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martes, 13 de abril de 2021

OJOS EN 2030: HACER QUE EL PODER RINDA CUENTAS POR EL BIEN COMÚN | por @lupupa y @DeliaFerreira @anticorruption

Eyes on 2030: Holding Power to Account for the Common Good

“RUMBO AL 2030: CONTROLAR AL PODER EN PRO DEL BIEN COMÚN”, por @lupupa  y @DeliaFerreira @anticorruption disponible en Español y en Inglés

Transparencia internacional

En español

OJOS EN 2030: HACER QUE EL PODER RINDA CUENTAS POR EL BIEN COMÚN

Por Delia Ferreira Rubio (presidenta de TI) y Rueben L. Lifuka (vicepresidenta de TI)

El mundo se enfrenta a un futuro complejo y desafiante, que se ve claramente puesto de relieve por la pandemia de coronavirus en curso. Lejos de retroceder, las amenazas de corrupción aumentan a medida que experimentamos cambios e inestabilidad en la política, la tecnología, la salud pública, el medio ambiente y la seguridad humana.

La globalización, la conectividad sin precedentes y los rápidos cambios tecnológicos tienen profundas implicaciones para la concentración, el uso y el abuso del poder. Todos nos enfrentamos a graves crisis: desde la crisis climática hasta el aumento de la desigualdad, desde los conflictos y el desplazamiento conexo hasta las agresiones a los derechos humanos. Marcada desde su inicio por una devastadora pandemia, la década ya está marcada por la incertidumbre.

El robo y el despilfarro de recursos públicos vitales destinados a salvar vidas y ayudar a la recuperación económica de la pandemia, pone de manifiesto el costo humano de la corrupción. También ha subrayado que los marcos fundamentales para la buena gobernanza y la conducta empresarial responsable no pueden ni deben darse por sentados.

La corrupción es un problema de derechos humanos

La pandemia también ha demostrado claramente que la corrupción es un problema de derechos humanos. Los países afectados por altos niveles de corrupción estaban menos preparados para brindar una atención médica adecuada. El dinero perdido por la corrupción fueron los mismos recursos que faltaban en los hospitales: ventiladores, medicinas, suministros sanitarios. Una vez más, y esta vez a escala mundial, quedó claro que la corrupción mata.

Por trágica que haya sido, la pandemia nos ha proporcionado una lección objetiva sobre por qué poner fin a la corrupción es tan fundamental para garantizar la justicia social y económica en todo el mundo. También ha presentado a la humanidad el desafío y la oportunidad de recuperarse mejor. Esto solo será posible y sostenible si reconstruimos la confianza, sobre la base de la verdad y la transparencia. Es por eso que la misión de Transparencia Internacional es más vital que nunca.

La toma de decisiones corrupta, ya sea en el gobierno, las empresas, a nivel nacional o internacional, es la base de las mayores injusticias del mundo. Priva a los ciudadanos de los derechos y oportunidades que necesitan y merecen, y alimenta una mayor injusticia al erosionar las instituciones destinadas a protegerlos.

Nuestro compromiso de luchar contra la corrupción en la próxima década

Es oportuno que este año lancemos nuestra Estrategia 2030: Responsabilización del poder por el bien común . Es una estrategia dedicada a liderar la lucha contra la corrupción de la próxima década mostrando lo que se necesitará para lograr un futuro más positivo para todos.

Para nosotros, la corrupción es el abuso del poder confiado para beneficio privado. Esto incluye la corrupción en los sectores público y empresarial, desde el nivel local hasta el internacional. Se extiende desde la pequeña corrupción que sienten los ciudadanos de forma aguda todos los días, hasta la cleptocracia y la gran corrupción de alto nivel que daña sociedades enteras. Incluye el abuso del poder confiado para obtener ganancias materiales, como sobornos financieros, pero también cualquier beneficio que rompa esa confianza, desde la explotación sexual hasta la corrupción política simplemente con el propósito de mantener el poder, el estatus o la riqueza.

Demasiados de aquellos en el gobierno y las empresas, a quienes las comunidades han confiado el poder, han perdido de vista el propósito social por el que aceptaron ese poder. Demasiados mecanismos para garantizar la rendición de cuentas sobre la forma en que los tomadores de decisiones llegan al poder y la integridad en la conducta de los funcionarios y empresarios no han cumplido, han demostrado ser demasiado débiles o no se han adaptado a un mundo cada vez más rápido y volátil.

