Puntos de vista lunes, 10 de octubre de 2016
Eduardo Sanz Lovatón
Sin embargo, ese nuevo modelo penitenciario solo llega a una ínfi ma parte de la población carcelaria. La gran mayoría de los recintos penitenciarios del país sigue estando bajo el modelo tradicional o viejo, viviendo bajo condiciones de hacinamiento, insalubridad, inundaciones, tráfi co de infl uencias, consumo de bebidas alcohólicas y drogas, autoridades corruptas y, en general, permanecen en condiciones inhumanas.
La República Dominicana es uno de los países con mayor porcentaje de internos preventivos de la región. De acuerdo con los datos de la Dirección General de Prisiones, la población penitenciaria asciende a unos 26 mil 350 internos, de los cuales 16 mil 900 se encuentran privados de libertad en los 19 recintos tradicionales y 9 mil 200 en los 18 centros de corrección y rehabilitación del Nuevo Modelo Penitenciario. 15 mil 357 son preventivos, para un 58.4 por ciento y 10 mil 948 son condenados para un 41.6 por ciento.
Del total de internos pertenecientes a recintos tradicionales de todo el país, es decir, 16 mil 900, la Penitenciaria Nacional La Victoria, ubicada en Santo Domingo Norte, construida en el gobierno de Trujillo para albergar 800 reos y con una capacidad actual para albergar a 2,000, tiene a 8 mil 400 internos, lo que corresponde al 50% del total de población privada de libertad, de los cuales más de un 60% cumple prisión preventiva.
Es decir, La Victoria alberga más de un 400% de su capacidad Como expresó el Arzobispo Ozoria en su reciente visita a este recinto carcelario, “con esa cantidad de personas no puede haber trato humano, no puede haber dignidad en el trato a las personas”. Las personas privadas de libertad tienen igual derecho a que se le respete su dignidad, el Artículo 42 de la Constitución de la República establece que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia.
Tendrá la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las mismas.
En consecuencia: 1) Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud, o de su integridad física o psíquica”.
Con la aprobación del Código Procesal Penal hace 12 años y la posibilidad de aplicar otras medidas de coerción fuera de las privativas de libertad, así como el plazo previsto para concluir el proceso, había sufi - cientes elementos para pensar que podía disminuir la población carcelaria. Pero lejos de esto, la población carcelaria ha crecido considerablemente.
Situación que a nuestro juicio se agravará con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal que se promulgará próximamente, cuando comiencen a aplicarse las nuevas sanciones establecidas en este instrumento legal.
La creciente tasa de delincuencia nos obliga a prestar atención a todos los elementos involucrados en una política pública integral de seguridad ciudadana; y la población carcelaria desbordada, y los abusos y la corrupción que se registran en las cárceles forman parte esencial, a nuestro criterio, de los obstáculos para una verdadera reinserción social de las personas que han sido privadas de su libertad.
Es importante para una verdadera transformación del sistema penitenciario, además de la agilización de los procesos, y que estos se conozcan en el menor tiempo posible, crear un sistema penitenciario moderno y reformado, que garantice los derechos fundamentales de las personas, que necesariamente coadyuvará a lograr un país más seguro y menos violento. Es un compromiso de todos los ciudadanos contribuir con nuestras capacidades para promover los cambios que permitan lograrlo. http://www.listindiario.com/puntos-de-vista/2016/10/10/438519/la-carcel-de-la-victoria-y-la-dignidad-de-los-reclusos
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