En pleno siglo XXI, la República Dominicana sigue aplicando un Código Penal promulgado en el siglo XIX. Con más de 140 años de vigencia, esta norma, concebida en otra época, ya no responde a la complejidad de los delitos actuales ni a las expectativas de justicia de la sociedad dominicana. Reformarlo no es una opción ideológica ni un debate estéril: es una necesidad urgente. Esto es sencillamente una barbaridad.
La guerra de intereses sociales, filosóficos y religiosos han evitado que se pueda finalmente consensuar una aprobación sobre este tema. Algo parecido presenciamos con la Ley de comercio exterior o aduanas que esperó décadas y que finalmente se logró.
Conozco de primera mano el liderazgo de Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos en nuestras cámaras legislativas. He visto sus esfuerzos por consensuar de la mano del presidente Luis Abinader. Ahora bien, en una sociedad democrática es necesario el ánimo social o consenso para que una legislación de esta envergadura no solo sea aprobada, sino que sea exitosa en su aplicación. Esa es la labor que todas las fuerzas vivas de nuestra sociedad, que deben cohesionarse en procura de lograr este hito histórico, como parte del proceso de reforma y modernización del Estado.
La ciudadanía ha sido testigo de cómo crímenes graves reciben sanciones mínimas o quedan impunes por falta de tipificación o por tecnicismos legales. Conductas como el feminicidio, el sicariato, el acoso escolar, los delitos cibernéticos o las estafas piramidales —que hoy amenazan gravemente la seguridad y la dignidad de las personas— no están adecuadamente contempladas en el viejo código. No podemos permitir que la ley se quede muda ante las formas modernas del crimen.
Aprobar un nuevo Código Penal representa una oportunidad histórica para fortalecer la seguridad ciudadana, mejorar la eficiencia judicial, y consolidar el Estado de derecho. Dotar a fiscales y jueces de herramientas legales claras y modernas es esencial para combatir la impunidad, proteger a los más vulnerables y restablecer la confianza en el sistema de justicia.
No obstante, debemos entender que una nueva ley, por sí sola, no resolverá todos los problemas. Su impacto dependerá de su aplicación estricta, eficiente y efectiva por parte de todos los operadores del sistema: jueces, fiscales, defensores públicos, policías y servidores judiciales. Una ley moderna sin voluntad institucional y sin recursos para ejecutarla sería como construir una carretera sin vehículos.
Ahora bien, si aspiramos a una reforma integral, no podemos dejar vacíos estratégicos, y un gran espacio de vacío, es la responsabilidad social de las empresas, en perspectiva con sus relaciones con la administración, y sobre todo, con el deber de contribución con las cargas públicas y el combate efectivo a la competencia desleal, en sus diversas manifestaciones; y las desviaciones que se producen en los comportamientos empresariales, incluso con elementos que afectan de manera grave ciertos intereses públicos, esto debe abrir un espacio para profundizar la discusión de lograr sanciones penales severas para ciertos comportamientos en materia de competencia desleal, radicalización de las penas en materia tributaria y aduanera, flexibilización probatoria en el ámbito de estos delitos económicos, y que, la eliminación de estos vacíos estratégicos, venga de la mano de una nueva cultura de moralidad fiscal, en el que se potencie el cumplimiento, y se castigue de manera mas drástica las desviaciones que ocurren en el seno de nuestras empresas.
A pesar de que, nuestra normativa tributaria y aduanera, se ha especializado, y contempla muchos ilícitos modernos, este proyecto de Código Penal, podría contribuir a dar mayor coherencia al sistema de justicia penal, para enviar un mensaje más contundente al crimen organizado que se disfraza de comercio, la responsabilidad societaria de las empresas, y a criminalizar algunas aristas de la competencia desleal, que por el transcurso del tiempo, ha de robustecerse la legislación, con la finalidad de fomentar mejores practicas comerciales
Como dice la Escritura en Isaías 1:17a:
“Aprendan a hacer el bien; busquen la justicia, reprendan al opresor.”
Como partido, el PRM tiene la oportunidad histórica de casarse con la gloria y dar respuesta a un clamor ciudadano que lleva años esperando: la aprobación del nuevo Código Penal. Esta es una deuda con la sociedad dominicana que no podemos seguir posponiendo. Desde mi posición como secretario de finanzas del partido, asumiré el compromiso de ayudar con esta reforma junto a nuestros compañeros legisladores, con el propósito de fortalecer el Estado de derecho y la justicia en nuestro país. Esto lo hemos hecho en iniciativas como las nuevas leyes de aduanas, de centros logísticos entre muchas otras. Conozco el compromiso de Luis Abinader con esta causa y sé que las controversias no son pocas y que el tema no es simple. Es hora de actuar con visión de Estado y responsabilidad institucional.
https://listindiario.com/la-republica/20250626/hora-aprobar-codigo-penal_863440.html
