SERVICIO DE NOTICIAS en favor de la democracia participativa, el desarrollo humano, la paz, el medio ambiente y la cultura.- Santo Domingo, República Dominicana / Luis ORLANDO DIAZ Vólquez - OPINIÓN, NOTICIAS Y COMENTARIOS. Haciendo de la lucha contra la pobreza un apostolado templario./ email: guasabara.editor@gmail.com - http://www.facebook.com/GuasabaraLUISorlandoDIAZ - @GUASABARAeditor
Conozca los nombres claves de los implicados en la mafia Coral y Coral 5G
N DIGITAL MAYO 18, 2022
11 de los 29 vinculados en el expediente fusionado Coral y Coral 5G utilizaban nombres claves o codinome (ocultamiento de identidad en portugués) a los fines de no revelar sus identidades reales, pues, en su mayoría, se trataba de funcionarios-militares de alto rango, muy conocidos y cercanos al entonces presidente Danilo Medina.
De este grupo, nueve son militares de alto rango, ocho de los cuales son oficiales superiores y una primer teniente; ocho son hombres y tres mujeres, dos civiles entre ellas.
El mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre utilizaba el codinome ABC (que podría significar las iniciales de sus dos nombres y el primer apellido).
El general Juan Carlos Robiou Torres, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, (codinome D1).
El coronel Rafael Núñez de Aza, señalado por el Ministerio Público como cerebro operativo del entramado mafioso, usaba el codinome DNA.
El general Boanerges Reyes Batista, ex director del Cuerpo Especializado de seguridad del Metro, tenía dos nombres claves: BBR y/o BR.
El capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, exmiembro de la seguridad del expresidente Media, solo era identificado con sus apellidos o las iniciales de estos MP.
El Ayudante, nombre clave del coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz, a quien se atribuye el manejo de más de 304 millones de pesos por conceptos de fondos destinados a las raciones alimenticias del Cestur.
El coronel Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, exencargado de recursos humanos del Cestur, conocido justamente como RRHH.
El coronel de la Fuerza Aérea Miguel Alfredo Ventura Pichardo, encargado de la Escuela de Seguridad Turísticas, respondía al codomine CT2.
Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, mejor conocida como La Pastora.
La primer teniente de la Policía Nacional Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, madre de dos hijos del coronel Núñez de Aza, era identificada como FARD y/o JR.
Esmeralda Ortega Polanco, gerente de la sucursal del Banco de Reservas, ubicada en la estación de combustible Texaco, en la avenida Venezuela, respondía al codomine 550.
César Ramos: el empresario que pasó de acusado a aliado determinante en caso Coral
Devolvió más de 18 millones de pesos que recibió a través de su empresa de combustible
Wander Santana - Facebook
Santo Domingo - may. 16, 2022 | 12:01 a. m. | 7 min de lectura
Algunos de los implicados en la red de caso Coral 5G. (FUENTE EXTERNA)
El empresario César Félix Ramos Ovalle pasó de ser uno de los imputados en el caso Coral y Coral 5G a convertirse en un colaborador determinante para el Ministerio Público probar su acusación en contra de la red corrupta, supuestamente orquestada por el mayor general Adán Cáceres Silvestre y el general Juan Carlos Torres Robiou.
El Ministerio Público establece que este empresario, quien es dueño de la Estación de Combustible La Marina (o Marinita), se asoció con el coronel Rafael Núñez de Aza, cerebro financiero de la red, y de esa forma logró ganar cuatro licitaciones fraudulentas para el suministro de combustible que nunca llegó a ser entregado.
El Ministerio Público dice que esto era parte de una fachada para lavar dinero de los fondos sustraídos del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
El empresario César Félix Ramos Ovalle. (FUENTE EXTERNA)
Devuelve fondos
César Félix Ramos Ovalle estableció que en total llegó a recibir 18 millones 400 mil pesos, de las licitaciones fraudulentas y el 2 de febrero de este año procedió a devolver el 100% de ese dinero mediante el cheque número 001228, del Banco Popular, sellando de esa forma un convenio con el Ministerio Público para ser dejado fuera de la acusación, como de hecho ocurrió.
Según la acusación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el señor César Félix Ramos Ovalle, también admitió los hechos y su participación en los mismos.
Establecen que este confesó a la Pepca que “mediante la empresa Estación de Servicios La Marina, S.R.L. le fue adjudicado un porcentaje de cuatro licitaciones del Cestur, en el periodo junio 2019 hasta abril del 2021 para contrato de suministro de combustibles”.
Además, le habría revelado a los investigadores el modo en que surgió su vínculo con el Cestur y el acusado Rafael Núñez de Aza. Dijo que fue mediante la analista de compras de la institución. Esta mujer supuestamente lo contactó comunicándole que para poder ganar una licitación en el Cestur tendría que conversar con ellos.
Esta mujer le apartó una cita con Rafael Núñez de Aza, donde este acusado le habría establecido que debía participar en el proceso de licitación en condiciones “normales”. Le dieron la garantía de que sería seleccionado y comenzarían a pagarle de manera parcial las facturas remitidas por la empresa de combustible La Marinita.
