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Investigan amenazas a quienes custodian bienes caso Coral y persecución a Yeni Berenice
La República miércoles, 23 de junio de 2021
Investigan a quienes espiaban a Yeni Berenice
Ramón Benzán
Santo Domingo, RD.
Un procurador adjunto fue designado para investigar las amenazas contra el personal encargada de custodiar los más de 150 bienes incautados, a militares y civiles, imputados en el caso Coral.
Así lo informó la fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Mitigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien aseguró que también se investiga a las personas que estaban espiando a la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso.
Dijo además que se investiga a cualquier otra persona que pretenda interferir en las investigaciones contra los involucrados en entramados de corrupción.
Expresó que se está en la fase de investigación al comprobar que sí se le estaba dando seguimiento a Berenice Reynoso.
“Hay un procurador adjunto encargado de llevar este proceso de investigación y se están llevando a cabo estas indagatorias, como entrevista, desplazamiento a lugares, investigación electrónica y demás para determinar si efectivamente se trató de un seguimiento, quién lo ordenó y cuál es el objeto final”, acotó Ortiz tras ser entrevistada en el programa El Despertador (Grupo SIN, Color Visión canal 9).
La fiscal indicó que una vez se determinen responsabilidades se abrirán unos procesos por delitos distintos a la corrupción administrativa y los sometimientos podrían incluir a los militares que fueron descubiertos siguiendo a Yeni Berenice, así como a cualquier otra persona.
Sostuvo que el mayor general Adán Cáceres Silvestre, señalado como la cabecilla del caso Coral, permanece como militar activo y que existen instituciones y personas que actúan según su lealtad al poder militar.
Dijo que a pesar de los intentos por amedrentar los trabajos de los fiscales que investigan los casos de corrupción, el ente acusador no se detendrá en su misión de perseguir a aquellos que hayan incurrido en una violación a la ley.
“Lo que la población puede estar segura es que este ministerio público no tiene miedo, no se amedranta y está listo para llegar hasta las últimas personas y las últimas consecuencias”, indicó.
Los casos calientes de la justicia: Han sido llamados Antipulpo, Caracol, Coral y 13
Diez personas fueron detenidas inicialmente por el caso Antipulpo. ARCHIVO /LISTÍN DIARIO
Wanda Méndez
wanda.mendez@listindiario.com
En siete meses, el ministerio público ha puesto en marcha cuatro operaciones judiciales por presuntos actos de corrupción y otros delitos, a las cuales les ha colocado nombres.
Como Antipulpo, Coral, Caracol y Operación 13 han sido bautizadas esas investigaciones de las autoridades responsables de la persecución de los delitos penales.
Con excepción de una, las acciones judiciales tienen en común que se produjeron durante fines de semana.
La “Operación 13” es la más reciente, con el arresto el sábado 12 de junio del suspendido director de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, y otras nueve personas, involucradas en un fraude con el premio mayor del sorteo realizado por esa institución el pasado primero de mayo, que según informó la Procuraduría, dejó pérdidas por 150 millones de pesos a las bancas de apuestas.
Las acciones judiciales La madrugada del domingo 29 de noviembre del 2020 se produjeron las primeras detenciones por el caso Antipulpo. Inicialmente 10 personas fueron conducidas al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, acusadas de pertenecer a un presunto entramado de corrupción administrativa. Luego se produjo el arresto de otra persona, sumando 11 en ese expediente.
La Procuraduría acusa de ser cabecilla de esa red a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina. Entre los acusados también figura otra hermana del exmandatario, Magaly Medina, varios exfuncionarios del anterior gobierno y otros considerados testaferras de Alexis.
A ese grupo, el juez José Alejandro Vargas les impuso medida de coerción de prisión preventiva y domiciliaria. Luego algunos lograron la variación. Y otros aún gestionan la modificación.
Caracol Luego, las autoridades realizaron la denominada operación Caracol, que consistió en el allanamiento realizado el 21 de febrero del 2021 a la sede de la Cámara de Cuentas.