Juntos, podemos enfrentar estos desafíos y trazar nuestro camino hacia un mundo en el que la transparencia, la integridad y el uso responsable del poder para el bien común se conviertan en la norma. Esto incluye los poderes tradicionales, pero también los nuevos centros de poder en la sociedad de la vigilancia que ponen en peligro la agencia de los individuos.

Se debe garantizar la transparencia, integridad y rendición de cuentas en relación con las nuevas herramientas de toma de decisiones basadas en algoritmos de Inteligencia Artificial que son opacos y probablemente sesgados, injustos y discriminatorios. Las nuevas formas de poder exigen nuevos mecanismos de rendición de cuentas.

Los años hasta 2030 serán cruciales en la lucha mundial contra la corrupción. Lograr un mundo mejor y más justo no será fácil. Requerirá esfuerzo en muchos frentes. Con el compromiso, el apoyo y la participación activa de los ciudadanos de todo el mundo, la nueva normalidad será una era de acción conjunta. Podemos y debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar la rendición de cuentas por un futuro justo, sostenible y pacífico.

RUMBO AL 2030: CONTROLAR AL PODER EN PRO DEL BIEN COMÚN

El mundo enfrenta un futuro complejo y lleno de desafíos acrecentados y acentuados por la pandemia global. Lejos de disminuir, los riesgos de corrupción se han incrementado, al tiempo que experimentamos inestabilidad e incertidumbre en la política, la tecnología, la salud pública, el ambiente y la seguridad.

La globalización, la digitalización sin precedentes y el rápido cambio tecnológico tienen profundas implicancias para la concentración, uso y abuso del poder. Nos enfrentamos a graves crisis: desde el cambio climático al crecimiento de la desigualdad; desde los conflictos y el desplazamiento de población a los ataques a los derechos humanos. Signada desde un comienzo por la pandemia global, la década está marcada por la incertidumbre.

El robo y la malversación de los recursos públicos esenciales para preservar la vida de la gente y ayudar a la recuperación económica dejan en evidencia el costo humano de la corrupción. Queda claro también que los marcos orientadores de buen gobierno y de un sector privado responsable no pueden darse por sentados.

La Corrupción: un problema de Derechos Humanos

La pandemia ha demostrado claramente que la corrupción es un problema de Derechos Humanos. Aquellos países afectados por altos niveles de corrupción han sido los menos preparados para proporcionar una respuesta sanitaria adecuada y efectiva. El dinero que se pierde en corrupción son los recursos que faltan en hospitales, respiradores, medicamentos, insumos sanitarios y -ahora- vacunas. Una vez más -y esta vez a nivel global- queda claro que la corrupción mata.

Trágicamente la pandemia nos ha enseñado una vez más que terminar con la corrupción es esencial para asegurar la justicia social y económica en el mundo. Esta crisis nos ofrece el desafío y la oportunidad de una recuperación para mejor. Esto sólo será posible y sustentable si reconstruimos la confianza, sobre la base de la revalorización de la verdad y la transparencia. Es por ello que la misión de Transparencia Internacional es más relevante que nunca.

La injusticia y la falta de equidad son consecuencia de la corrupción en la toma de decisiones -tanto en el ámbito gubernamental como en el sector privado, a nivel nacional como internacional. La corrupción privada a los ciudadanos de sus derechos y oportunidades y alimenta nuevas y mayores injusticias al erosionar las instituciones que deben protegerlos.

Nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción en esta década

Este año, Transparencia Internacional lanzó su estrategia “Hacer que el poder rinda cuentas en pro del bien común. Una estrategia global contra la corrupción 2021-2030 ” . Una estrategia destinada a orientar la lucha contra la corrupción en esta década con el fin de construir un futuro más positivo para todos.

Para nosotros, la corrupción es el abuso del poder encomendado para beneficio personal. Esto incluye la corrupción en el sector público y el privado, desde el nivel local al internacional. Abarca tanto la pequeña corrupción que afecta a los ciudadanos individualmente en su vida diaria, como los casos de cleptocracia y gran corrupción y captura del Estado que dañan a sociedades enteras. Incluye el abuso de poder a cambio de beneficios económicos -como en el caso de coimas y sobornos- y también aquellos casos en que la moneda de cambio es el sexo –sextortion- y la corrupción política con el objeto de retener poder, estatus o riqueza .

