Cámara de Cuentas y los sobrecostos de Odebrecht
Lo que más ofende al ciudadano común no es el bochornoso incremento de sus salarios que recientemente se hicieron los jueces de la Cámara de Cuentas (CC), habiendo comprado además caros cigarros para celebrar las pasadas navidades. Es más bien el descaro de haber alegado que por falta de recursos no procedían a realizar auditorías forenses de las obras de Odebrecht, La atrevida osadía de lo primero se burla del pobre socarronamente, pero su negligencia benigna en lo de Odebrecht representa una afrenta imperdonable que la ciudadanía tendrá en cuenta. Las emanaciones pútridas de esa cómplice negligencia provocaran serias consecuencias.
Negligencia Sospechosa
Hasta ahora el escándalo de Odebrecht solo ha producido la presentación de cargos contra un reducido número de acusados en base a los sobornos que la empresa confesó haber pagado en el país. Es justo recordar que en abril del pasado año el Ministerio Publico pidió a la CC las auditorias sobre los abultados sobrecostos de las obras (http://www.elcaribe.com.do/2017/04/23/procuraduria-pide-camara-cuentas-auditar-obras-hizo-odebrecht-pais/). Pero la CC, una entidad oficial cuya misión institucional es precisamente la de fiscalizar el uso de los fondos del Presupuesto Nacional, alegó olímpicamente no tener recursos para cumplir con esa solicitud. En vez de cumplir con ese deber la malhadada institución se dedica a cebarse con esos fondos otorgándose a sí misma escandalosas regalías (http://hoy.com.do/que-se-dice-2309/y http://hoy.com.do/que-se-dice-2311/).
A raíz de la confesión de los sobornos de la empresa no se requeriría una inteligencia superior para sospechar que en las obras también hubo dolo. El hecho de que fueron contratadas por un precio y siempre terminaron costando mucho más le sugeriría a cualquier lego que pudo haber trampa. Con 500 empleados, una CC diligente que no se limite a engullir cheques hubiese instalado de inmediato una investigación. Pero múltiples instancias de la sociedad también reclamaron acción y fueron ignoradas. Para colmo la empresa admitió en otros países que usó el mecanismo de los sobrecostos para beneficio propio (https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/odebrecht-admite-sobrecostos-en-seis-estadios-del-mundial-de-futbol-en-brasil-articulo-689420).
Estimaciones Nacionales
Si no motu propio, la CC debió actuar inmediatamente después que, el 31 de enero del 2017, salió publicado un artículo de quien suscribe donde se hace un recuento de los sobrecostos (ver gráfico abajo) con la escasa información que pudo conseguirse en internet (http://somospueblo.com/el-intacto-ego-del-ladron-por-juan-llado/). Para estimar los sobrecostos, definidos como la diferencia entre el presupuesto original de una obra y el costo final, se comenzó por estimar en un 10% el sobrecosto en los presupuestos originales. A eso se añadió un 25% solamente de los costos adicionales, asumiendo ambos montos como el beneficio ilícito. En ese análisis la estimación del total de beneficios ilícitos que percibió la empresa por concepto de sobrecostos fue de US$699, pero solo por diez de las 17 obras adjudicadas a la empresa. En vista de que no pudo conseguirse información para las restantes siete obras, el estimado anterior de beneficios ilícitos es no solo parcial sino también incompleto.
Aunque en el estimado anterior no fue necesario usar los datos sobre el financiamiento del BNDES, a continuación se presenta un cuadro proveniente de una fuente externa donde se listan todos. Ahí se consigna que el total de financiamientos llegó hasta los US$2,000, pero deberá recordarse que el relativo a la Termoeléctrica de Punta Catalina fue cancelado. De manera que el total seria de solo US$1,350 millones. No se puede calcular el porcentaje que eso representa del costo total de las obras porque el de Punta Catalina es todavía incierto (https://acento.com.do/2017/especiales/8491074-el-oneroso-costo-de-punta-catalina/). Lo que sí podría preguntarse es si la concesión de los financiamientos conllevo también jugosas coimas.
