RD$150 millones y una señal de política: el crédito como dique contra la trampa del interés
La entrega de financiamiento de Promipyme en Santo Domingo Oeste no es solo un acto protocolar: es una declaración sobre el tipo de Estado que se construye cuando el dinero barato se convierte en herramienta de inclusión, productividad y dignidad económica.
Por Luis Orlando Díaz Vólquez
Hay anuncios que se consumen en el ciclo breve de la noticia, y hay otros que, por lo que revelan, merecen leerse como una señal de política pública. La entrega de RD$150 millones en créditos a 600 prestatarios en Santo Domingo Oeste, encabezada por Fabricio Gómez Mazara, pertenece a la segunda categoría: no se trata únicamente de desembolsar recursos, sino de fijar un mensaje de dirección en un país donde el acceso al capital define —para bien o para mal— la vida real de los pequeños negocios. En el relato de esta jornada hay un concepto central que debería ocupar el debate público: la estabilidad de la tasa como mecanismo de protección social y como acelerador de productividad.
Que un funcionario salga a decir “soliciten préstamos… no habrá aumento de tasa” tiene una carga que va más allá de la frase. En economías con alta informalidad, el precio del dinero se convierte en frontera invisible: de un lado, el crédito formal que permite crecer; del otro, el préstamo de esquina que termina devorando inventarios, márgenes y sueños. Por eso, sostener una tasa subsidiada no es un gesto populista si se gestiona con disciplina; es una inversión inteligente cuando reduce la dependencia de mecanismos usureros y empuja a la formalización. Esa lógica ha sido defendida por el propio Fabricio Gómez Mazara al comparar la tasa de Promipyme con el mercado y advertir del peligro del crédito informal.
La discusión, sin embargo, no puede quedarse en el eslogan. Si el crédito es política pública, su pregunta esencial es doble: ¿a quién llega y para qué sirve? En la información compartida sobre la entrega en Santo Domingo Oeste, el dato del 69% destinado a mujeres apunta a una respuesta consistente con una tendencia que Promipyme ya había destacado en otras entregas: la inclusión financiera femenina no es un “adicional” de comunicación institucional, sino una apuesta por resiliencia económica. En un documento previo de la institución se subraya que orientar cartera hacia mujeres emprendedoras forma parte de la estrategia, resaltando incluso mejores niveles de pago aunque demanden montos más bajos, y se vincula ese enfoque con crecimiento y reducción de desigualdades.
Esa decisión no es menor. En la microeconomía del barrio, el crédito a una mujer emprendedora suele transformarse con rapidez en bienestar doméstico, continuidad escolar, mejora de inventario y estabilidad del hogar; en la macroeconomía del territorio, se traduce en comercio vivo, empleo informal que empieza a formalizarse y un tejido productivo que no depende solo de grandes inversiones. El enfoque de “llevar financiamiento donde vive la gente” —atribución recurrente en los mensajes de Promipyme y del Gobierno— se sostiene precisamente en ese efecto multiplicador.
Ahora bien, la frase más decisiva del día no es la cifra del desembolso: es la insistencia en que la tasa “se mantendrá igual”. Ese compromiso coloca a Promipyme en el centro de un dilema clásico: si no compites contra el costo del dinero informal, no estás compitiendo de verdad. En una intervención reseñada por la prensa, Fabricio Gómez Mazara explicó con crudeza que el ecosistema de microcrédito compite con prestamistas informales capaces de cobrar tasas desproporcionadas, y defendió que Promipyme mantenga una tasa del 12% como tasa subsidiada orientada a sostener el tejido productivo. Esa misma idea aparece también en reportes que subrayan la decisión de mantener la tasa fija y la existencia de productos diseñados para facilitar acceso sin garantías tradicionales.
Aquí es donde el editorial debe elevarse: mantener una tasa no es solo un anuncio; es un pacto de confianza. En el mundo del pequeño negocio, la previsibilidad importa tanto como el monto. Quien compra mercancía para revender, quien invierte en una máquina, quien amplía un local o sostiene una nómina pequeña, necesita una regla clara sobre cuánto costará financiarse. Si el costo del dinero cambia abruptamente, el emprendedor no “ajusta su portafolio”; recorta alimentos, paraliza inversiones o cae en el círculo del “gota a gota” con consecuencias devastadoras. La política pública del crédito, entonces, es también una política de salud social.
La propia narrativa institucional de Promipyme ha intentado colocar el crédito en esa dimensión, definiendo su rol como acompañamiento financiero y no financiero en todo el territorio nacional, con programas como “Tu Firma es Tu Garantía”, citado incluso por el presidente Luis Abinader como mecanismo para acceso más rápido y con tasas por debajo del mercado informal. No se trata de romantizar el préstamo, sino de entenderlo como herramienta: bien diseñada, abre puertas; mal gestionada, se vuelve un nuevo problema fiscal y moral.
