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SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) mantiene desde 2000 su cartera de cobro a cargo de AAA Dominicana, una empresa que fundó el actual director de la dependencia estatal, arquitecto Alejandro Montás Rondón, junto al español residente en Colombia Francisco Javier Vilaplana y al dominicano Ángel Rondón Rijo, reconocido lobista cuyo nombre sale a relucir en fraudes como los del Plan Renove y el Baninter, en los que se le atribuye encarnar alrededor de los congresistas la nefasta figura de “el hombre del maletín”.
Desde 2002 hasta abril de este año la empresa recaudadora se benefició con más de 2,549.8 millones de pesos en su relación comercial con la CAASD. En 2013, la compañía tenía 300 empleados, según un informe de Canal Isabela II de Gestión, una firma española con la que tiene vínculos, a través de Inassa(Sociedad Interamericana de Agua y Servicios) que aparece como accionista de AAA Dominicana bajo la representación de Edmundo Rodríguez Sobrino.
Rondón Rijo figura como accionista mayoritario de AAA Dominicana, registrada en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo con el número 4745SD (RNC 1-01-84162-1), como persona física y a través de las empresas Roymar S.A. y ClimateState S.A., dos firmas que preside.
La compañía contratista cobró para la CAASD desde 2002 hasta abril de este año un monto de RD$7,258,865,486, de los que retuvo el 34% (RD$2,549,855,503), según cifras oficiales suministradas por el organismo a través de su oficina de acceso a la información.
La CAASD asegura que la compañía ha facturado a sus clientes un monto de RD$9,853,365,763, de los que logró recaudar el 74%.
En 2006 la AAA recaudó RD$618.408,439 de los que debía retener RD$193,974,461. Unas de las actas de la asamblea de accionistas de la compañía realizada el 21 de marzo de 2007 relata que al 31 de enero de ese año la CAASD adeudada a la empresa RD$163,836,330 de capital y RD$48,278,384 de intereses.
En la citada reunión los dueños de la empresa autorizaron a su gerencia a negociar esa deuda por un límite de entre RD$130 a RD$140 millones, 33.8 millones de pesos menos, algo que podría interpretarse como una postura generosa y condescendiente frente a la administración de la CAASD.
Además de la CAASD, la compañía ofrece u ofreció su gestión de cobro de servicios a las alcaldías del Distrito Nacional (ADN) y Santo Domingo Este, así como al Acueducto y Alcantarillado de La Vega (Coravega).
La actual gestión de la CAASD muestra lentitud y escaso interés en facilitar copia de todos los contratos que mantiene con AAA Dominicana, constituida el 28 de marzo de 2000. Los registros de la compañía en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo evidencian que el arquitecto Montás Rondón y su firma Del Castillo & Montás vendieron sus acciones a Ramón Núñez Ramírez el 2 de septiembre del citado año. Después se produjeron otros cambios en la composición accionaria de la firma hasta que la empresa –constituida al principio con un capital de 10 millones de pesos– quedó bajo el control de Ángel Rondón Rijo.
Además de la CAASD, la compañía ofrece u ofreció su gestión de cobro de servicios a las alcaldías del Distrito Nacional (ADN) y Santo Domingo Este, así como al Acueducto y Alcantarillado de La Vega (Coravega). En diciembre de 2010, la CAASD solicitó a la AAA Dominicana –que no es un banco– un préstamo de diez millones de pesos, una especie de adelanto para pagarlo en marzo de 2011, según consta en documentos de la compañía.
Aunque la gestión de Roberto Salcedo ni siguiera se molestó en responder a las preguntas sobre AAA Dominicana, el acta de la asamblea de accionistas de la firma fechada el 3 de julio de 2012 explica que la compañía había establecido un récord al cobrar para el cabildo RD$39 millones en un mes.
La empresa firmó el 13 de noviembre de 2003 con la Corporación Dominicana del Acueducto y Alcantarillado de la Romana (COAAROM) el “Contrato para la gestión comercial de los servicios de agua potable y alcantarillado y el desarrollo del programa de instalación de medidores en la provincia La Romana”.
