La República Dominicana avanza en la lucha contra la corrupción y mejora posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción

La República Dominicana avanza en la lucha contra la corrupción y mejora posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción

Institucionalidad | 11 de Febrero 2025 | 09:43

Santo Domingo. -El vocero de la Presidencia y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, informó que la República Dominicana continúa consolidando su compromiso con la transparencia y la institucionalidad, logrando, en 2024, una puntuación de 36 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional y ascendiendo al puesto 104 de 180 países evaluados.

Este resultado representa una mejora de 8 puntos y 33 posiciones desde 2020, reflejando el impacto positivo de las reformas implementadas en los últimos años.

Además, el informe destaca a la República Dominicana entre los siete países que más han mejorado en los últimos cinco años, junto conCosta de Marfil (45), Kosovo (44), Kuwait (46), Maldivas (38), Moldavia (43) y Zambia (39). Este reconocimiento refuerza la trayectoria ascendente del país y su compromiso con el fortalecimiento institucional.

Evolución del Índice de Percepción de la Corrupción de la República Dominicana:

• 2020: 28 puntos – Puesto 137

• 2021: 30 puntos – Puesto 128

• 2022: 32 puntos – Puesto 123

• 2023: 35 puntos – Puesto 108

• 2024: 36 puntos – Puesto 104

Este avance sostenido coloca a la República Dominicana entre los países latinoamericanos que han logrado mejorar su desempeño en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.

En América Latina, la República Dominicana supera a países como México (31), El Salvador (31), Honduras (23) y Nicaragua (17), y se acerca a economías con mayores avances en transparencia, como Panamá (35), Argentina (37) y Colombia (40).

Asimismo, se posiciona significativamente mejor que regímenes autoritarios de la región, como Venezuela y Nicaragua, donde la interferencia política en la justicia ha profundizado la corrupción y la impunidad.

Según el Índice de Estado de Derecho, los países con sistemas judiciales débiles presentan mayores niveles de corrupción, ya que la falta de independencia institucional permite que los delitos queden impunes. En este contexto, la República Dominicana ha adoptado reformas clave para fortalecer la independencia del Ministerio Público, modernizar la gestión del sector público y aumentar los controles en la Administración estatal.

El vocero de la Presidencia y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, destacó que la mejora sostenida del país en el IPC es el resultado de una política de Estado enfocada en la transparencia y la rendición de cuentas.

“Desde 2020, el Gobierno ha implementado medidas concretas para fortalecer la institucionalidad y combatir la impunidad. La independencia del Ministerio Público, la implementación de los Códigos de Integridad, la creación de la Unidad Antifraude y el Monitoreo Preventivo de Compras y Contrataciones Públicas han sido claves en este proceso”.

El fortalecimiento de la transparencia en la República Dominicana no solo ha mejorado la percepción sobre la corrupción, sino que también ha generado confianza en los inversionistas y organismos internacionales.

“Estos avances consolidan al país como un destino atractivo para la inversión extranjera. La transparencia y la institucionalidad son pilares fundamentales para el desarrollo económico y la competitividad", afirmó Figueroa.

Organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han reconocido la importancia de estas reformas para garantizar estabilidad económica y fortalecer la gobernanza. La mejora en el IPC refuerza la reputación del país como una economía en crecimiento, con un entorno más seguro para las inversiones.

A pesar de los avances logrados, el Gobierno reafirma su compromiso de continuar implementando reformas que fortalezcan el Estado de derecho y garanticen el buen uso de los recursos públicos.

“Estos resultados demuestran que la República Dominicana avanza en la dirección correcta. Seguiremos trabajando para consolidar instituciones sólidas y garantizar un futuro con mayor transparencia, justicia y oportunidades para todos”, concluyó Figueroa.

Con estos logros, la República Dominicana se posiciona como un referente en la región en materia de lucha contra la corrupción, demostrando que la implementación de políticas efectivas puede generar un impacto positivo y tangible en la percepción ciudadana y en el desarrollo del país.

DIPP

DIECOM

Transparencia

Vocero

https://presidencia.gob.do/noticias/la-republica-dominicana-avanza-en-la-lucha-contra-la-corrupcion-y-mejora-posiciones-en-el

República Dominicana entre los países que más han avanzado en la lucha anticorrupción

República Dominicana entre los países que más han avanzado en la lucha anticorrupción

Por EFE febrero 11, 2025 08:40 | Actualizado en febrero 11, 2025 08:59

Santo Domingo, 11 de Febrero (EFE).- República Dominicana es uno de los siete países que, a nivel mundial, más han avanzado en los índices de corrupción en los últimos años, pero todavía tiene “un largo camino” por recorrer, indicó este martes Transparencia Internacional (TI).

En su último informe, esa organización sitúa a República Dominicana con 36 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 (IPC, con una escala de 0 a 100, desde mucha a muy baja corrupción), cuando el promedio de América se ubica en 42, con Uruguay a la cabeza (76).

Si bien Transparencia Internacional valora las “efectivas» acciones llevadas a cabo en contra de la corrupción que le han permitido subir seis puntos en los últimos cuatro años, afirma que este país caribeño aún tiene un largo camino por recorrer para combatir la impunidad.

En concreto, Transparencia Internacional considera que “República Dominicana debe acelerar las investigaciones actuales de casos de gran corrupción antes de que se desestimen por incumplir los plazos legales».

