Una Aduana que protege, facilita y responde

Agosto marcó una etapa de fortalecimiento institucional para la Dirección General de Aduanas, que respondió a los desafíos del comercio transfronterizo con mayores controles, diálogo con los sectores productivos, coordinación interinstitucional y una determinación inequívoca de proteger el mercado dominicano sin obstaculizar las operaciones comerciales legítimas.

La seguridad económica de una nación comienza en la capacidad de sus instituciones para conocer, vigilar y controlar lo que entra, sale o transita por su territorio. En un país conectado con los principales circuitos del comercio internacional, la labor aduanera trasciende el recaudo. Significa proteger la producción nacional, resguardar los ingresos públicos, facilitar las operaciones de quienes cumplen la ley y cerrar espacios al contrabando, el fraude y las actividades ilícitas.

Durante agosto de 2026, la Dirección General de Aduanas enfrentó uno de los asuntos más sensibles de la agenda comercial y fronteriza de la República Dominicana: la necesidad de fortalecer la trazabilidad de las mercancías que ingresan al país bajo el régimen de tránsito internacional con destino a Haití.

La inestabilidad política y de seguridad que afecta a la nación vecina ha creado circunstancias logísticas extraordinarias. Ante los riesgos existentes, determinadas navieras descargan en puertos dominicanos mercancías cuyo destino final es el mercado haitiano. Esta realidad obliga al Estado dominicano a facilitar el tránsito internacional como parte de sus compromisos comerciales, pero también exige garantizar que las cargas completen el recorrido declarado y que ninguna mercancía sea desviada irregularmente hacia el mercado nacional.

Frente a este desafío, la institución no optó por la indiferencia ni por las respuestas improvisadas. Bajo la dirección de Nelson Arroyo, la DGA anunció un conjunto de disposiciones orientadas a reforzar la supervisión, la seguridad y el seguimiento de cada operación. Las medidas incluyen la solicitud de los tránsitos con al menos 24 horas de antelación, la programación diaria de los movimientos, horarios específicos para la salida de las cargas hacia Haití y controles especiales para las operaciones identificadas con perfiles de riesgo elevados. También se estableció un límite máximo de veinte contenedores diarios por empresa y una franja de salida comprendida entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

Estas decisiones representan mucho más que un ajuste operativo. Expresan una visión de Estado sustentada en la prevención, la inteligencia, la trazabilidad y la capacidad de anticipación. Una aduana moderna no espera que la irregularidad se consolide para actuar. Analiza los riesgos, organiza los flujos, verifica las rutas y coordina sus actuaciones con las demás autoridades competentes.

El objetivo no es detener el comercio legítimo ni desconocer la libertad de tránsito reconocida por los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana. La finalidad es asegurar que esa libertad se ejerza dentro de la legalidad, con información verificable, destino claramente identificado y mecanismos suficientes para confirmar la salida efectiva de las mercancías.

Fortalecer los controles tampoco significa abandonar la facilitación comercial. Control y facilitación no son principios contrapuestos. Por el contrario, se complementan. Cuando las operaciones están debidamente documentadas, los procedimientos son claros y las reglas se aplican de manera uniforme, las empresas formales pueden trabajar con mayor previsibilidad, disminuyen los espacios de discrecionalidad y aumenta la confianza en la cadena logística dominicana.

El respaldo expresado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana a la definición de procedimientos más precisos para el tránsito hacia Haití confirma la importancia de mantener una cooperación público-privada permanente. Los sectores productivos necesitan conocer qué exige la autoridad aduanera, mientras que el Estado necesita comprender las condiciones reales bajo las cuales se desarrollan las operaciones logísticas y comerciales.

Ese diálogo debe mantenerse abierto, técnico y constructivo. Las medidas de control alcanzan mayor eficacia cuando son socializadas con operadores logísticos, transportistas, administraciones fronterizas, importadores, exportadores y representantes empresariales. La comunicación oportuna ayuda a prevenir incumplimientos, corregir vulnerabilidades y promover una cultura de responsabilidad compartida.

