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Dos décadas gargareando un proyecto de ley de agua
El Gobierno reconoce que mantiene el uso del recurso sin regular y prepara nueva legislación
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Dos décadas gargareando un proyecto de ley de agua
El Gobierno reconoce que mantiene el uso del recurso sin regular y prepara nueva legislación
Los legisladores, los ecologistas y los sectores productivos de República Dominicana llevan más de dos décadas gargareando sobre la creación de una ley de agua que regule la protección y el aprovechamiento de este vital recurso.
Aunque en el Congreso Nacional reviven y perimen al menos tres proyectos con grandes coincidencias en sus enfoques, la gestión de Danilo Medina designó, desde principios de 2017, una comisión técnica de cuatro dependencias del Gobierno para buscar consenso y volver al Poder Legislativo con una nueva propuesta para crear una un texto jurídico que garantice la racionalidad y sostenibilidad en el uso de los recursos hídricos del país.
El propio Gobierno reconoce, en un informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), las debilidades del marco jurídico imperante para regular el manejo del agua que sustenta “las diversas actividades productivas económicas y socioculturales, la salud humana y la calidad de vida de los dominicanos”.
El informe presentado por el Gobierno en el octavo Foro Mundial del Agua, celebrado este año en Brasil, plantea: “En la actualidad, algunos de los sectores más importantes de República Dominicana se encuentran regulados, tal es el caso del sector eléctrico, el sector bancario, el sector de las telecomunicaciones, entre otros. Sin embargo, hasta la fecha el tema de agua, agua potable y saneamiento todavía se encuentra desregulado, o más bien es un sector que muestra rezago en materia institucional”.
Refiere dos proyectos de ley presentados al Senado de la República por los congresistas oficialistas Adriano de Jesús Sánchez Roa y Félix María Nova Paulino, el 3 de agosto de 2017 y el 16 de enero de 2018. “El proyecto de ley ha sido reintroducido y perimido bajo las iniciativas Nos. 05911-2009, 5329-2008 y 06636-2009, siendo la iniciativa No. 00245-2017-PLE-SE la que se está trabajando actualmente”.
El director del Indhri, Olgo Fernández, adelanta que la agropecuaria de República Dominicana deberá pagar por el agua servida.
Pero el vocero del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en la Cámara de Diputados, Máximo Castro Silverio, recuerda que también introdujo un proyecto. “Esa ley tiene aquí como 18 años, yo veo que desde 2002 anda por ahí”, dice, respecto a la iniciativa de su organización que, según explica, la presentó al principio Mario (Yiye) Fernández Saviñón, “y le dimos seguimiento como bloque legislativo”.
“Es una ley —añade— que tiene muchos intereses, hay muchos intereses entre empresarios y sectores que quieren intervenir en el manejo del agua”.
El geólogo Osiris de León, asesor científico del Poder Ejecutivo, ve los escollos dentro de la propia estructura estatal. “El problema que tenemos con la ley de agua es porque se ha generado un tranque durante 20 años, fruto de que las instituciones que están facultadas por ley para manejar y regular el agua no se ponen de acuerdo; instituciones que son operadoras también asumen un rol reguladoras e instituciones que son reguladoras a veces asumen un rol de operadores”, sostiene.
Los congresistas y el Gobierno llevan poca prisa. Castro Silverio asegura que la iniciativa, “se ha aprobado aquí como tres o cuatro veces y se envía al Senado, donde se ha caído. Luego los proyectos se refundieron y ahora estamos estudiando uno, presentado por Félix Nova, en una comisión bicameral”.
A principios de diciembre el propio senador Nova Paulino, explicó, a través de un asistente, que se podrá referir al proyecto de ley el próximo año porque estaba “muy atareado” en temas de su provincia, Monseñor Nouel, así como en “los preparativos de los asuntos navideños”, además de que “la legislatura está cerrando”.
Mientras, el MEPyD encabeza, con los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, así como con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), una comisión que busca, junto a las entidades que administran los acueductos de todo el país, un nuevo Proyecto de Ley de Agua para presentarlo al Congreso Nacional.
