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martes, 9 de julio de 2019

REPORTAJES | República Dominicana debe proteger 17 grandes zonas captadoras de agua

REPORTAJES
República Dominicana debe proteger 17 grandes zonas captadoras de agua

Medio Ambiente cita la agricultura, las construcciones y el turismo entre las amenazas a la foresta

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rio pedernales
El agua que consume la población y los turistas que visitan a República Dominicana, así como la utilizada en los procesos productivos de la industria, las hidroeléctricas o la agricultura, depende en gran medida de zonas de captación hídrica localizadas en sistemas boscosos de altas montañas sobre los que diversos académicos advierten —desde hace décadas— un progresivo deterioro ambiental.
“En la República Dominicana, existen unas 17 Zonas Productoras de Aguas, localizadas en los principales sistemas montañosos”, dice, de manera textual, el Inventario Nacional Forestal en la República Dominicana 2018 (INF-RD) realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el respaldo de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ).
“El país posee unas 118 cuencas hidrográficas, donde se incluyen los ríos de mayor longitud y más caudalosos del área antillana: Yaque del Norte, con 7,050 kilómetros cuadrados; Yaque del Sur, con 5,340 kilómetros cuadrados; Yuna, con 5,070 kilómetros cuadrados entre otros ríos de relevancia, como Camú, Artibonito y Nizao”, dice el estudio elaborado dentro del Programa Regional Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación de Bosques en Centroamérica y República Dominicana, de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (REDD/CCAD-GIZ) y el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial.
La Cordillera Central concentra la mayor cantidad de zonas captadoras de agua y sirve de cuna al menos a 709 cauces de ríos y arroyos. Le siguen la Septentrional (243) y la Oriental con (193), así como las sierras de Neiba y Bahoruco.
El inventario, sustentado por Medio Ambiente bajo la autoría intelectual del Centro Regional de Estudios y Servicios (Creser) y la chilena Sud-Austral Consulting S.p.A, plantea que la diversidad florística de República Dominicana incluye unas 9,177 especies de plantas vasculares y no vasculares, con un total de 2,050 endémicas (34.1%).
El bosque nublado de Sierra Bahoruco, fundamentales para el agua de RD y Haití, está siendo impactado por la agricultora.
Reflexiona sobre los peligros que se ciernen sobre todas las especies forestales. “Estas amenazas —afirma— en su mayoría están asociadas a deficiencias y limitaciones de recursos para la gestión y manejo efectivo, al desarrollo mal entendido que tienen ciertos sectores públicos y privados del país y a la desigual distribución de las riquezas”.
Añade que “las principales amenazas son la agricultura no sostenible, el desarrollo turístico y urbanístico, la minería, especies invasoras, fenómenos atmosféricos, incendios forestales, cacería, y la sobre explotación de la pesca”.
Asegura que para 2012 la cobertura forestal era de un 39.2% del territorio nacional. Cita cifras preliminares de 2011 que apuntan a que “la expansión de la frontera agrícola ha sido la causante del 55% de las pérdidas de los bosques del país, mientras que la extracción de madera, la producción de leña y carbón y el aprovechamiento de otros productos forestales representa el 26%”.