Esta actuación fue encabezada por el procurador especializado de persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, y la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso. Buscaban pruebas que avalen las investigaciones en curso a los ex miembros y exfuncionarios del órgano fiscalizador, por alegados actos de corrupción. Aunque fueron sometidos a interrogatorios en la Procuraduría, no hubo arrestos y se desconoce si las autoridades continuarán con esas indagaciones después que fueron sustituidos y designada una nueva Cámara de Cuentas.
Coral Cuatro meses después, el sábado 24 de abril, tuvo lugar la operación Coral, otro presunto entramado de corrupción que involucra a seis personas, militares, policías y a una pastora.
Está acusado de encabezar este grupo el exjefe de la seguridad del ex presidente de la República, Adán Cáceres Silvestre.
Cinco fueron enviados a prisión preventiva por 18 meses, y uno a prisión domiciliaria, como medida de coerción, por la jueza Kenya Romero.
CLAVES
Caso Odebrecht El ministerio público también centra sus esfuerzos en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht, en el cual están siendo juzgadas seis personas, siendo su principal acusado el empresario Ángel Rondón. El juicio lo conoce el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
En continuación de la Operación Coral, la mañana de este jueves fueron realizados 18 allanamientos en diferentes provincias de la República Dominicana.
La información fue confirmada por Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien indicó que los operativos se llevaron a cabo en Santo Domingo, La Vega, Monte Plata y San Francisco de Macorís.
Agregó que los allanamientos incluyen varían fincas, villas, apartamentos, locales comerciales, entre otros. El fin de los allanamientos es recolectar las evidencias e incautar bienes.
Se recuerdo que por el caso, se encuentran cumpliendo 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres y Mujeres, el mayor general Adán B. Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Aza, Alejandro Montero.
En tanto que Raúl Alejandro Girón Jiménez, cumple arresto domiciliario bajo custodia de la Procuraduría General de la República. Asimismo, la jueza aprobó la solicitud que hiciera el Ministerio Público, de declarar el caso complejo.
Los encartados son acusados de haber creado un entramado militar y policial con el interés de depredar el erario, que incurrió en actos de corrupción contra el Estado dominicano, por más de 3 mil millones de pesos.
La solicitud de medidas cautelares sostiene que para lavar dichos activos, los imputados Cáceres Silvestre y Núñez De Aza crearon un entramado societario formado por “las empresas Randa Universo Company EIRL (2012), CSNA Universo Empresarial (2013), Único Real State e Inversiones SRL (2015) y la Asociación Campesina Madre Tierra (2015), esta última con la fachada de una organización sin fines de lucro, las cuales recibían cientos de millones de pesos, a través de depósitos en efectivo, hechos por militares subalternos de los coimputados y luego lo invertían en compras de propiedades inmuebles y vehículos de motor”.
En su expediente de 195 páginas, además de hacer mención de oficiales que participaron en la distracción de fondos para favorecer al entramado militar religioso, la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) señala como imputados a ciudadanos que no habían sido reportados como detenidos en la Operación Coral. Se trata del … Sigue leyendoOperación Coral | Pepca menciona más imputados en expediente
La Pepca ejecuta 18 allanamientos simultáneos en la continuación de la «Operación Coral»
El titular de la Pepca, Wilson Camacho.
SANTO DOMINGO.-Miembros de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) ejecutan este jueves varios allanamientos simultáneos relacionados con la Operación Coral como parte de las diligencias de investigación que realizan.
Los magistrados realizan los operativos en el Distrito Nacional, en la provincia Santo Domingo, La Vega, Monte Plata y San Francisco de Macorís.
También incluye nos intervención de fincas, apartamentos, locales comerciales, entre otros bienes propiedad de los implicados en el caso.
El objetivo de los allanamientos es incautar los bienes identificados que son propiedad de los imputados y de obtener evidencias que demuestren crimen organizado de los actos de corrupción para beneficiarse con millones para la adquisición de muebles e inmuebles.
