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viernes, 23 de febrero de 2018

Venezuela: el riesgo de las “megaelecciones”

VENEZUELA

Venezuela: el riesgo de las “megaelecciones”

Todo indica que la controvertida Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela anticipará los comicios legislativos para que coincidan con los presidenciales el próximo 22 de abril. Se teme por el Parlamento legítimo.
Venezuela Gebäude der Nationalversammlung in Caracas (picture-alliance/dpa/A. Merker)
Desde que el chavismo perdió la hegemonía en la Asamblea Nacional de Venezuela y ésta se convirtió en el único poder público autónomo del país caribeño (6.12.2015), el partido de Gobierno y las instituciones estatales bajo su control han restringido el margen de maniobra del órgano unicameral: intentaron instalar un Parlamento paralelo, designaron extemporáneamente a magistrados leales a la “Revolución Bolivariana” con miras a que el Tribunal Supremo refutara las decisiones de los legisladores y los despojara de sus facultades, e impugnaron a diputados por delitos electorales aún no comprobados para evitar que, durante el período 2016-2021, la oposición conservara la mayoría de dos tercios obtenida por voto popular.
Luego, siguiendo órdenes del Ejecutivo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio pie a la creación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en circunstancias reñidas con la Carta Magna(30.7.2017). Pese al escaso reconocimiento del que goza, esa instancia asumió las competencias del Parlamento, disolviéndolo de facto el 18 de agosto de 2017. Ahora, todo indica que la controvertida ANC anticipará los comicios legislativos –que deberían tener lugar en 2020– para que coincidan con los presidenciales el próximo 22 de abril. Luis Emilio Rondón, el único rector independiente del CNE, tacha esa moción de “inconstitucional”; pero esa es apenas una de muchas y, hasta este momento, ni las sanciones internacionales impiden que el oficialismo reincida.
 
Ver el video02:15

Parlamento Europeo pide ampliar sanciones a Venezuela

Oposición debilitada
El hombre fuerte de Caracas, Nicolás Maduro, apoyó la idea de adelantar las elecciones legislativas –también a escala regional y municipal–, alegando que eso le permitiría al estamento chavista gobernar sin distracciones durante todo el quinquenio 2018-2022. “Está claro que el Gobierno ve probabilidades de cantar victoria porque la oposición está muy debilitada. A mis ojos, la suya es una jugada políticamente astuta; después de todo, en 2016, fueron sus propios adversarios quienes le exigieron reiteradamente que convocara a elecciones”, dice Stefen Peters, de la Universidad de Kassel, recordando el año en que el antichavismo tenía todas las de ganar en las urnas. Pero, ¿no es nocivo para el régimen triunfar en comicios opacos, preparados a toda prisa?
La Unión Europea, Canadá, Estados Unidos y catorce países vecinos advirtieron que no reconocerían los resultados de las elecciones presidenciales tal como están siendo organizadas. Cabe esperar que asuman la misma postura de cara a unas votaciones parlamentarias preparadas “atropelladamente”, como las describió el rector Rondón, del CNE. “Maduro y su entorno se han acostumbrado a las condenas provenientes del extranjero; creo que a ellos lo que les importa es lo que puedan pensar sus simpatizantes y los sectores de la población venezolana que, sin ser chavistas, no comulgan necesariamente con la oposición”, observa Peters.
Venezuela Nicolas Maduro (picture-alliance/AP Photo/A. Cubillos)
Nicolás Maduro y, en su mano derecha, la Carta Magna venezolana.
Resiliencia chavista
Javier Corrales, profesor de Ciencia Política en el Amherst College de Massachusetts, lo secunda. “A partir de 2016, el Gobierno venezolano ha dejado entrever que le importa poco la opinión pública global. Eso se debe a que esa opinión no ha afectado materialmente la operación diaria del régimen. Como muestra, el hecho de que no haya hecho concesión alguna ni dejado de exhibir su talante totalitario a pesar de la presión externa. Desde hace años, el objetivo de la política exterior de Venezuela parece ser minimizar los efectos negativos que podría tener una ruptura con sus vecinos. Hacia 2008 redujo su dependencia de Colombia y sobrevivió; también ha reducido parcialmente su dependencia de Estados Unidos. No obstante, dudo que Venezuela pueda llegar a tener la autonomía de Cuba durante la Guerra Fría”, explica Corrales. 
“La élite chavista está condenada a ejercer el poder precariamente; nunca va a estar a salvo por completo, como ha llegado a estarlo la cúpula castrista”, enfatiza el especialista de Massachusetts. En este instante, el viento da la impresión de soplar a favor del oficialismo. Citando sondeos recientes de la encuestadora Venebarómetro, el periodista venezolano Eugenio Martínez, experto en análisis electorales, comenta que el 81 por ciento de quienes se identifican con la “Revolución Bolivariana”están “muy seguros” de ir a votar el 22 de abril, mientras que apenas el 40 por ciento de los opositores y 26 por ciento de los independientes está dispuesto a ir a las urnas; los últimos desestiman que los comicios venideros vayan a ser limpios.
“El Gobierno venezolano, que no admite veedores internacionales desde las elecciones presidenciales de 2006, invitó a observadores de las Naciones Unidas para las elecciones del 22 de abril, pero la ONU, que no tiene mucha experiencia en estas lides, no puede armar una misión técnica de esa índole en un lapso tan corto; para empezar, porque ese proyecto tendría que ser aprobado por su Consejo de Seguridad y los tiempos de ese gremio no calzan con los de los comicios venezolanos. Y ningún otro organismo multilateral está en condiciones de enviar a una misión de veedores a Venezuela”, arguye Martínez en entrevista con DW, aclarando que el del acompañamiento internacional es sólo uno de los puntos débiles del proyecto electoral de Maduro.
Evan Romero-Castillo (ERS)

