El Gobierno busca acorralar a la oposición para reducir la ventaja que registra el PRM
Por Juan Bolivar Díaz | @JBolivarDiazEl Gobierno de Danilo Medina logró imponer en el Congreso un virtual corral a la oposición hasta la víspera de las elecciones del 5 de julio, extendiendo el estado de excepción que limita las manifestaciones y reuniones durante el día y el tránsito nocturno, con el pretexto del coronavirus, aunque se han reanudado gran parte de las actividades nacionales.
Aunque el candidato presidencial Luis Abinader quedó limitado al contraer el virus, las encuestas siguen alarmando a los oficialistas y las tres últimas conocidas esta semana ratifican la posibilidad de que sea electo en primera vuelta, con muy amplia ventaja para la eventualidad de que se necesite una segunda votación que defina mayoría absoluta.
Imposición sin precedente. El Gobierno logró ayer imponer la continuidad del estado de excepción que le permite mantener limitadas las manifestaciones, reuniones y movilizaciones de los dirigentes y activistas de los partidos de oposición por otros 17 días, hasta dos días antes de concluir la campaña electoral el jueves 2 de julio, para las elecciones del domingo 5, sin precedente en la historia política. Como la oposición tiene una precaria mayoría en la Cámara de Diputados, la extensión del estado de excepción falló el miércoles, pero dos días después, en medio de denuncias de intentos de sobornos, lograron que 3 diputados del Partido Reformista Social Cristiano la favorecieran, frustrando la resistencia de los dos principales partidos opositores.
El Gobierno desoyó todos los reclamos de que levantara las restricciones a los derechos políticos, ante la inminencia de una elección presidencial y congresual, aunque amparado en la Ley General de Salud pudiera mantener suspendidas las actividades recreativas, bares y restaurantes y colmadones, que son las únicas que siguen restringidas cuando el país lleva más de tres semanas en un proceso de reactivación general.
Las medidas dispuestas por la emergencia sanitaria prohíben todo tipo de reuniones y manifestaciones a cualquier hora, y la reclusión de los ciudadanos a partir de las 7 de la noche, y los domingos desde las 5 de la tarde, lo cual limita hasta las caravanas vehiculares que no romperían las previsiones de distancia por la pandemia. Mientras la oposición y los medios informativos muestran activistas del partido oficialista repartiendo ayudas en horas de la noche hasta con asistencia de las fuerzas de seguridad pública.
Persistente deseo de cambio. El empeño en mantener acorralada a la oposición es relacionado con el deseo de cambio que manifiesta desde el año pasado hasta del 78 % de la población, como registró la encuesta Gallup-HOY de mayo del 2019, y con cifras aproximadas en otras acreditadas, que colocan al candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y otros seis aliados con las mayores posibilidades de encarnarlo.
Una decena de encuestas publicadas últimamente mantienen las ventajas de Abinader. Esta misma semana se publicaron dos y se conoció una tercera que configuran la posibilidad de que sea electo en primera vuelta y en caso de una segunda, le otorgan hasta 20 puntos sobre su más cercano competidor Gonzalo Castillo, el candidato del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y una decena de aliados.
Las dos encuestas publicadas son de la firma norteamericana Cygnal y del dominicano Centro de Innovación y Políticas Públicas (CIPP). La primera, contratada por empresarios, fue telefónica entre 1,200 personas, y en su presentación sostiene que fue señalada como la número uno en investigación durante 2018 por el diario The New York Times. Arrojó en primera vuelta 45% para Abinader, 23 a Castillo, 11 a Leonel Fernández y 3 a Guillermo Moreno, pero al restarle los que no votarían o están indecisos, se convierten en 55, 28, 14 y 3% respectivamente. En la eventual segunda vuelta Abinader 55 contra 31 de Castillo.
La del CIPP fue presencial, con 1,200 entrevistados llenando un cuestionario, y arrojó 52 % para Abinader, Castillo 36, Leonel 8 y Moreno 1%. En segunda vuelta el del PRM obtendría 63%, y el peledeísta 33%.
La tercera es reservada, contratada por empresarios, que ya en octubre y enero pasado auspiciaron otras, realizadas por una acreditada firma transnacional, reseñadas en El Tema de HOY. La última, realizada del 4 al 8 de junio, fue también presencial y con muestra de 1,200. En primera vuelta Abinader 52%, Gonzalo 38 y Leonel 9%. En segunda vuelta, el perremeísta ganaría al peledeísta 58 a 38%.