“El miércoles tuvimos una reunión y, posiblemente antes de finalizar este mes de diciembre ya estemos unificando criterios para un proyecto consensuado, integrado, que el Presidente va a enviar al Congreso; un proyecto consensuado por las instituciones del Gobierno y por los actores que participan en el manejo del agua”, dice Olgo Fernández, director del Indrhi.
El funcionario asegura que las leyes que se discuten en el Senado y la Cámara de Diputados “no se van a dejar atrás” y serán tomadas de referencia. “Ellos siguen avanzando, pero recuerde que esa ley que ellos tienen en las manos tiene 20 años y no se ha podido aprobar, precisamente por las diferencias que existen entres los actores”.
Por ejemplo, los proyectos plantean la creación de la Autoridad Nacional del Agua (Anagua) para sustituir al Indrhi, pero el funcionario asegura que “aquí no hay que crear más entidades”. “Esos son inventos; nosotros no somos Chile, ni somos México, ni somos Argentina ni Colombia”, enfatiza Olgo Fernández.
Millones para el agua
Para el ecologista Luis Carvajal Núñez, de la Academia de Ciencias de República Dominicana y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), “lo que realmente ha impedido que tengamos una ley de agua es una competencia entre los organismos del Estado sobre quién va a manejar los cuantiosos recursos económicos que tienen que ver con el agua, entre el Indrhi, las ‘coras’, Inapa, los ayuntamientos, Medio Ambiente o el propio Secretariado Técnico de la Presidencia.
“Existe un primer Proyecto de Ley de Agua que se discute desde hace 20 y pico de años, probablemente más. De hecho, se discutía cuando debatíamos la Ley de Medio Ambiente, igual que la Ley de Ordenamiento Territorial”, apunta Carvajal Núñez.
La visión de Olgo Fernández le da la razón. “El legislador —dice— no administra cuencas, no administra nada, el legislador va a promulgar una ley. Son los actores, Medio Ambiente, el Indrhi, Agricultura, los que manejan el agua potable (Inapa, Caasd, Coraasan) los que tienen que presentar metodologías que puedan ser viables para la sociedad”.
Reconoce que la discusión del tema lleva 20 años, sin poder salir adelante, “porque los actores no han podido presentar una propuesta consensuada como la que presentará la mesa del agua que el Presidente conformó”.
Carvajal Núñez recuerda que “alrededor del agua hay siempre enormes inversiones y el control de los recursos que se manejan en el sector agua, tanto lo que pueda generar como los que se asignan al sector, son apetecidos y hay un problema de a quién le corresponde qué. Por eso, lo más difícil ha sido poder poner a instancias del Estado de acuerdo”.
La Caasd deja de cobrar cada mes unos RD$32.6 millones.
Solo para 2019 el Presupuesto Nacional incluye cuantiosos recursos para el recurso hídrico. El renglón “Abastecimiento de agua potable” recibirá más de RD$15,329.5 millones, a través del Ministerio de Salud Pública y del programa “Servicios Sociales”, según el portal Transparencia Fiscal.
La plataforma, del Ministerio de Hacienda, también recoge que a través de “Protección al Medio Ambiente”, el Gobierno destinará para la “Administración del agua” más de RD$166.4 millones.
A estos se suman los fondos destinados al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri), que tiene presupuestado RD$6,018.9 millones, así como diversos proyectos de financiamientos enfocados en el sector agua.
El Presupuesto Nacional autoriza al Gobierno a concertar préstamos de US$80 millones y US$40 millones, para proyectos de saneamientos en Santiago y la Cañada Guajimía, en Santo Domingo.
También, US$97.3 millones para la ampliación del Acueducto Oriental, Barrera de Salinidad y Transferencia a Santo Domingo Norte; US$46.5 millones para el proyecto de Desarrollo Agrícola de Azua II; otros US$40 millones para los acueductos de San José de Ocoa y Sabana Larga y US$40 millones para los de Juan Sánchez Ramírez.