Muchos de quienes ejercen poder en el sector público y privado pierden de vista el propósito social de ese poder. En muchos casos, simplemente los mecanismos de control sobre el acceso al poder y el resguardo de la integridad en el ejercicio del poder han demostrado ser insuficientes, ineficaces o no se han adaptado a un mundo cada vez más rápido y volátil.

Juntos podemos enfrentar estos desafíos y trazar un camino que nos conduce a un mundo en que, con vistas al bien común, la transparencia, la integridad y la responsabilidad en el ejercicio del poder sean la norma.

Nos referimos no sólo a los poderes tradicionales sino también a los nuevos centros de poder en la sociedad de vigilancia en el cual está en riesgo no sólo la privacidad de las personas sino su propia autonomía.

La transparencia, integridad y rendición de cuentas son esenciales con relación al uso de algoritmos y herramientas de Inteligencia Artificial en los procesos de toma de decisión. La opacidad de estos algoritmos oculta muchas veces criterios discriminatorios o sesgados que conducen a resultados injustos.

Las nuevas formas de poder requieren nuevos mecanismos de control y auditoria.

Los próximos diez años serán cruciales en la lucha contra la corrupción. El logro de un mundo mejor y más justo no es tarea sencilla; requiere un esfuerzo sostenido en muchos frentes. La "nueva normalidad" es el tiempo de la acción colectiva con el compromiso, apoyo y participación de todos y cada uno de los ciudadanos del mundo. Tenemos el deber y estamos comprometidos a poner nuestro mejor esfuerzo para asegurar la responsabilidad y rendición de cuentas en el ejercicio del poder para construir un futuro más justo, sostenible y en paz.

Dinero sucio

Delia Ferreira Rubio ABOGACÍA Organizaciones de la sociedad civil  https://www.transparency.org/en/blog/eyes-on-2030-holding-power-to-account-for-the-common-good#rumbo-al-2030-controlar-al-poder-en-pro-del-bien-com%C3%BAn?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=share-button