Proceso antidemocrático. Las ventajas que la opinión pública y las encuestas atribuyen a la oposición para los comicios de julio, y que ya se expresaron en los municipales de marzo, se mantienen a pesar de las inequidades de la campaña electoral, especialmente tras la aparición del coronavirus cuando el Gobierno ha dispuesto de más de 100 mil millones de pesos para subvenciones sociales, y que ha manejado con inocultable ventajismo político.
A las persistentes denuncias de la oposición, se suman las de instituciones como Participación Ciudadana que emitió ayer un comunicado expresando “profunda preocupación por las innumerables violaciones a la Constitución y a las leyes en la campaña electoral”, hasta planear que “en este panorama no podremos afirmar que las elecciones nacionales sean libres, democráticas y equitativas como establecen nuestras leyes”.
La entidad, que lleva un cuarto de siglo observando los procesos electorales plantea que “a pesar de los esfuerzos desarrollados por más de 20 años para adecentar y regular la actividad política en el país, el actual proceso electoral está plagado del mismo comportamiento antidemocrático, inequidad y falta de transparencia que se quiso corregir con la Ley 15-19 del Régimen Electoral”.
Especifica que su observación del proceso electoral que realiza desde mediados del 2019 “muestra que se han incumplido los preceptos de la democracia y se acrecienta la cantidad de violaciones a las leyes, ante la impotencia de una población que aspira y lucha por una práctica política más decente, equitativa y transparente”. Documenta la participación del Gobierno en la campaña, el uso de recursos públicos, la falta de control del gasto que estableció la Ley de Partidos y la inefectividad de la Procuraduría Especial para perseguir los delitos electorales, entre otros aspectos.
Pobre arbitraje electoral. Los abusos del poder gubernamental han sido sistemáticamente denunciados por los partidos opositores que han levantado instancias ante la Junta Central Electoral pidiendo medidas cautelares, por ejemplo la del PRM denunciando que unos 95 candidatos oficialistas no habían tomado la licencia que manda la ley a quienes ocupan cargos ejecutivos en los organismos estatales, incluyendo a la candidata vicepresidencial del PLD, Margarita Cedeño. Sin que la JCE reaccionara, la actual vicepresidenta resignó la dirección de los programas sociales que con la pandemia dispuso ayuda para cientos de miles de personas.
La JCE también se ha quedado corta sobre las solicitudes de disposiciones para dar garantías a la población de que pueda votar sin poner en riesgo la salud, como la extensión del horario, con franja para los mayores de edad, eliminación de entintado de dedos o permitir que el ciudadano pueda marcar la boleta con su propio bolígrafo. A tres semanas de las elecciones aún no ha convocado a los partidos, como dispone la ley, para reestructurar su departamento informático, cuyo titular fue despedido tras la suspensión de los comicios municipales en febrero. Y bajo presión de la oposición fue que convocó las votaciones en el exterior, que evidentemente no favorecía el Gobierno.
Con poco crédito por el fracaso de la elección en febrero, el organismo arrastra un pecado de origen: dos de sus cinco miembros llegaron por ser dirigentes del PLD y su aliado el PRD, lo que contribuye a su lentitud e inmovilidad. Fue dramática la reciente declaración del vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños, quien planteó que la JCE “es una institución que parecería que está pegada con saliva en la pared, que no tiene una base política, que por eso es que hemos insistido en que debe dejarse acompañar, asistir de los partidos políticos” a lo que no está obligada, pero sí en las actuales circunstancias.
Supremo interés nacional. Cada semana son más dramáticos los vaticinios sobre las repercusiones económicas y sociales del coronavirus en el país, con más de un millón de empleados que fueron suspendidos, déficits que podrían pasar de 250 mil millones pesos este año, con el turismo paralizado y sin perspectivas de recuperación a corto plazo, e incremento de la pobreza, todo lo cual y mucho más genera graves incertidumbres sobre la estabilidad del país.
Con la pandemia aún sin ser controlada, parece más prioritario que nunca que la nación pase la prueba de unas elecciones que legitimen el nuevo gobierno que debe establecerse ya dentro de dos meses. Pero tanto en el Gobierno como en sectores de la oposición, del empresariado y en la sociedad en general, hay gente que no termina de hacer conciencia de la necesidad de un mínimo de respeto a la competencia electoral para no generar mayores enconos y confrontaciones que contribuyan a la desestabilización.
No faltan quienes se frotan las manos pensando que la comunidad internacional no estará tan pendiente de lo que ocurra aquí en el proceso electoral, debido a la pandemia universal. Como si la principal responsabilidad no fuera con los más de 11 millones de dominicanos, incluyendo a la diáspora que ha sido fundamental en la estabilidad macroeconómica con los 50 mil millones de dólares que ha aportado en remesas en la última década.
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