La Suprema Corte de Justicia casó la sentencia el 20 de julio de 2011 y envió el caso por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo. El resto de la historia se desconoce.
Fruto de ese contrato, la COAAROM demandó a la compañía y logró que un tribunal civil de San Pedro de Macorís la condenara al pago de una indemnización de 76 millones de pesos, pero la litis terminó en un acuerdo entre “directores” cuyos términos la población desconoce.
El contrato data de 2003 y para 2009 la COAAROM alegaba que perdía más de 1.3 millones de pesos mensuales por deficiencias en los cobros de AAA Dominicana que, según argumentaba, debía reportar 59 pesos al mes por cada cliente registrado y, aunque tenía 25,000, sólo cobraba el servicio de agua potable a 8,000.
La Suprema Corte de Justicia casó la sentencia el 20 de julio de 2011 y envió el caso por ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo. El resto de la historia se desconoce.
“Tanto el Gerente General como el Gerente de Operaciones de la empresa, han sostenido reuniones conjunta o separadamente con el Director de COAAROM y el representante de Central Romana (Casa de Campo), persona de gran influencia en la directiva de COAAROM, elevando propuestas verbales a los mismos. El día 30 de julio, se llevó a cabo una reunión de Consejo de Directores de COAAROM, donde se creó una comisión integrada por 4 miembros para la búsqueda de una salida negociada al conflicto”, explica un acta de reunión de accionistas de AAA del 17 de agosto de 2007.
El 14 de septiembre de 2011 los accionistas determinaron: “Se autoriza a la señora Odette Hasbún Rosanía a gestionar el cierre definitivo del caso, previa consulta a los consejeros. La negociación con COAAROM finalizará en una suma no mayor de Trescientos Mil Dólares de Los Estados unidos de Norte América (US$300,000,000)”.
Ese día la tasa del dólar, según registros del Banco Central, era de RD$38.20, con lo cual los dueños de AAA se referían a un monto de alrededor de 11.5 millones de pesos disponibles para un arreglo, aunque el acta de asamblea omite explicar la forma en que se llevaría a cabo esa “negociación” en la que estaban envueltos funcionarios públicos de La Romana y personas de influencia de Casa de Campo.
“Respecto de ese (caso) sólo puedo decirle que los dos directores (de AAA Dominicana y la COAAROM) llegaron a un acuerdo del cual no conozco los detalles”, se excusa el abogado Genaro Silvestre, quien representó a la COAAROM en el proceso. 7días.com.do requirió, sin éxito, información al respecto a la entidad a través de su vocero, Marcos Mañaná.
Apeló al “poder” para librarse de cobro de impuestos
AAA Dominicana apeló a la intervención del Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, para evitar el pago de más de 103 millones de pesos que le cobraba la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) al finalizar 2012.
Su acta de asamblea de accionistas correspondiente al 17 de diciembre de 2012 establece que la DGII le notificó a la compañía de Rondón Rijo que declaró y pagó sólo “parcialmente” el ITBIS(impuesto sobre las transferencias de bienes industrializados y servicios) correspondiente al período del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre.
La DGII estableció que “AAA Dominicana es responsable del pago de los impuestos generados como resultado de la partida ingresos gravados declarados exentos, por tanto, se ha generado un ITBIS a pagar por valor de RD$32,160,407.64 más RD$71,729,072.84 de recargos por mora e intereses indemnizatorio, asciende a un total a pagar de RD$103,889,480.48”, dice el acta de asamblea.
Más adelante confiesa que “luego de recibir la notificación AAA Dominicana y la CAASD redactaron comunicaciones dirigidas a la DGII y al Ministro Administrativo de la Presidencia, Lic. José Ramón Peralta, en interés de aclarar que esta última institución está exenta de impuestos en virtud de la Ley No. 498, que crea la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)”.
El acta de la asamblea de accionistas recoge a favor de la compañía el artículo 22 de la Ley 498 que establece que el organismo oficial “estará exonerado del pago de todo impuesto, gravamen, tasa o arbitrio” que recarga o pudiera recaer sobre sus operaciones o negocios.