miércoles, 15 de abril de 2020

Delia Ferreira: El sector de la salud es propenso a la corrupción

Delia Ferreira: El sector de la salud es propenso a la corrupción
Desde Berlín, la cordobesa advierte sobre la utilización de la pandemia como excusa para no cumplir los procedimientos legales. Analiza lo ocurrido con los sobreprecios.
Delia Ferreira. Titular de Transparencia Internacional. (La Voz)
Delia Ferreira. Titular de Transparencia Internacional. (La Voz) rbattaglino ROBERTO BATTAGLINO Martes 14 de abril de 2020 - 00:03 | Actualizado: 14/04/2020 - 00:51
La titular de Transparencia Internacional, la cordobesa Delia Ferreira, alerta sobre la utilización de la emergencia y de la urgencia para enfrentar la pandemia del Covid-19 como excusa para no cumplir procedimientos legales, y de esa manera facilitar la corrupción.
Ferreira tenía previsto regresar de Berlín (donde Transparencia Internacional tiene su sede) a la Argentina cuando comenzaron a cerrarse fronteras y aeropuertos.
Desde la capital de Alemania, dialogó con La Voz sobre los recientes escándalos planteados en nuestro país con los sobreprecios en las compras del Estado para productos esenciales.
–¿Los sobreprecios están incorporados a una especie de “cultura” del Estado bajo el argumento de trámites, demoras en el pago o burocracia?
–El sobreprecio no está justificado en ningún caso. Por eso se establecen precios testigo, para que los funcionarios que compran sepan cuánto pueden pagar por cada producto. El argumento de que “los proveedores se plantaron” es absolutamente inaceptable por parte de los funcionarios. Si el Gobierno nos pide a los ciudadanos que no compremos cuando hay abuso de precios o aumentos desmedidos, que no convalidemos esas prácticas abusivas y nos facilita una app para que denunciemos abusos, ¿cómo puede ser que nadie menos que un ministro se amilane porque los proveedores se plantan? Además, hay que tener en cuenta que en estas licitaciones de emergencia que se están utilizando, es el Estado el que invita a algunos proveedores a ofertar. Y ahí claramente hay una restricción que impide la libre competencia y abre una ventana de oportunidad para la corrupción y el conflicto de intereses.
–¿Por qué los gobiernos primero reaccionan negando los hechos y luego, en algunos casos, van revirtiendo lentamente con decisiones administrativas cuando las evidencias son abrumadoras y se genera malestar social?
–La reacción tiene que ver con esquivar la responsabilidad. Negar el problema y criticar o descalificar a los que lo reportan permite desviar la atención y mantener el sistema corrupto en funcionamiento.
–¿Cobra otra dimensión un caso de sobreprecios en el Estado cuando se está en una emergencia como una pandemia y en un área tan sensible como la asistencia social?
–El Covid-19 nos enfrenta a una combinación que aumenta los riesgos de corrupción: emergencia más sector Salud. Por un lado, la emergencia y la urgencia se usan como justificativo para no cumplir con los procedimientos legales. Muchos gobiernos están aprovechando la ocasión para concentrar poder en forma abusiva y para evadir todos los controles. En este sentido debemos tener en cuenta que las situaciones de emergencia y la declaración de estados de excepción no significan un cheque en blanco para los gobiernos. Las medidas excepcionales deben ser siempre limitadas en el tiempo, necesarias para el logro del objetivo perseguido y proporcionales para no afectar los derechos de los ciudadanos más allá de lo estrictamente necesario. Además las decisiones de emergencia deben ser transparentes y estar sujetas a control para evitar abusos y garantizar que la implementación sea efectiva.
–¿Hay áreas más expuestas a esta falta de controles?
–El sector Salud es uno de los más propensos a registrar corrupción, abuso de recursos públicos, sobreprecios, conflictos de intereses y otras prácticas ilegales. En tiempos de normalidad, se estima que 500 billones de dólares se pierden anualmente por corrupción. Sólo en compras de medicamentos, entre el 10 y el 20 por ciento del monto de los recursos públicos se pierde por corrupción.
–¿Cuáles son las recomendaciones que se deben seguir para que las compras del Estado sean más transparentes?
–Los capítulos de América Latina de Transparencia International acaban de publicar un documento especial frente al riesgo creciente de corrupción en las contrataciones públicas durante la emergencia. En síntesis, es necesario garantizar la transparencia y el acceso a la información sobre todos los datos relevantes: quién compra, qué compra, a quién le compra, cuánto paga. Si pensamos en el reciente escándalo de los sobreprecios, la clave del problema está justo en estos aspectos. Los mecanismos de compras on line pueden facilitar el acceso a esta información. Es muy importante también mantener los controles y la rendición de cuentas. El seguimiento del gasto público es central en estos momentos, garantizando los mecanismos de auditoría estatal, así como facilitando los canales y mecanismos de denuncia de irregularidades. En algunos países se observan restricciones al acceso a la información e intentos de coartar la libertad de prensa con la excusa de que la transparencia atenta contra la eficacia del Gobierno en la emergencia, un argumento que, además de ser falso, facilita el abuso de poder y la malversación de los recursos públicos. Un aspecto especial para tener en cuenta en estos momentos se refiere a los subsidios, préstamos, fideicomisos y fondos con asignación específica que el Estado pone en marcha para enfrentar la crisis. La utilización de esos recursos también debe respetar los principios de transparencia y de control.
–¿Cómo evalúa a la Argentina en el contexto internacional en esta materia?
–El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que se concentra en la corrupción percibida en el sector público de los países, ubica a Argentina con 45 puntos en una escala de 100 (percibido como muy transparente) a 0 (percibido como muy corrupto). En nuestra región, los países mejor ranqueados son Uruguay (71 puntos) y Chile (67 puntos).
–¿Hay estudios sobre el impacto económico que tiene sobre las arcas públicas pagar bienes y servicios por encima de los valores de mercado?
–La cifra de lo que se pierde en corrupción es difícil de calcular porque la corrupción es un fenómeno opaco, por lo tanto lo que se conoce con certeza proviene de los casos detectados, aunque no siempre se los investigue y sancione. La ONU estima que anualmente se pagan un billón de dólares en sobornos, mientras que otros 2,6 billones de dólares de dinero público son directamente robados por la corrupción.
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/delia-ferreira-sector-de-salud-es-propenso-a-corrupcion?utm_source=twitter&utm_medium=article&utm_campaign=social-network

jueves, 2 de abril de 2020

Reclaman más controles sobre los fondos destinados al coronavirus para evitar casos de corrupción