Por otro lado, la única otra estimación conocida fue la hecha por el destacado periodista Huchi Lora (ver gráfico abajo), quien estimo que en ocho obras los sobrecostos llegaron a US$634 millones (https://acento.com.do/2017/actualidad/8440527-huchi-lora-reclama-investigar-sobrecostos-obras-odebrecht-634-millones-dolares/). Sin embargo, las estimaciones de Lora no solo se limitan a menos de la mitad de las obras sino que tampoco estiman los beneficios ilícitos. Tanto la estimación de quien escribe como la de Lora pecan por ser incompletas al limitarse solo a una parte de las 17 obras contratadas a la empresa. Si hubo o no sobornos de los legisladores para que aprobaran los contratos originales de las obras seria también otra investigación que desborda las pretensiones de este analisis.
Estimaciones Internacionales
Afortunadamente, el internet permite contar con otras estimaciones hechas en el exterior que pueden arrojar luz acerca de los sobrecostos y sus correspondientes beneficios ilícitos. Según el informe “Investiga Lava Jato” del consorcio internacional de periodistas Convoca, “cuatro de las diez obras que más se sobrevaluaron para favorecer a Odebrecht fueron construidas” en nuestro país, es decir, el 40% de todas las más sobrevaluadas. También se reporta que “los incrementos presupuestales de diez de las obras que realizó Odebrecht en la República Dominicana representaron un monto de US$1,229 millones, lo que coloca al país en el tercer lugar en la lista de los países donde más se engrosaron los presupuestos. En la delantera están Perú, con US$1,932 millones de sobrecosto en 16 proyectos; y Panamá, con US$1,778 millones de sobrecosto en 12 proyectos” (http://hoy.com.do/4aen-rd-se-construyeron-4-de-10-obras-con-mas-sobrecostos/). Pero también esos estimados son incompletos por no incluir a todas las obras.
En otro estimado internacional (de la Fundación 1000 Hojas), el monto de los sobrecostos en nuestro país se estimó en US$1,217 millones (http://milhojas.is/612463-obras-de-odebrecht-registran-costos-adicionales-por-mas-de-us-6-mil-millones-en-paises-donde-pago-sobornos.html). Frente a estos datos la CC ha guardado un repugnante silencio.
El hecho de que la empresa utilizaba el modelo de los sobrecostos en todos los países se puede comprobar en el cuadro –de fuente externa– que aparece a continuación. Pero de ese cuadro no se puede extraer información que permita totalizar los sobrecostos y/o los beneficios ilícitos en nuestro país porque es también información incompleta. Lo que si puede constatarse es que en las cuatro obras dominicanas que aparecen en el cuadro (hidroeléctricas Palomino y Pinalito, Acueducto Hermanas Mirabal y la Circunvalación La Romana) los costos y sobrecostos distan mucho de los que aparecen en las estimaciones dominicanas repasadas más arriba.
Por otro lado, en Panamá se han hecho estimaciones más precisas sobre los sobrecostos de las obras de Odebrecht basándose en cálculos sobre los precios razonables (ver cuadro abajo). En promedio los sobrecostos ascendieron a un 18.4% adicional del valor contratado (https://www.prensa.com/politica/Au9. ditorias-Odebrecht-Panama-Ministerio-Publico_0_4743275650.html).
En Perú se han estimado no solo los sobrecostos no justificados sino también los sobreprecios por obras que los competidores cotizaron más bajas y las penalidades exoneradas por falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales (https://uk.reuters.com/article/uk-peru-corruption-odebrecht/peru-comptroller-says-odebrecht-irregularities-cost-country-283-million-idUKKBN14V2NQ). (Nuestra CC está en la obligación de evaluar esas otras categorías de beneficios ilícitos.) Más recientemente, los sobrecostos totales en Perú se han estimado en unos US$3,000 millones (https://www.listindiario.com/las-mundiales/2018/04/04/509163/peru-pago-a-odebrecht-3000-millones-de-dolares-en-sobrecostos-dice-comision). El grafico que sigue presenta los porcentajes de sobrecostos en las obras ejecutadas en ese país. Se comprueba a vuelo de pájaro que esos sobrecostos tienen un porcentaje promedio muy superior al calculado en el caso de Panamá.
