de que  el caso Odebrecht llegue hasta las últimas consecuencias y se convierta en el inicio fin de la impunidad en la República Dominicana.
“Este domingo 11 de junio vamos a San Pedro de Macorís a marchar junto a las provincias del Este, porque la esperanza de la Marcha Verde está puesta sobre los hombros de la ciudadanía que está en la calle luchando por liberarse del régimen de corrupción e impunidad que nos oprime”, concluye el documento de la agrupación ciudadana. http://acento.com.do/2017/actualidad/8464212-marcha-verde-faltan-imputados-sobornos-sobrevaluaciones-punta-catalina-financiamiento-campanas/

Lava Jato debe ser transparente en Brasil y en el mundo - ROGER F. NORIEGA

OPINIÓN JUNE 06, 2017 7:56 PM
Lava Jato debe ser transparente en Brasil y en el mundo
ROGER F. NORIEGA
ORDENAR UNA COPIA DE ESTE ARTÍCULO
La Operación “Lava-Jato” comenzó sin grandes pretensiones como una investigación de una estructura de lavado de dinero utilizada por narcotraficantes. Tres años después, el trabajo de las autoridades brasileñas elevó los descubrimientos de la operación al nivel de uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia, revelando casos de desvío de recursos públicos y lavado de dinero, en al menos doce países.
Desde que 77 ejecutivos de Odebrecht decidieron colaborar con la Justicia brasileña, el contenido de las revelaciones se transformó en una pieza fundamental para millones de latinoamericanos, de una decena de países, que sueñan ver replicados los efectos saludables ya conquistados por Brasil. No obstante, esta semana, el fiscal general de Brasil tomó una decisión que frustró las expectativas en torno al develamiento de los socios de los crímenes de Odebrecht en los países donde la compañía tenía operaciones ilícitas. El fiscal general Rodrigo Janot solicitó al Supremo Tribunal Federal brasileño que se mantenga bajo secreto toda la información referente al caso Odebrecht fuera de Brasil.
La justificación oficial es que el secreto garantizará a los fiscales de los demás países las condiciones ideales para que ellos puedan hacer sus investigaciones. No hay motivos para creer que Janot no haya tomado esa decisión en la más pura buena fe de que sus pares en Latinoamérica harán uso de la información con la misma independencia que el Ministerio Público en Brasil. Pero ¿cómo se puede imaginar que las autoridades de Venezuela harán algo que no sea destruir evidencias, proteger a corruptos y perseguir a opositores? Ecuador y Bolivia son Estados en los que el poder judicial es utilizado para realizar cacerías de brujas políticas. En la República Dominicana, por ejemplo, el gobierno, donde el fiscal nacional es un cercano colaborador del presidente, ya ha iniciado una ola de arrestos relacionados al caso, pero hay denuncias de que ha seleccionado a sus adversarios políticos internos y externos además de excluir de la investigación el proyecto donde se ha denunciado mayor sobrevaluación y que fuere realizado en su gobierno: la Planta Termoeléctrica Punta Catalina, acusada de casi $1,000 millones de sobrecosto. ¿Como podemos saber si estas personas realmente son las mencionadas en las investigaciones si las herramientas para esclarecer la investigación se encuentran en manos del gobierno que más sobornos recibió de Odebrecht?
Entregar evidencia a algunos gobiernos con instituciones judiciales débiles y políticos corruptos crea oportunidades para un abuso aún mayor por parte de fiscales locales con agendas propias. Algunos países usarán esta información con más responsabilidad que otros. Sin embargo, algunos pueden manipular la información para castigar a opositores, filtrar documentos y pruebas de forma selectiva, negar el acceso de los acusados a la información de exculpación, y proteger a socios corruptos del gobierno. Esto no sirve a la justicia, potencialmente sirve a la persecución. Las autoridades brasileñas deben tratar estos expedientes con gran cuidado, poniéndolos a disposición de los abogados de las personas acusadas en los medios de comunicación de actos ilícitos que no pueden esperar recibir justicia de sus propios gobiernos.
En 2015, el juez Sérgio Moro escribió en una de sus sentencias que “la publicidad propicia no sólo el ejercicio de la amplia defensa por los acusados, sino también el sano escrutinio público sobre la actuación de la administración pública y de la propia justicia criminal”. Es evidente que el secreto es fundamental durante algunas fases de la investigación, pero el sigilo se vuelve injustificable en relación a América Latina. Las confesiones y pruebas ya fueron presentadas. Es incomprensible que la fiscalía de Brasil le de la espalda a la realidad latinoamericana.
Los fiscales y la Corte Suprema de Brasil deberían hacer pública toda la información sobre las investigaciones internacionales para que los acusados tengan una oportunidad de defenderse ante la negación del debido proceso. Si el peor escenario se materializa, con la confirmación de mantener en secreto la información, Brasil no sólo desperdiciará la oportunidad de investigar una parte importante del complejo sistema de corrupción y lavado que tuvo el país como epicentro, pero habrá contribuido para el encubrimiento de organizaciones criminales que se instalaron en el poder político en otros países. Esperemos por el bien de la justicia regional que los fiscales y la Corte Suprema de Brasil tomen en consideración las posibles repercusiones de esta decisión.
El autor fue Embajador de los Estados Unidos ante la OEA y Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de 2001-05. Es investigador visitante en el American Enterprise Institute y su firma Visión Américas LLC representa a clientes estadounidenses y extranjeros. Noriega también asesora al equipo legal en EEUU del expresidente del Perú Alejandro Toledo.
http://www.elnuevoherald.com/opinion-es/article154721209.html

