domingo, 2 de abril de 2017

Ivanka Trump y Jared Kushner poseen un patrimonio valorado en 741 millones de dólares

Ivanka Trump y Jared Kushner poseen un patrimonio valorado en 741 millones de dólares

La Casa Blanca revela en varios documentos que la fortuna de todo el equipo de asesores del presidente asciende a 12.000 millones de dólares

Ivanka Trump participa en una de las reuniones de su padre en la Casa Blanca.  AFP
El matrimonio formado por Ivanka Trump, la hija del presidente de Estados Unidos, y Jared Kushner, cuenta con un patrimonio valorado en 741 millones de dólares, según el cómputo realizado por el diario The New York Times tras acceder a los documentos que la Administración republicana ha puesto a disposición de los ciudadanos este viernes. Los datos revelan también que el conjunto de asesores de Trump posee un patrimonio de 12.000 millones de dólares, el más rico de la historia reciente.
Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, numerosos expertos han alertado de los posibles conflictos de intereses a los que podía enfrentarse como dueño de más de 500 empresas, incluido un hotel que lleva su nombre a dos manzanas de la Casa Blanca. Ahora esas mismas sospechas atrapan a su primogénita y al marido de ésta, ya que ambos ejercen como asesores personales del presidente, incluidas sus políticas económicas.
Tanto Ivanka Trump como su marido han tomado medidas legales para separar su carrera empresarial de su trabajo dentro de la Administración republicana. La legislación estadounidense prohíbe a los presidentes contratar a familiares directos, por lo que ninguno de ellos cobrará sueldo como asesor federal. Ambos han cedido además la dirección de sus correspondientes empresas a terceras personas —en el caso de Ivanka Trump, al hermano de su marido—, aunque no las han vendido todas y seguirán recibiendo los ingresos de sus empresas inmobiliarias.
El abogado de la pareja, Jamie Gorelick, ha declarado a la agencia AP que consideran que su imperio inmobiliario no representa ningún conflicto legal que les obligue a ponerlo en venta. Gorelick asegura que “el resto de conflictos, en términos prácticos, son escasos y manejables” y que la decisión ha sido consultada con la Oficina de Ética Gubernamental.
Los datos de Kushner, por ejemplo, revelan que Ivanka Trump obtuvo unos ingresos de entre 1 y 5 millones de dólares entre enero de 2016, cuando su padre peleaba por la nominación republicana a la presidencia, y marzo de este año. Kushner también recibió un préstamo de Deutsche Bank valorado entre 5 y 25 millones de dólares. La entidad negocia actualmente con el gobierno de EE UU una multa por su papel en la última burbuja inmobiliaria.
La información sobre la hija del presidente estará disponible en las próximas semanas, ya que apenas aceptó su puesto en la Casa Blanca hace unos días tras formar parte de numerosas reuniones con líderes extranjeros y conocerse que cuenta con un despacho en el edificio presidencial.
La riqueza y el patrimonio del resto del gabinete de Trump convierte a su Administración en única. Este viernes, el portavoz de la Casa Blanca Sean Spicer anunció que los estadounidenses estaban a punto de ver que “el presidente ha traído a un montón de personas que han tenido mucho éxito”. Spicer añadió que esto es algo que “debe celebrarse” y que los asesores de Trump “han dejado muchas cosas por entrar en el Gobierno”.
En el caso de Kushner, por ejemplo, abandonó la presidencia de Kushner Companies, una empresa familiar que, según los datos consultados por el Times, ha sellado adquisiciones por valor de 7.000 millones de dólares en la última década. Mientras cumple sus labores de asesor presidencial, Kushner también es el titular de préstamos que ha recibido de los principales bancos del mundo, que indudablemente se verán impactados por la política fiscal norteamericana.
Ivanka Trump, además de ceder el liderazgo de sus dos empresas, ha adoptado una estrategia similar a la de su padre. La hija del presidente ha creado un fideicomiso a cargo de sus cuñados y sus únicos ingresos procederán de la cesión de su nombre a productos creados por otras compañías. El procedimiento le salva de problemas legales, pero no ahuyenta las sospechas de que pueda beneficiarse económicamente de un apellido asociado a la presidencia de EE UU.