A nivel mundial, el informe coloca a este país entre los siete que en los últimos cinco años “han mejorado significativamente” su puntuación en el índice- Costa de Marfil (45), República Dominicana (36), Kosovo (44), Kuwait (46), Maldivas (38), Moldavia (43) y Zambia (39).

Puedes leer: MP hunde en errores la lucha anticorrupción

Por el contrario, su vecino Haití se sitúa en los últimos puestos de América y también a nivel global, con 16 puntos, al ser uno de los Estados “permeados por el crimen organizado y afectados por violaciones de los derechos humanos». Junto a Haití aparecen también, en los últimos puestos de América– Nicaragua (14) y Venezuela (10). EFE

https://elnacional.com.do/republica-dominicana-avanzaen-la-lucha-anticorrupcion/

TEMAS: #corrupción#índice#Nivel#PUNTOS#Transparencia Internacional

Participación Ciudadana realiza panel sobre “Corrupción, Crimen Organizado y Derechos Humanos”

Participación Ciudadana realiza panel sobre “Corrupción, Crimen Organizado y Derechos Humanos” https://t.co/Y5iw6JyeyZ a través de @pciudadana

— Participación Ciudadana (@PCiudadana) April 28, 2021

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Miércoles 28 de agosto de 2021.

Insta a las autoridades a fortalecer la cooperación en materia de investigación y justicia penal.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico, Participación Ciudadana, realizó este miércoles el panel “Corrupción, Crimen Organizado y Derechos Humanos”, el cual se enmarca dentro de las acciones del proyecto CRIMJUST.

Este proyecto tiene como propósito profundizar sobre el alcance que comprende la persecución y detención de la corrupción en República Dominicana y la caracterización del crimen organizado, amenazas del narcotráfico y el delito, y la violación de los Derechos Humanos.

Las acciones que se han desarrollado dentro de la ejecución de este proyecto, es con el propósito de procurar facilitar la cooperación y el intercambio de información entre los organismos de justicia penal para lograr una acción eficaz en casos de delincuencia organizada transnacional y tráfico de drogas, así como ayudar a los países que lo están implementando, a avanzar en su respuesta a la delincuencia organizada.

Las palabras de bienvenida en el panel desarrollado, estuvieron a cargo de Leidy Blanco García, coordinadora general de Participación Ciudadana, quien invitó a las autoridades a fortalecer la lucha contra la corrupción y el crimen Organizado.

“La corrupción debilita nuestras instituciones, promueve el individualismo, afecta la gobernanza y el buen gobierno, nos hace ineficientes, menoscaba el crecimiento y promueve la desigualdad, así como lacera la confianza ciudadana en sus instituciones” enfatizó Leidy Blanco García.

Intervino en el panel, José Miguel Marmolejos Vallejo, Procurador Fiscal adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), quien abordó el tema de la corrupción y su impacto en la sociedad dominicana.

“La corrupción es un fenómeno que atenta contra la aspiración colectiva de lograr una sociedad más justa y próspera, para vencerla se requiere un sistema de justicia eficiente” destacó Marmolejos Vallejo.

Estuvo presente virtualmente desde Perú, Samuel Rotta Castilla, Director Ejecutivo de Proética, Capítulo Peruano de Transparencia Internacional, quien abordó las buenas prácticas de la persecución y sanción de la corrupción.

El panel contó con las intervenciones finales de Dulce María Luciano De Bisonó, Procuradora General de la Corte de Apelación, y Yurissan Candelario Jaime, Coordinadora del Departamento de Carrera y Desarrollo de la Oficina Nacional de Defensa Publica.

En la actividad estuvieron presentes fiscales, funcionarios de lavado de activo de Bancos comerciales, miembros de la Policía Nacional, funcionarios públicos y organizaciones de la sociedad civil.

Esta iniciativa surge entre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y Participación Ciudadana como capítulo de Transparencia Internacional.

https://pciudadana.org/participacion-ciudadana-realiza-panel-sobre-corrupcion-crimen-organizado-y-derechos-humanos/

OJOS EN 2030: HACER QUE EL PODER RINDA CUENTAS POR EL BIEN COMÚN | por @lupupa y @DeliaFerreira @anticorruption

“RUMBO AL 2030: CONTROLAR AL PODER EN PRO DEL BIEN COMÚN”, por @lupupa  y @DeliaFerreira @anticorruption disponible en Español y en Inglés

Transparencia internacional17 de marzo de 2021

En español

OJOS EN 2030: HACER QUE EL PODER RINDA CUENTAS POR EL BIEN COMÚN

Por Delia Ferreira Rubio (presidenta de TI) y Rueben L. Lifuka (vicepresidenta de TI)

El mundo se enfrenta a un futuro complejo y desafiante, que se ve claramente puesto de relieve por la pandemia de coronavirus en curso. Lejos de retroceder, las amenazas de corrupción aumentan a medida que experimentamos cambios e inestabilidad en la política, la tecnología, la salud pública, el medio ambiente y la seguridad humana.

La globalización, la conectividad sin precedentes y los rápidos cambios tecnológicos tienen profundas implicaciones para la concentración, el uso y el abuso del poder. Todos nos enfrentamos a graves crisis: desde la crisis climática hasta el aumento de la desigualdad, desde los conflictos y el desplazamiento conexo hasta las agresiones a los derechos humanos. Marcada desde su inicio por una devastadora pandemia, la década ya está marcada por la incertidumbre.

