Las discusiones sobre la explotación de los yacimientos de oro en las lomas de San Juan asoman como un déjà vu. Una historia de traumas aviva viejas pasiones. Otra vez se encontrarán las posiciones de siempre: los que argumentan que el impacto ambiental será irrelevante y los que opinan todo lo contrario. Cada parte se arrinconará en sus razones y lo demás será un diálogo inconcluso de sordos.
La disputa cederá a favor de quien tenga más músculos políticos. Hablar de concesiones mineras es sensible, más cuando el pasado no ha sido el mejor mentor. Dejan sospechas brumosas y laceraciones abiertas. Esta vez escasean las razones para pensar de forma distinta.
Personalmente creo en la minería y estoy convencido de que esa actividad extractiva puede convivir con una gestión ambiental racional. Sin embargo, hay casos que no logran convencerme por más estudios empeñados y expertos comprometidos, como el de la loma Miranda, zona que he andado y conocido en sus secretos virginales y a cuya explotación me opongo sin reservas.
Mis reparos a este tipo de emprendimientos no siempre responden a razones estrictamente ecológicas. Toda actividad minera supone una agresión al equilibrio medioambiental; el asunto es reducir razonablemente su impacto a través de una gestión ambiental responsable. Lo que sí me horroriza es otro tipo de “explotación” para la que los controles técnicos resultan irrisorios: son los esquemas de negocios que sustentan las concesiones otorgadas y los recursos que llegan a un Estado patológicamente depredador.
Es muy alentador escuchar anuncios sobre exploraciones y descubrimientos de yacimientos mineros. Cuando se cuantifican las reservas estimadas, respiramos futuro. Bajo ilusos y falsos presupuestos se cree que de ese caudal el Estado recibirá una porción importante de ingresos, pero cuando se convienen los acuerdos —en condiciones generalmente precipitadas, clandestinas, desiguales y opacas— el Estado termina timado o sensiblemente lesionado.
La industria minera, al igual que la de armas y la farmacéutica, depende del lobby. Penetra sus influjos en los centros de poder a través de los más caros y sofisticados influencers. Cuenta con protocolos muy flexibles de cabildeo según las debilidades institucionales de los países donde opera. El contrato con la Barrick Gold todavía late. El Estado dominicano estuvo sujeto a un esquema infame de participación que lo postró por años mientras pagaba un precio ambiental inestimable. Las condiciones eran tan serviles que la propia empresa accedió a renegociar sus términos y no en las posiciones ideales para el Estado sino en aquellas que permitió la coyuntura política. De manera que con un Estado deleznable, sobornable y corrupto la decisión política de conceder la explotación de los recursos del subsuelo es tan o más delicada que valorar su factibilidad ambiental. Desde esa perspectiva y dado que las concesiones mineras se otorgan por varios años, no sería fiable dejar que un Estado institucionalmente quebrado disponga a su suerte de unos recursos que comprometerán nuestro futuro.
Muchos pensarán: ¿Y qué propone este loco? ¿Que no se aproveche la oportunidad de un proyecto de explotación porque el Estado es corrupto? ¿Cuándo no ha habido corrupción? Contesto con otras preguntas no menos legítimas: ¿Sabíamos cien años atrás que esos yacimientos existían? ¿Eran necesarios para vivir? ¿Cuál ha sido el precio de la espera? ¿Se mudarán esos recursos? ¿Se perderán? ¡Claro que no! A lo que le temo es a los oscuros intereses que gravitan y pervierten los negocios con el Estado con un régimen defectuoso de contrataciones. Basta considerar que todavía desconocemos la hondura de la mafia de Odebrecht que operaba en el país en condiciones paradisíacas cuando ya nos aventuramos a promover un proceso de explotación de una magnitud impensada. ¡Ojo! Mezclar corrupción con oro es inflamable.
Nuestra inversión más apremiante e inaplazable es otra: la explotación de la institucionalidad. Precisamos de recursos no renovables como el orden, el respeto, la ley y la autoridad. Nuestra crisis no es de dinero, es de gestión sana y responsable; no es de oro, es de compromiso. Nuestro futuro no está en el subsuelo, emerge de una nueva conciencia ciudadana. ¿Qué ganamos con oro con un Estado plástico y maleado por la corrupción? Venezuela es hoy un polvorín sobre un yacimiento inconmensurable de crudo. Invertir en una democracia pluralista, inclusiva y funcional —encarnada en derechos sociales— reditúa más ventajosamente que el valor de todos los yacimientos auríferos del planeta.
https://acento.com.do/2018/opinion/8534644-la-gran-mina-oro/
José Luis Taveras / Letras Libres
Abogado corporativo y comercial, escritor y editor.