Otros asesores

El responsable de estrategia de la Casa Blanca, Steve Bannon.
El responsable de estrategia de la Casa Blanca, Steve Bannon.  AP
La Casa Blanca permite desde este viernes solicitar la información de más de 180 miembros de la Administración y varios medios han publicado posteriormente los archivos completos en sus ediciones digitales. Los documentos corresponden a las declaraciones que han tenido que hacer cada uno de ellos a la Oficina de Ética del Gobierno de EE UU para demostrar que cumplen con la legalidad. Los datos abarcan sólo los 12 meses anteriores a su trabajo en la Casa Blanca.
El goteo de cifras permite conocer la situación financiera de asesores como Steve Bannon, que dirigió la campaña de Trump desde agosto hasta su victoria en noviembre y que cobró más de 1 millón de dólares en el último año. Bannon, exdirector de la web conservadora Breitbart, poseía una fortuna valorada entre 3 y 12 millones de dólares en el momento de empezar a trabajar en la Casa Blanca. El asesor también posee dos hipotecas valoradas en 1,1 y 2,25 millones respectivamente.
Los documentos también muestran que el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca y expresidente de Goldman Sachs posee una fortuna valorada en 230 millones de dólares. Otro asesor, Reed Cordish, declaró ingresos de entre 48 y 55 millones de dólares y bienes entre 92 y 798 millones de dólares. Cordish aconseja en la actualidad a Trump en iniciativas tecnológicas.
La información revelada por la Casa Blanca no incluye los datos de ninguno de los miembros del gabinete ni de Trump ni de su número dos, el vicepresidente Mike Pence.

MÁS INFORMACIÓN

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viernes, 31 de marzo de 2017

PRM demanda del gobierno venezolano respeto a la Constitución de esa nación

31 de marzo de 2017. SANTO DOMINGO
PRM demanda del gobierno venezolano respeto a la Constitución de esa nación
DECLARACIÓN DE PRENSA
Ante los últimos acontecimientos registrados en la hermana República Bolivariana de Venezuela, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) hace un llamado al gobierno del Presidente Nicolás Maduro a respetar el orden institucional consagrado en la Constitución de esa nación.
Nuestra organización política reconoce el sagrado derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano, pero no puede ser indiferente frente al hecho de que se haya anulado la Asamblea Nacional, que es la mayor expresión de la voluntad popular y de ejercicio democrático en un Estado de Derecho.
En consecuencia, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) expresa su rechazo y condena la supresión de la Asamblea Nacional, por el Tribunal Superior de Justicia, en franca violación a la constitución y a principios democráticos fundamentales.
Apelamos a que se restaure con toda su plenitud la Asamblea Nacional de Venezuela, y que por la vía democrática se procure la solución a la crisis humanitaria, alimentaria, económica, social y política de este gran país.
Finalmente, hacemos un llamado al gobierno y a las fuerzas políticas venezolanas, a encontrar vías de entendimiento a fin de que las profundas diferencias que existen en ese hermano país sean tratadas y superadas sin violar la constitución, las libertades públicas, ni los derechos humanos universalmente reconocidos.
Andrés Bautista García 
Presidente 
Jesús Vázquez Martínez
Secretario General

Juristas y organizaciones sociedad civil plantean aplicar reformas contra impunidad - @EquidadRD @AyusoJoseA

IMPUNIDAD | 31 MAR 2017, 12:00 AM |ABEL GUZMÁN THEN
Juristas y organizaciones sociedad civil plantean aplicar reformas contra impunidad