El robo y el despilfarro de recursos públicos vitales destinados a salvar vidas y ayudar a la recuperación económica de la pandemia, pone de manifiesto el costo humano de la corrupción. También ha subrayado que los marcos fundamentales para la buena gobernanza y la conducta empresarial responsable no pueden ni deben darse por sentados.

La corrupción es un problema de derechos humanos

La pandemia también ha demostrado claramente que la corrupción es un problema de derechos humanos. Los países afectados por altos niveles de corrupción estaban menos preparados para brindar una atención médica adecuada. El dinero perdido por la corrupción fueron los mismos recursos que faltaban en los hospitales: ventiladores, medicinas, suministros sanitarios. Una vez más, y esta vez a escala mundial, quedó claro que la corrupción mata.

Por trágica que haya sido, la pandemia nos ha proporcionado una lección objetiva sobre por qué poner fin a la corrupción es tan fundamental para garantizar la justicia social y económica en todo el mundo. También ha presentado a la humanidad el desafío y la oportunidad de recuperarse mejor. Esto solo será posible y sostenible si reconstruimos la confianza, sobre la base de la verdad y la transparencia. Es por eso que la misión de Transparencia Internacional es más vital que nunca.

La toma de decisiones corrupta, ya sea en el gobierno, las empresas, a nivel nacional o internacional, es la base de las mayores injusticias del mundo. Priva a los ciudadanos de los derechos y oportunidades que necesitan y merecen, y alimenta una mayor injusticia al erosionar las instituciones destinadas a protegerlos.

Nuestro compromiso de luchar contra la corrupción en la próxima década

Es oportuno que este año lancemos nuestra Estrategia 2030: Responsabilización del poder por el bien común . Es una estrategia dedicada a liderar la lucha contra la corrupción de la próxima década mostrando lo que se necesitará para lograr un futuro más positivo para todos.

Para nosotros, la corrupción es el abuso del poder confiado para beneficio privado. Esto incluye la corrupción en los sectores público y empresarial, desde el nivel local hasta el internacional. Se extiende desde la pequeña corrupción que sienten los ciudadanos de forma aguda todos los días, hasta la cleptocracia y la gran corrupción de alto nivel que daña sociedades enteras. Incluye el abuso del poder confiado para obtener ganancias materiales, como sobornos financieros, pero también cualquier beneficio que rompa esa confianza, desde la explotación sexual hasta la corrupción política simplemente con el propósito de mantener el poder, el estatus o la riqueza.

Demasiados de aquellos en el gobierno y las empresas, a quienes las comunidades han confiado el poder, han perdido de vista el propósito social por el que aceptaron ese poder. Demasiados mecanismos para garantizar la rendición de cuentas sobre la forma en que los tomadores de decisiones llegan al poder y la integridad en la conducta de los funcionarios y empresarios no han cumplido, han demostrado ser demasiado débiles o no se han adaptado a un mundo cada vez más rápido y volátil.

Juntos, podemos enfrentar estos desafíos y trazar nuestro camino hacia un mundo en el que la transparencia, la integridad y el uso responsable del poder para el bien común se conviertan en la norma. Esto incluye los poderes tradicionales, pero también los nuevos centros de poder en la sociedad de la vigilancia que ponen en peligro la agencia de los individuos.

Se debe garantizar la transparencia, integridad y rendición de cuentas en relación con las nuevas herramientas de toma de decisiones basadas en algoritmos de Inteligencia Artificial que son opacos y probablemente sesgados, injustos y discriminatorios. Las nuevas formas de poder exigen nuevos mecanismos de rendición de cuentas.

Los años hasta 2030 serán cruciales en la lucha mundial contra la corrupción. Lograr un mundo mejor y más justo no será fácil. Requerirá esfuerzo en muchos frentes. Con el compromiso, el apoyo y la participación activa de los ciudadanos de todo el mundo, la nueva normalidad será una era de acción conjunta. Podemos y debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar la rendición de cuentas por un futuro justo, sostenible y pacífico.

Descubra más sobre nuestra estrategia

ESTRATEGIA 2030: HACER QUE EL PODER RINDA CUENTAS POR EL BIEN COMÚN

RUMBO AL 2030: CONTROLAR AL PODER EN PRO DEL BIEN COMÚN

El mundo enfrenta un futuro complejo y lleno de desafíos acrecentados y acentuados por la pandemia global. Lejos de disminuir, los riesgos de corrupción se han incrementado, al tiempo que experimentamos inestabilidad e incertidumbre en la política, la tecnología, la salud pública, el ambiente y la seguridad.

La globalización, la digitalización sin precedentes y el rápido cambio tecnológico tienen profundas implicancias para la concentración, uso y abuso del poder. Nos enfrentamos a graves crisis: desde el cambio climático al crecimiento de la desigualdad; desde los conflictos y el desplazamiento de población a los ataques a los derechos humanos. Signada desde un comienzo por la pandemia global, la década está marcada por la incertidumbre.

El robo y la malversación de los recursos públicos esenciales para preservar la vida de la gente y ayudar a la recuperación económica dejan en evidencia el costo humano de la corrupción. Queda claro también que los marcos orientadores de buen gobierno y de un sector privado responsable no pueden darse por sentados.

La Corrupción: un problema de Derechos Humanos

La pandemia ha demostrado claramente que la corrupción es un problema de Derechos Humanos. Aquellos países afectados por altos niveles de corrupción han sido los menos preparados para proporcionar una respuesta sanitaria adecuada y efectiva. El dinero que se pierde en corrupción son los recursos que faltan en hospitales, respiradores, medicamentos, insumos sanitarios y -ahora- vacunas. Una vez más -y esta vez a nivel global- queda claro que la corrupción mata.

