Especialistas alertan sobre jóvenes que idealizan regímenes autoritarios
La noche del 30 de mayo de 1961 cambió para siempre la historia de República Dominicana. En la entonces autopista George Washington, un grupo de conspiradores interceptó el vehículo en el que viajaba Rafael Leónidas Trujillo Molina rumbo a San Cristóbal y ejecutó el ajusticiamiento que puso fin a 31 años de terror político, persecución y control absoluto del Estado.
A 65 años del ajusticiamiento, República Dominicana vive en democracia, con libertades públicas, pluralidad política y elecciones periódicas. Sin embargo, muchos dominicanos consideran que todavía persisten problemas estructurales que impiden consolidar plenamente la justicia social y la igualdad ante la ley.
Las denuncias sobre privilegios, impunidad, corrupción y desigualdad siguen formando parte del debate nacional. La sociedad dominicana ha avanzado enormemente desde los años de terror de la dictadura, pero continúa enfrentando desafíos relacionados con la institucionalidad y el fortalecimiento del Estado de derecho.
El peligro de romantizar las dictaduras
Uno de los fenómenos que más preocupan a historiadores y politólogos es el creciente número de jóvenes que muestran simpatía hacia figuras autoritarias o consideran que bajo las dictaduras “se vivía mejor”.
Muchos de esos jóvenes nacieron en democracia y nunca experimentaron el miedo, la censura o la violencia política que caracterizan a los regímenes autoritarios. Para algunos, conceptos como libertad de expresión, derecho a disentir o elecciones libres parecen naturales e inquebrantables, sin comprender que esos derechos fueron conquistados tras décadas de sacrificios y sangre.
Estudios internacionales recientes revelan que parte de la juventud estaría dispuesta a renunciar a la democracia si eso garantiza estabilidad económica, seguridad o mejores oportunidades. El fenómeno refleja frustración social, desencanto político y desconocimiento histórico.
Una encuesta divulgada por el periódico británico The Telegraph encendió las alarmas sobre el debilitamiento del respaldo juvenil a la democracia.
La encuesta FGS Global Radar reveló que el 18 % de los jóvenes pertenecientes a la Generación Z nacidos entre 1997 y 2012 y con edades entre 13 y 28 años considera que un “líder fuerte” que no tenga que preocuparse por elecciones sería el sistema más eficaz para gobernar un país.
La cifra supera significativamente el promedio general de adultos británicos, donde un 12 % manifestó simpatía por modelos de gobierno autoritarios.
La investigación también mostró que los millennials, nacidos entre 1981 y 1996, presentan una visión más favorable hacia gobiernos fuertes que las generaciones mayores. Un 14 % de ellos dijo no estar de acuerdo con que la democracia sea el mejor sistema para gobernar eficazmente un país.
Luis González: “No se puede cambiar libertad por orden”
En una entrevista concedida al periódico elCaribe, el politólogo Luis González consideró que el aniversario 65 del ajusticiamiento debe servir para reflexionar sobre las lecciones históricas de la dictadura trujillista.
González reconoció que muchas personas recuerdan aspectos de organización estatal, seguridad ciudadana o estabilidad económica durante la era de Trujillo, pero insistió en que ningún logro material puede justificar la pérdida de las libertades fundamentales.
“Jamás podemos añorar esas cosas que fueron positivas, pero a cambio de la libertad de hablar, de expresarse, de tener sus propias ideas”, expresó el especialista.
El politólogo sostuvo que parte del pueblo llano veía estabilidad y tranquilidad en el régimen porque no participaba en política ni enfrentaba directamente la represión del Estado. Sin embargo, recordó que quienes se oponían al régimen vivían bajo persecución y miedo permanente.
“Fue una era tiránica con muchas cosas negativas, pero también positivas que pueden rescatarse, aunque en una era de democracia, libertad y alternabilidad”, afirmó.
González señaló además que el país debe rescatar valores como disciplina, organización administrativa y respeto institucional, pero sin regresar jamás a modelos autoritarios.
En sus declaraciones a elCaribe, también advirtió que la juventud necesita conocer el contexto real de la dictadura para no caer en la romantización de figuras represivas.
Con la caída de Trujillo terminó una de las dictaduras más largas y represivas de América Latina. Durante tres décadas, el régimen se sostuvo mediante asesinatos, desapariciones, torturas, espionaje, encarcelamientos, violaciones y persecución sistemática contra opositores. Miles de dominicanos fueron víctimas de un aparato represivo que convirtió el miedo en instrumento de gobierno.
Los hombres que participaron en la operación, Antonio de la Maza, Antonio Imbert Barrera, Salvador Estrella Sadhalá, Huáscar Tejeda, Amado García Guerrero, Roberto Pastoriza y Pedro Livio Cedeño quedaron inscritos en la historia dominicana como protagonistas de uno de los episodios más trascendentales del siglo XX.
Los documentos desclasificados y la sombra de la CIA
Según documentos desclasificados durante el mandato de John F. Kennedy, la agencia de inteligencia estadounidense no solo estaba al tanto del complot, sino que facilitó armas a los conspiradores a través de la embajada de EE. UU. en Santo Domingo.
En los archivos desclasificados, las armas utilizadas para asesinar al dictador fueron entregadas directamente por personal que trabajaba en la embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana.
Los conspiradores, que incluían a altos funcionarios dominicanos, recibieron armas de fuego a través de conexiones con ciudadanos estadounidenses en el país, como Lorenzo D. Berry, quien era el enlace de comunicaciones clave entre los conspiradores y la embajada estadounidense. Este individuo, conocido como «Wimpy», era quien mantenía contacto constante con la CIA.
Además, se documentó que la esposa de «Wimpy», también de origen Sirio, jugó un papel crucial en la conspiración, llevando a cabo las gestiones para asegurar que los conspiradores recibieran las armas necesarias para llevar a cabo el ajusticiamiento de Trujillo.
Sesenta y cinco años después, el país sigue enfrentando desafíos democráticos, pero conserva algo fundamental que durante décadas fue imposible: el derecho a pensar, hablar y disentir libremente.