La trama consistía entonces en que, el Cestur le pagaría a La Marinita el dinero para suplir combustible. La empresa recibía el pago, pero no realizaba la entrega del combustible. Supuestamente el dinero era devuelto en cajas y fundas de regalo a Núñez de Aza a través de emisarios.
Los presuntos emisarios fueron identificados como Miguel Cancún Ramírez, David Abreu Padilla y Jacobo Horacio. Además, el empresario justificó que se vio compelido a aceptar la proposición de Rafael Núñez de Aza, porque de no hacerlo, no tendría posibilidad de ser beneficiado con la adjudicación.
De la confianza de Danilo
En su acusación la Pepca reitera y defiende la tesis de que la presunta red corrupta comenzó a estructurarse el 16 de agosto del 2012 con la llegada de Danilo Medina a la Presidencia de la República. Dice que fue esa la coyuntura aprovechada por personas de estrecha confianza del exmandatario para aumentar su influencia en las instituciones del Estado.
Señalan que Adán Benoni Cáceres Silvestre aprovechó la circunstancia y desde el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, supuestamente organizó un entramado societario y configuró una estructura criminal para distraer fondos del Estado.
La red de Adán Cáceres y la pastora Rossy del caso Coral. (FUENTE EXTERNA)
Por otra parte señalan a Juan Carlos Torres Robiou, quien también habría aprovechado su cercanía con el presidente y su amistad con Adán Cáceres para replicar el modelo corrupto en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística. Pero además, la Pepca dice que las maniobras de Robiou llegaron a alcanzar al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).
Las anomalías en el CONANI se habrían producido durante la gestión de la esposa de Juan Carlos Torres Robiou.
La auditoría en Cusep
La investigación especial que solicitó la Pepca a la Cámara de Cuentas en el periodo agosto 2012 hasta agosto del 2020, en la gestión de Adán Cáceres en el Cusep, es utilizada como parte de la acusación.
Los investigadores de la Cámara de Cuentas entrevistaron a personas que aparecían en la nómina del Cusep y que estos manifestaron no ser empleados, y que nunca han prestado servicios en el Cusep. También confirmaron que a esas personas se les realizaba pagos mensuales y que debían transferirlos a militares. Había personas que figuraban en la nómina del Cusep, y también en la del Cestur.
¿Y la del Cestur?
En el Cestur también se realizó una investigación especial por parte de la Cámara de Cuentas, la cual es usada por la Pepca para corroborar las indagatorias que realizaron los investigadores del Ministerio Público.
Establecen que desde el 1 de enero del 2010 al 31 de mayo del 2021 (Gestión de Torres Robiou) y con Rafael Núñez de Aza como financiero de la institución, se realizaron decenas de irregularidades en manejo de fondos.
Indican que desde enero de 2014 a mayo de 2021, de una muestra de 331 personas, identificaron 226 que no poseen registros en los archivos físicos ni digitales en Recursos Humanos del Cestur. Sin embargo, durante el tiempo en cuestión se les pagó 175 millones 507 mil 353 pesos que iban a los bolsillos de los miembros del entramado.
Entramado societario
La Procuraduría dice que los miembros de la red y sus empresas incurrieron en lavado de activos e incrementaron exorbitante sus patrimonios con dinero sustraído del Estado dominicano.
La estructura se caracterizaba por la creación de empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de estas instituciones para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”, los cuales nunca eran entregados, realizándose cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado.
El Ministerio Público comprobó que muchas de las empresas que recibieron grandes sumas de dinero no tenían una dirección real, pues visitaron los lugares en los que debían estar y encontraron que se trataba de una farsa de los miembros de la red. Yanibet Rivas, la jueza apoderada del caso Coral
La magistrada Yanibet Rivas fue apoderada recientemente para conocer el juicio preliminar del caso de corrupción Operación Coral y Coral 5G. Es una jueza con mucha experiencia manejando casos de alto perfil. Actualmente se desempeña como titular del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y ha instruidos casos de relevancia pública, tanto como jueza control de investigación, así como jueza de la fase intermedia y audiencia preliminar. Estuvo en casos como Operación Antipulpo, fue jueza control de la investigación; estuvo en el caso Tucano; caso Inversia (Delitos Financieros); caso Maconi (relacionado con narcotráfico ); caso de corrupción en la OMSA; caso Argenis Contreras, entre muchos otros. Su hoja de vida establece que es abogada egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Su carrera judicial inicio en el año 2014. Es docentes en varias universidades nacionales.
Mañana a la 1:05 de la tarde vence el plazo para presentar acusación en caso Coral
Por el caso fueron sometidos Adán Cáceres, la pastora Rossy Guzmán y su hijo, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán; así como también el coronel Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz
Foto de archivo del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Ramón Cruz Benzán
Santo Domingo, RD
Mañana miércoles, a la 1:05 de la tarde, vence el plazo para que el Ministerio Público presente acusación en contra del general Adán Cáceres, la Pastora Rossy Guzmán y los demás implicados en el caso Coral.
Esto luego de que el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, intimara a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para que presente su acto conclusivo, otorgándole un plazo de 15 días para tales fines.