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domingo, 14 de enero de 2018

Venezuela: “La escala del pillaje crece”

AMÉRICA LATINA

Venezuela: “La escala del pillaje crece”

Ciudad Guayana empieza a reflejar con relativa fidelidad la desazón imperante en otros rincones de Venezuela. DW habló con la periodista Oriana Faoro, cronista de los saqueos que azotan a esa urbe del estado de Bolívar.
Venezuela Krise Plünderung (Oriana Faoro)
Fundada el 2 de julio de 1961 en el norte del estado Bolívar –fusionando los poblados de Alta Vista Norte y Sur, Cambalache, Matanzas, Puerto Ordaz, San Félix y Unare–, Ciudad Guayana es una urbe venezolana concebida con ambiciones de grandeza. Sin embargo, los últimos tiempos no han sido fáciles para sus habitantes; sus calles han empezado a reflejar con relativa fidelidad el descontento social prevalente en otros rincones de la nación caribeña. 2018 quedó inaugurado con malas noticias: protestas y saqueos acapararon titulares durante la segunda semana del año. DW habló al respecto con la periodista Oriana Faoro; ella ha cubierto esos sucesos para del diario Correo del Caroní, uno de los más importantes del sur del país, y es corresponsal en Bolívar del sitio web informativo El Pitazo.
Deutsche Welle: En entrevista con DW, Daniel León, investigador de la Universidad de Leipzig, comentaba que le parecía exagerado describir las recientes manifestaciones de descontento popular en Venezuela como ‘el amargo despertar’ de los sectores que tradicionalmente han apoyado al chavismo, sencillamente porque nunca ha dejado de haber protestas en el país… ¿Comparte usted su opinión?
Oriana Faoro: Hasta cierto punto, sí. Este año, yo empecé a cubrir los saqueos que tuvieron lugar en Ciudad Guayana el 8 de enero, un día después de que comenzaron. Pero yo vengo informando sobre protestas y tumultos desde 2015. A mis ojos, ese fue el momento en que empezó el fenómeno de las rebatiñas por alimentos, en que se dio el primer pillaje de gran magnitud. Hoy día, la escala del pillaje es tres veces más grande.
Venezuela Oriana Faoro Journalistin 1990 (William Urdaneta)
La periodista Oriana Faoro escribe para el diario “Correo del Caroní” y el sitio web El Pitazo.
En Ciudad Guayana, las principales causas de descontento social suelen ser el encarecimiento o la interrupción del servicio de transporte público y agua, y la escasez de alimentos. A veces, la protesta por una razón desencadena protestas por otros motivos: en 2015, manifestaciones relacionadas con el transporte público derivaron en el desvalijamiento de numerosos comercios. Ese suceso llamó tanto la atención que el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, le dio el nombre de ‘el Guayanazo’ –en alusión al ‘Caracazo’, la ola de saqueos del 27 de febrero de 1989 que marcó la historia del país– y, sin mostrar evidencias, acusó a dos personas de haber instigado los disturbios: al dirigente opositor Wilson Castro, que llegó a aspirar a la alcaldía de Caroní, y al periodista de opinión Damián Prat.
Fuera de Venezuela, muchos se preguntan si los saqueos son causados por la necesidad o por un impulso criminal. En su artículo La delincuencia se camufla en el descontento por hambre, publicado el 9 de enero de 2018 por el diario Correo del Caroní, usted tilda de ‘anárquica’ la atmósfera predominante en Ciudad Guayana. Como testigo ocular de los tumultos, ¿es fácil diferenciar un tipo de pillaje de otro?  