Atribuye a los incendios forestales la reducción del 7% de la cobertura forestal del país. La construcción y expansión de caminos, carreteras, puertos, ciudades y otras infraestructuras impactaron en el 12%.
Pese a eso, promueve con optimismo la idea de que en la actualidad la superficie forestal del país se sitúa en un 43.6% del territorio, un total de 2,103,645.32 hectáreas de un total de 4,815,694.42 hectáreas.
Pero el dato despertó poco convencimiento entre los biólogos de la Academia de Ciencias de República Dominicana, la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Grupo Jaragua, que incluso organizaron un debate sobre el informe.
El biólogo Luis Carvajal Núñez, de la Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental de la UASD, sostiene que para dar la impresión de una ampliación de la cobertura forestal, Medio Ambiente asumió un cambio de la metodología al medir el bosque. “Incluye la contabilidad de áreas que no entran en la definición tradicional de bosque, como matorrales y una serie de áreas sembradas”.
“El propio informe revela una situación gravísima, aunque se tapa en el manejo oficial que le da el Estado, y es el de la erosión genética del bosque dominicano; o sea, no solamente nosotros estamos perdiendo bosques, sino que estamos perdiendo la calidad de ese bosque”, dice.
Yolanda León, docente investigadora del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) e integrante de Grupo Jaragua, señala una serie de inconsistencias en el estudio de Medio Ambiente, la cuales van desde la definición de bosque hasta el objetivo de la investigación que se presentó como un inventario.
León recuerda que el primer estudio de vegetación y cobertura de la tierra para República Dominicana, realizado con el uso de de imágenes de satélite, se publicó en 1998 en la Revista Moscosoa del Jardín Botánico Nacional, bajo la firma de Luis Tolentino y María Peña, técnicos de la entonces Subsecretaría de Recursos Naturales, de la Secretaría de Agricultura.
El citado estudio recibió el respaldo y la asesoría del entonces Servicio Alemán de Cooperación Técnica (DED) y se apoya en imágenes correspondientes a 1996 del satélite Landsat de la NASA, “utilizando una clasificación semi-automatizada; es decir, se verificaron en campo varios sitios para ´calibrar´ los valores de reflectancia que se leían en la imagen satelital para las distintas coberturas”.
“Con esto el computador puede extrapolar distintas clases de cobertura a todo el territorio del país de manera semi automática. Esto es importante, porque en ningún país es posible verificar todo en campo”, explica. Dice que la investigación define más de 30 categorías de cobertura, pero solo suma 7 para estimar la boscosa: “bosques de coníferas (pinares) densos o abiertos, bosques latifoliados (de hojas anchas o húmedos) nublados, húmedos, o semihúmedos), bosques secos y manglares junto a drago (que son humedales o bosques inundados todo o parte del tiempo)”.
Para entonces sumaban 1,326,605 hectáreas, equivalente al 27% del territorio. Explica que el estudio se repitió en 2003 con imágenes satelitales de 2000 y se situó en 31% la cobertura, aunque entonces el dato no se publicó.
Lo mismo sucedió en 2012, con imágenes de 2010, y los resultados publicados dos años después arrojaron una de 39%, afirma, para preguntarse, ¿cómo Medio Ambiente llegó ahora a concluir que la cobertura se sitúa en un 43.6%?
Las consultoras
Pero la respuesta a las dudas de León y Carvajal Núñez no está en manos de Creser o Sub-Austral, autoras del estudio, ya que ambas consultoras afirman que el propio Ministerio de Medio Ambiente suministró los datos sobre la cobertura del bosque disponible.
“Dado que el INF-RD se desarrolló en el marco del componente 3 del proyecto Preparación de Readiness (R-PPs) de República Dominicana, se estableció que lo que se buscaba era cuantificar y caracterizar las existencias de los recursos forestales del país, y establecer la línea base para la implementación del Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) en el marco de la Estrategia REDD+ Nacional; esto significa que un elemento esencial dentro de los resultados a obtener correspondió a determinar los stocks de CO2 de los bosques”, responde desde Chile Patricio Emanuelli Avilés, director y representante legal de Sud-Austral.

Añade que el estudio busca establecer los niveles de referencia sobre las emisiones asociadas a la deforestación, degradación de bosques, su manejo sostenible y el incremento de reservas de carbono, y la línea base sobre el estado de los ecosistemas forestales del país y/o sobre el total de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), asociadas a la deforestación y degradación de los ecosistemas forestales.
“En este sentido, la superficie forestal del país no es un producto generado a partir del INF-RD, sino que es un insumo necesario para la planificación y ejecución de este, en lo relativo a la distribución de las unidades de muestreo y a la localización posterior de estas en el terreno, así como a la proyección del total de stocks de CO2 ya que el inventario lo que permite es estimar estos stocks por unidad de superficie (ton CO2/ha) y, en consecuencia, para llegar al stock total por cada tipo de bosque (ton CO2) se requiere conocer la superficie (en hectáreas) de cada uno de ellos”.
“La superficie forestal del país utilizada para las estimaciones realizadas una vez terminado el trabajo de campo fue proporcionada al Consorcio por la Unidad de Monitoreo Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Unidad Técnica de Gestión del Proyecto REDD+”, indica.
También el especialista en foresta José Elías González, presidente de Creser y asesor de la Cámara Forestal Dominicana (CFD), explica que ni Sub-Austral ni su consultora determinaron el porcentaje de la cobertura boscosa del país.
Dice que los datos provienen de un estudio previo encargado por Medio Ambiente. “A nosotros nos dieron los datos de la cobertura y los aplicamos al inventario forestal”. “Ellos contrataron primero a un dominicano, Pablo Ovalles, y después a un costarricense y no sé realmente si fue la combinación de los resultados de los dos consultores (que le dieron) o tomaron solo una, pero esos dos consultores los contrató el Ministerio”.