La firmeza institucional también se manifiesta en los puertos y aeropuertos. Como continuación de las acciones desarrolladas durante agosto, el 4 de septiembre la DGA informó del decomiso de US$600.700 y 647.000 pesos colombianos no declarados en el Aeropuerto Internacional de Las Américas. El pasajero, de nacionalidad colombiana, pretendía salir hacia Panamá y fue puesto a disposición del Ministerio Público. La actuación fue realizada conjuntamente con el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil y la Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito del Ministerio Público. 

Aunque este decomiso ocurrió en septiembre, su incorporación al cierre editorial del boletín permite mostrar la continuidad de una política de vigilancia que no se limita a declaraciones públicas. Es una demostración concreta de que la coordinación interinstitucional, la inteligencia y la presencia operativa pueden traducirse en resultados verificables.

A esta actuación se suman otros golpes recientes contra el comercio ilícito. La institución informó del decomiso de un contenedor con 4,5 millones de cigarrillos y otro con 961 televisores de distintas marcas y tamaños. Según la comunicación oficial, estas intervenciones evitaron pérdidas fiscales superiores a RD$42,2 millones en derechos e impuestos de importación.

Cada mercancía irregular detectada, cada divisa no declarada retenida y cada operación sometida al debido proceso representan una defensa concreta de la economía formal. El contrabando y la evasión no son infracciones sin consecuencias sociales. Reducen los recursos disponibles para financiar servicios públicos, colocan en desventaja a quienes cumplen sus obligaciones y pueden exponer a los consumidores a productos sin las verificaciones correspondientes.

Por eso, la respuesta aduanera debe sostenerse sobre tres pilares inseparables: legalidad, transparencia y eficacia. La legalidad garantiza el respeto al debido proceso. La transparencia permite que la sociedad conozca las medidas aplicadas y sus resultados. La eficacia demuestra que las decisiones institucionales producen cambios reales en la seguridad de las operaciones y en la protección del interés nacional.

Agosto deja una enseñanza decisiva. Los desafíos fronterizos requieren instituciones capaces de escuchar las alertas, evaluar la información disponible, corregir vulnerabilidades y comunicar con responsabilidad. Las denuncias deben investigarse sin prejuzgar responsabilidades, pero también sin restar importancia a los riesgos que puedan afectar los ingresos públicos, la salud de la población, la producción nacional o la confianza en el sistema aduanero.

La Dirección General de Aduanas asume este momento como una oportunidad para seguir fortaleciendo sus procedimientos y consolidar una gestión basada en riesgos, tecnología, cooperación e inteligencia. No se trata únicamente de reaccionar ante posibles irregularidades, sino de construir un sistema en el que cada operación pueda ser seguida, verificada y cerrada conforme a las normas.

El país necesita una Aduana que facilite el comercio seguro, proteja la frontera económica y actúe con firmeza ante quienes pretendan vulnerar la ley. Una Aduana que dialogue con el sector productivo, coopere con los organismos de seguridad y ofrezca resultados comprobables a la ciudadanía.

Ese es el compromiso reafirmado durante agosto: más control donde existe riesgo, mayor eficiencia para quienes cumplen, transparencia en las actuaciones y tolerancia cero frente al contrabando, la evasión y el tráfico ilícito.

Porque proteger el comercio legal es proteger la producción, el empleo, los ingresos del Estado y la confianza de toda la sociedad dominicana./

Luis Orlando Díaz Vólquez

Cuando la aduana deja de ser frontera y se convierte en plataforma

DGA en marzo de 2026: cuando la aduana deja de ser frontera y se convierte en plataforma

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

Hay instituciones que se miden por su presencia cotidiana y otras que se evalúan por su capacidad de anticiparse a los riesgos del tiempo que les toca vivir. En un mundo donde el comercio se reconfigura, las cadenas de suministro se estresan y la seguridad se vuelve inseparable de la economía, la Dirección General de Aduanas (DGA) aparece —según el número 92 del Boletín de la DGA, correspondiente al mes de marzo de 2026— como una de las bisagras más decisivas entre el Estado que protege y el país que produce. No se trata únicamente de recaudar, controlar o autorizar; se trata de diseñar un modelo institucional que facilite el intercambio, fortalezca la competitividad y, al mismo tiempo, cierre las brechas que aprovechan las economías ilícitas.