Generalmente, los saqueos comienzan a causa del hambre. Los alimentos están muy caros, para encontrar comestibles más o menos variados es necesario recorrer toda la ciudad y el sistema de transporte público funciona muy mal en el estado Bolívar. Los pequeños comercios en las barriadas populares, que de por sí tienen poco que ofrecer, terminan siendo saqueados porque los rumores sobre un presunto acaparamiento de mercancía circulan muy rápidamente y la desesperación es palpable. Sin embargo, también las licorerías, las ferreterías y las peluquerías tienden a ser robadas… A mi modo de ver, el pillaje es atizado por la necesidad porque, ahora mismo, nada en Venezuela es accesible. Pero el asalto colectivo de comercios que no venden comestibles es obra de ladrones.
En un artículo publicado el 10 de enero por el sitio web El Pitazo, su colega Algimiro Montiel sostiene que cincuenta y cinco agentes de la Guardia Nacional fueron detenidos en el estado occidental de Zulia tras protestar por la escasez de alimentos. También han circulado rumores sobre el involucramiento de agentes del orden en los saqueos. ¿Usted ha sido testigo de robos perpetrados por policías o militares?
Hasta ahora no. Pero hace pocos días hablé con un comerciante de Core 8, un vecindario de Puerto Ordaz que ha sido blanco de saqueos, y él aseguraba que una mueblería había sido arrasada, primero por ciudadanos comunes y corrientes, y luego por los policías que llegaron para dispersar a la muchedumbre. En el barrio de Villa Bahía, los vecinos comentaban que agentes policiales habían saqueado un supermercado. Yo no vi lo que pasó, pero no dudo que pueda haber ocurrido. En 2016, cuatro uniformados fueron detenidos por incurrir en ese tipo de delitos; la Policía local fue intervenida por el Ministerio del Interior por esa razón, pero nunca se supo cómo se cerró ese caso. 
Como periodista, ¿ha sido usted objeto de algún tipo de presión para autocensurarse y no publicar información sobre las protestas y los saqueos de los que usted es testigo?
Hasta ahora no he recibido presiones de ese tipo. Lo que he percibido son reacciones peculiares de la gente hacia mi condición de periodista. Reportar saqueos en desarrollo es un trabajo delicado. Son muchos los que participan en esos tumultos y muy pocos los que lo admiten. Cuando llega la prensa para cubrir el suceso, la mayoría de los involucrados baja la cabeza, esconde la cara y se rehúsa a ofrecer declaraciones. Y los que dan entrevistas te piden que no los fotografíes. En el peor de los casos también han sido hostiles conmigo y son esas las ocasiones en las que me he sentido intimidada. Pero nadie me ha disuadido de publicar informaciones. En relación con los saqueos, la presión la ejerce la necesidad de corroborar todo lo que se reporta –conversando exhaustivamente con testigos o vecinos– y el temor a que un artículo de mi autoría pueda ser usado en mi contra bajo el amparo de la Ley Contra el Odio*. Uno nunca sabe qué disparate puede inventar alguien para alegar que mi cobertura de los saqueos incita el odio.
*La Ley Contra el Odio fue aprobada el 8 de noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Aunque esa instancia no es reconocida por la comunidad internacional, debido a las condiciones bajo las cuales fue elegida, la oposición ha emitido señales confusas que impiden saber a ciencia cierta si reconocen su autoridad o no. La normativa en cuestión contempla penas de entre diez y veinte años para quien “incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político”. El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela denuncia que la ley “sólo legitimará la censura y criminalizará la opinión”.
Evan Romero-Castillo (ER)

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