Para diciembre de 2012 ya estaba al frente de la CAASD el arquitecto Montás Rondón (apellido Rondón de la región Este del país al igual que Ángel Rondón Rijo), uno de los fundadores de AAA Dominicana, designado en la dependencia oficial por el presidente Danilo Medina mediante el decreto número 465-12, del 17 de agosto de ese año.
Hasbún Rosanía encontró mil excusas para postergar la entrega a 7días.com.do de informaciones relacionadas con los contratos de su compañía con la CAASD y otras entidades públicas del país
“Destacamos que la dirección de la CAASD está realizando gestiones significativas para enmendar la situación antes citada”, dice textualmente el acta de accionistas de diciembre de 2012 en referencia al pago de los más de 103 millones de pesos que le exigía la DGII.
En la reunión del 21 de septiembre de 2012 Odette Hasbún Rosanía, gerente de AAA Dominicana, explicó a los miembros del consejo que: “con la elección y posesión del nuevo presidente de la República, doctor Danilo Medina, hubo cambios en la dirección de la CAASD, asignando como nuevo Director General al Arquitecto Alejandro Montás Rondón. En tal sentido, se han realizado dos reuniones de trabajo en la que ha participado el Presidente del Grupo Empresarial Inassa y el Presidente del Consejo de Administración de AAA Dominicana, tratando temas inherentes al contrato y la posibilidad de la renovación con la instalación de cien mil medidores”.
Hasbún Rosanía insiste en el interés de la administración de Montás Rondón y expresa (siempre según el acta): “La CAASD es consciente de la necesidad de ampliar el horizonte del contrato que en la actualidad vence en febrero del año 2015, para poder amortizar la inversión que realizaría la empresa en la adquisición, suministro, instalación y mantenimiento de estos medidores”.
(Hasbún Rosanía encontró mil excusas para postergar la entrega a 7días.com.do de informaciones relacionadas con los contratos de su compañía con la CAASD y otras entidades públicas del país).
Personaje de leyenda
En torno a Rondón Rijo circulan historias que incluso ya están impresas al menos en un libro. En la obra “Todas las posibilidades” que escribió el periodista Freddy Aguasvivas se menciona al comerciante e incluso se incluyen detalles de su supuesta intervención en una modificación a la Ley Monetaria y Financiera auspiciada –según el texto– por Ramón Báez Figueroa, a sugerencia del asesor financiero Luis Álvarez Renta y la ejecutiva Vivian Lubrano de Castillo.
La modificación estaría orientada a flexibilizar la ley para permitir que el Baninter pudiera comprar la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) para acceder a RD$14 000 millones sobre los que sus ahorrantes realizaban pocos movimientos.
De acuerdo al texto de Aguasvivas, el asesor Álvarez Renta vendió a Báez Figueroa las ventajas de la operación que permitiría al Baninter superar el tamaño del Banco Popular y a la vez acceder a un capital en efectivo, por lo cual recomendó la contratación de Rondón Rijo para gestionar con los congresistas la modificación de la ley.
“Ángel Rondón tenía la habilidad de convencer a los senadores y diputados de la necesidad de emitir las leyes que beneficiaban a ciertos sectores empresariales, y de los beneficios de sus modificaciones”, escribe el periodista Aguasvivas en Todas las posibilidades. “Armado solo con un maletín en las manos, no había caso que se pusiera a su cuidado que no fuera resuelto. Era caro, pero eficaz”, concluye.
La sentencia número 350-2007, dictada el 21 de octubre de 2007 por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, establece entre Baninter y la APAP “se realizaron negociaciones dirigidas a asegurar una eventual fusión de ambas entidades una vez entrara en vigencia la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera”. Con ese fin, prosigue, fueron abiertos en Baninter catorce certificados financieros: seis por un total de para un total de 205 millones 875 000 pesos a favor de Ángel Miguel Rondón (a nombre de Lancaster Int. Services, Bayside Capital Holding, VenmorelyInvestments, Librec Investment y Roymar Corporation); cuatro por 91 millones de pesos a favor de Ricardo Pellerano Paradas (a nombre de Oakville Portfolio Int., Trek Global Investment, Seandel Financial y Astrion Property Group) y tres por 205,875,000 pesos afavor de Miguel Pimentel Kareh(a nombre r de Farden Business Corp., Galano Media Int., Jay Overseas Corp.) y uno de 10 millones de dólares a nombre de Bay Hurst Investment.