Trágicamente la pandemia nos ha enseñado una vez más que terminar con la corrupción es esencial para asegurar la justicia social y económica en el mundo. Esta crisis nos ofrece el desafío y la oportunidad de una recuperación para mejor. Esto sólo será posible y sustentable si reconstruimos la confianza, sobre la base de la revalorización de la verdad y la transparencia. Es por ello que la misión de Transparencia Internacional es más relevante que nunca.

La injusticia y la falta de equidad son consecuencia de la corrupción en la toma de decisiones -tanto en el ámbito gubernamental como en el sector privado, a nivel nacional como internacional. La corrupción privada a los ciudadanos de sus derechos y oportunidades y alimenta nuevas y mayores injusticias al erosionar las instituciones que deben protegerlos.

Nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción en esta década

Este año, Transparencia Internacional lanzó su estrategia “Hacer que el poder rinda cuentas en pro del bien común. Una estrategia global contra la corrupción 2021-2030 ” . Una estrategia destinada a orientar la lucha contra la corrupción en esta década con el fin de construir un futuro más positivo para todos.

Para nosotros, la corrupción es el abuso del poder encomendado para beneficio personal. Esto incluye la corrupción en el sector público y el privado, desde el nivel local al internacional. Abarca tanto la pequeña corrupción que afecta a los ciudadanos individualmente en su vida diaria, como los casos de cleptocracia y gran corrupción y captura del Estado que dañan a sociedades enteras. Incluye el abuso de poder a cambio de beneficios económicos -como en el caso de coimas y sobornos- y también aquellos casos en que la moneda de cambio es el sexo –sextortion- y la corrupción política con el objeto de retener poder, estatus o riqueza .

Muchos de quienes ejercen poder en el sector público y privado pierden de vista el propósito social de ese poder. En muchos casos, simplemente los mecanismos de control sobre el acceso al poder y el resguardo de la integridad en el ejercicio del poder han demostrado ser insuficientes, ineficaces o no se han adaptado a un mundo cada vez más rápido y volátil.

Juntos podemos enfrentar estos desafíos y trazar un camino que nos conduce a un mundo en que, con vistas al bien común, la transparencia, la integridad y la responsabilidad en el ejercicio del poder sean la norma.

Nos referimos no sólo a los poderes tradicionales sino también a los nuevos centros de poder en la sociedad de vigilancia en el cual está en riesgo no sólo la privacidad de las personas sino su propia autonomía.

La transparencia, integridad y rendición de cuentas son esenciales con relación al uso de algoritmos y herramientas de Inteligencia Artificial en los procesos de toma de decisión. La opacidad de estos algoritmos oculta muchas veces criterios discriminatorios o sesgados que conducen a resultados injustos.

Las nuevas formas de poder requieren nuevos mecanismos de control y auditoria.

Los próximos diez años serán cruciales en la lucha contra la corrupción. El logro de un mundo mejor y más justo no es tarea sencilla; requiere un esfuerzo sostenido en muchos frentes. La "nueva normalidad" es el tiempo de la acción colectiva con el compromiso, apoyo y participación de todos y cada uno de los ciudadanos del mundo. Tenemos el deber y estamos comprometidos a poner nuestro mejor esfuerzo para asegurar la responsabilidad y rendición de cuentas en el ejercicio del poder para construir un futuro más justo, sostenible y en paz.

“RUMBO AL 2030: CONTROLAR AL PODER EN PRO DEL BIEN COMÚN”, por @lupupa y @DeliaFerreira https://t.co/dnhmQBhI87 a través de @anticorruption
disponible en Español y en Inglés

— Delia Ferreira (@DeliaFerreira) March 25, 2021

Dinero sucio

Delia Ferreira Rubio ABOGACÍA Organizaciones de la sociedad civil  https://www.transparency.org/en/blog/eyes-on-2030-holding-power-to-account-for-the-common-good#rumbo-al-2030-controlar-al-poder-en-pro-del-bien-com%C3%BAn?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=share-button

Delia Ferreira: El sector de la salud es propenso a la corrupción

Delia Ferreira: El sector de la salud es propenso a la corrupción
Desde Berlín, la cordobesa advierte sobre la utilización de la pandemia como excusa para no cumplir los procedimientos legales. Analiza lo ocurrido con los sobreprecios.

Delia Ferreira. Titular de Transparencia Internacional. (La Voz) rbattaglino ROBERTO BATTAGLINO Martes 14 de abril de 2020 - 00:03 | Actualizado: 14/04/2020 - 00:51

La titular de Transparencia Internacional, la cordobesa Delia Ferreira, alerta sobre la utilización de la emergencia y de la urgencia para enfrentar la pandemia del Covid-19 como excusa para no cumplir procedimientos legales, y de esa manera facilitar la corrupción.

Ferreira tenía previsto regresar de Berlín (donde Transparencia Internacional tiene su sede) a la Argentina cuando comenzaron a cerrarse fronteras y aeropuertos.

Desde la capital de Alemania, dialogó con La Voz sobre los recientes escándalos planteados en nuestro país con los sobreprecios en las compras del Estado para productos esenciales.

–¿Los sobreprecios están incorporados a una especie de “cultura” del Estado bajo el argumento de trámites, demoras en el pago o burocracia?