En febrero pasado, el juez Raymundo Mejía le otorgó dos meses al Ministerio Público para completar y depositar la acusación. El magistrado fijó para el 16 abril la fecha de vencimiento del plazo, pero fue movida al 18 de abril debido a la Semana Santa, otorgándole entonces un plazo de 15 días el cual vence mañana a la hora indicada.
El Ministerio Público ha sido recurrente en la práctica de solicitar prórrogas en sus grandes investigaciones de corrupción y dejar vencer el plazo otorgado por el tribunal.
Por el caso fueron sometidos Adán Cáceres, la pastora Rossy Guzmán y su hijo, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán; así como también el coronel Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz.
En contra de Raúl Alejandro Girón Jiménez se ordenó el arresto domiciliario, por razones de seguridad, por cooperar con la investigación.
MP solicitará prisión preventiva contra Torres Robiou y demás implicados en Coral 5G
Pedirá al tribunal que declare el caso complejo
Imputados pasan la noche en carcelita de Ciudad Nueva
Diario Libre - SANTO DOMINGO 18/11/2021, 09:47 PM
Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cestur. (FUENTE EXTERNA )
La prisión preventiva será la medida cautelar que solicitará el Ministerio Público ante el Juzgado de Atención Permanente en contra de los altos militares que supuestamente participaron en un esquema de corrupción que desfalcó al Estado dominicano por al menos 4,500 millones de pesos.
En las próximas horas el órgano persecutor depositará el expediente de solicitud de medidas de coerción donde figurarán como imputados el general de la Fuerza Aérea Dominicana de República Dominicana (FARD) y exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur); Juan Carlos Torres Robiou, el general Julio Camilo de los Santos Viola, de la FARD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.
También el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, el coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz, el coronel Miguel Ventura Pichardo y el cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez, así como Erasmo Roger Pérez Núñez y César Félix Ramos Ovalle.
Este grupo fue arrestado la noche del miércoles durante los 49 allanamientos realizados en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega por las autoridades durante la madrugada de este jueves. Hasta el momento 125 propiedades han sido ocupadas a la red del caso Coral y Coral 5G.
Este operativo, coordinado por los titulares de la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución, Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, respectivamente, se suma a la Operación Coral.
“La red de militares desmanteladas por las operaciones Coral y Coral 5G movieron al menos RD$4,500 millones en propiedades y productos financieros”, adelantó el Ministerio Público de su investigación.
Por el caso Coral, iniciado en abril de este año, cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso el pasado 10 de mayo la reclusión en Najayo-hombres del mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como de Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora) en Najayo-Mujeres.
En tanto que, contra Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien decidió cooperar con el Ministerio Público, el tribunal ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad.
Después de la disposición de la jueza, Kenya Romero, a los imputados se la ha revisado la medida de coerción y, también por su parte han recurrido a la decisión para lograr su libertad, sin embargo, el Primer Juzgado de Instrucción los ha mantenido en prisión.
Al grupo se le imputa de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Según el organismo de persecución, los imputados desarrollaban actividades delictivas en el Cusep y Cestur, principalmente, con el abultamiento de la nómina.
El Ministerio Público ha establecido en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares de República Dominicana.
Arresta a tres generales activos involucrados en actos de corrupción administrativa
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público arrestó a varios oficiales activos de distintos cuerpos castrenses, incluyendo a tres con el rango de general, contra los que tiene pruebas contundentes de su participación en una red de corrupción administrativa desmantelada con la llamada Operación Coral 5G.
El general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), forma parte de los arrestados, así como el general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la FAD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.
La Operación Coral 5G alcanza además al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, a José Manuel Rosario Pirón, a los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo; a Erasmo Roger Pérez Núñez, al cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovalle.
Al igual que las otras operaciones, Coral 5G se desarrolla como parte de las acciones contra la corrupción y la impunidad encaminadas por la gestión del Ministerio Público que encabeza la magistrada Miriam Germán Brito.
Un equipo de fiscales practicó 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega.
Los operativos son encabezados por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
En cuanto al expediente ya judicializado que se desprendió de la Operación Coral, y que precede a la etapa procesal abierta con la Coral 5G, el Ministerio Público presentó pruebas que llevaron a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional a imponer, el 10 de mayo de este año, 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Los imputados, arrestados a partir del inicio de la Operación Coral, el sábado 24 de abril de 2021, guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal.
En tanto que, contra Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien decidió cooperar con el Ministerio Público, el tribunal ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad.
El 8 de agosto el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le confirmó la medida de coerción a todos los imputados. Para el pasado viernes 12 esa instancia judicial volvió y le confirmó las medidas, excepto al sargento Montero Cruz que tiene pendiente la apelación a la que sus abogados no se han presentado.
Al grupo se le imputa de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
El entramado criminal desarticulado con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cusep y Cestur, principalmente, con el abultamiento de la nómina. Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), a pesar de que no aparecía en los registros públicos.
El Ministerio Público ha establecido en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares de República Dominicana.
Tres generales activos arrestados en segunda fase caso Coral El Ministerio Público arrestó a varios oficiales activos de distintos cuerpos castrenses, incluyendo a tres con el rango de general