Juez dicta prisión preventiva, domiciliaria, e impedimento de salida a imputados en caso Odebrecht

Foto: Edgar Hernández/Acento.com.do

Juez dicta prisión preventiva, domiciliaria, e impedimento de salida a imputados en caso Odebrecht

Ortega dictó un año de prisión preventiva contra Ángel Rondón a cumplir en la cárcel de La Victoria, nueve meses de prisión a Víctor Díaz Rúa y Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, seis meses de prisión contra Temístocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González, tres meses de prisión preventiva a César Sánchez y Máximo Leónidas De Oleo Ramírez.
Kharla Pimentel /Acento.com.do - 7 de Junio de 2017 -
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Juez  de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, dictó medidas de coerción contra los imputados en el caso de corrupción de la empresa Odebrecht correspondientes a prisión preventiva, prisión domiciliaria, garantía económica y presentación periódica, al tiempo de declaró complejo el caso.
Ortega dictó un año de prisión preventiva contra Ángel Rondón a cumplir en la cárcel de La Victoria, nueve meses de prisión a Víctor Díaz Rúa y Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, seis meses de prisión contra Temístocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González, tres meses de prisión preventiva a César Sánchez y Máximo Leónidas De Oleo Ramírez, a cumplir en la cárcel de Najayo.
Asimismo decidió otorgar prisión domiciliaria por nueve meses a Radhamés Segura y Juan Roberto Rodríguez y presentación periódica y garantía de 5 millones de pesos así como impedimento de salida a los legisladores Tommy Galán, Julio César Valentín y Alfredo Pacheco.
El Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva para todos los imputados, debido a que considera existe peligro de fuga.
La acusación 
Según la orden número 0037, las personas en el documento emitido el pasado 26 de por el Juzgado de la Instrucción Especial de la Jurisdicción Privilegiada, constituido por el magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco, son acusados por violación a las leyes dominicanas de Lavado de activos, Sobornos, Declaración jurada de bienes, Código Penal y la Constitución.
Los imputados son Alfredo Pacheco Osoria, actual Diputado de la República desde el año 2016, y anterior miembro de la Cámara de Diputados del año 1994 al 2006, período en el que ostentó su Presidencia por 3 años, del año 2003 al 2006;
Ángel Rondón Rijo, representante comercial de la Constructora Norberto Odebrecht desde el año 2001 hasta la fecha, identificado como el intermediario a través del cual se concretizaron los sobornos en la República Dominicana;
Bernardo Antonio Castellanos de Moya, director de proyectos hidroeléctricos de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana del año 2000 al 2004;
César Domingo Sánchez Torres, administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad del año 2000 al 2002 y luego Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales del año 2002 al 2004;
Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, abogado, representante de la sociedad Newport Consulting LTD;
Juan Roberto Rodríguez Hernández, Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados del año 2002 al 2004;
Juan Temístocles Montás Domínguez, administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad del año 1996 al 2000; Secretario Técnico de la Presidencia del año 2004 al 2007, Ministro de Economía Planificación y Desarrollo del 2010 al 2016 y actual Ministro de Industria, Comercio y Mipymes.
Julio César Valentín Jiminián, actual Senador de la República desde el año 2010; y anterior miembro de la Cámara de Diputados del año 1998 al 2010, periodo en el que ostentó la Presidencia de dicha Cámara por 4 años, del año 2006 al 2010.
Máximo Leónidas De Oleo Ramírez, administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana del año 2000 al 2004.
Porfirio Andrés Bautista García, Senador de la República del año 1994 al 2010 y quien ocupó la Presidencia del Senado por 5 años, del año 2001 al 2006.
Ramón Radhamés Segura, Administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad del año 1998 al 2000, y Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales del año 2004 al año 2009.
Ruddy González, Diputado de la República del a?o 2002 al 2016 y miembro de Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputado durante los años 2010 y 2016.
Tommy Alberto Galán Grullón, miembro de la Cámara de Diputados del año 2002 al 2006, actual Senador de la República desde el año 2006 y miembro de su Comisión de Hacienda durante casi 10 años, del 2006 al 2014 y del 2016 a la fecha.
Víctor José Díaz Rúa, Director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados del año 2004 al 2007 y Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del año. Asimismo, es el secretario de Finanzas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
http://acento.com.do/2017/actualidad/8464112-prision-preventiva-imputados-caso-odebrecht-excepcion-los-legisladores/

