Un bono de las ganancias AFP para los trabajadores
Por: Fausto Herrera Catalino
A la Comisión de la Cámara de Diputados que fue enviado el proyecto de Ley que, a consecuencia de la crisis del COVID-19, propone anticipar la entrega del 30% de sus fondos de pensiones a los trabajadores afiliados.
El total de trabajadores, en febrero de 2020, eran 2 millones 248 mil 190. En el sector privado un millón 58 mil 903 y, sector público centralizado 339 mil 862 y público descentralizado 322 mil 425.
Los niveles salariales son dispares, 22 salarios mínimos, y crean capas sociales muy distintas. El 13.77% del global tienen un salario de 10 mil pesos mientras que una parte importante del país recibe 15 mil pesos de media, (36.73%), hasta 20 mil la pirámide se estrecha y representa un 18.94% para llegar a 6.78% para aquellos que tienen entre 20 y 25 mil pesos.
Como podemos observar el bloque más significativo arroja una media relativamente insuficiente para poder vivir con medios escasos en nuestro país.
Todos estos valores representan el acumulado de las AFP por un valor de 576 mil millones de pesos. Este importe es el referente de los actuales y futuros pensionados, que con el esfuerzo de su trabajo aportaron a los fondos de pensiones la cifra mencionada.
Algo nos llama la atención al constatar que las economías producidas por el esfuerzo de tantos trabajadores se las apropian Bancos y financieras privadas; mientras el gobierno usa el 80% de estos ahorros como hipoteca con la garantía simplemente del Banco Central.
Esto supone sencillamente un descalabro en las cuentas nacionales que viola el titánico esfuerzo de los trabajadores. En República Dominicana, para que el Estado, que derrumba el equilibro de las cuentas nacionales para convertirlas en botín patrimonial del partido que controla nuestro país.
Por lo tanto, esta iniciativa legislativa debe orientarse al objetivo de una verdadera compensación económica en favor de los trabajadores, para que puedan solucionar necesidades prioritarias en medio de la pandemia.
Los trabajadores también tienen derecho a vivir, aunque sea simplemente cubriendo las primeras necesidades que no son sino poder alimentar a sus familias.
El 30% correspondiente a cada trabajador debe ser aportado de los beneficios derivados del capital administrado por las AFP. En ningún caso de los exiguos recursos para sus medicinas y alimentación al retiro laboral.
Es lo más justo aprobar una Ley por virtud de la cual se disponga otorgar a quienes aportaron el capital con una Ley de bonificación por contingencia que sea cubierta con las ganancias de la AFP, sin afectar los fondos de los afiliados. Más que un ruego es un reclamo por el derecho al seguro por desempleo que prevé la Ley 87-01 de la Seguridad Social, desde hace 19 años.
Asimismo, la CEPAL señala la tasa de pobreza en América Latina y el Caribe aumentará a 34.7% para fin de año. También el PIB en el continente caería 5.2% este año, según el FMI.
Esta crisis podría agravarse. La desigualdad social, principalmente, si los ingresos de los más pobres no son protegidos.
En nuestro país hay un total de 2 millones 582 mil 790 dominicanos que trabajan en la economía informal, de los cuales en mayoría no existen registros y resulta complicado focalizar los subsidios para los más vulnerables.
Sabemos que en una situación de pandemia, siempre son los más necesitados los más atacados por esos virus que siempre se aferran a la condición de pobreza.
La mortalidad en los desafortunados sin medios económicos es enorme, porque incluso entre las dificultades de salud, existe una injusticia de tal envergadura que nos preguntamos donde seremos al fin iguales: Los pobres y los ricos… Inquietud sin respuesta.
A propósito, en referencia a la crisis sanitaria, el empresario José Miguel González Cuadra, expresó: "...Ojalá que esto nos haya llevado a la reflexión para entender que hay muchas cosas muy cerca de nosotros que son importantes, valen la pena y a veces llenan más nuestro espíritu y nuestro corazón, que el afán de seguir progresando".
Corresponde a los legisladores aprobar una Ley a favor de la clase trabajadora. Es, además, responsabilidad del Estado. Esta es la razón que nos impulsa a exigir Justicia y esta misma razón es la que me acerca a mi pueblo, porque yo también soy trabajador y lucho por el bienestar para mis gentes.
1 de mayo de 2020
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