Preocupación permanente sobre áreas como Valle Nuevo o Bahoruco

Zonas hídricas sensibles, como Valle Nuevo o el Parque Nacional Sierra Bahoruco, despiertan una preocupación especial entre académicos y ecologistas que denuncian el impacto que tiene de la agricultura, sobre todo en los sistemas cobijados bajo bosques captadores de agua a través de la humedad de las nubes.

La Academia de Ciencias de República Dominicana emitió en agosto pasado un informe en el que da cuenta de la desaparición del 70% de los bosques de la cuenca del río Mulito, vital para Pedernales y su comunidad vecina haitiana Anse a Pitre, a causa de la tumba y quema que da paso a la agricultura de subsistencia que se practica en Aguas Negras, Mencía, La Altagracia y Los Arroyos. Deplora que los bosques de hace 30 años dieron paso al cultivos y en la actualidad al barbecho. En consecuencia, llamó a las autoridades a “detener definitivamente la siembra de aguacate y hortalizas dentro del bosque nublado del Parque Nacional Sierra de Bahoruco”.
El pasado 18 de junio el Medio Ambiente informó que estudiará, con el apoyo de expertos internacionales y nacionales, el balance hídrico en Sierra Bahoruco y el impacto de la producción de aguacate, un anuncio que los ecologistas observan con recelo. Según Medio Ambiente, el estudio incluiría la creación de una red climática para monitorear la variabilidad de temperatura, humedad y pluviometría, así como la curva de descarga de los cauces presentes en las cuencas.