Las zonas negras de los gastos en Salud
Reclaman más controles sobre los fondos destinados al coronavirus para evitar casos de corrupción
Expertos de Transparencia Internacional y el titular de la AGN piden que el Gobierno tome más medidas para tratar de transparentar las compras directas de medicamentos, reactivos y equipos.

Delia Ferreira Rubio, presidenta de Trasnparencia Internacional en el en un reciente evento. Foto Federico Lopez Claro
Daniel Santoro | 02/04/2020 - 15:00 | Clarín.com Política
Especialistas en la lucha contra la corrupción advirtieron la necesidad de que los gobiernos nacional, provinciales y municipales realicen controles en tiempo real sobre las millonarias compras directas que están haciendo a fin de enfrentar la pandemia del Covid 19. Sucede que a través de decretos de necesidad y emergencia (DNU) se habilitó la compra directa de medicamentos, reactivos, equipos de respiración y otros gastos sin una licitación pública por el avance de la epidemia.
Las últimas noticias sobre el virus que afecta a la Argentina y al mundo.
La presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) Jesús Rodríguez y la abogada Silvina Martínez, entre otros, señalaron que en estas situaciones de emergencia aumentan los riesgos de corrupción y abuso de poder. Se pusieron como ejemplo los casos del sanatorio Antártida de Hugo Moyano y de los hospitales del Bicentenario de La Matanza.
La experiencia internacional demuestra como gastos de emergencia terminaron en casos de corrupción desde la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua en 1974 hasta el Tsunami en el Océano Indico de 2014.
La presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, recordó a Clarín que “el sector salud es una de las áreas donde se detecta mayor corrupción (compra de medicamentos, vacunas, instrumental, suministros)”. Se estima que anualmente se pierden en corrupción en los sistemas de salud a nivel global alrededor de 500 billones de dólares. Como ejemplo local en Argentina existió el caso de la mafia de los medicamentos.
“La emergencia que habilita mecanismos excepcionales en las contrataciones públicas y genera ventanas de oportunidad para la corrupción, el abuso de los recursos públicos, los conflictos de interés. La urgencia no justifica ninguna forma de abuso de poder”, recomendó Rubio al gobierno de Alberto Fernández.
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Para la especialista argentina, entonces “el estado de emergencia no debe ser visto como una excusa para la falta de transparencia y control en las contrataciones públicas” y por eso deben seguir actuando la SIGEN, la Oficina Anticorrupción y la Auditoría General de la Nación, entre otros organismos de control.
Por el contrario “toda medida de emergencia debe respetar el Estado de Derecho, debe ser proporcional al desafío que se enfrenta, debe ser limitada en el tiempo y debe respetar los principios de transparencia y control”, agregó.
“Es indispensable que el proceso de toma de decisiones frente a la emergencia sea transparente y se mantenga informada a la población. Además el gobierno debe garantizar la plena apertura y control en las contrataciones que se realicen, de manera de evitar maniobras indebidas, compra de materiales inadecuados o a precios abusivos”, reclamó Ferreira.
Por su parte, el titular de la AGN Jesús Rodríguez explicó que su organismo tiene “un plan de trabajo diseñado sobre una matriz de riesgo que evita la discrecionalidad para elegir al auditado que seguramente vamos a tener que cambiar ante la situación creada por el coronavirus”.
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Rodríguez dijo a Clarín que firmó una resolución para habilitar el teletrabajo porque “indefectible la pandemia no puede evitar la rendición de cuentas” de parte de los funcionarios nacionales. Puntualizó que la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), que integra la AGN, tiene normas de procedimiento para controlar gastos de gobiernos en situaciones de catástrofe y emergencia.
Rodríguez dio por descontado que la comisión mixta revisora de cuentas del Congreso apoyará los cambios en el plan de trabajo de la AGN para dirigir los controles hacia las contrataciones directas.