Abogan por que los jueces apliquen un régimen de consecuencias

SANTO DOMINGO. Juristas y organizaciones de la sociedad civil plantearon la necesidad de aplicar medidas que garanticen la aplicación de sanciones y el cumplimiento de las leyes que erradiquen la impunidad.
Dentro de ellas se habla de una cumbre especial para consensuar políticas contra la corrupción y la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para suplir las vacantes en la Suprema Corte de Justicia.
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) favoreció la celebración de una cumbre con el objetivo de evaluar, consensuar y presentar correctivos a los recientes reclamos cívicos, donde se acuerden los cambios y las reformas institucionales necesarias para garantizar un combate eficiente en contra de la corrupción.
La entidad de sociedad civil afirmó que es necesario el establecimiento de un régimen de consecuencias, con autoridades autónomas e independientes y en capacidad de desterrar la impunidad.
El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, llamó a la clase política, y en especial a los que gobiernan, a reflexionar sobre el despertar cívico que hoy mantiene a miles de dominicanos protestando por la corrupción sistémica que arropa el país.
Dentro de las reformas a consensuar, Vidal Potentini destacó la necesidad de legislar para instaurar la muerte civil y la imprescriptibilidad en los delitos de corrupción administrativa, dotando al país con ello de herramientas eficaces para el combate y lucha contra la corrupción.
De acuerdo con la propuesta de la entidad, a todo aquel que sea condenado por corrupción en el manejo de la cosa pública se le debe inhabilitar de por vida para el desempeño de cualquier función pública.
Aplicar Constitución
Para el jurista José Alejandro Ayuso, de la Fundación Equidad, el cese de la impunidad sólo se garantiza con el estricto cumplimiento de la Constitución y la generación de confianza en el sistema político dominicano.
Ayuso argumentó que es momento de reforzar la institucionalidad del país y la propuesta de una cumbre no va en esa dirección.
“Es mejor dar un voto de confianza al Ministerio Público y al Procurador que lucen estar haciendo su trabajo. Cualquier diálogo con la sociedad civil y/o la oposición que se canalice por el Consejo Económico y Social que es un órgano constitucional”, indicó.
Afirmó que los funcionarios públicos deben asumir que la Constitución establece límites al ejercicio del poder. Sostuvo que es un deber fundamental de toda persona acatar y cumplir la Constitución y las leyes, y que esta ley de leyes proscribe y sanciona la corrupción administrativa.
“La confianza de la ciudadanía en los actores del sistema político se obtendrá cuando estos, sean de elección popular o por designación indirecta, sean personas honestas, capacitadas y con vocación de servicio público, y no el estándar del político criollo que, con excepciones que confirman la regla, utilizan el ejercicio del poder para provecho propio”, expuso.
La convocatoria
José Alejandro Ayuso consideró inminente la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, que sólo conlleva por el momento la designación de los jueces del Tribunal Superior Electoral (y suplir vacantes en la Suprema Corte de Justicia) que ya cumplieron su mandato.
Dijo que es importante que este proceso sobre la máxima autoridad en materia contenciosa electoral prosiga la pauta de la elección de los miembros de la Junta Central Electoral, cuya mayoría califica como independientes del poder político, inobjetables por la sociedad civil y con competencias profesionales probadas.
Cumbre del Poder Judicial
El 7 de octubre del año pasado concluyó la “Cumbre Judicial Nacional”, en donde se firmó un compromiso de seis puntos, sobresaliendo el reclamo de más presupuesto para el sector. Se acordó establecer mayor rigurosidad en el sistema de vigilancia del comportamiento ético de los jueces y servidores judiciales fortaleciendo el Comité de Comportamiento Ético, garantizar la independencia interna del Poder Judicial, así como fortalecer las competencias de los jueces. Durante el proceso participaron 1,848 encuestados, 11 encuentros departamentales de 1,076 participantes; 4 foros regionales con el sector justicia con 343 participantes y 4 foros regionales con la sociedad civil, con 378 participantes. https://www.diariolibre.com/noticias/politica/juristas-y-organizaciones-sociedad-civil-plantean-aplicar-reformas-contra-impunidad-XC6703671