jueves, 10 de enero de 2019

Dos décadas gargareando un proyecto de ley de agua

REPORTAJES
Dos décadas gargareando un proyecto de ley de agua
El Gobierno reconoce que mantiene el uso del recurso sin regular y prepara nueva legislación
Panky CorcinoPor: Panky Corcino21 de diciembre, 2018
ley de agua grifo
Los legisladores, los ecologistas y los sectores productivos de República Dominicana llevan más de dos décadas gargareando sobre la creación de una ley de agua que regule la protección y el aprovechamiento de este vital recurso.
Aunque en el Congreso Nacional reviven y perimen al menos tres proyectos con grandes coincidencias en sus enfoques, la gestión de Danilo Medina designó, desde principios de 2017, una comisión técnica de cuatro dependencias del Gobierno para buscar consenso y volver al Poder Legislativo con una nueva propuesta para crear una un texto jurídico que garantice la racionalidad y sostenibilidad en el uso de los recursos hídricos del país.
El propio Gobierno reconoce, en un informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), las debilidades del marco jurídico imperante para regular el manejo del agua que sustenta “las diversas actividades productivas económicas y socioculturales, la salud humana y la calidad de vida de los dominicanos”.
El informe presentado por el Gobierno en el octavo Foro Mundial del Agua, celebrado este año en Brasil, plantea: “En la actualidad, algunos de los sectores más importantes de República Dominicana se encuentran regulados, tal es el caso del sector eléctrico, el sector bancario, el sector de las telecomunicaciones, entre otros. Sin embargo, hasta la fecha el tema de agua, agua potable y saneamiento todavía se encuentra desregulado, o más bien es un sector que muestra rezago en materia institucional”.
Refiere dos proyectos de ley presentados al Senado de la República por los congresistas oficialistas Adriano de Jesús Sánchez Roa y Félix María Nova Paulino, el 3 de agosto de 2017 y el 16 de enero de 2018. “El proyecto de ley ha sido reintroducido y perimido bajo las iniciativas Nos. 05911-2009, 5329-2008 y 06636-2009, siendo la iniciativa No. 00245-2017-PLE-SE la que se está trabajando actualmente”.
El director del Indhri, Olgo Fernández, adelanta que la agropecuaria de República Dominicana deberá pagar por el agua servida.
Pero el vocero del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en la Cámara de Diputados, Máximo Castro Silverio, recuerda que también introdujo un proyecto. “Esa ley tiene aquí como 18 años, yo veo que desde 2002 anda por ahí”, dice, respecto a la iniciativa de su organización que, según explica, la presentó al principio Mario (Yiye) Fernández Saviñón, “y le dimos seguimiento como bloque legislativo”.
“Es una ley —añade— que tiene muchos intereses, hay muchos intereses entre empresarios y sectores que quieren intervenir en el manejo del agua”.
El geólogo Osiris de León, asesor científico del Poder Ejecutivo, ve los escollos dentro de la propia estructura estatal. “El problema que tenemos con la ley de agua es porque se ha generado un tranque durante 20 años, fruto de que las instituciones que están facultadas por ley para manejar y regular el agua no se ponen de acuerdo; instituciones que son operadoras también asumen un rol reguladoras e instituciones que son reguladoras a veces asumen un rol de operadores”, sostiene.
Los congresistas y el Gobierno llevan poca prisa. Castro Silverio asegura que la iniciativa, “se ha aprobado aquí como tres o cuatro veces y se envía al Senado, donde se ha caído. Luego los proyectos se refundieron y ahora estamos estudiando uno, presentado por Félix Nova, en una comisión bicameral”.
A principios de diciembre el propio senador Nova Paulino, explicó, a través de un asistente, que se podrá referir al proyecto de ley el próximo año porque estaba “muy atareado” en temas de su provincia, Monseñor Nouel, así como en “los preparativos de los asuntos navideños”, además de que “la legislatura está cerrando”.
Mientras, el MEPyD encabeza, con los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, así como con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), una comisión que busca, junto a las entidades que administran los acueductos de todo el país, un nuevo Proyecto de Ley de Agua para presentarlo al Congreso Nacional.
“El miércoles tuvimos una reunión y, posiblemente antes de finalizar este mes de diciembre ya estemos unificando criterios para un proyecto consensuado, integrado, que el Presidente va a enviar al Congreso; un proyecto consensuado por las instituciones del Gobierno y por los actores que participan en el manejo del agua”, dice Olgo Fernández, director del Indrhi.
El funcionario asegura que las leyes que se discuten en el Senado y la Cámara de Diputados “no se van a dejar atrás” y serán tomadas de referencia. “Ellos siguen avanzando, pero recuerde que esa ley que ellos tienen en las manos tiene 20 años y no se ha podido aprobar, precisamente por las diferencias que existen entres los actores”.
Por ejemplo, los proyectos plantean la creación de la Autoridad Nacional del Agua (Anagua) para sustituir al Indrhi, pero el funcionario asegura que “aquí no hay que crear más entidades”. “Esos son inventos; nosotros no somos Chile, ni somos México, ni somos Argentina ni Colombia”, enfatiza Olgo Fernández.