Una fábrica de block ubicada en San Francisco de Macorís, supuestamente propiedad del coronel Rafael Núñez de Aza, se encuentra entre los lugares allanados la mañana de este jueves por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
De acuerdo con informaciones obtenidas, las autoridades también intervinieron en la referida provincia, una residencia del coronel que cumple prisión preventiva, donde se encuentran una familia en calidad de detenida. Según se informó los operativos iniciaron en el lugar a las 8 de la mañana.
Asimismo, en imágenes que circulan por las redes sociales, se observa un vehículo del Ministerio Público y un camión de bomberos frente a una residencia en Buena Vista, de Jarabacoa. Se desconoce a quién pertenece.
El procurador adjunto Wilson Camacho manifestó que la razón de los 18 allanamientos en diferentes provincias del país, fue para llegar hasta el último peso que se hayan robado del erario, los vinculados en la Operación Coral.
El magistrado explicó que hasta el momento están recolectado evidencias, por lo que los allanamientos están todavía en progreso. “En la medida en que los allanamientos se cierren, entonces vamos a estar en condición de saber si por alguna razón, se han realizado arrestos o no”, dijo.
Además de San Francisco de Macorís, los operativos se llevaron a cabo en La Vega, Monte Plata, el Distrito Nacional y en la provincia Santo Domingo.
Wilson Camacho agregó que los allanamientos incluyen varían fincas, villas, apartamentos, locales comerciales, entre otros, y que el fin es recolectar las evidencias e incautar bienes.
Por el caso, se encuentran cumpliendo 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres y Mujeres, el mayor general Adán B. Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Aza, Alejandro Montero.
En tanto que Raúl Alejandro Girón Jiménez, cumple arresto domiciliario bajo custodia de la Procuraduría General de la República. Asimismo, la jueza aprobó la solicitud que hiciera el Ministerio Público, de declarar el caso complejo.
Los encartados son acusados de haber creado un entramado militar y policial con el interés de depredar el erario, que incurrió en actos de corrupción contra el Estado dominicano, por más de 3 mil millones de pesos.
Policías y militares señalados y que podrían ser incluidos en el caso de Operación Coral
Son generales y subalternos que fueron mencionados en el expediente, pero no han sido sometidos
Diario Libre - SANTO DOMINGO 16/05/2021, 10:06 AM
Adán Cáceres y la pastora Rossy Guzmán, principales imputados del caso Coral. (ARCHIVO / DIARIO LIBRE)
En el expediente del caso Coral el Ministerio Público menciona más de una decena de personas que, supuestamente, tuvieron participación en el entramado corrupto liderado por el mayor general Adán Cáceres y que podrían ser el blanco de la segunda etapa de procesados ante los tribunales.
Entre los mencionados en la acusación figuran generales activos y retirados de la Policía Nacional y de los órganos castrenses, que pese a que no se han presentado cargos en su contra, están bajo investigación del Ministerio Público, según declaraciones emitidas por las autoridades del órgano acusador del Estado.
En la primera etapa fueron sometidos el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre; la asimilada policial Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la citada imputada; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
¿Quiénes podrían ser incluidos?
Feliz Alburquerque Comprés:
Vicealmirante retirado y exdirector de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Según el expediente, este formaba parte de la coalición de funcionarios para sustraer fondos públicos a través de los cuerpos especializados de seguridad.
La vinculación de Alburquerque Comprés con este entramado tiene que ver con la mención de un recibo de depósito en el Banco de Reservas, por el cual la Asociación Campesina recibió el pago por valor de RD$525,000 de la (DNCD), a pesar de que la fundación no estaba registrada como proveedora del Estado.
Además, la investigación reveló que en los sistemas de la DNCD “no existen registros de pago alguno a la Asociación Campesina Madre Tierra”.
La Fundación Madre Tierra es señalada por el órgano persecutor como uno de los “centros de colocación de cientos de millones de pesos” como resultado de operaciones ilícitas.