El Indhri, de su lado, encabeza en estos momentos el ambicioso Proyecto Múltiple Monte Grande, con crédito contratado por RD$12,424.2 millones, de los que manejaría RD$3,108 millones en 2019.
Los recursos, sin embargo, resultan insuficientes para cubrir todas las necesidades. “El Indrhi requeriría alrededor de unos 10 mil millones de pesos para poder hacer las funciones que tiene”, alega Olgo Fernández.
El MEPyD calcula que, para una cobertura total en el sector Agua Potable y Saneamiento (APS), el país requeriría destinar el equivalente al 2% del PIB en el primer año y 1.6% durante tres años consecutivos.
“El monto de las inversiones asciende a 6,241.78 millones de dólares, correspondiendo el 30% para agua potable, el 44% para alcantarillado sanitario y el 26% para alcantarillado pluvial, con una inversión promedio anual de 480.14 millones de dólares durante los próximos trece años, esto es hasta el 2030”, dice el MEPyD.
El director del Indhri insiste en que la inversión requerida para conservar las cuencas, almacenar y distribuir el recurso obliga a los dominicanos a terminar de entender que “el agua no debe ser gratis para nadie, porque es un insumo sin el que no se puede producir”.
“En el momento en que se apruebe la ley del agua, las juntas de regantes, que son las que reciben el agua en los canales para la agricultura, van a tener que recibirlas en metro cúbico; van a tener que pagar, porque ellos cobran a los usuarios, pero no le devuelven un centavo al Indrhi”, se queja.
Eliseo González, gerente de Planificación del Indrhi, explica que “el Gobierno no cobra por el agua de riego, pero las juntas de regantes sí cobran a sus miembros para limpiar y mantener los canales que el Indrhi les entrega, es decir, solo cobran una parte de los costos”.
Reconoce que en República Dominicana, como en muchos otros países, los agricultores carecen de la capacidad económica para pagar lo que cuesta servirles el agua que utilizan en sus cultivos.
“En este año, un grupo de asesores de una tesis de grado de la UASD estimamos, más que el costo, el valor del agua en riego, por un método llamado de ‘La Plusvalía de la Tierra’, es decir, que para el caso de Baní averiguamos cuánto cuesta una parcela sin riego y cuanto con riego. En función de eso determinamos que el valor del agua en riego es de RD$10 por metro cúbico”, dice.
Tampoco se paga la potable
La agropecuaria utiliza el 80% de la totalidad de la oferta de agua, el consumo humano recibe un 12%, según el libro “Contraste de la disponibilidad y demanda de agua por provincia”, de Gilberto Reynoso Sánchez.
Pero ninguno de los sectores se inclina por pagar en forma religiosa el agua servida. El director ejecutivo de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (Coraabo), Fermín Brito Rincón, explica que esa institución, con unos 13,485 usuarios, facturó entre enero y octubre de este año RD$117.3 millones, de los que recaudó sin mora RD$60.7 millones, un 51.7%.
Un hogar de la capital, con un consumo básico, recibe una factura en la que la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) explica que debe pagar una tarifa de RD$162, pero que el Gobierno le subsidia por el servicio RD$370, más del doble de la cantidad que le cobra.
El indhri maneja la construcción de la presa de Monte Grande, un proyecto que conlleva una amplia inversión del Estado.
La CAASD informa que factura unos RD$134.2 millones al mes, de los que cobra RD$101.6 millones. La entidad estima que debería facturar RD$805.2 millones y cobrar RD$609.6 millones a 380,205 usuarios, de los que solo pagan 112,420.
Mientras, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), con 74,897 usuarios, factura unos RD$211.2 millones al mes, de los que cobra RD$150 millones.
Mientras, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), con 74,897 usuarios, factura unos RD$211.2 millones al mes, de los que cobra RD$150 millones.