Millones para el agua

Para el ecologista Luis Carvajal Núñez, de la Academia de Ciencias de República Dominicana y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), “lo que realmente ha impedido que tengamos una ley de agua es una competencia entre los organismos del Estado sobre quién va a manejar los cuantiosos recursos económicos que tienen que ver con el agua, entre el Indrhi, las ‘coras’, Inapa, los ayuntamientos, Medio Ambiente o el propio Secretariado Técnico de la Presidencia.
“Existe un primer Proyecto de Ley de Agua que se discute desde hace 20 y pico de años, probablemente más. De hecho, se discutía cuando debatíamos la Ley de Medio Ambiente, igual que la Ley de Ordenamiento Territorial”, apunta Carvajal Núñez.
La visión de Olgo Fernández le da la razón. “El legislador —dice— no administra cuencas, no administra nada, el legislador va a promulgar una ley. Son los actores, Medio Ambiente, el Indrhi, Agricultura, los que manejan el agua potable (Inapa, Caasd, Coraasan) los que tienen que presentar metodologías que puedan ser viables para la sociedad”.
Reconoce que la discusión del tema lleva 20 años, sin poder salir adelante, “porque los actores no han podido presentar una propuesta consensuada como la que presentará la mesa del agua que el Presidente conformó”.
Carvajal Núñez recuerda que “alrededor del agua hay siempre enormes inversiones y el control de los recursos que se manejan en el sector agua, tanto lo que pueda generar como los que se asignan al sector, son apetecidos y hay un problema de a quién le corresponde qué. Por eso, lo más difícil ha sido poder poner a instancias del Estado de acuerdo”.
La Caasd deja de cobrar cada mes unos RD$32.6 millones.
Solo para 2019 el Presupuesto Nacional incluye cuantiosos recursos para el recurso hídrico. El renglón “Abastecimiento de agua potable” recibirá más de RD$15,329.5 millones, a través del Ministerio de Salud Pública y del programa “Servicios Sociales”, según el portal Transparencia Fiscal.
La plataforma, del Ministerio de Hacienda, también recoge que a través de “Protección al Medio Ambiente”, el Gobierno destinará para la “Administración del agua” más de RD$166.4 millones.
A estos se suman los fondos destinados al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri), que tiene presupuestado RD$6,018.9 millones, así como diversos proyectos de financiamientos enfocados en el sector agua.
El Presupuesto Nacional autoriza al Gobierno a concertar préstamos de US$80 millones y US$40 millones, para proyectos de saneamientos en Santiago y la Cañada Guajimía, en Santo Domingo.
También, US$97.3 millones para la ampliación del Acueducto Oriental, Barrera de Salinidad y Transferencia a Santo Domingo Norte; US$46.5 millones para el proyecto de Desarrollo Agrícola de Azua II; otros US$40 millones para los acueductos de San José de Ocoa y Sabana Larga y US$40 millones para los de Juan Sánchez Ramírez.
El Indhri, de su lado, encabeza en estos momentos el ambicioso Proyecto Múltiple Monte Grande, con crédito contratado por RD$12,424.2 millones, de los que manejaría RD$3,108 millones en 2019.
Los recursos, sin embargo, resultan insuficientes para cubrir todas las necesidades. “El Indrhi requeriría alrededor de unos 10 mil millones de pesos para poder hacer las funciones que tiene”, alega Olgo Fernández.
El MEPyD calcula que, para una cobertura total en el sector Agua Potable y Saneamiento (APS), el país requeriría destinar el equivalente al 2% del PIB en el primer año y 1.6% durante tres años consecutivos.
“El monto de las inversiones asciende a 6,241.78 millones de dólares, correspondiendo el 30% para agua potable, el 44% para alcantarillado sanitario y el 26% para alcantarillado pluvial, con una inversión promedio anual de 480.14 millones de dólares durante los próximos trece años, esto es hasta el 2030”, dice el MEPyD.
El director del Indhri insiste en que la inversión requerida para conservar las cuencas, almacenar y distribuir el recurso obliga a los dominicanos a terminar de entender que “el agua no debe ser gratis para nadie, porque es un insumo sin el que no se puede producir”.
“En el momento en que se apruebe la ley del agua, las juntas de regantes, que son las que reciben el agua en los canales para la agricultura, van a tener que recibirlas en metro cúbico; van a tener que pagar, porque ellos cobran a los usuarios, pero no le devuelven un centavo al Indrhi”, se queja.
Eliseo González, gerente de Planificación del Indrhi, explica que “el Gobierno no cobra por el agua de riego, pero las juntas de regantes sí cobran a sus miembros para limpiar y mantener los canales que el Indrhi les entrega, es decir, solo cobran una parte de los costos”.
Reconoce que en República Dominicana, como en muchos otros países, los agricultores carecen de la capacidad económica para pagar lo que cuesta servirles el agua que utilizan en sus cultivos.
“En este año, un grupo de asesores de una tesis de grado de la UASD estimamos, más que el costo, el valor del agua en riego, por un método llamado de ‘La Plusvalía de la Tierra’, es decir, que para el caso de Baní averiguamos cuánto cuesta una parcela sin riego y cuanto con riego. En función de eso determinamos que el valor del agua en riego es de RD$10 por metro cúbico”, dice.