–El sobreprecio no está justificado en ningún caso. Por eso se establecen precios testigo, para que los funcionarios que compran sepan cuánto pueden pagar por cada producto. El argumento de que “los proveedores se plantaron” es absolutamente inaceptable por parte de los funcionarios. Si el Gobierno nos pide a los ciudadanos que no compremos cuando hay abuso de precios o aumentos desmedidos, que no convalidemos esas prácticas abusivas y nos facilita una app para que denunciemos abusos, ¿cómo puede ser que nadie menos que un ministro se amilane porque los proveedores se plantan? Además, hay que tener en cuenta que en estas licitaciones de emergencia que se están utilizando, es el Estado el que invita a algunos proveedores a ofertar. Y ahí claramente hay una restricción que impide la libre competencia y abre una ventana de oportunidad para la corrupción y el conflicto de intereses.

–¿Por qué los gobiernos primero reaccionan negando los hechos y luego, en algunos casos, van revirtiendo lentamente con decisiones administrativas cuando las evidencias son abrumadoras y se genera malestar social?

–La reacción tiene que ver con esquivar la responsabilidad. Negar el problema y criticar o descalificar a los que lo reportan permite desviar la atención y mantener el sistema corrupto en funcionamiento.

–¿Cobra otra dimensión un caso de sobreprecios en el Estado cuando se está en una emergencia como una pandemia y en un área tan sensible como la asistencia social?

–El Covid-19 nos enfrenta a una combinación que aumenta los riesgos de corrupción: emergencia más sector Salud. Por un lado, la emergencia y la urgencia se usan como justificativo para no cumplir con los procedimientos legales. Muchos gobiernos están aprovechando la ocasión para concentrar poder en forma abusiva y para evadir todos los controles. En este sentido debemos tener en cuenta que las situaciones de emergencia y la declaración de estados de excepción no significan un cheque en blanco para los gobiernos. Las medidas excepcionales deben ser siempre limitadas en el tiempo, necesarias para el logro del objetivo perseguido y proporcionales para no afectar los derechos de los ciudadanos más allá de lo estrictamente necesario. Además las decisiones de emergencia deben ser transparentes y estar sujetas a control para evitar abusos y garantizar que la implementación sea efectiva.

–¿Hay áreas más expuestas a esta falta de controles?

–El sector Salud es uno de los más propensos a registrar corrupción, abuso de recursos públicos, sobreprecios, conflictos de intereses y otras prácticas ilegales. En tiempos de normalidad, se estima que 500 billones de dólares se pierden anualmente por corrupción. Sólo en compras de medicamentos, entre el 10 y el 20 por ciento del monto de los recursos públicos se pierde por corrupción.

–¿Cuáles son las recomendaciones que se deben seguir para que las compras del Estado sean más transparentes?

–Los capítulos de América Latina de Transparencia International acaban de publicar un documento especial frente al riesgo creciente de corrupción en las contrataciones públicas durante la emergencia. En síntesis, es necesario garantizar la transparencia y el acceso a la información sobre todos los datos relevantes: quién compra, qué compra, a quién le compra, cuánto paga. Si pensamos en el reciente escándalo de los sobreprecios, la clave del problema está justo en estos aspectos. Los mecanismos de compras on line pueden facilitar el acceso a esta información. Es muy importante también mantener los controles y la rendición de cuentas. El seguimiento del gasto público es central en estos momentos, garantizando los mecanismos de auditoría estatal, así como facilitando los canales y mecanismos de denuncia de irregularidades. En algunos países se observan restricciones al acceso a la información e intentos de coartar la libertad de prensa con la excusa de que la transparencia atenta contra la eficacia del Gobierno en la emergencia, un argumento que, además de ser falso, facilita el abuso de poder y la malversación de los recursos públicos. Un aspecto especial para tener en cuenta en estos momentos se refiere a los subsidios, préstamos, fideicomisos y fondos con asignación específica que el Estado pone en marcha para enfrentar la crisis. La utilización de esos recursos también debe respetar los principios de transparencia y de control.

–¿Cómo evalúa a la Argentina en el contexto internacional en esta materia?

–El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que se concentra en la corrupción percibida en el sector público de los países, ubica a Argentina con 45 puntos en una escala de 100 (percibido como muy transparente) a 0 (percibido como muy corrupto). En nuestra región, los países mejor ranqueados son Uruguay (71 puntos) y Chile (67 puntos).

–¿Hay estudios sobre el impacto económico que tiene sobre las arcas públicas pagar bienes y servicios por encima de los valores de mercado?

–La cifra de lo que se pierde en corrupción es difícil de calcular porque la corrupción es un fenómeno opaco, por lo tanto lo que se conoce con certeza proviene de los casos detectados, aunque no siempre se los investigue y sancione. La ONU estima que anualmente se pagan un billón de dólares en sobornos, mientras que otros 2,6 billones de dólares de dinero público son directamente robados por la corrupción.

https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/delia-ferreira-sector-de-salud-es-propenso-a-corrupcion?utm_source=twitter&utm_medium=article&utm_campaign=social-network

Reclaman más controles sobre los fondos destinados al coronavirus para evitar casos de corrupción

Las zonas negras de los gastos en Salud
Reclaman más controles sobre los fondos destinados al coronavirus para evitar casos de corrupción
Expertos de Transparencia Internacional y el titular de la AGN piden que el Gobierno tome más medidas para tratar de transparentar las compras directas de medicamentos, reactivos y equipos.