“Lo que evidencia de forma clara la coalición de funcionarios entre el imputado Adán Benoni Cáceres Silvestre y el vicealmirante Feliz Alburquerque Comprés (...) para desfalcar el Estado dominicano mediante el desvío de fondos Públicos, a la cuenta de la empresa disfrazada de asociación, la Asociación Campesina Madre Tierra”, indica el documento del Ministerio Público.
Feliz Alburquerque Comprés.
Juan Carlos Torres Robiou:
General de brigada y exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), entidad señalada por la Pepca como una de las instituciones usadas para estafar al Estado a través del nombramiento de militares y policías con sueldos abultados, que luego debían retribuirle al entramado entre el 70% y 80% del salario.
El documento señala que Robiou le alquiló un inmueble ubicado en El Portillo, playa Las Terrenas, en Samaná, al imputado Raúl Alejandro Girón, por el que paga mensualmente US$3,000. Esa situación le pareció “en extremo sospechosa” al Ministerio Público.
“El referido inmueble se encuentra bajo la posesión del general de brigada, piloto de la FARD Juan Carlos Torre Robiou, quien es el director del Cestur y superior jerárquico del imputado Raúl Alejandro Girón, a título de alquiler, pagando un monto mensual de tres mil dólares estadounidenses (US$3,000.00), situación en extremo sospechosa, toda vez que no hace sentido lógico, alquilar un inmueble por un monto cuantioso y usarlo esporádicamente”, señala el expediente.
Juan Carlos Torres Robiou.
Luis Alberto Coronado Abreu:
General de brigada del Ejército y director general de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es señalado por la Pepca como una de las personas que realizaron depósitos a favor de la compañía Único Real State e inversiones, una de las principales empresas del entramado.
Luis Alberto Coronado Abreu.
Neyvi Pérez:
De acuerdo al expediente, en un interrogatorio practicado a Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien supuestamente era el encargado de recolectar el dinero de un personal que cobraba en el Cestur, este admitió que del dinero recaudado en febrero de 2021 le entregó una parte al exsubdirector general de la Policía Nacional, Neyvi Pérez.
Según explica el documento, en febrero del 2021 Raúl Alejandro Girón Jiménez obtuvo RD$1,271,100 como parte del entramado y se distribuyó de la siguiente manera: “al mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre le entregaron RD$234,000; al exsubjefe de la Policía Nacional, Neyvi Pérez, le dieron RD$100,000; a Rafael Núñez de Aza, en las siguientes partidas les entregaron en una RD$308,600.00; en otra, RD$101,000; una de RD$58,000; otra de RD$79,500.También la suma de RD$20,000 y una última de RD$199,000”.
Exsubdirector general de la Policía Nacional Neyvi Pérez. ( FUENTE EXTERNA)
Boanerges Reyes Batista:
General de brigada y exdirector del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (Cesmet). En un documento depositado por la pastora Rossy Guzmán, llamado “Declaraciones y Descargos sobre Acuerdo de Ejecución de Obra”, se establece que el general es uno de los propietarios “reales” de los diez solares ubicados en el Residencial Colinas del Oeste, con un valor aproximado de RD$40 millones. Esto parte del entramado para lavar activos.
Al ser interrogada por el órgano persecutor la pastora declaró que la empresa Único Real Estate e Inversiones adquiría los inmuebles de forma directa “para facilitar todos los trámites de permisos de edificación, subdivisión rendición y para lo que es la situación laboral del proyecto”. Además, dijo que “existe un contrato verbal donde se establece, claramente, que esos inmuebles son de Elvis Feliz Pérez, Franklin Mata Flores, Adán Cáceres, Boanerges Reyes Batista”, añadió Guzmán.
Boanerges Reyes Batista, general de brigada y exdirector del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (Cesmet).
Elvis Marcelino Feliz Pérez:
Mayor general de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD) y exviceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales durante la segunda gestión del expresidente Medina. Junto a Boanerges, Feliz Pérez es señalado por el Ministerio Público como uno de los propietarios “reales” de los diez solares en Colinas del Oeste y captor de dinero procedente de la venta de inmuebles producto de “actividades ilícitas”.
