Los cabecillas de la red que se le imputa haber lavado más de 10,000 millones de pesos producto del envío de miles de cargamentos de drogas a diferentes países y que son perseguidos por el Ministerio Público en la Operación Falcón invirtieron esos recursos en una gran variedad de empresas que incluye desde inmobiliarias, estaciones de combustibles, de transporte interurbano de pasajeros hasta una compañía recolectora de desechos, asociaciones de camioneros y de taxis.
Según el expediente acusatorio con el que el Ministerio Público pretende demostrar la culpabilidad de los más de veinte acusados y cuyas principales cabezas, Erick Randhiel Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales, están prófugos, el extenso grupo utilizaba como primeros testaferros a sus parientes más cercanos, hermanos y hasta sus propias madres.
Los fiscales relatan en el documento de más 111 páginas, que el exdirector de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, utiliza como “testaferras” a su madre Ramona Castro de Maldonado y a su hermana Yana Iris, esta última detenida también junto al exfuncionario. En la lista de los apresados no figura su progenitora.
En las ganancias generadas alegadamente por el narcotráfico, Erick Randhiel Mosquea Polanco, “las ha introducido tanto en el mercado financiero (las entidades de intermediación financiera, los intermediarios de valores, canje, cambio de divisas y la remesa de divisas) así como en el mercado no financiero (casinos de juego, juego de azar, banca de lotería o apuestas y concesionarios de lotería y juego de azar”, refiere la acusación.
Otra de la estrategia para hacer pasar como licito los recursos obtenidos a través del narcotráfico era la “actuación o arreglo para que una persona actúe como un accionista nominal para otra persona, empresas o personas físicas para la compra y venta de vehículos, de armas de fuego, vehículo de motor, empresas constructoras)”, en las cuales se incluía a los miembros de la familia.
Cita, por ejemplo, que Erick Randhiel Mosquea Polanco, quien nació y reside en Santiago de los Caballeros, utiliza el nombre de su hermano, Juan Carlos Mosquea Eduardo, para la compra de propiedades y administrar sus empresas. Juan Carlos, al igual que su hermano, no está en la lista de detenidos.
Amado de la Cruz Morales “es hermano y testaferro de Juan José de la Cruz Morales”, y ha obtenido una gran influencia en el sector público, político y turístico de Miches, “gracias a las grandes sumas de dinero que este ha aportado a esos diferentes sectores, los cuales han sido obtenidos de las actividades del narcotráfico”.
Junto Amado de la Cruz Morales hay otros testaferros de Juan José de la Cruz Morales, los cuales están sometidos. Entre ellos, Julio César Jiménez Talavera, nacional venezolano, uno de los “más importantes”.
El Ministerio Público ofrece el dato en la acusación de que Juan Amado de la Cruz Morales “llegó a pertenecer como miembro de la Policía Nacional, con el rango de asimilado honorífico, figurando con su mismo número de cédula, pero con el nombre de Carlos Rafael Silver Encarnación”.
Es socio también de fundaciones y de empresas de representaciones artísticas y organizaciones de eventos nacionales e internacionales, así como de restaurantes.
Otro importante testaferro es Adolfo Antonio Torres Sanabia, señalado “en el mundo del crimen desde hace varios años”. El Ministerio Público dice que, durante el proceso de investigación, Torres Sanabia “se ha identificado como uno de los principales testaferros de Juan José de la Cruz Morales”.
Además de ser el fundador, junto a Juan José de la Cruz Morales de la empresa Compra y Venta de Ganados Amador y que aparecen como sus representantes legales, Sanabia también figura como accionista en otras compañías, incluso una de recolección y transportación de desechos.
Asimismo, forma parte de los inversionistas en empresas de construcción, de una asociación de camioneros, de taxis, agencia de ventas y rentas de vehículos y otra de transporte interurbano de pasajeros y mensajería.
El expediente cita que identificó a Miguel Alexander Pérez Pérez, como la persona que maneja una estructura dedicada al movimiento de grandes cifras de dólares productos de operaciones de narcotráfico y quien envía a Colombia el dinero para financiar la elaboración de otros cargamentos de drogas por instrucciones de Erick Randhiel Mosque Polanco.
El Congreso de la República Dominicana conoce desde hacer varios años un proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes cuyos propietarios no tengan como demostrar que lo obtuvieron de manera lícita.
La propuesta la sometió el senador Antonio Taveras Guzmán nuevamente en abril de este año. El legislador explicó en un momento que, de aprobarse la iniciativa, las supuestas ilegalidades de los bienes se conocerían en tribunales civiles, independientemente del que se conozca en los penales a sus propietarios, para que haya un fallo mucho más ágil al respecto.
La pasada semana, el presidente de la Comisión Bicameral que tiene a su cargo el estudio del proyecto de Ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos, el senador Pedro Catrain (Samaná), convocó a vistas públicas a la sociedad civil y en especial al sector jurídico para que acudan a exponer sus propuestas.
Informó que la vista pública será el viernes 8 de octubre (2021), a partir de las 9:00 a.m., en el Salón de la Asamblea Nacional, segundo nivel del edificio del Congreso Nacional.
El proyecto de ley está en el debate por la facilidad en la que los narcotraficantes recuperan sus bienes después de salir de las cárceles del país y luego de regresar de Estados Unidos si fueron extraditados por acusaciones de relacionadas con el negocio de las drogas.
De aprobarse la ley también afectaría los bienes de los políticos y otros sectores cuyas riquezas no puedan demostrar la poseen de manera lícita. https://www.diariolibre.com/actualidad/justicia/desde-la-construccion-hasta-rutas-del-transporte-publico-y-recogida-de-desechos-los-negocios-de-la-operacion-falcon-DO28730663