A su turno, la asesora de la ex diputada del GEN Margarita Stolbizer, Silvina Martínez, reclamó que se amplíen los controles y puso como ejemplo llamativo una licitación del Instituto Malbrán de febrero pasado en que “se compraron reactivos y otros insumos básicos por 6 millones de pesos y, a la vez se contrató a una consultora para asesore sobre cómo ejecutar el presupuesto por 7 millones de pesos”.
“Es hora que los organismos de controlen pidan rendiciones de cuentas para que no se produzcan las avivadas de siempre y se permitan negociados con la emergencia”, agregó Martínez.
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A su vez, el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, explicó una serie de recomendaciones de Transparencia Internacional y sus capítulos latinoamericanos para mantener los controles sobre estos casos de emergencia contenidas en un documento conjunto. Secchi dijo a Clarín que “sobre todo en tiempos de emergencia los organismos de control tienen que estar en funcionamiento con especial atención en este tipo de compras y contrataciones. En tiempos de emergencia la información es vital para que los fondos públicos vayan a donde tienen que ir”.
Ese documento recomienda que “la información que se genere en materia de contrataciones públicas debe concentrarse en un sitio público específico (página web, micrositio oficial, u otro), asegurando la estandarización de su contenido”.
Este estándar de información debe considerar al menos diez elementos: información de los bienes o servicios adquiridos en el procedimiento de contratación, precio unitario y global de los bienes o servicios contratados, tipo de procedimiento de contratación utilizada, un registro con información sobre los contratistas, justificación técnica para definir la contratación, información sobre los requisitos de cumplimiento del contrato y población o necesidad a la que responde la contratación. Los estándares también deben incluir mecanismos y elementos para la verificación del cumplimiento de las condiciones de la contratación, entidad pública y funcionario responsable de la contratación.
El experto en corrupción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Roberto De Michele, recordó que “los desastres naturales, epidemias, crisis humanitarias o actividades para estimular la economía son situaciones en las cuales se manifiestan riesgos altos de uso indebido de los recursos públicos”.
Además, “cuando hay fraude y corrupción se pierde dinero indispensable para enfrentar la crisis de manera efectiva. Esto, a su vez, genera un círculo vicioso donde se ve afectada la gobernabilidad, especialmente por la merma de confianza de la ciudadanía en las instituciones”. Como muestra un reciente estudio del Banco Mundial, “la efectividad en el uso de los recursos asociados con la ayuda al desarrollo es un tema central, especialmente para que el dinero llegue a los más vulnerables y no termine en paraísos fiscales”, agregó De Michele.
La experiencia reciente muestra una lista de casos donde existió corrupción. Tras el tsunami del 2004 en el Océano Índico, se movieron unos 13.5 billones en asistencia. “Existieron varios indicios sobre esquemas de corrupción y fraude en el uso de estos recursos” por parte de varios gobiernos, dijo De Michele.
En el caso del Huracán Katrina, la Oficina de Rendición de Cuentas de los Estados Unidos calculó que entre U$S 600 millones y U$S1.4 billones – el 16% del total de la ayuda- “se perdieron en actividades indebidas". Y finalmente, el diario El Washington Post reportó recientemente que el programa de reconstrucción de Puerto Rico “está afectado por serias acusaciones de corrupción, y que llegan a autoridades de la agencia encargada de la gestión de emergencias”, finalizó el experto del BID.
https://www.clarin.com/politica/reclaman-controles-fondos-destinados-coronavirus-evitar-casos-corrupcion_0__Pry-IhuA.html

lunes, 1 de abril de 2019

Transparencia Internacional objeta el uso del voto electrónico | | @DeliaFerreira,@Anticorruption @PCiudadana

Transparencia Internacional objeta el uso del voto electrónico

Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, Miriam Díaz Santana, coordinadora de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel durante el Almuerzo  Semanal en el Periódico Hoy en Santo Domingo Rep. Dom. 20 de febrero del 2019. Foto Pedro Sosa

Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, Miriam Díaz Santana, coordinadora de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel durante el Almuerzo Semanal en el Periódico Hoy en Santo Domingo Rep. Dom. 20 de febrero del 2019. Foto Pedro Sosa
Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional (TI), manifestó ayer su rechazo a la implementación del voto electrónico para las elecciones de 2020, ya que no garantiza el secreto del sufragio y es tan vulnerable que los resultados pueden ser alterados.
“El sistema del voto electrónico es peligroso, toda vez que no garantiza el voto secreto, ni tampoco la integridad de los resultados”, precisó.
Al participar en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, la representante del organismo internacional dijo que aunque parece cool y moderno, este sistema ni es rápido, ni moderno, ni cool y sí muy costoso.
De igual manera dijo que tampoco es bueno para el medio ambiente, ya que el funcionamiento de los equipos genera contaminación.
“No hay ningún tratado internacional que diga que las elecciones tienen que ser rápidas y modernos, pero lo que sí dicen los tratados internacionales es que el voto debe ser secreto”, enfatizó.
Durante su intervención en el conversatorio, Ferreira Rubio dijo que en Alemania, por ejemplo, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el voto electrónico. “El sistema electoral para ser transparente debe garantizar que cualquier ciudadano entienda cómo opera, y en este caso, para entender qué hace la máquina, cómo lo hace y quién decide lo que hace, hay que ser un superexperto”, dijo.
A consideración de la experta en materia anticorrupción, este sistema es muy vulnerable y puede ser hackeado con facilidad.
Advertencia. De acuerdo a su experiencia, sería muy peligroso para la democracia que la clase política conozca por quien vota cada ciudadano.
De los 20 países más desarrollados, el único que usa este sistema es Estados Unidos, y no en todo el territorio, sino para el 35 por ciento de sus electores, explicó Ferreira Rubio.
De igual manera, detalló que en Holanda compraron equipos pero al final no lo usaron y volvieron al conteo manual.
Según agregó, hasta anularon por la vía electrónica el envío de las actas.
Refirió que solo cuatro países en el mundo usan el voto electrónico, que son Venezuela, Brasil, La India y la República Democrática del Congo, y en todos se han registrado denuncias de anomalía e irregularidades.
Se hicieron estudios que demuestran cómo se puede alterar el resultado del voto popular”, enfatizó.
En el encuentro semanal participaron también Miriam Díaz Santana, coordinadora de Participación Ciudadana (PC), y el director ejecutivo de la entidad, Carlos Pimentel, quienes reiteraron su preocupación por los niveles de impunidad imperantes en el país, pese a los esfuerzos que se realizan para lograr mayores niveles de transparencia.
Financiamiento. Sobre el financiamiento de las campañas electorales, Ferreira Rubio dijo que es otro tema que de preocupación, tras precisar que es fundamental que los partidos puedan establecer de dónde provienen los recursos que utilizan. “Ese tipo de situaciones abren paso a los conflictos de intereses”, precisó Ferreira Rubio.
Odebrecht. En torno al sonado caso, la extranjera dijo que lo principal es que los responsables sean castigados de acuerdo a lo que establece la ley. “Hay que poner coto a la impunidad”, puntualizó.
Al referirse al tema, Miriam Díaz Santana, de Participación Ciudadana, dijo que el expediente tiene tres fallas importantes (del Caso Odebrecht)
1) se excluyeron las sobreevaluaciones, 
2) el tema del financiamiento de las campañas y 
3) los implicados de la actual gestión de gobierno. “No hay ningún funcionario de este período dentro de la acusación”, puntualizó.
Por el caso son procesados los exsenadores Andrés Bautista y Jesús (Chu) Vásquez; el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el empresario Ángel Rondón; el abogado Conrado Pittaluga, el senador Tommy Galán, y el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables (Inapa), Roberto Rodríguez.
Están acusados de recibir sobornos por US$92 millones de la empresa brasileña Odebrecht a cambio de contratos para construcciones de obras en el país.
Visita
Durante su agenda de trabajo en el país, Ferreira pronunció la conferencia titulada “Administración pública, transparencia como garante de los Derechos Humanos”, como parte del acto de Lanzamiento del proyecto “Acción Ciudadana por una Administración Pública inclusiva que garantice los Derechos Humanos”, desarrollado por Participación Ciudadana junto a Oxfam RD, Ciudad Alternativa y Fundación Solidaridad, con el auspicio de la Unión Europea. La visita de la representante del organismo internacional culminará con una charla hoy, a las 5:00 de la tarde, en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UASD, sobre “Corrupción e Impunidad en la región: Rol de la sociedad civil”. http://hoy.com.do/transpare-nci-a-internaci-onal-objeta-el-uso-del-voto-electronico/
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@DeliaFerreira Antes de usar el #VotoElectrónico, deberían revisar con mucho cuidado.Este tipo de voto ha sido rechazado por países más desarrollados en el mundo; solo 4 países lo usan. No hay ningún tratado internacional que diga que el sistema de voto debe ser rápido y moderno | @Anticorruption @PCiudadana