El boletín describe una DGA que reafirma su misión esencial: facilitar el comercio exterior, garantizar la seguridad del Estado, proteger la salud de la población y elevar la competitividad nacional mediante una gestión moderna, eficiente y transparente. Ese enunciado, en sí mismo, podría parecer protocolar si no viniera acompañado de hechos y programas con impacto operativo. Pero precisamente lo que destaca del contenido es la coherencia entre misión y acciones: logística, digitalización, control, cultura institucional y programas sociales aparecen conectados bajo una misma lógica de fortalecimiento del Estado y de mejora del clima económico.

Uno de los ejes con mayor proyección estratégica es la consolidación del Consejo Nacional de Logística (CNL). La aprobación de licencias para nuevas empresas bajo la Ley 30-24 y la designación de una coordinación operativa apuntan a algo más grande que un trámite: a la construcción de un sistema logístico con reglas, gobernanza y continuidad. El mensaje es inequívoco: República Dominicana no puede aspirar a ser un hub regional únicamente por ubicación geográfica; necesita institucionalidad logística, procedimientos ágiles, interoperabilidad público‑privada y estándares que permitan competir por cargas, inversiones y rutas. El CNL, tal como se presenta, funciona como la mesa donde el país alinea intereses productivos y capacidades estatales para reducir fricciones, tiempos y costos.

En paralelo, el boletín coloca el acento en una idea que pocas veces se aborda con claridad en la gestión aduanera: la competitividad también se construye desde el cuidado de la vida. La entrega de 2,500 cascos protectores a empleados de zonas francas en San Pedro de Macorís, integrada a un programa de educación y seguridad vial en colaboración con INFOTEP y el sector industrial local, es un recordatorio de que la productividad no puede separarse de la responsabilidad social. Un accidente menos es un hogar preservado, un trabajador que no se ausenta, una empresa que no pierde experiencia y un sistema de salud que no carga costos evitables. Cuando la seguridad vial se incorpora a la agenda institucional, el Estado está diciendo: el desarrollo no es solo crecimiento; es protección y dignidad.

El diálogo con actores económicos, representado por el acercamiento con la Coalición Dominicana por la Competencia Justa (CODOCOM), reafirma otra dimensión clave: la formalidad no se impone únicamente con sanción, también se construye con concertación y reglas claras. Promover el comercio legal y la competencia justa exige, al mismo tiempo, controles efectivos y canales de comunicación permanentes para que el sector privado identifique rutas de regularización y colaboración. Esta visión es particularmente importante en contextos donde la informalidad y el contrabando generan asimetrías que castigan al productor formal, erosionan la base tributaria y distorsionan precios.

La modernización tecnológica del servicio aduanero ocupa un capítulo con implicaciones prácticas inmediatas: la implementación de pagos de impuestos aduanales con tarjetas de débito y crédito, iniciando con pilotos en administraciones y aeropuertos y con planes de expansión hacia plataformas digitales. Si se ejecuta con seguridad, trazabilidad y cobertura amplia, esta medida reduce barreras de cumplimiento, facilita la formalización de Mipymes y disminuye costos de transacción. En términos simples: una aduana que cobra mejor no es la que cobra más duro, sino la que cobra con menos fricción, más transparencia y mejor experiencia para el usuario. La transformación digital, bien aplicada, también fortalece la integridad institucional: cada transacción registrada reduce espacios de discrecionalidad y mejora la auditoría.