“En fecha 18 de diciembre del año 2003, los señores Ángel Miguel Rondón Rijo, Ricardo Pellerano Paradas y Miguel A. Pimentel Kareh se comprometieron a rembolsar al Banco Central de la República Dominicana y al Banco Intercontinental, la suma de setenta y cinco millones cuatrocientos catorce mil seiscientos ochenta y seis pesos con noventa y cinco centavos (RD$75,414,686.95) y doscientos trece mil seiscientos ochenta y cuatro dólares con cuarenta y un centavos (US$213,684.41), valores que recibieran en ocasión de esta negociación”, dice la sentencia en referencia a la adquisición irregular de la APAP por parte del Baninter.
El nombre de Rondón Rijo también salió a relucir en el fraude de más de 1,800 millones de pesos del Plan Renove.
Sam Goodson, quien suscribió con la gestión de Hipólito Mejía (2000-2004) un contrato de venta de vehículos marcas Hundai por 40.8 millones de dólares, firmó –el 21 de mayo de 2001– un acuerdo notariado con Rondón Rijo en el que se comprometió a pagar al comerciante la suma de 995 000 dólares (para la fecha a una tasa de 16.66 sumaban unos RD$16,576,700) con el compromiso de que convenciera a los congresistas de la aprobación del citado contrato con el Estado.
Rondón Rijo parece estar conectado con el poder económico y político, sin importar el gobierno de turno.
El “Acto de declaración y reconocimiento de honorarios” obligaba a Goodson, un estadounidense de origen israelí que se fugó del país, a pagar a Rondón Rijo 58 000 dólares cuando el contrato de financiamiento se aprobara en el Senado; 600 000 cuando pasara por la Cámara de Diputados y último 337 000, “en un plazo no mayor de 15 días, luego de ser sancionado por ambas cámaras”, tal y como lo documentaron las autoridades.
En hechos más recientes, tanto el movimiento cívico Ciudadanos Contra la Corrupción (C3) como la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) denunciaron ante las autoridades supuestas irregularidades en contratos millonarios que favorecen a Rondón Rijo firmados por el exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Frank Rodríguez.
Rondón Rijo parece estar conectado con el poder económico y político, sin importar el gobierno de turno.
El periodista Leo Hernández incluyó en su columna Top Secret, de la edición de El Caribe del 26 de julio del año pasado, un comentario bajo el título “¡Wwwaaaooo!” que retrata la influencia del dueño de AAA Dominicana: “Para los que fueron por primera ocasión, aquello parecía de película, aunque para los que repetían su presencia en el festejo, el aparataje era confirmación de que una vez más, el conocido cumpleañero demostraba su extraordinario poder de convocatoria e influencia, reafirmando que está bien ranqueado en el lobbismo de todo tipo en el país. Siete helicópteros transportaron conocidos personajes de diversos ámbitos y de todos los colores y procedencias políticas, sociales y empresariales, luciendo imponentes en uno de los espacios laterales de la finca de Ramón Santana donde no faltó nada y abundaron las risas, anécdotas y las reiteraciones de afectos entre muchos que llevaban algún tiempo sin compartir. De ñapa, la música contagiosa de los Hermanos Rosario puso a una buena parte a contonearse. Era el cumpleaños de Ángel Rondón. Congratulaciones…” http://www.7dias.com.do/portada/2018/05/24/i168211_maletin-aaa-dominicana-beneficiado-con-mas-rd2-500-millones-cobro-agua-caasd.html#.WwfgDYjwbIU
El abogado Carlos Salcedo afirmó ayer que si la investigación que hace el procurador general Jean Rodríguez sobre el caso Odebrecht, “es objetiva y no sesgada”, obligatoriamente tiene que atender la solicitud de los periodistas Julio Martínez Pozo y Danny Alcántara, antes del vencimiento del plazo para presentar acusación formal contra los encartados en ese expediente.