Delia Ferreira Rubio, presidenta de Trasnparencia Internacional en el en un reciente evento. Foto Federico Lopez Claro
Daniel Santoro | 02/04/2020 - 15:00 | Clarín.com Política
Especialistas en la lucha contra la corrupción advirtieron la necesidad de que los gobiernos nacional, provinciales y municipales realicen controles en tiempo real sobre las millonarias compras directas que están haciendo a fin de enfrentar la pandemia del Covid 19. Sucede que a través de decretos de necesidad y emergencia (DNU) se habilitó la compra directa de medicamentos, reactivos, equipos de respiración y otros gastos sin una licitación pública por el avance de la epidemia.
Las últimas noticias sobre el virus que afecta a la Argentina y al mundo.
La presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) Jesús Rodríguez y la abogada Silvina Martínez, entre otros, señalaron que en estas situaciones de emergencia aumentan los riesgos de corrupción y abuso de poder. Se pusieron como ejemplo los casos del sanatorio Antártida de Hugo Moyano y de los hospitales del Bicentenario de La Matanza.
La experiencia internacional demuestra como gastos de emergencia terminaron en casos de corrupción desde la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua en 1974 hasta el Tsunami en el Océano Indico de 2014.
La presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, recordó a Clarín que “el sector salud es una de las áreas donde se detecta mayor corrupción (compra de medicamentos, vacunas, instrumental, suministros)”. Se estima que anualmente se pierden en corrupción en los sistemas de salud a nivel global alrededor de 500 billones de dólares. Como ejemplo local en Argentina existió el caso de la mafia de los medicamentos.
“La emergencia que habilita mecanismos excepcionales en las contrataciones públicas y genera ventanas de oportunidad para la corrupción, el abuso de los recursos públicos, los conflictos de interés. La urgencia no justifica ninguna forma de abuso de poder”, recomendó Rubio al gobierno de Alberto Fernández.
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Para la especialista argentina, entonces “el estado de emergencia no debe ser visto como una excusa para la falta de transparencia y control en las contrataciones públicas” y por eso deben seguir actuando la SIGEN, la Oficina Anticorrupción y la Auditoría General de la Nación, entre otros organismos de control.
Por el contrario “toda medida de emergencia debe respetar el Estado de Derecho, debe ser proporcional al desafío que se enfrenta, debe ser limitada en el tiempo y debe respetar los principios de transparencia y control”, agregó.
“Es indispensable que el proceso de toma de decisiones frente a la emergencia sea transparente y se mantenga informada a la población. Además el gobierno debe garantizar la plena apertura y control en las contrataciones que se realicen, de manera de evitar maniobras indebidas, compra de materiales inadecuados o a precios abusivos”, reclamó Ferreira.
Por su parte, el titular de la AGN Jesús Rodríguez explicó que su organismo tiene “un plan de trabajo diseñado sobre una matriz de riesgo que evita la discrecionalidad para elegir al auditado que seguramente vamos a tener que cambiar ante la situación creada por el coronavirus”.
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Rodríguez dijo a Clarín que firmó una resolución para habilitar el teletrabajo porque “indefectible la pandemia no puede evitar la rendición de cuentas” de parte de los funcionarios nacionales. Puntualizó que la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), que integra la AGN, tiene normas de procedimiento para controlar gastos de gobiernos en situaciones de catástrofe y emergencia.
Rodríguez dio por descontado que la comisión mixta revisora de cuentas del Congreso apoyará los cambios en el plan de trabajo de la AGN para dirigir los controles hacia las contrataciones directas.
A su turno, la asesora de la ex diputada del GEN Margarita Stolbizer, Silvina Martínez, reclamó que se amplíen los controles y puso como ejemplo llamativo una licitación del Instituto Malbrán de febrero pasado en que “se compraron reactivos y otros insumos básicos por 6 millones de pesos y, a la vez se contrató a una consultora para asesore sobre cómo ejecutar el presupuesto por 7 millones de pesos”.
“Es hora que los organismos de controlen pidan rendiciones de cuentas para que no se produzcan las avivadas de siempre y se permitan negociados con la emergencia”, agregó Martínez.
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A su vez, el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, explicó una serie de recomendaciones de Transparencia Internacional y sus capítulos latinoamericanos para mantener los controles sobre estos casos de emergencia contenidas en un documento conjunto. Secchi dijo a Clarín que “sobre todo en tiempos de emergencia los organismos de control tienen que estar en funcionamiento con especial atención en este tipo de compras y contrataciones. En tiempos de emergencia la información es vital para que los fondos públicos vayan a donde tienen que ir”.
Ese documento recomienda que “la información que se genere en materia de contrataciones públicas debe concentrarse en un sitio público específico (página web, micrositio oficial, u otro), asegurando la estandarización de su contenido”.
Este estándar de información debe considerar al menos diez elementos: información de los bienes o servicios adquiridos en el procedimiento de contratación, precio unitario y global de los bienes o servicios contratados, tipo de procedimiento de contratación utilizada, un registro con información sobre los contratistas, justificación técnica para definir la contratación, información sobre los requisitos de cumplimiento del contrato y población o necesidad a la que responde la contratación. Los estándares también deben incluir mecanismos y elementos para la verificación del cumplimiento de las condiciones de la contratación, entidad pública y funcionario responsable de la contratación.
El experto en corrupción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Roberto De Michele, recordó que “los desastres naturales, epidemias, crisis humanitarias o actividades para estimular la economía son situaciones en las cuales se manifiestan riesgos altos de uso indebido de los recursos públicos”.
Además, “cuando hay fraude y corrupción se pierde dinero indispensable para enfrentar la crisis de manera efectiva. Esto, a su vez, genera un círculo vicioso donde se ve afectada la gobernabilidad, especialmente por la merma de confianza de la ciudadanía en las instituciones”. Como muestra un reciente estudio del Banco Mundial, “la efectividad en el uso de los recursos asociados con la ayuda al desarrollo es un tema central, especialmente para que el dinero llegue a los más vulnerables y no termine en paraísos fiscales”, agregó De Michele.
La experiencia reciente muestra una lista de casos donde existió corrupción. Tras el tsunami del 2004 en el Océano Índico, se movieron unos 13.5 billones en asistencia. “Existieron varios indicios sobre esquemas de corrupción y fraude en el uso de estos recursos” por parte de varios gobiernos, dijo De Michele.
En el caso del Huracán Katrina, la Oficina de Rendición de Cuentas de los Estados Unidos calculó que entre U$S 600 millones y U$S1.4 billones – el 16% del total de la ayuda- “se perdieron en actividades indebidas". Y finalmente, el diario El Washington Post reportó recientemente que el programa de reconstrucción de Puerto Rico “está afectado por serias acusaciones de corrupción, y que llegan a autoridades de la agencia encargada de la gestión de emergencias”, finalizó el experto del BID.
https://www.clarin.com/politica/reclaman-controles-fondos-destinados-coronavirus-evitar-casos-corrupcion_0__Pry-IhuA.html