Dentro de las pruebas documentales, la Pepca resalta un Acto Notarial sobre Declaraciones y Descargo Sobre Acuerdo de Ejecución de Obra con la que “demostrarán que los imputados intentaron dar apariencia de legalidad al traspaso de los inmuebles ubicados en el proyecto inmobiliario de cuatro casas de lujo con zonas de recreación común, ubicadas en la Urbanización Colinas del Oeste”.
Mayor general de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD), Elvis Marcelino Feliz Pérez.
Eric Daniel Pereyra Núñez:
Es un cabo de la Policía Nacional adscrito al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep). Eric Daniel Pereyra Núñez también es sobrino del imputado coronel Rafael Núñez de Aza.
La Pepca lo señala como una persona que “colaboraba constantemente en la movilización de fondos para la orden del teniente coronel Rafael Núñez de Aza”. “Se acostumbraba a librar cheques a su nombre y entregar dinero en efectivo que posteriormente era depositado en las cuentas de las empresas y personas físicas del entramado Asociación Campesina Madre Tierra, Único Real State e Inversiones SRL”, se menciona en el expediente con respecto a la participación de Pereyra Núñez.
De acuerdo con el órgano persecutor, se verifican depósitos por montos de RD$ 3,782.000.00 realizados por Pereyra Núñez a las empresas. Además de ser empleado de la compañía Randa Internacional Company EIRL, este servía al Cusep donde su tío era administrador financiero.
Está prófugo y en su contra hay una orden de arresto del 15 de abril de 2021.
Eric Daniel Pereyra Núñez, cabo de la Policía Nacional y sobrino del imputado coronel Rafael Núñez de Aza.
Vicente Girón Jiménez:
Primer teniente de la Fuerza Aérea Dominicana. Estaba adscrito al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), donde Adán Cáceres era la cabeza. Este militar también es hermano del “testigo de la corona”, Alejandro Girón Jimenez, quien ofreció información y pruebas de cómo funcionaba el entramado, tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Público a cambio de protección para él y su familia.
Cristian Serrano:
Miembro de la Policía Nacional y señalado por el Ministerio Público como empleado de Randa Internacional Company EIRL, una de las compañías del entramado utilizadas para lavar dinero defraudado del Estado.
Miembro de la Armada de la República Dominicana. En el 2016 fue director general de dragas, presas y balizamiento de la Armada. Según el expediente es uno de los supuestos beneficiarios de los bienes del lavado de activo que se hacían a través de la Fundación Madre Tierra.
Epifanio Peña Lebrón:
General de brigada del Ejército Dominicano, actualmente pensionado. Según el expediente es uno de los supuestos testaferros de la red. Ya que posee un inmueble relacionado a actividades de lavado de activos en conjunto con la Fundación Madre Tierra.
Jaro Ramiro Hernández Restituyo:
Miembro de la Policía Nacional. Está dentro del grupo que depositó dinero a la cuenta bancaria número 5500028126, en la cual se manejó una suma de RD$122,707,674.89. Esos fondos eran de la empresa Único Real State e Inversiones SRL, de acuerdo al documento de solicitud de medida de coerción en contra de los imputados en Operación Coral.
Andrés Alcántara Lebrón:
Coronel contador de la Fuerza Aérea Dominicana. Auditor general de las Fuerzas Armadas. Está señalado como uno de lo que depositó RD$3 millones a la cuenta número 5500028126, de Madre Tierra.
Jacobo Horacio de la Cruz Duarte:
Miembro de la Armada de República Dominicana (ARD). El 4 de mayo fue interrogado por la Procuraduría General de la República, no fue detenido. Según las autoridades, lo investigan como parte de un grupo que se prestaba para lavar dinero del entramado. En su contra hay una orden judicial de autorización de información financiera del 18 de abril, con el objetivo de rastrear movimientos ilícitos de dineros.
Nota. No fue posible encontrar la fotografía de algunos de los mencionados.
Jacobo Horacio de la Cruz Duarte, miembro de la Armada de República Dominicana (ARD).