Asimismo, dijo que el Ministerio Público no podría presentar la solicitud de los dos comunicadores ni la falta de la auditoría especial que solicitó a la Cámara de Cuentas, como presupuestos para que el juez que instruye el caso le amplíe el plazo que vence el próximo 9 de junio, porque la investigación a las empresas consorciadas debió hacerla con anterioridad, con las informaciones de que ya disponía, y los mecanismos que le da la Constitución y la ley.
“Si el Ministerio Público está investigando a esos periodistas o está buscando información que circunde a cada uno de ellos; si se trata de una investigación objetiva, no sesgada, tendría obligatoriamente que atender a esta solicitud, porque sus obligaciones no solamente son de oficio sino que también pueden ser a requerimiento de cualquier tercero o interesado, y más cuando se trata de personas que han sido de alguna manera investigadas”, señaló el jurista.
Afirmó que investigar a las empresas ligadas con Odebrecht en el país era una obligación que tenía el Ministerio Público, “sin excluir absolutamente a nadie que tuviera vinculado a todos esos contratos, a la licitación, a la adjudicación y a los pagos correspondientes”.
“El Ministerio Público, precisamente como órgano del Estado a cargo de la investigación, en virtud de la Constitución y la Ley, dispone de todos los mecanismos, no solamente a través de una auditoría especial u ordinaria que haya solicitada o que sea obligación de ella realizar, para poder obtener la información relevante, determinante y que objetivamente pueda servir para los fines de una investigación seria y responsable”, agregó Salcedo.
El jurista, quien es abogado de César Sánchez, uno de los 14 encartados hasta ahora en el caso de los US$92 millones pagados en sobornos por la empresa brasileña en el país a cambio de ser favorecida con 17 contratos de obras del Estado 2001-2014, habló en entrevista para HOY.
Procuraduría confirma que investiga a Martínez Pozo, Dany Alcántara y sus familiares por el caso Odebrecht
Jean Alain Rodríguez (Justo Felix)
07 MAY 2018, 11:33 AM
POR HOGLA ENECIA PÉREZ
SANTO DOMINGO La Procuraduría General de la República confirmó este lunes que investiga a los comunicadores Danny Alcántara y Julio Martínez Pozo y sus familiares por sus presuntos vínculos con los sobornos pagados por la empresa Norberto Odebrecht, a través del empresario Ángel Rondón Rijo, para ser favorecida con obras del Estado.
Julieta Tejada, directora de prensa y comunicaciones de la institución, dijo que con autorización del juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, se están realizando varias diligencias investigativas tendentes a verificar si los comunicadores y sus parientes están implicados en la red que distribuyó US$92 millones en soborno del 2001 al 2014 a funcionarios y exfuncionarios públicos.
“Sí, están siendo investigados por orden de un juez, como están siendo investigadas muchísimas otras personas y los resultados de esas investigaciones dirán si existen indicios penales o si no existen”, expresó.
Tejada rehusó precisar el número de personas a las cuales investigan. Dijo desconocer el modo en que los comunicadores se enteraron del accionar del Ministerio Público, y que el comunicado distribuido por la institución, previo a que Alcántara y Martínez dieran la mañana de este lunes una rueda de prensa en el Colegio Dominicano de Periodistas informando presuntos atropellos y amenazas que les hiciera el procurador general Jean Alain Rodríguez, fue emitido como parte de sus facultades.
“No sabemos porque ellos dieron esa rueda de prensa... La Procuraduría General de la República hace uso de la facultad que tiene para comunicar en un momento dado lo que entienda debe ser de interés nacional”, respondió al preguntarle en qué se basaba la procuraduría para emitir un comunicado de prensa horas antes de que los comunicadores dieran la rueda de prensa.
Respecto a la denuncia de Alcántara y Martínez Pozo en el sentido de que el procurador los habría chantajeando, Tejada dijo que no iba a referirse a ese aspecto.