En plena crisis sanitaria del coronavirus COVID-19, la virulenta #MafiaMoradaPLD hace de las suyas en la República Dominicana

En plena crisis sanitaria del coronavirus COVID-19, la virulenta #MafiaMoradaPLD hace de las suyas en la República Dominicana

La empresa que ganó el concurso para suministrar 1500 millones en equipos para el Covid 19 es del consorcio Ecocisa que a su vez es propiedad de Johnny Cabrera que por casualidad es presidente del grupo ASIMRA la misma del contrato del asfalto que firmó Maybeth Rodríguez y GC

— Altagracia Salazar (@altagraciasa) April 2, 2020

32mil millones de préstamos, miren cuanto se lleva esta sola empresa y con solo 7 meses creada! Mascarillas de rd11 cotizadas a rd70/Mascarillas N95 de us1.80(rd95.40) a rd454.27/ Lentes de us1.90(rd100) a rd802/Cubrebotas de us0.06cent(rd3) a rd426
TODO SOBREVALUADO! ABUSO pic.twitter.com/MVa1UbanAY

— Laura Ramirez Bisono (@laurarbisono) April 2, 2020

Reclaman más controles sobre los fondos destinados al coronavirus para evitar casos de corrupción - https://t.co/RmPnCuVFXB

— LuisOrlando Díaz Vólquez (@GUASABARAeditor) April 2, 2020

Índice de Percepción de la Corrupción coloca otra vez a RD entre los países con mayores niveles de corrupción

By pc-wp-admin23/01/2020Noticias

Índice de Percepción de la Corrupción coloca otra vez a RD entre los países con mayores niveles de corrupción

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• RD este año tiene una puntuación de 28 puntos de 100, ocupando el lugar 137 de 180 países, una pérdida de 2 puntos y 8 puestos en el ranking mundial con respecto al año 2018.
• RD se encuentra 15 puntos por debajo del promedio del continente americano (43 puntos promedio), confirmando que no existe avance alguno en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, presentó este jueves el indicador de corrupción más usado en todo el mundo, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2019, el cual situó nuevamente a República Dominicana entre los países con más altos niveles de corrupción con una puntuación de 28 sobre 100, dos puntos menos respecto al 2018.

Para la República Dominicana este indicador, elaborado por Transparencia Internacional, fue oficializado al ser incluido para medir los avances del objetivo 1.1 de la Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo. Los datos arrojan que el país está lejos de alcanzar la meta propuesta por esta estrategia para el 2020, que fue de 51 puntos y 78 puntos para el 2030.

“De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción 2019, nuestro país ocupa el lugar 137 de 180 países, representando una pérdida de ocho puestos con respecto al ranking mundial del año 2019, lo que evidencia que no hemos avanzando en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, expresó Heiromy Castro, coordinador general de Participación Ciudadana

Destacó que, en comparativa, dos países con puntuación similar a República Dominicana en el año 2018, Sierra Leona y Togo, mejoraron 3 y 1 puntos respectivamente su calificación con respecto al año anterior y en el caso de Sierra Leona, este país presentó un avance de 10 puestos en comparación con su ubicación en el ranking del 2018, esto a pesar de poseer un PIB per cápita 16 veces inferior al de la República Dominicana.

Según los resultados del IPC 2019, en el continente americano, la República Dominicana presenta una peor puntuación que el 78% de los países de la región, igualado en puntos con Paraguay (28 puntos) y solo mejor que 5 países del continente, Guatemala y Honduras (26 puntos), Nicaragua (22 puntos), Haití (18 puntos) y Venezuela (16 puntos). En esta categoría, los países con mejor puntuación en el índice son: Canadá con 77 puntos, Uruguay con 71, Estados Unidos con 69, Chile con 67, Bahamas con 64 y Barbados con 62. La puntuación promedio del continente es de 43 puntos. República Dominicana está 15 puntos por debajo del promedio continental.

