Nicolás Maduro inaugura este jueves su segundo mandato, un período presidencial que le mantendrá al frente del Gobierno venezolano hasta 2025. La toma de posesión, señalada desde hace meses como un punto de no retorno en la gravísima crisis económica e institucional que sufre el país,
de facto no supone ninguna novedad para los ciudadanos. Pero culmina la deriva del régimen, que controla todos los estamentos del poder político y judicial, y consuma una fractura aparentemente insanable con las principales instancias de la comunidad internacional: Washington, Bruselas y la mayoría de los Gobiernos de la región. Maduro exhibe, no obstante, el apoyo de Rusia, China y Turquía, y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, le dio hace una semana un balón de oxígeno al rechazar las sanciones del Grupo de Lima.
El sucesor de Hugo Chávez ganó el pasado mayo unas elecciones cuestionadas por carecer de garantías democráticas y observadores independientes. Las fuerzas mayoritarias de la oposición rechazaron participar, provocando una abstención histórica de más del 54%. El mandatario, que asumió el cargo en abril de 2013, buscaba legitimarse ante el aumento de la presión y el deterioro de los derechos. En definitiva, comenzar un nuevo ciclo. Ahora se formaliza el inicio de esa etapa, que arranca precisamente con una anomalía, un reflejo de lo que es hoy Venezuela.
Maduro se juramentará ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en lugar de hacerlo en la Asamblea Nacional como establece la Constitución. La razón es que el Parlamento de mayoría opositora, elegido en 2015, está declarado en desacato, ya no existe para el Gobierno. Ese mismo tribunal lo despojó de sus funciones y en julio de 2017, después de tres meses de protestas que dejaron cerca de 150 muertos, se celebró la votación de una Asamblea Nacional Constituyente en la que no se sientan representantes críticos con el oficialismo. En la práctica, se trata de un órgano legislativo -presidido por el número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)- al servicio del Ejecutivo.
"La revolución bolivariana no es un hombre, es un pueblo que eligió ser libre y está decidido a defender su libertad, cueste lo que cueste, nada ni nadie lo va impedir. El 10 de enero juraré junto al pueblo", proclamó el presidente, que para tratar de hacer frente a las advertencias y las sanciones anunciadas por Estados Unidos y la Unión Europea, agita el fantasma del enemigo exterior. "El pueblo consciente y movilizado, está dispuesto a defender la soberanía e independencia de la patria, por su derecho irrevocable de ser libre. ¡Solo el pueblo salva al pueblo!", escribió en Twitter.
Venezuela está sumida en una catástrofe económica sin precedentes en la que a los problemas de escasez se han añadido una hiperinflación desorbitada -el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una subida de los precios del 1.800.000% en dos años- y una dependencia de las clases populares de las ayudas del Gobierno. Estas son algunas de las causas de un éxodo que, según Naciones Unidas, se ha acelerado en los últimos meses y ya suma a tres millones de migrantes, de los que más de un millón se estableció en la vecina Colombia.
En este contexto, Maduro, que en agosto sufrió un atentado con drones durante un acto militar, se emplea en demostrar que tiene el apoyo de potencias extranjeras. "Venezuela cuenta con un amplio respaldo internacional y un pueblo consciente, para vencer la persecución económica y las agresiones contra la patria. No detendrán nuestra marcha hacia la prosperidad", mantuvo ayer. La realidad es que los efectos de los acuerdos comerciales alcanzados con Rusia, China y Turquía de momento no se notan y millones de venezolanos sobreviven con un salario mínimo que ronda los cinco dólares.
“Traición a la patria”
A partir de este jueves, además, quedarán rotas las relaciones diplomáticas con al menos 13 países latinoamericanos, los integrantes del llamado Grupo de Lima. En la región, el chavismo sigue contando con el respaldo del presidente boliviano, Evo Morales, del cubano, Miguel Díaz-Canel, y el nicaragüense, Daniel Ortega. México se mantiene, en cambio, tibio y Andrés Manuel López Obrador insiste en una salida negociada a la crisis, aunque la oposición esté desactivada o ilegalizada.
Los países del Grupo de Lima, entre ellos Colombia, Brasil, Argentina, Canadá, Chile y Perú, prohibirán desde el viernes el ingreso en su territorio a altos cargos del régimen, empezando por el propio Maduro. "Se está avanzando en la concreción de esas medidas", afirmó el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo. Entre ellas, figura la de "urgir a otros integrantes de la comunidad internacional a que adopten medidas semejantes contra el régimen de Maduro en pro del restablecimiento de la democracia".
El Gobierno venezolano respondió con una amenaza dirigida a los dirigentes opositores y legisladores de la Asamblea Nacional. La Constituyente ordenó al Tribunal Supremo de Justicia y a la Fiscalía abrir una "investigación inmediata por traición a la patria a todos aquellos que se plieguen a la declaración del mal llamado Grupo de Lima". Las condenas por ese delito pueden llegar hasta los 30 años de cárcel. https://elpais.com/internacional/2019/01/09/america/1546992678_042196.html