lunes, 25 de febrero de 2019

Comisión de Transparencia Internacional y Participación Ciudadana visitan al procurador general de la República | @DeliaFerreira,@Anticorruption @PCiudadana

Comisión de Transparencia Internacional y Participación Ciudadana visitan al procurador general de la República

El procurador Jean Rodríguez intercambió con la comisión opiniones respecto al tema de la corrupción, coincidiendo que en el caso de Odebrecht sus imputados deben ir a juicio de fondo.

El procurador Jean Rodríguez intercambió con la comisión opiniones respecto al tema de la corrupción, coincidiendo que en el caso de Odebrecht sus imputados deben ir a juicio de fondo.
El procurador general de la República, Jean Rodríguez, recibió la visita de cortesía de una comisión de Transparencia Internacional y de Participación Ciudadana, durante la cual trataron sobre los procesos judiciales por casos de corrupción que se llevan en el país.
La comisión estuvo conformada por Delia Ferreira Rubio, presidente de la Junta de Directores de Transparencia Internacional; por el señor Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, y por el también miembro de esta última entidad, Francisco Álvarez.
En una conversación franca y abierta, el procurador Jean Rodríguez intercambió con la comisión opiniones respecto al tema de la corrupción, coincidiendo que en el caso de Odebrecht sus imputados deben ir a juicio de fondo.
El magistrado Jean Rodríguez, durante el cordial encuentro, que tuvo lugar en su despacho, presentó las mejoras que ha aportado al sistema de justicia dominicano, sobre todo, de las acciones que ha llevado a cabo para fortalecer la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y eficientizar la lucha contra la corrupción.
Resaltó que desde el inicio de su gestión comenzaron por fortalecer la PEPCA, aumentando en un 24% su personal de carrera e integrando al servicio a decenas de analistas, además de la ampliación de los programas de capacitación para combatir la corrupción de manera más efectiva.
En ese mismo orden, dijo que a ese órgano especializado del Ministerio Público le han sido suministrados más equipos, vehículos y aparatos tecnológicos para reforzar las labores de investigación, así como la prevención y el combate de ese flagelo.
El jefe del Ministerio Público dijo que en su gestión han aplicado por primera vez, desde su promulgación hace más de 10 años, la Ley sobre Soborno en el Comercio y la Inversión No. 448-06, para perseguir los casos de corrupción administrativa.
En el marco de esa normativa, dijo que han logrado indemnizaciones a favor del Estado dominicano superiores a los 190 millones de dólares, que hoy gran parte de ellos están siendo utilizados para mejorar el sistema penitenciario nacional, a fin de propiciar un clima de mayor seguridad, que logre impactar positivamente la lucha contra la delincuencia en el país.
http://hoy.com.do/comision-de-transparencia-internacional-y-participacion-ciudadana-visitan-al-procurador-general-de-la-republica/
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jueves, 21 de febrero de 2019

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Lanzan Proyecto “Acción Ciudadana Por Una Administración Pública Inclusiva”
Nacionales
Febrero 20, 2019 SANTO DOMINGO
Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la gobernanza democrática social y la modernización del Estado, el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, junto a Oxfan, Ciudad Alternativa y Fundación Solidaridad lanzaron el proyecto “Acción Ciudadana por una Administración Pública inclusiva que garantice los Derechos Humanos”.
A través de la iniciativa, las organizaciones impactarán a 300 instituciones de mujeres, jóvenes y ONG que trabajan rendición de cuentas, transparencia y gestión pública incentivandolas a promover la equidad, la ética y transparencia. 
https://infoteleantillas.com.do/lanzan-proyecto-accion-ciudadana-por-una-administracion-publica-inclusiva/





























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