Otra investigación internacional sobre el caso de Lava Jata atestiguo: “En siete países en los que la compañía confesó el pago de sobornos a funcionarios e intermediarios, más de 50 obras realizadas por la constructora tuvieron costos adicionales por más de 6 mil millones de dólares en relación con los valores iniciales de los contratos entre 2001 y 2016, como lo revela el análisis de la base de datos construida por 20 periodistas que participan en el proyecto colaborativo ‘Investiga Lava Jato’.” (https://elpitazo.com/investigacion/obras-de-odebrecht-tienen-sobrecostos-por-mas-de-us6-mil-millones-en-paises-donde-pago-sobornos/).
Consecuencias Locales
De cualquier modo, en los corrillos políticos dominicanos fluyen los rumores de que el monto de los beneficios ilícitos es igual al monto de los sobrecostos. De ser esto cierto el monto de los beneficios ilícitos sobrepasaría –haciendo una gruesa estimación– los US$2,000 millones. Pero de seguro sería más si especulamos que los sobrecostos de Punta Catalina pasarían de los mil millones de dólares (https://acento.com.do/wp-content/uploads/Carta-al-Presidente-del-BID-pdf.pdf). Y huelga señalar que todos los sobrecostos se basaron en adenda a los contratos originales sin recibir una aprobación previa del Congreso como establece la Constitución, ni para las adenda ni para los financiamientos respectivos.
Ante esta tétrica panorámica está claro que la CC debe abolirse, si solo para apaciguar el asco ciudadano ante la oprobiosa negligencia que exhibe al rehusar emprender las auditorias forenses a las obras de Odebrecht. Tendremos que buscarle un reemplazo en la pendiente reforma constitucional que se derive de la judicialización del caso Odebrecht. Ante el estimado de Oxfam de que la corrupción supera los RD$28,000 millones dentro de nuestro Presupuesto Nacional, el ciudadano está justificado en experimentar asco ante tan abismal record. Quien escribe ha sabido de no más de dos o tres condenas judiciales en que la CC haya sido la causante.
De lamentar más todavía es que el Ministerio Publico ha actuado con similar negligencia al limitar su persecución al soborno y dejar de lado la más importante aberración de los colosales sobrecostos. Esta adormecida instancia judicial pudo haber pagado las auditorias, a sabiendas de que, si fuese necesario tomar un préstamo bancario para pagar esas auditorias, la indemnización que la empresa tuviese que pagar compensaría con creces el servicio de esa deuda. También podría hacer uso de una parte de los US$184 millones que la misma Odebrecht debe pagarle al Estado Dominicano como consecuencia del Acuerdo Homologado sobre los sobornos confesados (https://www.pgr.gob.do/wp-content/uploads/2017/04/Resolucion-059-2017-SRES-00098RP.pdf). Pero al parecer también tendremos que buscarle un reemplazo a nuestro Ministerio Publico por el asco ciudadano que su negligencia genera.
Al centrar su atención exclusivamente en los confesados sobornos de la Odebrecht por US$92 millones e ignorar los más de US$2,000 millones de sobrecostos y/o beneficios ilícitos, los actuales incumbentes de la Cámara de Cuentas y del Ministerio Publico se han declarado culpables del delito de incumplimiento de sus deberes y pasaran a la historia como indómitos protagonistas de la impunidad. Están defendiendo los centavos y dejando escapar los pesos. Y al constituirse así como acérrimos enemigos del bien común perdurara en ellos una “mancha indeleble”, mientras sus patrocinadores, al no reclamarle cumplimiento, tendrán que enfrentar el inclemente paredón del electorado. ¡A ninguno de ellos la historia los absolverá!
https://acento.com.do/2018/opinion/8555814-camara-cuentas-los-sobrecostos-odebrecht/
Juan Llado
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