Sistema financiero nacional no generó un solo reporte de alerta en caso Operación Coral, dice PGR
El mayor geneal Adán Cáceres, señalado como imputado principal en la Operación Coral. RAUL ASENCIO/LD
Redacción Digital
Santo Domingo, RD.
El Ministerio Público estableció hoy en audiencia que la red supuestamente liderada por Adán Cáceres Silvestre no creó, extrañamente, ninguna alerta dentro del sistema financiero nacional a pesar de todo el dinero que movieron durante ocho años.
“Es muy raro que no se produjera una alerta, ni un solo reporte de actividad sospechosa”, estableció la fiscal Marinel Brea, mientras imputaba al coronel Rafael Núñez de Aza.
Los fiscales indican que el coronel Rafael Núñez de Aza manejó, en una sola cuenta bancaria, la suma de 177 millones de pesos en una cuenta corriente. “Eso es una sola cuenta, no empresarial, sino corriente, a su nombre”, dijeron los fiscales.
Los fiscales indican que se produjo “una unión simbiótica” entre el coronel Núñez de Aza y el general Adán Cáceres, jefe de escolta del expresidente Danilo Medina.
“Esta unión no fue fortuita. El coronel tiene experiencia en gerencia financiera. Lo utiliza el general en el Cusep como gerente financiero y también ostenta la misma posición de gerente financiero en Cestur, dos instituciones que dependen de fondos públicos”, señaló la fiscal Marinel Brea en la audiencia de medida de coerción esta tarde.
La Procuraduría de Persecución a la Corrupción Administrativa dice que los imputados entraron en un proceso conocido “como legitimación de bienes ilícitos”.
Los fiscales dijeron que Núñez de Aza ganaba 70 mil pesos mensuales en el Cusep y 73 mil en el Cestur.
“Tuvo una carrera vertiginosa, en tiempos record: el 16 de agosto de 2012 fue ascendido al rango de mayor, a 5 meses de ser capitán. El 1 de marzo de 2016 ascendido a teniente coronel y 1 de marzo de 2020 a coronel, que es su actual rango”, dijo la fiscal Brea.
Todo esto pasó en 13 años en la Policía Nacional.
“Este ciudadano no entra a la Policía a través de una academia, entra por recomendaciones que es quien lo pone como gerente financiero del Cusep, Adán Cáceres”, dijeron los fiscales.
La “Operación Coral” y su mención a otras 15 personas
Operativo de seguridad de las autoridades en las inmediaciones del Palacio de Justicia durante el conocimiento de la medida de coerción del caso Coral. JA MALDONADO/LD
Ashley Ann Presinal
Santo Domingo, R.D
La “Operación Coral”, el caso más reciente de persecución contra la corrupción administrativa, ha llevado ante la justicia a seis personas, quienes según el Ministerio Público integran el entramado militar, policial, societario y religioso que actuó en perjuicio del Estado dominicano.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó medida de coerción en contra del exjefe de escolta del expresidente Danilo Medina, Adan Cáceres Silvestre; el coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza; la asimilada de la Policía y pastora Rossy Guzmán; el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez; el hijo de la pastora y miembro de la Policía, Tanner Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz.
A estos seis la Pepca los acusa de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros delitos.
Sin embargo, en el mismo expediente de 195 páginas donde el Ministerio Público desglosa el “modus operandi” del supuesto entramado, se mencionan otros nombres de personas que hasta el momento no han sido imputadas.
De acuerdo con la Pepca, la red criminal utilizó a militares y policías para hacer transacciones millonarias “sin justificación de la procedencia de los recursos, ya que realmente eran fondos detraídos del patrimonio púbico, a través de instituciones castrenses y otras organizaciones”.
Precisamente, en el documento este diario identificó a un total de 15 personas pertenecientes a distintas instituciones del orden que según el MP “tuvieron una participación activa en las operaciones ilícitas”, entre ellas cinco generales de brigada, uno de los más altos rangos militares.
¿Quiénes son estas personas y de qué se les señala en la acusación?