Tampoco se paga la potable

La agropecuaria utiliza el 80% de la totalidad de la oferta de agua, el consumo humano recibe un 12%, según el libro “Contraste de la disponibilidad y demanda de agua por provincia”, de Gilberto Reynoso Sánchez.
Pero ninguno de los sectores se inclina por pagar en forma religiosa el agua servida. El director ejecutivo de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (Coraabo), Fermín Brito Rincón, explica que esa institución, con unos 13,485 usuarios, facturó entre enero y octubre de este año RD$117.3 millones, de los que recaudó sin mora RD$60.7 millones, un 51.7%.
Un hogar de la capital, con un consumo básico, recibe una factura en la que la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) explica que debe pagar una tarifa de RD$162, pero que el Gobierno le subsidia por el servicio RD$370, más del doble de la cantidad que le cobra.
El indhri maneja la construcción de la presa de Monte Grande, un proyecto que conlleva una amplia inversión del Estado.
La CAASD informa que factura unos RD$134.2 millones al mes, de los que cobra RD$101.6 millones. La entidad estima que debería facturar RD$805.2 millones y cobrar RD$609.6 millones a 380,205 usuarios, de los que solo pagan 112,420.
Mientras, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), con 74,897 usuarios, factura unos RD$211.2 millones al mes, de los que cobra RD$150 millones.
Además de cobrar, el Estado tiene pendiente la tarea de eficientizar y ampliar el servicio. En la actualidad, aunque el 76.1% de los hogares utiliza agua a través de un grifo de un acueducto, solo el 52.5% tiene un grifo dentro la vivienda, según la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar-2017), que acaba de difundir la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Otros hogares acceden al servicio a través de un grifo en su patio (23.6%) o de una vivienda vecina (4.5%), mientras que un 10.3% accede al líquido a través de algún pozo y un 4.4% por medio a un camión cisterna, según la encuesta.
“En términos generales, el 46.3% de los hogares del país recibe el servicio de agua, de dos a tres días a la semana y, el 33.9% lo recibe de seis a siete días”, dice el estudio.
Añade que “el 32.7% de los hogares recibe el servicio de agua por menos de 5 horas, los días de la semana que lo reciben; 22.3% de 5 a 9 horas; 16% de 10 a 19 horas, y 28.8% por 20 horas o más”.

Presa para el Este

El senador Rubén Darío Cruz, quien encabezó la comisión de medio ambiente y recursos naturales entre 2006 y 2008, asegura que los proyectos de ley de agua que se manejaron en el Congreso Nacional perimieron debido a los intereses, tanto de los representantes de las dependencias estatales que manejan el agua como del sector privado. Espera que ahora se apruebe al menos en el Senado aunque entiende que si el Gobierno introduce otro proyecto distinto podría provocar un retroceso.
“Nosotros tenemos conciencia clara de que la ley de agua se necesita, además el país debe resolver problemas hídricos fundamentales, como la situación que se da en la región Este, en donde no hay una sola presa y toda la lluvia que cae, que es mucha, se va al mar sin que pueda aprovecharse”.

“Patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable…”

La Constitución plantea: “Artículo 15.-Recursos hídricos. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso. El Estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la Nación.
Párrafo.- Las cuencas altas de los ríos y las zonas de biodiversidad endémica, nativa y migratoria, son objeto de protección especial por parte de los poderes públicos para garantizar su gestión y preservación como bienes fundamentales de la Nación. Los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el respeto al derecho de propiedad privada. La ley regulará las condiciones, formas y servidumbres en que los particulares accederán al disfrute o gestión de dichas áreas”.
El MEPyD sostiene que a partir de la reforma a la Carta Magna de 2010 el ordenamiento jurídico del país dio un giro primordial, al otorgar carácter constitucional al derecho a un medio ambiente sano, así como el reconocimiento del recurso agua como un derecho humano. Recuerda que el “mercado de agua potable y saneamiento” en el país se remonta a la dictadura de Trujillo, época en que estaba bajo el control de la Dirección General de Acueductos de la Secretaría de Fomento, Obras Públicas y Riego.
Posteriormente, se descentralizó a los ayuntamientos, hasta 1962 cuando se crea el Inapa. Resalta que el 8 de abril de 1965, el país creó, mediante la Ley No. 701, la Secretaría de Estado de Recursos Hidráulicos y posteriormente, el 8 de septiembre de ese mismo año, el Indrhi, mediante la Ley No. 6, como órgano rector de las aguas nacionales.
El MEPyD destaca, en su informe, que el Artículo 126, de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (No. 64-00) señala: “Todas las aguas del país, sin excepción alguna, son propiedad del Estado y su dominio es inalienable, imprescriptible e inembargable No existe la propiedad privada de las aguas ni derechos adquiridos sobre ellas”. Plantea “la premura y urgencia de que el recurso agua goce de una regulación especial que incorpore lo establecido en la Constitución y que a la vez tome en cuenta este recurso como elemento básico del desarrollo sostenible, su evolución y desarrollo en el derecho comparado en materia de agua, y como elemento prioritario en las discusiones de las agendas a nivel nacional e internacional”.
https://www.eldinero.com.do/74783/dos-decadas-gargareando-un-proyecto-de-ley-de-agua/