miércoles, 7 de junio de 2017

Transmisión en directo de CDN 37 Medidas de coerción Odebrecht #NCDNOdebrecht; entrevista a @orlandojm


Transmisión en directo de CDN 37 Medidas de coerción Odebrecht #NCDNOdebrecht

Piden investigación sobre fondos de campaña del presidente Medina en República Dominicana

Piden investigación sobre fondos de campaña del presidente Medina en República Dominicana

(CNN Español) - El colectivo social y político dominicano Marcha Verde, una agrupación ciudadana que nació a finales de 2016 y que organiza protestas contra la corrupción –como el caso Odebrecht– le pidió este domingo a la Procuraduría General de la República (PGR) que inicie una investigación de carácter penal sobre la financiación de la campaña electoral del actual presidente de República Dominicana, Danilo Medina, en el marco de las pesquisas que la semana pasada llevaron a la detención de catorce personas, entre ellas ministros, exministros, senadores, diputados y exfuncionarios gubernamentales.
La petición se hizo en medio de una concentración de miembros del colectivo en el sector de Cristo Rey, en Santo Domingo.
En República Dominicana, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se recibieron 92 millones de dólares de los sobornos de Odrebrecht.
"Hay indicios suficientes de que pueden haber dineros de Odebrecht en la campaña. En primer lugar, en su declaración ante el tribunal en Brasil, el jefe de la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, Fernando Andrade, dijo que sí habían hecho aportes a la campaña en República Dominicana. Pero, también, en el comunicado que ha hecho Temístocles Montás, ministro de Industria y Comercio y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que está preso, dijo que él recibió dinero, pero no para él, sino para la campaña de su partido", le dijo a CNN en Español María Teresa Cabrera, activista y dirigente de Marcha Verde.
En un comunicado emitido tras la orden de la PGR en su contra, Montás aseguró que sí recibió dinero de Ángel Rondón, representante de Odebrecht en República Dominicana, pero como empresario no vinculado a Odebrecht.
"He recibido apoyo financiero de parte de múltiples empresarios dominicanos para contribuir a las campañas electorales de mi partido, entre los cuales estuvo el señor Angel Rondón. Ninguna de esas contribuciones coincide con mi precampaña. Esos aportes fueron hechos en el año 2008, 2012 y 2016 y utilizados, en su totalidad, en favor del partido al cual pertenezco, en las tareas que me fueron asignadas en dichas campañas electorales", dice el comunicado publicado por Telenoticias, sistema informativo de Tele Antillas, canal aliado de CNN En Español.
Temístocles Montás. (Crédito: ERIKA SANTELICES/AFP/Getty Images)
"En ninguno de los casos -y quiero afirmar esto de manera enfática-, se me dijo que ese era un aporte de Odebrecht ni mucho menos que se esperaba contrapartida alguna, -sobre todo de mi parte, que no tenía absolutamente ninguna influencia, ni podía tenerla- en favor de operaciones que involucraran a esa multinacional”, añadió Montás.
Héctor Olivo, secretario de Comunicaciones del PLD, le dijo a CNN En Español que "el antiguo asesor de la campaña del entonces candidato Danilo Medina, Joao Santana, y su esposa, la señora Mônica Moura, en declaraciones que dieron en Brasil, descalificaron que la campaña hubiera sido financiada con los fondos de la constructora Odebrecht. El PLD financió su campaña con recursos recibidos del propio partido".