Además de cobrar, el Estado tiene pendiente la tarea de eficientizar y ampliar el servicio. En la actualidad, aunque el 76.1% de los hogares utiliza agua a través de un grifo de un acueducto, solo el 52.5% tiene un grifo dentro la vivienda, según la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar-2017), que acaba de difundir la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Otros hogares acceden al servicio a través de un grifo en su patio (23.6%) o de una vivienda vecina (4.5%), mientras que un 10.3% accede al líquido a través de algún pozo y un 4.4% por medio a un camión cisterna, según la encuesta.
“En términos generales, el 46.3% de los hogares del país recibe el servicio de agua, de dos a tres días a la semana y, el 33.9% lo recibe de seis a siete días”, dice el estudio.
Añade que “el 32.7% de los hogares recibe el servicio de agua por menos de 5 horas, los días de la semana que lo reciben; 22.3% de 5 a 9 horas; 16% de 10 a 19 horas, y 28.8% por 20 horas o más”.
Presa para el Este
El senador Rubén Darío Cruz, quien encabezó la comisión de medio ambiente y recursos naturales entre 2006 y 2008, asegura que los proyectos de ley de agua que se manejaron en el Congreso Nacional perimieron debido a los intereses, tanto de los representantes de las dependencias estatales que manejan el agua como del sector privado. Espera que ahora se apruebe al menos en el Senado aunque entiende que si el Gobierno introduce otro proyecto distinto podría provocar un retroceso.
“Nosotros tenemos conciencia clara de que la ley de agua se necesita, además el país debe resolver problemas hídricos fundamentales, como la situación que se da en la región Este, en donde no hay una sola presa y toda la lluvia que cae, que es mucha, se va al mar sin que pueda aprovecharse”.
“Patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable…”
La Constitución plantea: “Artículo 15.-Recursos hídricos. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso. El Estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la Nación.
Párrafo.- Las cuencas altas de los ríos y las zonas de biodiversidad endémica, nativa y migratoria, son objeto de protección especial por parte de los poderes públicos para garantizar su gestión y preservación como bienes fundamentales de la Nación. Los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el respeto al derecho de propiedad privada. La ley regulará las condiciones, formas y servidumbres en que los particulares accederán al disfrute o gestión de dichas áreas”.
Párrafo.- Las cuencas altas de los ríos y las zonas de biodiversidad endémica, nativa y migratoria, son objeto de protección especial por parte de los poderes públicos para garantizar su gestión y preservación como bienes fundamentales de la Nación. Los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el respeto al derecho de propiedad privada. La ley regulará las condiciones, formas y servidumbres en que los particulares accederán al disfrute o gestión de dichas áreas”.
El MEPyD sostiene que a partir de la reforma a la Carta Magna de 2010 el ordenamiento jurídico del país dio un giro primordial, al otorgar carácter constitucional al derecho a un medio ambiente sano, así como el reconocimiento del recurso agua como un derecho humano. Recuerda que el “mercado de agua potable y saneamiento” en el país se remonta a la dictadura de Trujillo, época en que estaba bajo el control de la Dirección General de Acueductos de la Secretaría de Fomento, Obras Públicas y Riego.
Posteriormente, se descentralizó a los ayuntamientos, hasta 1962 cuando se crea el Inapa. Resalta que el 8 de abril de 1965, el país creó, mediante la Ley No. 701, la Secretaría de Estado de Recursos Hidráulicos y posteriormente, el 8 de septiembre de ese mismo año, el Indrhi, mediante la Ley No. 6, como órgano rector de las aguas nacionales.
El MEPyD destaca, en su informe, que el Artículo 126, de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (No. 64-00) señala: “Todas las aguas del país, sin excepción alguna, son propiedad del Estado y su dominio es inalienable, imprescriptible e inembargable No existe la propiedad privada de las aguas ni derechos adquiridos sobre ellas”. Plantea “la premura y urgencia de que el recurso agua goce de una regulación especial que incorpore lo establecido en la Constitución y que a la vez tome en cuenta este recurso como elemento básico del desarrollo sostenible, su evolución y desarrollo en el derecho comparado en materia de agua, y como elemento prioritario en las discusiones de las agendas a nivel nacional e internacional”.
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