El boletín no se queda en la lógica de servicio: enfatiza que la DGA también es una institución de seguridad. La detección de un cargamento significativo de presunta cocaína en un contenedor de tránsito y el decomiso de dinero no declarado en un aeropuerto evidencian que la frontera económica es también frontera criminal. Aquí, el desafío de política pública es equilibrar velocidad y control: facilitar comercio sin abrir puertas al delito, acelerar despachos sin perder capacidad de inspección inteligente. La clave está en la gestión de riesgo, en el uso estratégico de inteligencia y tecnología, y en la coordinación interagencial, porque el crimen organizado opera precisamente donde el Estado se fragmenta.

En ese punto se entiende mejor la importancia de los programas de facilitación del comercio: mejoras al “Despacho en 24 Horas”, fortalecimiento del Comité Nacional de Facilitación del Comercio (CNFC) e impulso al horario extendido en puertos y aeropuertos. El objetivo final no es una meta administrativa, sino una promesa nacional: que mover mercancías en República Dominicana sea más rápido, más predecible y más barato, sin sacrificar control. Ese equilibrio es el que transforma a un país en plataforma logística. Y, en la práctica, es lo que permite que las zonas francas compitan, que el exportador cumpla tiempos, que el inversionista encuentre predictibilidad y que el consumidor final reciba precios más eficientes.

El componente de capital humano y certificaciones confirma una apuesta de largo plazo. La capacitación en gestión de riesgos y procesos aduaneros, junto con la entrega de certificaciones del programa Operador Económico Autorizado (OEA) —con cientos de empresas certificadas según el boletín— se alinea con estándares globales que premian la confianza y la trazabilidad. Una aduana moderna no inspecciona “más”; inspecciona “mejor”, priorizando según perfil de riesgo y creando incentivos para que el sector privado invierta en cumplimiento. En términos estratégicos, el OEA es un lenguaje común entre aduanas del mundo: dice “esta empresa es confiable” y, por tanto, merece facilidades. Eso se traduce en ventajas competitivas reales.

La mención de visitas y cooperación internacional, incluida la presencia de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) para constatar avances, sitúa el boletín en un plano más amplio: la modernización aduanera no se valida solo dentro del país; se valida en su capacidad de interoperar con el ecosistema global. Cuando una aduana se alinea con mejores prácticas internacionales, gana credibilidad, reduce costos reputacionales y fortalece la confianza de socios comerciales. En un mundo de tensiones geopolíticas y crecientes requisitos de trazabilidad, esa credibilidad puede ser tan valiosa como un incentivo fiscal.

A todo esto se suma un elemento que suele pasar desapercibido en los análisis técnicos: la cultura institucional. Conmemoraciones patrias, símbolos compartidos y programas como “Mujeres en Conexión” —orientados a mentoría, liderazgo femenino y equidad— muestran que la DGA intenta construir identidad interna y cohesión. En instituciones de control, la ética y la integridad no son “valores decorativos”; son infraestructura invisible. Una cultura organizacional sólida reduce vulnerabilidades, mejora el servicio y eleva el estándar del trato al ciudadano y al operador económico.

Finalmente, el boletín destaca resultados de recaudación y proyecciones de cumplimiento anual, elemento que cierra el círculo: facilitar, digitalizar, certificar y controlar también se refleja en rendimiento fiscal. Pero el verdadero debate editorial no es celebrar cifras, sino sostener el principio de sostenibilidad: recaudar más con mejor gestión y con una economía formal que crece, no con presión desordenada que castigue productividad. Si la DGA consolida su enfoque de eficiencia, transparencia y coordinación público‑privada, el país gana por múltiples vías: más competitividad, más seguridad, más ingresos y mejor reputación internacional.

En suma, el Boletín DGA #92 sugiere una institución que intenta ocupar su rol completo: no solo “aduana” en el sentido clásico, sino plataforma nacional de competitividad y seguridad. El reto, como siempre, está en la ejecución consistente: que la digitalización se generalice sin brechas, que la facilitación conviva con control inteligente, que la logística se gobierne con continuidad y que la integridad institucional siga siendo la columna vertebral. En un contexto regional donde muchos compiten por ser hub, la diferencia no la hará el discurso, sino la capacidad de convertir cada proceso —del pago al despacho, del riesgo al OEA— en confianza ....