Cabe constatar que, según el artículo 55 de la Ley Electoral de República Dominicana, "sólo se considerarán lícitos los ingresos provenientes del Estado canalizado a través de la Junta Central Electoral y las contribuciones de personas físicas, quedando terminantemente prohibido la aceptación de ayudas materiales de grupos económicos, de gobiernos e instituciones extranjeras y de personas físicas vinculadas a actividades ilícitas".
El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, ofrece un discurso durante el Día de la Independencia en Santo Domingo el 27 de febrero pasado (AFP/Getty Images/Archivo).
"No creemos en la actuación de la PGR. Hemos percibido desde el principio es que estaba operando para garantizarle impunidad a la empresa mafiosa y también a dirigentes políticos y a funcionarios del gobierno", le dijo Cabrera a CNN En Español.
Este medio trató de comunicarse con la PGR para obtener su impresión acerca de esta afirmación, pero no recibió respuesta. Igualmente se puso en contacto con la Dirección General de Comunicación (DICOM) de la Presidencia de República Dominicana para obtener su opinión acerca de la denuncia de Marcha Verde, pero tampoco fue posible.
El pasado 27 de febrero, durante su discurso de rendición de cuentas por el 173 aniversario de la independencia nacional ante el pleno del Congreso en Santo Domingo, Medina aseguró que confiaba en que las investigaciones relativas al caso Odebrecht llegaran "hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga".
Actualidad del caso Odebrecht en República Dominicana
La PGR dio a conocer este martes la lista de fiscales actuantes en el caso Odebrecht. Se trata de Laura María Guerrero Pelletier, Narciso Escaño Martínez, Francisco José Polanco Ureña, Wilson Manuel Camacho Peralta, Milciades Guzmán Leonardo, Joel Antonio López Gómez, Carmen Díaz Amézquita, Luis Alberto González Reyes y Wagner Cubilete García.
Aparte de estos fiscales, según la PGR, "este equipo también está compuesto por investigadores, analistas financieros, y técnicos forenses".
De otro lado, en la diligencia judicial de este martes en la Suprema Corte de Justicia, la PGR acusó a cada uno de los 14 imputados y capturados de recibir sobornos de Odebrecht para agilizar la aprobación de las obras. También resaltó el papel de Ángel Rondón como aquel que repartía los sobornos. Todos los implicados han expresado anteriormente su inocencia.
Rondón fue llamado el 11 de enero a comparecer ante la PGR y allí aseguró que, efectivamente, había recibido los 92 millones de dólares entre el 2001 y el 2014, pero en calidad de pago por sus servicios como representante comercial de la empresa brasileña. El ente fiscal pidió que Rondón fuera enviado a la Penitenciaría Nacional de La Victoria (al norte de Santo Domingo).
Así mismo, la PGR denunció que los legisladores involucrados (los senadores Julio César Valentín, Tommy Galán y el diputado Alfredo Pacheco) recibieron dinero de Odebrecht para financiar sus campañas, ante lo cual, previamente también proclamaron ser inocentes. El ente acusador pide que los tres sean trasladados a la cárcel de Najayo, en el sur del país. http://cnnespanol.cnn.com/2017/06/06/piden-investigacion-sobre-fondos-de-campana-de-presidente-medina-en-republica-dominicana/#0
* Con información de Anyi Lizardo desde República Dominicana