lunes, 10 de septiembre de 2018

REPORTAJES Santo Domingo Norte crece como “un plato roto” | por Panky Corcino

REPORTAJES

Santo Domingo Norte crece como “un plato roto”El municipio aguarda por su desarrollo urbano mientras demanda más atención del Gobierno Central

santo domingo norte
“El gran problema de Santo Domingo Norte es que, hasta el momento, ha crecido como un plato roto; o sea, como un plato que tú dejas caer y se rompe en mil pedazos. Crece sin una planificación. Todos los días en el municipio surge un sector nuevo, todos los días”.
Luis Matías, director de Planificación del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, deplora la falta de responsabilidad de los distintos Gobierno en la planificación del desarrollo de los municipios de todo el país.
“De repente, cruzas por un terreno que no está habitado y al otro día está habitado por invasores que empiezan a demandar una serie de servicios básicos, como agua o electricidad”.
Observa desventajas frente a otras zonas de la provincia que rodea el Distrito Nacional, como Santo Domingo Este, que exhibe un nivel de planificación y un impulso urbanístico más definido que los otros municipios de su demarcación.

Con una extensión territorial que ocupa el 29.8% de los 1,302.2 kilómetros cuadrados de su provincia, Santo Domingo Norte tiene una población de 529,390, equivalente al 22.3% de los 2,374,370 habitantes registrados en la demarcación por el Censo 2010 de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Su ayuntamiento manejó en 2017 un presupuesto de RD$694.2 millones, de los cuales RD$75 millones ingresaron por el cobro de tasas y servicios.
El Consejo Económico y Social del Municipio Santo Domingo Norte, presidido por María Faní e integrado por 22 representantes de organizaciones, también deplora la falta de apoyo del Gobierno central a la demarcación.
“Nuestro municipio tiene una parte rural grande y carecemos, por ejemplo, de un espacio de estudios superiores, ni siquiera en la parte técnica. No tenemos universidades, ni pública ni privada”, dice Faní.
El Ayuntamiento de Santo Domingo Norte manejó un presupuesto de RD$694.2 millones en 2017.
Recuerda que muchos estudiantes de Monte Plata atraviesan el municipio en su ruta a las universidades del Distrito Nacional. Aunque el Metro Santo Domingo facilita el desplazamiento, entiende que, para ampliar la movilidad, la línea férrea debe ser extendida hasta Punta Villa Mella.
Entre las obras que demanda el consejo figuran la construcción de un mercado estimado en RD$90.2 millones, una factoría y centro de acopio (RD$85 millones) y un parque industrial (RD$106 millones).
En términos ambientales, demanda una inversión de más de RD$116 millones para distintas acciones que incluyen la preservación de las áreas protegidas y verdes de los humedales del río Ozama, conservación de especies endémicas y construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. También, para la regulación de las construcciones y el manejo de desechos industriales y hospitalarios.
Santo Domingo Norte logró un determinado impulso inmobiliario con el inicio del complejo habitacional Ciudad Modelo, un ambicioso proyecto privado estimulado por el Gobierno durante una de las gestiones de Leonel Fernández. Entonces se promovió que incluiría 12,000 viviendas, con escuelas, áreas deportivas, universidades y centros comerciales.
El arquitecto Alejandro Acuasiasti, director de Infraestructura Urbana de la Junta de Vecinos de Ciudad Modelo, Mirador Norte, Etapa I, recuerda que el proyecto surgió por iniciativa del Consorcio Moya-Jorge, dos grandes constructoras de la década de 1980. “La estrategia consistió en construir la infraestructura física de una ciudad con todos los servicios urbanos listos, para motivar tanto a inversionistas inmobiliarios como para suplir parte de la demanda habitacional”.
Pero solo se construyó una cuarta parte. “Ante la tímida respuesta del mercado, el mismo consorcio desarrolló parte de las urbanizaciones. El proyecto atrajo muy poca inversión y provocó el quiebre económico y su liquidación a los bancos”, lamenta Acuasiasti.
“Las pocas familias que habían invertido en viviendas quedaron abandonadas en un territorio casi enteramente poseído por instituciones tradicionalmente incompetentes y desinteresadas en continuar desarrollando el proyecto”, dice.
Villa Mella, que pasó a formar parte del municipio Santo Domingo Norte tras la división del Distrito Nacional mediante la Ley 163-01 (del 16 de octubre de 2001), perdió así la oportunidad de tener un ambicioso desarrollo urbanístico en un corto tiempo.
El directivo de la Junta de Vecinos de Ciudad Modelo entiende que la lentitud del desarrollo se debe a que el estándar de terminación, tanto de la infraestructura como de los servicios, resultó “muy alto y costoso, comparado con los acostumbrados por el público que demanda viviendas de este nivel”. Considera que el deterioro que afectó por años la avenida Jacobo Majluta alejó y desmotivó a los compradores.
En la actualidad el proyecto tiene unas 1,200 casas y apartamentos. “En proceso de construcción y aprobadas cuenta con unas 350 nuevas unidades habitacionales”, dice Acuasiasti. Además, que su población ronda los 5,400 habitantes en casas y apartamentos, para una densidad de 4.5 por vivienda.
En los últimos años, la zona toma nuevos impulsos con el desarrollo de grandes habitacionales de la Constructora Bisonó, entre los que figuran Ciudad Bonita o Buenaventuranza.