1. Boanerges Reyes Batista
Boanerges Reyes Batista es un general de brigada que dirigió el Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (Cesmet) en el segundo mandato presidencial de Danilo Medina, desde el 19 de agosto de 2016 hasta el 2020.
En la solicitud de medida de coerción la Pepca señala que en un documento depositado por la pastora Rossy Guzmán, llamado "Declaraciones y Descargos sobre Acuerdo de Ejecución de Obra", se establece que el general es uno de los propietarios “reales” de los diez solares ubicados en el Residencial Colinas del Oeste, con un valor aproximado de RD$40 millones.
Junto a Reyes Batista también figuran el “cabecilla” del entramado, Adán Cáceres; así como los militares Elvis Marcelino Feliz Pérez y Franklin Antonio Mata Flores como los dueños de los terrenos.
Al ser interrogada por el órgano persecutor la pastora declaró que la empresa Único Real Estate e Inversiones adquiría los inmuebles de forma directa “para facilitar todos los trámites de permisos de edificación, subdivisión rendición y para lo que es la situación laboral del proyecto”.
“Pero existe un contrato verbal donde se establecen claramente que esos inmuebles son de Elvis Feliz Pérez, Franklin Mata Flores, Adán Cáceres, Boanerges Reyes Batista", añadió Guzmán.
2. Elvis Marcelino Feliz Pérez
Mayor general de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD) y exviceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales durante la segunda gestión del expresidente Medina.
Junto a Boanerges, Feliz Pérez es señalado por el MP como uno de los propietarios “reales” de los diez solares en Colinas del Oeste y captor de dinero procedente de la venta de inmuebles producto de “actividades ilícitas”.
Dentro de las pruebas documentales, la Pepca resalta un Acto Notarial sobre Declaraciones y Descargo Sobre Acuerdo de Ejecución de Obra con la que “demostrarán que los imputados intentaron dar apariencia de legalidad al traspaso de los inmuebles ubicados en el proyecto inmobiliario de cuatro casas de lujo con zonas de recreación común, ubicadas en la Urbanización Colinas del Oeste”.
3. Juan Carlos Torres Robiou
Se trata del General de Brigada y director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), entidad señalada por la Pepca como una de las instituciones usadas para estafar al Estado a través del nombramiento de militares y policías con sueldos abultados, que luego debían retribuirle al entramado entre el 70% y 80%.
El documento señala que Robiou le alquiló un inmueble ubicado en El Portillo, playa Las Terrenas, en Samaná al imputado Raúl Alejandro Girón, por el que paga mensualmente US$3,000. Esta situación le pareció “en extremo sospechosa” al Ministerio Público.
“El referido inmueble se encuentra bajo la posesión del General de Brigada, Piloto F.A.R.D. Juan Carlos Torre Robiou, quien es el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y superior jerárquico del imputado Raúl Alejandro Girón, a título de alquiler, pagando un monto mensual de tres mil dólares estadounidenses (US$3,000.00), situación en extremo sospechosa, toda vez que no hace sentido lógico, alquilar un inmueble por un monto cuantioso y usarlo esporádicamente”, se lee en el expediente.
El general respondió y como un “acto de civilidad, humildad y honor” puso a disposición del mandatario Luis Abinader su cargo al frente del Cestur “con el propósito de que el Ministerio Público avance, sin obstrucción alguna, la investigación que tiene en curso”.
Robiou señaló que aunque no se trata de una investigación en su contra, “es de conocimiento público que aborda algunos servidores de esta institución”.
4. Eric Daniel Pereyra Núñez
Eric Daniel Pereyra Núñez, sobrino del imputado Núñez de Aza, es un cabo de la Policía Nacional adscrito al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), donde hasta hace un año Adán Cáceres era la autoridad suprema.
La Pepca lo señala como unapersona que “colaboraba constantemente en la movilización de fondos para la orden del teniente coronel Núñez de Aza”.
“Pues este (Pereyra Núñez) se acostumbraba a librar cheques a su nombre y entregar dinero en efectivo que posteriormente era depositado en las cuentas de las empresas y personas físicas del entramado Asociación Campesina Madre Tierra, Único Real State e Inversiones SRL”, se lee en el documento.