Según lo dicho por Danny Alcántara y Julio Martínez Pozo, el procurador pidió autorización para realizar una investigación “alegando vinculación con el imputado Ángel Rondón y so pretexto de que pudiera ser o pudiera haber sido utilizado por el imputado Ángel Rondón Rijo para la entrega de dinero, producto del soborno a funcionarios públicos y congresistas”.
Acusaron a Rodríguez de ser un “engreído”, que no está capacitado ni profesional ni emocionalmente para ejercer la función como máximo representante del Ministerio Púbico y que se ha ensañado con ellos por sus comentarios en los medios.
CASO ODEBRECHT | 07 MAY 2018, 10:00 AM | DIARIO LIBRE Martínez Pozo y Dany Alcántara anuncian agotarán todos los medios para defenderse
SANTO DOMINGO. Los periodistas Julio Martínez Pozo y Dany Alcántara anunciaron que agotarán todos los medios que tienen a su alcance para defenderse de las acusaciones que les hace el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien los vincula al caso de los sobornos pagados por Odebrecht a funcionarios y legisladores, a fin de ganar asignaciones para construir obras del Estado.
Martínez Pozo y Alcántara acusaron a Rodríguez de ser un “engreído”, que no está capacitado ni profesional ni emocionalmente para ejercer la función como máximo representante del Ministerio Púbico y que se ha ensañado con ellos por sus comentarios en los medios.
En una rueda de prensa, afirmaron que tienen meses “padeciendo el chantaje” de Rodríguez, quien en un principio les advirtió que “les haría saber quién era él”.
En un documento leído a sus colegas sostuvieron que el procurador solicitó al juez Francisco Ortega Polanco, el juez especial que instruye el caso Odebrecht, “realizar una investigación contra nosotros y nuestros familiares incluyendo esposas e hijos, alegando vinculación con el imputado Ángel Rondón y so pretexto de que pudiera ser o pudiera haber sido utilizado por el imputado Ángel Rondón Rijo para la entrega de dinero, producto del soborno a funcionarios públicos y congresistas”.
“Es decir -aclaró Dany- que en las cuentas de Julio, que en la cuentas de Dany eran donde se recibían los fondos con los que supuestamente se habrían hecho soborno a congresistas y funcionarios”.
Martínez Pozo dijo que la persecución llegó al extremo de que fue “hackeada” la computadora ayer de Dany Alcántara, para robarse el documento que leerían hoy en la rueda de prensa.
“Nunca me tomé en serio esas advertencias, esas amenazas, porque sencillamente las tomaba como reacciones de un engreído, colocado por el azar en una posición para la que no tiene ni la pericia técnica ni la inteligencia emocional. Es decir, nunca, nunca, pensé que íbamos a estar, pues, padeciendo una situación como esta, sencillamente para censurar las opiniones que resulten adversas a un funcionario público”, aseguró Martínez Pozo.
Alcántara dijo: “En su momento ustedes (los medios) tendrán detalles y nosotros por el oficio que tenemos nos encargaremos de que la República Dominicana conozca el perfil del funcionario que está sirviendo como procurador general de la República”.
“Agotaremos en lo adelante todos los recursos a nuestro alcance para que nuestro reclamo tenga oídos y para que, además, la sociedad conozca cuál es la probidad de quienes le sirven, ya sea periodistas o funcionarios en posiciones de privilegios. Para esto solo contamos con Dios, con nuestra familia, con la solidaridad de nuestros colegas y con el respeto que durante tantos años nos han profesado quienes saben que solo nos ha animado servir”, afirmaron.
Al finalizar la lectura del documento, que entregaron a los periodistas, Martínez Pozo y Alcántara no permitieron que se les hicieran preguntas.
Martínez Pozo y Alcántara son dos veteranos periodistas que tienen programas de televisión, radiales. Ambos son considerados de mucha influencia en el país. https://www.diariolibre.com/noticias/justicia/martinez-pozo-y-dany-alcantara-anuncian-agotaran-todos-los-medios-para-defenderse-EH9810314