Dinámica económica

La Jacobo Majluta se mantiene como una de las principales vías de desahogo para el tránsito de la zona. Con el tiempo en su entorno se empezaron a desarrollar actividades que impulsan el crecimiento económico de la demarcación, como el transporte de carga y pasajeros por el Aeropuerto Internacional La Isabela.
La terminal manejó 19,622 pasajeros entre enero y junio de este año, un 25% más que los 5,693 de igual período de 2017, según los datos de la Junta de Aviación Civil (JAC).
A la dinámica económica del municipio también aportan las zonas francas. Las diez empresas que operan bajo su régimen en Santo Domingo Norte generan 528 empleos directos y pagan en nómina unos RD$97.7 millones.
Las estadísticas del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) muestran que las diez empresas exportan US$7.4 millones al año, ocupan 372.4 pies cuadrados en naves y tienen una inversión acumulada de US$29.5 millones. Al año pagan además unos RD$114.8 millones en servicios como energía eléctrica, seguridad social, telecomunicaciones, combustibles o transporte.
En la demarcación opera hace varios años el Jardín Memorial, un cementerio privado que se promueve como un paraíso natural que “abarca 105 hectáreas (1,670 tareas) de conservación boscosa, humedales y ríos”. La empresa funeraria oferta la cremación dentro de sus servicios exequiales.
El camposanto se encuentra además próximo al Parque Nacional Mirador Norte, un pulmón ambiental protegido bajo el Decreto 2007-02, del 20 de marzo de 2002, que lo creó con una extensión de unos diez kilómetros cuadrados que se ubican dentro de las avenidas Jacobo Majluta y Hermanas Mirabal.
La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) construye en un área contigua la “Estación Depuradora de Aguas Residuales del Río Ozama”, la cual conlleva una inversión de US$115 millones y, según la Presidencia de la República, genera en estos momentos 2,600 empleos directos e indirectos.
El presidente Danilo Medina visitó la obra a principios de marzo. Durante el recorrido, el director de la Caasd, Alejandro Montás, explicó que la planta colectará y tratará residuos líquidos de 37 sectores del Distrito Nacional y Santo Domingo Norte (como La Zurza, Cristo Rey o Villa Consuelo) poblados por unas 450 mil personas.
De acuerdo a Montás, unos 27 millones de galones de agua contaminada van a diario al Ozama. El Gobierno aseguró la semana pasada, a través del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, que la planta empezará a operar el próximo año.

Un relleno sanitario

El Duquesa se mantiene como uno de los principales problemas ambientales con que lidia Santo Domingo Norte. El depósito recibe unas 3,800 toneladas de desperdicios cada día, según Onofre Rojas, director de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo.
En el vertedero de Duquesa operan alrededor de 2,000 “buzos”. | Gabriel Alcántara
La mancomunidad, que abarca la provincia Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Nigua y Haina, genera al día unas 4,200 toneladas de desperdicios.
“La mayor parte va a Duquesa”, dice Rojas, quien explica que luego del cierre técnico ordenado por el Ministerio de Medio Ambiente para completarse en un plazo de cinco años, el nuevo relleno será establecido en otro lugar del mismo municipio, aunque más hacia el norte. Explicó que por sus condiciones geográficas, se trata de la zona más apropiada para manejar los desechos. https://www.eldinero.com.do/65756/santo-domingo-norte-crece-como-un-plato-roto/