De acuerdo con el órgano persecutor, se verifican depósitos por montos de RD$ 3,782.000.00 realizados por Pereyra Núñez a las empresas. Además de ser empleado de la empresa Randa Internacional Company EIRL, este servía al Cusep donde su tío era administrador financiero.
Otro aspecto que figura en el documento es una autorización de orden judicial de arresto en contra de Pereyra Núñez en fecha 15 de abril de 2021, sin embargo, no ocurrió tal cosa.
“Autorización de Orden Judicial de Arresto No. 00163-Abril-2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en fecha quince (15) de abril del 2021. Con la que demostraremos la legalidad del arresto del Imputado Eric Daniel Pereyra Núñez”, se lee.
5. Luis Alberto Coronado Abreu
Se trata de un General de Brigada del Ejército Nacional identificado por la Pepca como una de las personas que realizaron transacciones en efectivo a favor de la empresa Único Real State E inversiones.
Su depósito fue el octavo de los diez investigados y la suma ascendía a los nueve millones de pesos.
“Otra de las irregularidades de la entidad comercial Único Real State e Inversiones SRL es la relativa al aspecto financiero, pues desde su creación y apertura ha manejado la suma de ciento veinte y dos DOP$122,707,674.89, dinero que ha entrado a la referida cuenta, mediante múltiples transacciones en efectivo de montos súper elevados y realizadas en su mayoría por militares adscritos en ese momento al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y al Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP)”, detalla la Pepca.
6. Feliz Alburquerque Comprés
Vicealmirante y exdirector de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), fue puesto en retiro de las filas militares el pasado diciembre por el presidente Abinader.
De acuerdo con la Pepca, Comprés formaba parte de la coalición de funcionarios encabezada por Cáceres en virtud de que la investigación reveló que en los sistemas de la DNCD “no existen registros de pagos alguno a la Asociación Campesina Madre Tierra”.
Esta asociación, disfrazada organización sin fines de lucro, es señalada por el órgano persecutor como uno de los “centros de colocación de cientos de millones de pesos” como resultado de operaciones ilícitas.
Sin estar inscrita como suplidora del Estado dominicano, la empresa tenía pagos de varias instituciones castrenses por concepto de “compra de huevos”.
“Lo que evidencia de forma clara la coalición de funcionarios entre el imputado Adán Benoni Cáceres Silvestre y el vicealmirante Feliz Alburquerque Comprés (…) para desfalcar el Estado dominicano mediante el desvío de fondos Públicos, a la cuenta de la empresa disfrazada de asociación, la Asociación Campesina Madre Tierra”, señala el documento de la investigación preliminar por parte del Ministerio Público.
Otros mencionados son
7. Vicente Girón Jiménez, primer teniente de la Fuerza Aérea Dominicana.
8. Cristian Serrano, enlistado en la Policía Nacional y señalado por el Ministerio Público como empleado de Randa Internacional Company EIRL.
9. Jehohanan Lucia Rodríguez Jiménez, miembro de la Policía Nacional. Prestaba servicios en el antiguo Politur, ahora Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) como encargado de departamento.
10. José Manuel Rosario Pirón, agente de la Policía Nacional.
11. Franklin Antonio Mata Flores, militar en la Marina de Guerra Dominicana. En el 2016 fue Director general de dragas, presas y balizamiento de la Armada de República Dominicana (ARD).
12. Epifanio Peña Lebrón, General de Brigada del Ejército Dominicano, actualmente pensionado.
13. Andrés Alcántara Lebrón, coronel contador de la Fuerza Aérea Dominicana. Auditor General de las Fuerzas Armadas.
14. Jacobo Horacio de la Cruz Duarte, miembro de la Armada de República Dominicana (ARD). (Se entregó a las autoridades la mañana de este martes para ser investigado sobr el caso).
15. Jaro Ramiro Hernández Restituyo, miembro de la Policía Nacional.
Hoy Digital