Por eso la entrega en Santo Domingo Oeste debe evaluarse con tres lentes. Primero, el lente de la inclusión: que el crédito llegue a quienes históricamente han sido expulsados del sistema formal por falta de garantías, historial o educación financiera, y que se haga con sentido territorial. Segundo, el lente de la productividad: que el dinero se convierta en inventario, tecnología, mejora de procesos y empleo, y no en consumo improductivo. Tercero, el lente de la sostenibilidad: que la institución preserve su salud de cartera, fortalezca evaluación de riesgo y refuerce su capacidad operativa, porque el crédito barato solo es virtuoso cuando es cobrable y replicable.
En ese punto, es relevante notar que Promipyme viene hablando de modernización interna y de herramientas que apuntan a una gestión más técnica: en una presentación institucional se mencionan líneas como fábrica de crédito, “score” crediticio, digitalización de servicios, migración tecnológica y la idea de publicar información de cartera con mayor acceso. Ese tipo de arquitectura importa, porque la sostenibilidad del microcrédito no se defiende con discursos, sino con datos: segmentación por riesgo, seguimiento, acompañamiento, educación financiera y un sistema que detecte a tiempo el sobreendeudamiento.
Hay otro elemento de fondo que no conviene ignorar: la narrativa del Estado cercano. Las entregas de crédito, cuando se hacen bien, son más que un acto: son un recordatorio de que el crecimiento no se mide solo en grandes obras o cifras macro, sino en la capacidad de que una costurera compre una máquina, un colmado reponga inventario, un salón de belleza formalice su operación o un joven emprendedor salga de la precariedad. En otros municipios del Gran Santo Domingo se han comunicado entregas con montos similares, enfatizando que el financiamiento es “mano amiga” para comprar equipos, ampliar locales o generar empleos. Ese hilo discursivo, con sus matices, intenta reubicar el crédito como herramienta de dignidad económica.
Pero para que el crédito sea dignidad y no dependencia, hay que decirlo sin maquillaje: el acceso debe ir acompañado de reglas y formación. Promipyme no puede ser una ventanilla de dinero fácil; debe ser una escalera hacia el sistema formal. En esa misma lógica, cuando la institución se presenta como primer peldaño de entrada al mercado financiero y subraya el trato humano y directo en la relación con el microempresario, está describiendo un modelo de intervención pública que, si se toma en serio, puede reducir la informalidad por la vía correcta: la de la oportunidad, no la de la persecución.
La frase “no habrá aumento de tasa” debería leerse, entonces, como un compromiso con el corazón del tejido productivo. Porque si el Estado quiere competir contra el prestamista, no basta con estar “un poco” por debajo; debe estar lo suficiente como para que el microempresario perciba una alternativa real y sostenible. Y ese diferencial, en la práctica, es lo que protege al emprendedor de la trampa de pagar intereses imposibles y de la cultura de endeudamiento perpetuo que destruye familias. La propia comunicación institucional de Promipyme ha usado comparaciones tajantes con el mercado informal en otras piezas, precisamente para marcar esa diferencia.
Santo Domingo Oeste —como tantos territorios urbanos— vive el pulso de la economía real: comercio de proximidad, servicios, talleres, microproducción, emprendimientos nacientes. Allí, 600 préstamos no son 600 números: son 600 historias con capacidad de escalar o de quebrarse según el costo del capital y la calidad del acompañamiento. Que el acto se celebre en un espacio comunitario como el Polideportivo de Las Caobas refuerza un simbolismo: la política pública debe pisar el terreno, mirar a los ojos, entender la calle. Y cuando además se reconoce a estudiantes que exhiben proyectos e innovaciones, el mensaje se completa: crédito sin educación es corto plazo; crédito con formación es futuro.
El desafío ahora es sostener coherencia. Si el país quiere que las mipymes sigan siendo motor de empleo y base de estabilidad social, debe blindar instrumentos como Promipyme frente a improvisaciones, clientelismos y tentaciones de usar el crédito como propaganda. Lo que se necesita es lo contrario: reglas claras, expansión responsable, evaluación rigurosa, transparencia y una obsesión por medir impacto. En ese sentido, mantener la tasa —siempre que la cartera lo permita y la gobernanza lo garantice— puede convertirse en un acto de madurez institucional: un Estado que entiende que, para crecer, primero hay que hacer posible que el pequeño negocio respire.
Porque al final, RD$150 millones no son la historia. La historia es esta: cuando el crédito deja de ser privilegio y se convierte en oportunidad, el país se vuelve más productivo, más justo y menos vulnerable a la usura. Y esa, con toda claridad, es una señal de política que conviene escuchar.
#GuasábaraEditor
.jpeg)