El Coordinador General de Participación Ciudadana informó que los países del mundo que obtuvieron la mejor puntuación son: Dinamarca y Nueva Zelandia con 87 puntos, Finlandia con 86, Singapur, Suecia y Suiza con 85; Noruega con 84, Países Bajos con 82, Alemania y Luxemburgo con 80, Islandia con 78, Australia, Austria, Canadá y Reino Unido con 77, Hong Kong con 76 y Bélgica con 75.

Agregó que, en contraste, los países del mundo con menor puntuación en el IPC 2019 son: Somalia con 9 puntos, Sudan del Sur con 12, Siria con 13, Yemen con 15, Afganistán, Guinea Ecuatorial, Sudan y Venezuela con 16, Corea del Norte con 17, República Democrática del Congo, Guinea Bissau, Haití y Libia con 18, Burundi, Congo y Turkmenistán con 19 y Camboya, Chad e Irak con 20.

“Para el año 2019, el índice encontró que un poco menos de un tercio de los países (32.7%) obtuvieron 50 o más puntos, mientras que la puntuación anual promedio de todos los países que integran el ranking fue de 43 puntos, lo que representa muy poca variación en los avances en materia de lucha contra la corrupción a nivel mundial con respecto a los datos del 2018, lo que significa que la corrupción sigue siendo un gran flagelo a nivel mundial”, señaló Heiromy Castro.

Transparencia Internacional, en su comunicado oficial, indicó que “los países donde las elecciones y la financiación de los partidos políticos son sometidos a la influencia indebida de intereses particulares, tienen menos posibilidades de reducir la corrupción, de acuerdo con los resultados del análisis, y manifestó que “los gobiernos deben afrontar urgentemente el rol corruptor de los grandes capitales en la financiación de los partidos políticos y la influencia indebida que se ejerce en nuestros sistemas políticos”.

“Frente a estos resultados, Participación Ciudadana llama a todas las autoridades nacionales y municipales y a todos los sectores políticos y sociales a prestar alta atención a estos datos que muestran que la corrupción ha aumentado según lo perciben sectores claves y la opinión pública, tomando en cuenta, además, que los efectos nocivos de la corrupción pueden sentirse más en un período electoral en que el crecimiento económico disminuirá con respecto a años anteriores”, sostuvo el coordinador general de PC, Heiromy Castro.

El crecimiento económico dominicano no ha generado mayor institucionalidad ni reducción de la corrupción.

Luego de un análisis de los datos ofrecidos por el IPC 2019 y el ingreso per cápita de los países que lo integran, Participación Ciudadana determinó que de 110 países con ingresos per cápita iguales o inferiores a la República Dominicana (aproximadamente US$ 8,050 dólares promedio por habitante según datos del Banco Mundial), el 62% de estos países presentan una puntuación y una posición en el Índice de Percepción de la Corrupción 2019 superiores a los resultados obtenidos por la República Dominicana, pese a que se ha demostrado que los países con mejores ingresos tienden a poseer mayores niveles de institucionalidad y menores niveles de corrupción, un dato que se corrobora cuando se visualiza que los países con mejores ingresos per cápita se encuentran en lo más alto del ranking de este indicador suministrado por Transparencia Internacional.

Recomendaciones por parte de Transparencia Internacional

Para reducir la corrupción y recuperar la confianza en la política, Transparencia Internacional recomienda a los gobiernos:

1. Controlar la financiación política para prevenir la excesiva influencia de los flujos de dinero en la política
2. Acabar con el trato preferencial para garantizar que la prestación de servicios y la distribución de los recursos públicos no respondan a conexiones personales ni estén sesgados hacia determinados grupos de interés;
3. Gestionar los conflictos de interés y las “puertas giratorias”;
4. Regular las actividades de lobby, a través de la promoción del acceso transparente y amplio a los procesos de toma de decisiones;
5. Fortalecer la integridad electoral, y prevenir y sancionar las campañas engañosas;
6. Empoderar a la ciudadanía, y proteger a los activistas, los informantes y los periodistas;
7. Reforzar los sistemas de control y promover la separación de poderes.

En el año 2019, 180 países fueron incluidos en el Índice de Percepción de la Corrupción. La puntuación de cada país muestra la percepción sobre el nivel de corrupción en el sector público en una escala de 0 a 100, donde 0 significa la mayor corrupción y opacidad y 100 significa que se lo percibe como la mayor transparencia y honestidad en la administración pública. Los datos son extraídos a partir de 13 evaluaciones de expertos y la realización de encuestas a empresarios. https://pciudadana.org/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-coloca-otra-vez-a-rd-entre-los-paises-con-mayores-niveles-de-corrupcion

https://t.co/KN3Egu85NC @SIN24Horas @anticorruption #cp12019 #ipcRD2019 #ParticipaciónCiudadanaRD

— Participación Ciudadana (@PCiudadana) January 24, 2020

Resultados del Índice de Percepción de Corrupción 2019 de @anticorruption👇https://t.co/j05N7rgbAl

— Delia Ferreira (@DeliaFerreira) January 23, 2020

🔴El Índice de Percepción de la Corrupción califica a 180 países y territorios en función de sus niveles percibidos de #corrupción en el sector público. Chequea la puntuación de tu país aquí: https://t.co/ib2EUh16yg #IPC2019

— Transparency Int'l (@anticorruption) January 23, 2020

WATCH: I spoke to @DeliaFerreira at #Davos2020 about @anticorruption latest corruption index. Find out who is best and who is worst around the world when it comes to preventing corruption and what businesses can do to help stop it. pic.twitter.com/b3vb8lsVn0

— Will Goodbody (@willgoodbody) January 24, 2020